Un Secretario de Gobierno torpe y mentiroso

Un Secretario de Gobierno torpe y mentiroso

De verdad que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, eligió a los peores elementos para conformar su gabinete. Sobresale Rogelio Franco Castan, Secretario de Gobierno, quien en su comparecencia ante el Congreso dio cátedra de cómo mentir y ser descubierto en el intento.

No solo la investigadora universitaria Estela Casados González refutó su dicho de que ella había colaborado con la dependencia en el tema de violencia contra las mujeres, sino que el exdirigente estatal del PRD se prodigó en estupideces al hablar de seguridad pública.

Dijo que las cifras sobre delitos la emite la “Comisión” (no Sistema) Nacional de Seguridad Pública (que las publica con base en la información que mandan los gobiernos estatales a través de sus procuradurías y fiscalías) y ellas dicen que Veracruz está avanzando en materia de seguridad. “Antes no veíamos columnas, no veíamos periódicos, no veíamos primeras planas hablando de la seguridad de los veracruzanos. Hoy se habla todos los días y estamos trabajando para ello, se implementan programas, se están adquiriendo equipos, tecnologías”.

En primera, las cifras del Sistema (que no Comisión) Nacional de Seguridad Pública (SNSP) hablan de que cada día estamos peor en materia de seguridad, sobre todo en delitos de alto impacto como el homicidio doloso y el secuestro, y en segunda, me consta que hace varios años, desde los medios de comunicación (y puedo remitirlo a mis columnas Hora Libre), se ha hecho una observación crítica sobre los crecientes índices de incidencia delictiva del orden común.

Lo que pasa es que el lúdico secretario nunca ha leído; uno pensaría que su carrera de Derecho la hizo sin leer, pero es mucho pedirle que lea libros. Ahora descubrimos que tampoco ha leído periódicos ni portales informativos. Y él debiera ser el más informado del gabinete. Imagine a los demás secretarios. No olvidemos que su puesto es el pago de Yunes a los votos aportados por el PRD y que hicieron la diferencia para que ganara la gubernatura.

 

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Gobierno de Veracruz sigue sin cumplir con la UV

Gobierno de Veracruz sigue sin cumplir con la UV

Pese a la diplomacia política que han mostrado los principales actores de la ecuación Gobierno-UV, y a las sentidas promesas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares desde que era candidato de que cumpliría con suministrar a la máxima Casa de Estudios los recursos retenidos por su antecesor, además de aumentar su presupuesto, lo cierto es que la voluntad no se congracia con la realidad.

Yunes Linares ha empezado a actuar con la UV como Javier Duarte. Muchas reuniones, muchos papeles, propuestas como la de que la UV pueda presentar iniciativas de ley al Congreso o la recientemente promulgada reforma constitucional que le otorga autonomía presupuestal, pero en la realidad los recursos no llegan a la tesorería universitaria, vaya, ni los 70 millones de pesos que costó la consulta y posterior elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, que se aventó la UV.

La UV sigue con enormes dificultades financieras, lo que se ha traducido en envejecimiento de las instalaciones universitarias, no solo en el rubro de planta física sino también en talleres, laboratorios e implementos para la docencia.

Este miércoles 15, al hablar en el Congreso luego de entregar su primer y penúltimo informa, Miguel Ángel Yunes Linares citó el tema universitario como uno de sus logros. “La Universidad Veracruzana, a cuya rectora aquí presente saludo con afecto, recibió de la misma manera las aportaciones estatales sin que fuera necesario salir a la calle para exigirlas”.

Y anunció que el próximo año recibirá 25 por ciento más que el presupuesto original autorizado para este año, “cifra que corresponde al 3 por ciento del Presupuesto Total del Estado y que, paulatinamente, se irá incrementando hasta llegar en 2023 al 4 por ciento, tal y como lo dispone la Reforma Constitucional aprobada por unanimidad en este Congreso del Estado”.

