¿Veracruz, el tercer estado más pacífico?

¿Veracruz, el tercer estado más pacífico?

Según el Índice de Paz México (IPM) 2016, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, un organismo internacional que se califica como independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, Veracruz ocupa el tercer lugar entre los estados más pacíficos de México, una relación que encabezan Hidalgo y Yucatán, y que completan Tlaxcala y San Luis Potosí.

Habría que preguntarle a los veracruzanos si esa percepción, basada principalmente en cifras oficiales, puede tomarse en serio, pese a que la organización que lo señala (con sedes en Sydney, Nueva York, Bruselas y Ciudad de México) tiene un bien ganado reconocimiento mundial, o si lo consideran una conclusión sesgada y alejada totalmente de una realidad que tiene a Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica y Xalapa entre los 20 municipios con mayores índices de homicidios por arma de fuego en el país.

Cabe considerar que el reporte, de 120 cuartillas, reconoce que el informe de delitos de la policía es poco exacto: “Cuando se comparan las cifras de homicidios que tienen registradas las procuradurías estatales, con las actas de defunción, se calcula que el conteo de víctimas de homicidio está por debajo de la realidad por más de 20% en 11 estados del país. En particular, Veracruz, que ocupa el tercer lugar en el IPM, presenta la mayor discrepancia en este delito de alto impacto”.

Y añade: “Es necesario mejorar el reporte y el análisis de datos. Podría mejorarse tanto su exactitud como su alcance, lo cual mejoraría el análisis oficial y extraoficial de los mismos. Esto es de suma importancia en estados donde las estadísticas oficiales muestran tasas de delincuencia bajas que contrastan con otras fuentes de información.” Además. el organismo lamenta que en las estadísticas oficiales no se incluyen “a las 26,000 personas que se han reportado como desaparecidas desde el 2007”.

Si en estos días aparece un comunicado oficial vanagloriándose de estos resultados, debemos ser muy cuidadosos en creer que, efectivamente, somos el tercero estado más pacífico del país.

 

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Naufraga Veracruz, pero el capitán permanece

Naufraga Veracruz, pero el capitán permanece

 

 

Veracruz se encuentra en un estado crítico. En lo político, se han destruido todos los canales de diálogo para la transición gubernamental. En lo económico, se ha roto toda posibilidad de que en 2016 se establezcan bases reales para crecer, lo que se manifestará en los indicadores económicos, de por sí mermados en los últimos años, tanto en inversiones como en empleos. En lo social, los niveles de pobreza e inseguridad se han disparado, sin que haya la más mínima voluntad para atenuarlos con políticas públicas.

La grave confrontación política (y judicial) entre el gobernador ‘en funciones’, Javier Duarte de Ochoa, y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, ha obligado a este último a transitar por senderos paralelos en la elaboración de un plan de gobierno que, con el apoyo de la Universidad Veracruzana, tendrá mucho de carácter aspiracional.

Los grupos sociales, empresariales y políticos que se encuentran fuera del ámbito gubernamental tendrán la oportunidad de proponer el camino por el que desean que transite el próximo gobierno de dos años pero, hasta que tome las riendas dentro de 106 días aciagos, Yunes Linares no tendrá datos duros de los efectos desastrosos de la gestión duartista y las posibilidades presupuestales reales para atender las necesidades de cambio que le urgen a Veracruz.

Aunque las maniobras (per) judiciales tomadas por Javier Duarte solo parecieran afectar políticamente al gobernador electo, hace ya mucho tiempo que las leyes y medidas tomadas por este joven dinosaurio (con la complicidad de un Congreso local sometido y vergonzante) están afectando e hipotecando el futuro de la entidad, al punto de que muchos analistas prevén que los efectos negativos para Veracruz no podrán resolverse en el mediano plazo, es decir, en 20 años por lo menos.