Esta alegría contrasta con las declaraciones de la rectora Sara Ladrón de Guevara que, al término de la ceremonia, aseguró que aunque hay avances en el pago de los recursos pendientes por parte del Gobierno del estado, estos “no son como se esperarían”.

Y añadió que si bien el Gobierno del Estado asumió la deuda por concepto de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), aún no ha pagado el resto de los recursos que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa dejó de ministrar a la UV.

Aunque confió en que el recurso se pague antes de finalizar este año, lo cierto es que la Rectora no comparte el júbilo y el optimismo de un político que prefiere las declaraciones a los hechos. Ya veremos cómo paga Yunes el amor universitario que el año pasado le dio espacios para que se luciera con sus discursos contundentes y altisonantes que hoy no hallan asidero en la realidad.

 

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Renace investigación contra exdelegado federal en Veracruz

Renace investigación contra exdelegado federal en Veracruz

No tardará mucho para que, en el ámbito federal, estalle el escándalo en que está involucrado un político veracruzano por el descubrimiento de un fraude descomunal que arroja una pérdida para el gobierno de la república de por lo menos 15 millones de pesos, cometido durante el tránsito de este personaje por una delegación federal en Xalapa.

La investigación está abierta y hace sospechar que el avance en la misma arrojará noticias sobre una malversación de cantidades mayores de recursos destinados originalmente a la salud de los trabajadores del Estado. Mientras eso ocurre, el personaje de marras busca desesperadamente la obtención de un lugar privilegiado en la lista plurinominal para diputados federales, como su única tablita de salvación que lo aleje, gracias al fuero constitucional, de la mano pesada de la justicia federal, que está a punto de hacerle caer todo el peso de la ley.

En cualquier momento, su nombre aparecerá en la lista de los ajusticiados no por la Fiscalía General del Estado sino de la Procuraduría General de la República, y es que su caso afectó el presupuesto destinado por la Federación a mejorar los servicios de salud para el magisterio federal y demás trabajadores de las dependencias federales. ¿Salvará el pellejo? Pronto le daremos más pistas de la investigación y del investigado.

Al PRI lo fracturan y ni tiempo de exclamar dolor

Al PRI lo fracturan y ni tiempo de exclamar dolor

La dirigencia estatal del PRI parece maniatada a las decisiones, tiempos y descuidos de su comité ejecutivo nacional, que parece embelesado con las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto.

Ya van dos situaciones realmente incómodas, por lo ridículas, que le ha aplicado Miguel Ángel Yunes Linares a un PRI estatal que, si sus dirigentes siguen durmiéndose en sus laureles, terminará por hacer que trágicamente se desplome en la preferencia electoral el próximo año.

Primero, pese a que hubo una demanda dura y reiterada de sus militantes por expulsar de sus filas a Gina Domínguez Colío y, de paso, quitarle el cargo de presidenta de la Fundación Colosio (impuesta por Javier Duarte), nunca hubo una reacción ni a nivel local ni en el ámbito de la fundación nacional, pese a que había indicios de que sería procesada por delitos patrimoniales.

Detenida la noche del 20 de mayo pasado, acusada de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público, no fue sino hasta que estuvo en Pacho Viejo cuando el viejo y adolorido cuerpo del dinosáurico PRI se movió para sustituirla.

Por supuesto, Lorena Martínez salió al otro día, domingo 21, a decir que desde el 28 de abril había sido destituida del cargo y, en su lugar, como encargada de la Fundación Colosio, había sido nombrada Zaida Alicia Lladó Castillo.

Lo más grave ocurrió, bajo el velo de los desastres naturales –muy bien aprovechados por el PAN en Veracruz–, el viernes 7 de septiembre, al siguiente día del terremoto que cimbró al centro y sureste del país, y horas antes de que entrara el huracán Katia a tierras jarochas.

Ese día, el diputado Sergio Hernández Hernández dio a conocer que un día antes los diputados locales priistas Regina Vázquez Saút y Camerino Basilio Picazo Pérez habían solicitado su adhesión al grupo legislatuvo del PAN, y se les había aceptado.