Para colmo, aunque Javier Duarte se lave las manos y predique en el desierto su evangelio de honestidad y transparencia (al mismo tiempo que busque con desesperación amarrarle las manos al próximo gobernador anclando en puestos claves de fiscalización a cómplices que lo defiendan), la situación se le ha salido de las manos.

No solo ha sido la publicación de sus supuestas propiedades inmobiliarias en el país y el extranjero, que él ha negado reiteradamente, sino también de sus más cercanos colaboradores, como el temido exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, señalado en una investigación periodística del equipo de Aristegui Noticias, de tener varias casas en Texas por valor de 2.4 millones de dólares, lo que él ha aceptado, aunque señalando que son producto de su trabajo gubernamental y de empresas personales, a las que el gobernador elector Miguel Ángel Yunes ha acusado de hacer negocios con el gobierno y, más particularmente, con la dependencia que tuvo a su cargo desde junio de 2011.

Amén de un posible conflicto de intereses, Bermúdez Zurita compareció por más de dos horas este lunes ante la Fiscalía General del Estado, donde hasta donde sabemos no ha habido ninguna denuncia específica por enriquecimiento ilícito, y ha salido con una imperturbable sonrisa, custodiado discretamente por elementos policíacos del estado, evitando hasta donde pudo responder a los reporteros, justo el día en que el Mayor José Nabor Nava Olguín era nombrado como nuevo titular de la SSP, en su sustitución.

“Cabalmente he cumplido con todos los requisitos que marca la ley en claridad de las cosas, estoy aquí porque no tengo nada que temer y vengo a hacer mi trámite legal”, dijo mientras caminaba sin detenerse a los reporteros.

Peña Nieto lo deja solo

“La forma es fondo”, habría dicho don Jesús Reyes Heroles, tuxpeño, uno de los políticos mexicanos de los que ya no existen, y que parece acuñada para describir la orfandad política de Javier Duarte de Ochoa. Aunque este ha tratado de justificar el desplante y desprecio sufrido del presidente Enrique Peña Nieto en su pasada visita a Alvarado, aduciendo una supuesta mascarada para evitar que el Mandatario mexicano cargue con su pleito ranchero con Yunes Linares, lo cierto es que el desdén institucional marcado por Peña es indicativo del hartazgo presidencial ante un gobernador que se ha salido de todas las formas políticas.

Que en el comunicado oficial de la Presidencia y en las más de 100 fotografías subidas al portal oficial no aparezca ni el nombre ni la figura del gobernador Duarte es una clarísima señal de deslinde, que captaron todos los medios periodísticos locales y nacionales (incluso el portal de Yahoo) y todas las fuerzas políticas del país, y supongo que el propio Gobernador del Estado, quien ha debido lanzar algunas señales explicativas que seguramente enconarán aún más el distanciamiento entre ambos personajes.

Pero no fue la única ocasión en que el gobierno federal quiso mostrar el desprecio ante un personaje que ha decidido hace ya tiempo jugar por la libre.

El sábado pasado acudió a Veracruz el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribeña, para entregar directamente apoyos de la dependencia federal por 3 millones 600 mil pesos del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI), a 2 mil 700 familias afectadas por el paso de la tormenta tropical Earl en comunidades de Coscomatepec, Tequila y Huayacocotla.

Para ello, se trasladó a este último municipio, y visitó la comunidad de Zilacatipan, donde murieron 5 veracruzanos por el deslave de un cerro, que forman parte de los 13 fallecidos como producto del meteoro, y hasta donde se trasladó (podríamos decir que por primera vez luego de su campaña electoral) el gobernador Duarte, quien solo había acudido días después de las afectaciones a caminar por comunidades afectadas por el desbordamiento del río Jamapa.

Si Meade Kuribeña no hubiera venido a Huayacocotla, Duarte jamás habría tenido la intención de ver de cerca el drama de sus gobernados en esa zona serrana colindante con el estado de Hidalgo, porque él ha ‘gobernado’ una extensión muy acotada del territorio veracruzano.

El asunto es que, de nueva cuenta, el área de prensa de la Sedesol federal lo convirtió en convidado de piedra. En prácticamente ninguna foto oficial, salvo en aquellas donde no hubo manera de evitarlo, aparece el recién espigado gobernador, y en el comunicado de prensa no se le menciona ni por mínima cortesía política, y la única veracruzana que aparece es la delegada en la entidad, Anilú Ingram Vallines.

Por cierto, los delegados federales han debido pintar su raya respecto al mandatario veracruzano, y han realizado su labor por su cuenta, sobre todo porque en casi todas las acciones del gobierno federal en Veracruz (sin contar los recursos enviados a la Sefiplan y que han desaparecido misteriosamente), el gobierno estatal se ha llevado todas las glorias, sin dar crédito al gobierno peñista.

Este evidente distanciamiento político profundiza gravemente la crisis de Veracruz.

En los últimos meses, grupos sociales y empresariales prácticamente se han amotinado contra el gobierno estatal. Desde el anuncio de que no pagarán el impuesto del 3 por ciento a la nómina por parte de sectores empresariales porque se ha decretado destinarlo al pago de deuda (apoyado por Yunes Linares, quien ha anunciado que no cobrará recargos ni multas), hasta de organizaciones tradicionalmente alineadas con el Gobernador, además de grupos sociales, quienes han exigido que los apoyos a damnificados sean entregados directamente por el gobierno federal porque todo lo que pasa por la Sefiplan no llega a sus destinatarios, son expresiones de absoluta desconfianza.

Y es que nadie le puede amarrar las manos a Duarte. Ya la Auditoria Superior de la Federación parece desesperada por la forma en que se han perdido miles de millones de pesos entregados por la Federación al Gobierno de Veracruz, y ha metido cuanta denuncia penal le parece sustentada sin que la Procuraduría General de la República (PGR) haya hecho nada para investigar al menos.

Y en ese sentido, sí, Duarte todavía cuenta con el último apoyo que le conviene de parte del presidente Enrique Peña Nieto, a quien le urgiría una acción contra sus correligionarios de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua para demostrar que va en serio su Sistema Nacional contra la Corrupción, ahora que los medios internacionales lo tienen contra las cuerdas por conflictos de interés y actos de corrupción con empresas constructoras internacionales que estarían pagando boleto para ingresar al paraíso de los multimillonarios contratos de obras del gobierno federal.

 

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Veracruz, un estado sin gobernador

Veracruz, un estado sin gobernador

O Javier Duarte nunca halló a Veracruz, el estado que ha dicho que gobierna desde hace seis años, o los veracruzanos nunca tuvieron a su servicio al gobernador que, gracias a los oficios de Fidel Herrera Beltrán, padeceremos hasta el próximo 30 de noviembre, si otra cosa no sucede.

Este viernes se trasladó a la ciudad de México para presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el gobernador que habrá de sustituirle el 1 de diciembre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Aunque el tema es personalísimo, gracias a la batalla mediática (que no judicial) emprendida contra el enemigo que ha prometido meterlo a la cárcel, se movilizó con recursos públicos y ha divulgado los documentos con que quiere poner a su opositor en el mismo estatuto en que éste lo ha puesto: ladrón de recursos públicos.

Hace tiempo que Duarte no gobierna Veracruz. El estado se cae a pedazos mientras él se encierra con su equipo jurídico y financiero para ver cómo escapa de la acción de los auditores e investigadores judiciales de la Federación por los enormes hoyos financieros creados por su antecesor y profundizados gravemente durante su gobierno.

Para Javier Duarte, Veracruz es él. El tiempo que le pagamos los veracruzanos para que dirija al estado lo ha destinado hace ya mucho tiempo a fraguar maldades en contra de su enemigo político, Miguel Ángel Yunes Linares; a forzar a diputados federales y locales, alcaldes, funcionarios y dirigentes políticos de su partido a mostrarle una endeble solidaridad que están muy lejos de considerar ecuánime y sincera.