Que dos diputados priistas, como antes lo hizo el suplente Verde José Luis Enríquez Ambell (durante toda su vida alimentado abundantemente por el PRI), se hubieran cambiado al PAN y, con ello, coincidentemente lograran darle más de los 20 diputados necesarios para que el PAN argumente que le corresponde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) los dos años, no tendría la mayor importancia.

El problema es que la perezosa diputada por Acayucan Regina Vázquez Saút, hija del asesinado excacique del sur Cirilo Vázquez Lagunes, y quien ha sido alcaldesa de su pobre pueblo, abanderada por el PAN y luego por el PRI, era la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI.

Y lo fue durante los comicios a Gobernador el año pasado, cuando dirigía el PRI Amadeo Flores Espinosa, y se agarró al puesto como sanguijuela durante la rebelión contra Amadeo para mantenerse en él en los comicios municipales de este año, con Renato Alarcón Guevara, aunque prácticamente nunca se paró en el edificio de Ruiz Cortines ni se comunicó con los demás miembros del CDE, aunque sí recibió sus quincenas,

Y mire que hubo múltiples voces que pidieron su salida del CDE. Ahora, no solo está fuera del cargo directivo, está fuera del grupo parlamentario y del partido, pero gracias a la onerosa compra de su persona.

La violencia está golpeando a Veracruz

La violencia está golpeando a Veracruz

La escalada de ejecuciones en Veracruz está creciendo descontroladamente sin que ninguna acción parezca tener un efecto inhibitorio. Por el contrario, los escasos golpes dados por las autoridades a secuestradores, bandas dedicadas al robo de combustible y jefes regionales de los cárteles han avivado la violencia, que ya supera las cotas observadas en 2011, con los primeros meses del gobierno de Javier Duarte.

Si el mes de mayo es considerado ya como el más fatídico para México, el de junio será aún más grave por la alta contribución de Veracruz en número de homicidios dolosos, un delito por el que llegamos al nivel de las tragedias bíblicas con el ejecución a balazos de cuatro niños menores de 6 años, junto con sus padres, en Coatzacoalcos, y las del Comisionado de la Policía Federal, Camilo Castagné Velasco, junto con el comandante Puma, un elemento que ya había sido amenazado por uno  de los cárteles, en Cardel.

Mayo sangriento en el país

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en mayo el país resintió la cifra más alta jamás vista de homicidios dolosos con 2 mil 186 carpetas de investigación por ese delito; los estados que más contribuyeron a ese incremento fueron: Guerrero (216 homicidios dolosos), Estado de México (195), Baja California (185), Sinaloa (154), Chihuahua (140) y Veracruz (137).

El inicio de gobierno con mayor violencia

En el solar jarocho, en lo que va del presente gobierno (diciembre de 2016 a mayo de 2017) se han registrado 757 homicidios dolosos, con un promedio de 126 ejecuciones al mes.

Estos resultados son mucho más altos que los registrados en el mismo periodo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (diciembre de 2010 a mayo de 2011), cuando se desataron las luchas entre las bandas criminales e, incluso, se dieron varios asesinatos de periodistas: en ese lapso se registraron 327 homicidios dolosos, un promedio de 54.5 ejecuciones al mes.

Junio podría ser más violento en Veracruz

1498495846Todo parece indicar que las dos últimas semanas quedarán en la historia como las más sangrientas. Al menos en dos días de la semana pasada se pudieron numerar más de 30 homicidios dolosos, la mayoría realizados por las bandas criminales, en una guerra que no solo parece basarse en la lucha entre las diferentes mafias, sino de estas con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien todo parece indicar que no ha buscado acuerdos con los grupos criminales.

Ni esperanzas de que las cosas mejoren

¿Es culpable el gobernador Yunes de este incremento en el número de crímenes sangrientos, la mayoría aderezados con tortura previa y desmembramiento de los cuerpos? ¿Debe su gobierno pactar con las bandas criminales como lo están proponiendo siniestros personajes, para lograr una aparente cordura de los criminales a la hora de extorsionar, robar, secuestrar y asesinar? ¿Es un problema de Veracruz o es producto de una escalada generalizada en el país?