Todo parece indicar que una realidad es la que él percibe y muy otra la realidad real que padecemos los jarochos; es el momento en que no encuentra la razón del repudio generalizado hacia su gobierno, principal motivo de la derrota de su partido en los comicios del pasado 5 de junio.

La respuesta dada por él a los reporteros este lunes en la mañana, cuando la misma denuncia la presentó ante la Fiscalía General del Estado,  nos hace suponer que tiene en la mente a un Veracruz distinto al que vivimos los simples mortales. Lo reproduzco porque constituye una verdadera perla:

“Tan solo vea las inversiones que hay, tan solo vea las edificaciones que hay, las construcciones, el crecimiento económico que hoy tiene Veracruz, la calidad de vida que hoy tenemos. Veracruz es otro, en materia de seguridad estamos fuera de la lista negra de los estados más violentos de la República Mexicana; en materia de turismo somos de los estados más visitados.”

Veracruz, sin embargo, se ubica en la cola del crecimiento del PIB estatal, por debajo de Oaxaca. Las principales iniciativas de atracción de capital se centraron en la industria petroquímica que, aparentemente, tendría un auge inusitado con la reforma energética, pero que se vino abajo por la caída de los precios internacionales del petróleo.

En contrapartida, miles de empleos se han perdido por los despidos realizados por Pemex en la zona sur de la entidad, mientras que la zona norte sufre gravemente las distorsiones generadas por la suspensión de enormes inversiones anunciadas por la paraestatal para el proyecto Aceite Terciario del Golfo, lo que ha hundido a todas las empresas, trabajadores y habitantes de Poza Rica.

La principal demanda de los veracruzanos durante las campañas electorales recientes fue la de contar con empleos, lo que quiere decir que no los hay, y eso ha generado un crecimiento anormal de la población en pobreza y pobreza extrema.

Para colmo, el gobierno estatal ha hundido a casi todas las empresas veracruzanas, tanto del sector de la construcción como las del turismo, por enormes deudas sin solventar, lo que ha llevado a la quiebra a varias, mientras que otras han debido subsistir con el mínimo número de trabajadores.

En el caso de la seguridad, las bandas criminales y grupos policiacos han sembrado el terror por todos los rumbos de la entidad, por donde aparecen cadáveres regados de veracruzanos asesinados con extremada crueldad de manera tan frecuente que hemos perdido la capacidad de asombro. Y ya hemos visto cómo su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, ha sido despedido bajo la máscara de una renuncia, para aclarar compras estratosféricas de bienes inmuebles en el estado de Texas.

El presidente Enrique Peña Nieto tendría que gastar diariamente los pésames que prodiga a otras naciones para enviarlos a los veracruzanos, porque en la mayoría de las ocasiones ocurren más homicidios en Veracruz que los que resultan de actos terroristas en países europeos y en los Estados Unidos.

Las cifras enviadas por la Fiscalía General de Justicia al Sistema Nacional de Seguridad Pública parecen cada día más maquilladas. Ya lo hemos señalado en anterior entrega.

Y, efectivamente, pero solo desde el dudoso censo del Fiscal, Veracruz aparece en los lugares 12 y 13 en número de delitos en general, robo y homicidio, pese a que las páginas policiacas de los medios (cada vez más cautas a la hora de publicar algunos casos por estar en riesgo de ser atacados por el crimen organizado) dan cuenta de múltiples asesinatos.

Sin embargo, en el primer semestre del año, Veracruz ha escalado al segundo lugar por mayor incidencia en el delito de secuestro, solo superado por el Estado de México, pero desplazando a Tamaulipas, que hace varios años enseñoreaba la macabra lista, y Tabasco, donde la leyenda de secuestros la había convertido en un infierno en lugar de ser un edén.