Por supuesto, la violencia no solo puede atribuirse a la falta de preparación de los cuerpos policiacos locales, varios de cuyos jefes y elementos de tropa han mantenido relaciones de colaboración (voluntaria o forzada) con los grupos criminales en las diferentes zonas del estado; tampoco puede ser todo culpa del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, quien por cierto carece de la experiencia que un caso de extrema violencia como el que padecemos merece.

Pero no podemos soslayar que ambas circunstancias colaboran en que la situación no disminuya.

Combatimos con armas ajenas

Para nadie es un secreto que el actual gobierno ha preferido invocar el apoyo de las fuerzas federales para enfrentar a un mayor número de bandas criminales que han decidido pelearse nuestro territorio.

Lo ha hecho en demérito de formar elementos propios, con mayores capacidades tácticas, mejor armamento y un mayor conocimiento del terreno que pisan. Los elementos federales se pasean por varios sitios, pero difícilmente pueden golpear a la delincuencia si no hay un trabajo de inteligencia.

Gobierno federal está perdiendo la guerra

Pero el problema es nacional. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado una clara ineficiencia para enfrentar a una especie de Estado paralelo como el que construyen los cárteles mexicanos.

El país se ha convertido en uno de los principales campos de producción de estupefacientes, particularmente de cocaína, goma de opio y anfetaminas, luego de los duros golpes contra los cárteles colombianos y las dificultades que enfrentan los productores de opio en Afganistán.

Tras Afganistán y Myanmar, México es el tercer lugar mundial en producción de amapola (en Guerrero, la batalla por mantener este negocio es el que lo ha convertido en el principal generador de homicidios dolosos), y el mayor negocio es la producción y trasiego de drogas de diseño.

Solo es cuestión de echarle un ojo a los datos oficiales (que siempre serán parciales por las cifras negras), para darse cuenta de lo grave de la situación nacional, que también afecta a Veracruz.

Impunidad e ineficacia profundizan inseguridad

El saldo oficial en lo que va de 2017 es de 9 mil 916 homicidios dolosos en México, lo que es también un récord.

En el mismo periodo de 2011, hasta ahora el año más violento del que se tenía registro,  se habían registrado 9 mil 466 carpetas por el mismo delito. Ello significa que este año el nivel de violencia se encuentra casi 5 % por encima de 2011, el año con más homicidios registrados.

No hay capacidad para bajar delincuencia

Con una policía estatal que ha debido adelgazar por el despido de cientos de elementos, sea porque no pasaron los exámenes de confiabilidad o porque fueron pillados en actos delictivos, y la invocación de cuerpos policíacos federales, que han mostrado su nulidad para contener el crimen organizado en el país, las esperanzas de que las cosas mejoren en Veracruz ya podemos darlas por perdidas.

¿Qué nos toca por hacer a los veracruzanos? Por supuesto, seguir exigiendo al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que mejore la actuación policiaca contra las bandas criminales; que se exija un mayor auxilio del gobierno federal para esta tarea y resgradarnos para evitar ser parte de las estadísticas criminales.

           

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¡No sea soberbio, señor Gobernador!

¡No sea soberbio, señor Gobernador!

[Hora Libre | Álvaro Belin Andrade] Escuchar del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares un intenso panegírico de su propia familia, alabando su constancia de 13 años denunciando la corrupción de los dos últimos gobernadores de Veracruz; señalar que su propia familia sufrió las consecuencias de esa lucha personalísima y festinar como un logro exclusivamente suyo la detención en Guatemala de Duarte, fue como ser testigo de uno de los actos más soberbios que cualquiera podría esperar de un mandatario.

Lo que escuchamos este domingo debió sorprender a muchos veracruzanos. Cientos de paisanos murieron durante la última década como producto de la alianza de los dos gobernadores anteriores con el crimen organizado; miles debieron emigrar por la amenaza que todavía es latente a pesar del cambio de gobierno o del gobierno del cambio.