¿Estaremos siendo injustos con Javier Duarte de Ochoa o él vive en una realidad virtual porque siempre se la pasa en Casa Veracruz o fuera del estado y el país, lo que le ha impedido durante seis años saber qué sucede en el estado que dice gobernar?

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En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Aunque se ha mantenido fuera de los cuadros de las diez primeras entidades federativas en número de delitos de enero a junio de este año, pareciera que, o las víctimas no están denunciando los delitos ante las autoridades ministeriales, o la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado maquillando sus reportes ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un afán por evadir el señalamiento nacional por los efectos de una violencia que se respira por todos lados.

En medio del escándalo desatado este miércoles por Aristegui Noticias en contra del Secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo Bermúdez Zurita, a quien junto con su esposa identifica como propietarios de varias mansiones en el estado de Texas, a 7 kilómetros del conjunto residencial en que supuestamente el gobernador Javier Duarte de Ochoa cuenta con propiedades inmobiliarias (que él se ha negado a reconocer), la situación de inseguridad en Veracruz parece estar fuera de control.

Este jueves, tras muchas demandas de diversos sectores políticos y sociales, debido al crecimiento de la violencia, Bermúdez Zurita ha presentado su renuncia, derivado de las acusaciones fundadas, publicadas por el portal de Carmen Aristegui. En un escueto boletín emitido por Comunicación Social del Gobierno del Estado, se señala:

“Con la finalidad de esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan ante las instancias correspondientes, el licenciado Arturo Bermúdez Zurita presentó su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Veracruz. Queda como encargado de despacho el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública”.

El mundo feliz de la FGE y la SSP

En número total de delitos, durante el primer semestre de 2016, la cifra alcanza los 20 mil 410, colocando a Veracruz en el lugar 13, detrás del Estado de México (90,544) Ciudad de México (87,387), Guanajuato (53,686), Jalisco (52,647), Baja California (48,508), Puebla (31,133), Chihuahua (29,902), Tabasco (29,312), Coahuila (24,362), Sonora (23,897), Morelos (23,161) y Nuevo León (21,608). En caso de ser ciertos, hay una disminución respecto al mismo periodo de 2015, cuando se totalizaron 23 mil 666 casos.

Si observamos la tendencia en la incidencia delictiva desde el primer semestre de 2011, podemos percibir una mejora, en algunos casos sustancial, en materia de seguridad pública.

Sin embargo, la percepción de violencia contra la información oficial, de medios de comunicación y el propio boca-oreja, permite reconocer que la población en Veracruz está temerosa y espera que la situación pueda realmente mejorar con la asunción del próximo gobierno estatal, porque en este se ha dejado de actuar por la situación política que enfrenta Javier Duarte de Ochoa, los graves hoyos financieros y un evidente abandono de las tareas de seguridad pública y aplicación de la justicia.

En total, hasta el primer semestre de 2016, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se han denunciado 338 mil 771 delitos.

Hago énfasis en que son datos de averiguaciones previas abiertas debido a la denuncia de las víctimas o sus familiares, y no precisamente del número real de delitos cometidos, porque la mayoría de ellos no se denuncia sea por ausencia de oficinas ministeriales cercanas, la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo confirmada por el elevado porcentaje de casos que no son investigados, la impunidad y en no pocos casos la sospecha de complicidad de autoridades con los grupos delictivos.

Cuadro 1: Número de delitos denunciados durante el primer semestre del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Delito 2011 2012 2013 2014 2015 2016
General 36,152 39,412 37,931 23,883 23,666 20,410
Robo 12,907 14,323 13,935 9,119 9,367 7,621
Homicidio 806 959 895 527 454 648
Secuestro 29 54 53 93 48 62
Violación 608 409 327 142 60 46

Si observamos con detenimiento el cuadro anterior, podemos descubrir un extraño abatimiento en el número de delitos denunciados, a partir de 2014. En febrero de ese año, el gobernador Javier Duarte de Ochoa sustituyó en la entonces Procuraduría General de Justicia a Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien meses atrás ya había presentado su renuncia.