Gracias a la corrupción solapada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien Yunes agradece la detención de Duarte, muchos veracruzanos con problemas de salud fallecieron pues no fueron atendidos en sus enfermedades, y cientos de empresarios perdieron sus negocios por deudas que no quiso pagar Duarte en su desenfrenado apetito de robar dinero mal habido y, ahora, no solo se les niega el pago sino que son marginados de contratos públicos, para favorecer a empresarios poblanos.

De ellos no se acordó Miguel Ángel Yunes Linares: “Toda mi familia tuvo que pagar las consecuencias de haber tomado la decisión de enfrentar a la banda que se apoderó del Gobierno de Veracruz; hicieron todo para impedir que llegara a gobernador porque sabían que haría justicia, que no habría perdón”. Y más adelante: “La guerra sucia en contra nuestra fue brutal. Lo más grave es que llegaron a la agresión personal en contra de Miguel, mi hijo, quien salvó la vida después de un grave atentado. Así de fuertes y sucios son los intereses que los Yunes, desde la oposición, afectamos y pusimos al descubierto”.

No, señor Gobernador. No fue el único en criticar y señalar las corruptelas de Javier Duarte, ni su familia la única en recibir amenazas y atentados. Ni siquiera fue el primero en presentar una denuncia contra Javier Duarte. Desde 2014, la Auditoria Superior de la Federación presentó cada año denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvíos multimillonarios de recursos, que el gobierno federal evitó que se investigaran. En total, la ASF interpuso 56 denuncias contra el gobierno de Duarte por no solventar el manejo de los fondos públicos en los años 2010 al 2014, y por simular el reintegro de fondos federales, mucho antes que Yunes Linares comenzara su acto de campaña presentando su denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Fueron periodistas quienes hicieron una exhaustiva investigación, que se publicó en Animal Político, sobre las empresas ‘fantasma’ o empresas ‘fachada’, a través de las cuales se pretendió justificar la utilización de enormes sumas de dinero público, etiquetado principalmente para programas sociales, mediante la simulación más descarada. Prácticamente, este trabajo fue el que destapó totalmente el escándalo a nivel nacional e internacional, lo que obligó a las autoridades federales a evaluar su apoyo al entonces gobernador priista y a que la PGR atrajera la denuncia presentada por el candidato Yunes.

Por supuesto que el ahora Gobernador fue persistente y debemos agradecerle que, gracias a ello, no hubiera un sospechoso descuido y que Javier Duarte esté desde el sábado en una cárcel guatemalteca esperando a ser repatriado para enfrentar en prisión las acusaciones de corrupción que se ciernen en su contra. Porque, por desgracia, nadie lo juzgará por los demás delitos, por los 19 periodistas asesinados durante su gobierno, por las muertes de niños enfermos de cáncer que no recibieron sus medicamentos reales, por los millones de veracruzanos que pasaron a formar parte de las estadísticas de la pobreza y la pobreza extrema. Porque todo se lo llevó este ladrón, protegido por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien ahora se le agradece por haber hecho lo que debía, lo que le obliga la ley a su gobierno.

Aunque los periodistas antaño críticos terminen la semana con las rodillas sangrando de tanto inclinar la cerviz y, como fieles escuderos de su gobierno, le atribuyan todo el mérito del encarcelamiento de Duarte, recuerde que en Veracruz vivimos unos 8 millones de habitantes y que no todos fuimos condescendientes de los gobiernos priistas, y que en el país muchos más que usted exigimos que se hiciera justicia a los veracruzanos.

Por lo demás, esta detención ha sido calculada meticulosamente por la Presidencia de la República para tener un fuerte impacto mediático en el contexto del proceso electoral en el Estado de México. Solo le pido un poco de humildad.

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En Veracruz, justicia raptada

En Veracruz, justicia raptada

No parece que las autoridades estatales del cambio quieran o puedan hacer lo suficiente como para disminuir los graves rezagos en materia de impartición de justicia.