En su lugar, nombró al abogado Luis Ángel Bravo Contreras que, el 30 de enero de 2015, gracias a una reforma constitucional, tomó protesta en el Congreso del Estado como nuevo Fiscal General del Estado de Veracruz por un lapso de nueve años (hasta 2023). Prácticamente en automático, la mayoría de los delitos denunciados, reportados al SNSP, disminuyeron drásticamente.

Esto es más claro en el número de delitos en general que, de un año para otro, al menos en la cifra del primer semestre, pasa de 37 mil 931 a 23 mil 883, una disminución de 37 por ciento, mientras que los robos pasan de 13 mil 935 a 9 mil 119, es decir, una caída de casi 35 por ciento.

El caso de homicidios presenta un comportamiento similar: su número pasa de 895 a 527, lo que representa una inusitada baja de más del 41 por ciento. Mientras que en el caso de violaciones denunciadas, cuyo número pasa de 327 a 142, estamos hablando de un hecho inusitado pues se abatió, siempre según los datos de la Fiscalía General del Estado, en más del 56.5 por ciento.

La situación es más sorprendente de 2013 a 2016 (en sus primeros semestre), pues de 327 casos de violación, este año solo se denunciaron 46, ¡una baja del 86 por ciento! que no se explica si nos atenemos a las denuncias presentadas por organizaciones feministas y organismos no gubernamentales que han solicitado que se instaure en la entidad la alerta de género, tanto por el creciente número de feminicidios como de violaciones.

Donde el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras no ha podido ocultar o maquillar las cifras ha sido en el delito de secuestro, donde Veracruz se ha colocado durante el primer semestre de este año en el segundo lugar nacional, apenas superado por el Estado de México, tal vez porque es el que más denuncian los familiares de las víctimas, pese a que se habla de la famosa cifra negra, que implica que solo se denuncia uno de cada diez casos. El número de secuestros se ha mantenido alto, incluso en su primer año como Procurador, cuando creció de 53 a 93 casos, es decir, un alza de 75 por ciento.

Cuadro 2: Estados con mayor incidencia en delito de secuestro durante el primer semestre de 2016, Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Lugar Estado Casos
1 México 134
2 Veracruz 62
3 Tamaulipas 57
4 Guerrero 43
5 Tabasco 33
6 Ciudad de México 23
7 Morelos 17
8 Oaxaca / Puebla 15
9 Zacatecas 12
10 San Luis Potosí 11

Las sospechas sobre el maquillaje de cifras por parte del actual responsable de la investigación de delitos en Veracruz permiten correr un velo de incredibilidad, que proyectan en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa el estigma de la impunidad y la simulación. Si el próximo gobierno no puede hacerlo a un lado, nos esperarían 7 años más de inoperancia judicial.

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Duarte no logra mayoría calificada

Duarte no logra mayoría calificada

 

A las justas protestas de los jubilados y pensionados que hace tiempo sufren en su vida cotidiana las afectaciones derivadas del manejo inescrupuloso del patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), este jueves el Congreso local vivió una jornada inusual, por la presencia activa de dos sectores de la población que se sienten agraviados por la intención de trasladar al IPE y a organismos ‘autónomos’ espacios simbólicos propiedad del Gobierno del Estado.

Los diputados del PRI y el PVEM en la Legislatura (con la excepción honrosa del diputado por Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil) han debido meter freno a la orden de aprobar todas las ocurrencias del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien en el último mes ha tenido una actividad legislativa abrumadora.