A cada día que pasa, en Veracruz se acumulan cientos y hasta miles de expedientes de casos criminales, que van desde desapariciones hasta secuestros y homicidios, que no son investigados y que pasan al estatuto de la impunidad, que permite que la violencia se multiplique porque, si nadie castiga, el negocio de la delincuencia se vuelve más redituable.

Veracruz, todo mundo lo sabe, es el mayor cementerio clandestino del país. No hace falta ir a países que sufren guerras intestinas cruentas como Siria para conocer la dimensión de una crisis humanitaria como la que vive Veracruz, con miles de veracruzanos buscando (o guardando un secreto luto) por familiares desaparecidos a quienes nadie busca, más allá de los colectivos que andan tras pistas o sospechas y que han mostrado la dimensión de la impunidad que nos han heredado los gobiernos priistas y que el nuevo gobierno parece estar incapacitado para disminuir.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha señalado que pedirá al gobierno federal recursos para hacer las pruebas de ADN de cientos, tal vez miles, de restos humanos que han sido enterrados en diversas partes y que, según el padre Alejandro Solalinde, apenas representan la punta de un iceberg que se extiende por casi todo el territorio veracruzano.

Hasta el momento, las cifras ya son espeluznantes. Se han localizado unos 250 cráneos en terrenos conocidos como Santa Fe en el municipio de Veracruz, y la semana pasada el Fiscal General informaba de unos 50 cráneos localizados en una cosa clandestina del municipio de Alvarado. Pero los señalamientos del padre Alejandro Solalinde apuntan a osarios similares o aún más poblados en Coatzacoalcos, Acayucan, Tierra Blanca, Orizaba y Córdoba.

¿En qué momento se convirtió Veracruz en un santuario de la delincuencia? Por supuesto, hay evidencias de que en los últimos tres gobiernos priistas hubo desde un imprudente descuido hasta una abierta complicidad con los grupos criminales, lo que permitió la obtención de enormes cantidades de dinero provenientes del crimen organizado y la eliminación de enemigos, tanto en el terreno político como en el periodístico.

Solalinde ha puesto de nuevo en el tapete la existencia de un enorme número de tumbas clandestinas donde se hacinan los cuerpos de miles de veracruzanos castigados por la delincuencia, sea porque formaban parte de ella o simplemente fueron asesinados porque no dieron lo que exigían los criminales; tal vez también porque fueron encargos de quienes podían pagar sus ejecuciones o porque eran obstáculos para su trabajo delictivo.

Que la diputada panista Mariely Manterola Sáinz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, pida al padre Alejandro Solalinde que presente las pruebas necesarias para localizar las fosas clandestinas, cuando nadie se ha dignado solicitárselo y, en cambio, se le ha defenestrado, solo muestra la falta de compromiso de los nuevos gobernantes frente a una grave crisis humanitaria. “Es muy fácil decir que hay fosas, yo creo que lo prudente y lo que nos obliga a hacer en este momento es dar esa información de algpun lugar, rancho o predio donde haya la sospecha que se ha suscitado el problema”, dijo la legisladora.

La verdad es que no es fácil denunciar fosas. Solalinde lo ha hecho en varias ocasiones, pero quienes tienen que investigar son las autoridades ministeriales. Que el Fiscal General Jorge Winckler, con el beneplácito de su jefe, no quiera añadir más trabajo al que ha de tener en la encomienda de cazar a exfuncionarios corruptos, es una cosa, pero es obligación de la Fiscalía velar por la impartición de justicia, dar con los veracruzanos desaparecidos y, si es muchísimo pedir, atrapar a quienes han sumido a Veracruz en el estado ignominioso en que se encuentra.

Si no puede, que renuncie. Porque si el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió justicia, esta no debe ser exclusivamente para castigar a los ladrones que fueron sus enemigos políticos, intentar detener la ola de violencia mostrando a los criminales que recibirán el justo castigo que la ley establece. La impunidad es el mejor alimento para la violencia y los familiares de los desaparecidos solo piden encontrarlos para darles sepultura.

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