En efecto, Javier Duarte ha querido usar al dócil Congreso, con mayoría priista, para lograr tres objetivos:

  1. Blindar su administración contra acusaciones de corrupción, mediante el nombramiento de un fiscal y un contralor a modo y la creación de una sala de magistrados especializada en el tema, todos ellos anclados por entre cinco y diez años.
  2. Cubrir el enorme hoyo financiero en que tiene al IPE, con la donación de bienes inmuebles propiedad del gobierno a este organismo que, por cierto, difícilmente podrá enajenarlos para contar con liquidez financiera, y
  3. La aprobación de leyes que buscan generar un enorme caos administrativo y financiero que paralice al gobierno que encabezará Miguel Ángel Yunes Linares, mediante el otorgamiento de base a miles de burócratas, la imposición de porcentajes del presupuesto general para varias dependencias (Fiscalía, Poder Judicial y UV), la donación de bienes muebles e inmuebles a dependencias y organismos autónomos, más las que se le ocurran en lo que resta de su gobierno.

Según politólogos consultados por el portal Sin Embargo, de la Ciudad de México, “la falta de contrapeso y voluntad política, así como el pacto de impunidad entre actores políticos, dificultará que el priista sea juzgado por los señalamientos de corrupción que lo rodean, a pesar de que (…) el tricolor se distanció de él –más por el costo electoral que le causó, que por los señalamientos en su contra–.”

No terminan por cuajar las iniciativas

La declaración hecha por la dirigente nacional priista Carolina Monroy en el sentido de hacer un deslinde de su partido respecto a la actuación política de Duarte y su intención de blindarse, además de las presiones hechas por el gobernador electo y las manifestaciones de repudio generalizado en el estado y el país, han ralentizado la toma de decisiones en el Congreso.

De entrada, se debió descartar al exprocurador y exalcalde cordobés Francisco Portilla Bonilla como fiscal anticorrupción, porque no reunió los votos para pasar por mayoría calificada, aunque ya el gobernador lo metió en su terna de magistrados para conformar la sala del Tribunal Superior de Justicia especializada en combate a la corrupción, junto a personajes impresentables como la exalcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David (tiene a un hijo como diputado), quien es señalada de daño patrimonial contra el ayuntamiento por hasta 500 millones de pesos, y Alberto Tomasini, quien fungía como Consejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos de la oficina del mismísimo Gobernador, donde difícilmente hizo algo por los ciudadanos.

Las iniciativas enfocadas a donar bienes también han tenido serias dificultades y oposiciones. En la sesión de este jueves, de último momento, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Mariela Tovar Lorenzo, solicitó retirar de la orden del día el dictamen que aprobaría la entrega a título gratuito de 10 bienes inmuebles al IPE, como el velódromo, el Museo Interactivo de Xalapa, el Jardín de las Esculturas, el Parque de Doña Falla y varios terrenos.

Esta postergación (entendemos que necesitan juntar los 34 votos que requieren para mayoría calificada) se suma a la decisión de los diputados de retirar de la lista el Word Trade Center de Boca del Río. Ricardo Ahued celebró que los diputados hubieran recuperado la dignidad y hecho prevalecer la cordura al rescatar los bienes. Esta decisión, dijo, es histórica y frena un atentado a la infraestructura y dignidad de Xalapa.

Y es que no solo se pospone la presentación del dictamen respecto a las propiedades que se piensan ceder al IPE, sino también la de la Casa Veracruz. En la sesión de este jueves, manifestantes se hicieron presentes para rechazar la propuesta de ceder a tres órganos autónomos la Casa Veracruz, lo que convertiría a varias colonias aledañas en un verdadero infierno, pues se sumarían más de 100 trabajadores que llegarían en auto y trastocarían la tranquilidad de una zona que no fue pensada para un uso de suelo diferente al habitacional. Pero también estuvieron los floricultores y viveristas que ofrecen sus productos en el Parque Doña Falla, quienes perderían un sitio insustituible para dedicarse a su actividad.

Jardín de las Esculturas, moneda de cambio

La imaginación desbordada del gobernador Javier Duarte y sus asesores no midió las consecuencias de donar al IPE bienes inmuebles que cumplen una función importante para la sociedad, y uno de ellos (emblemático de la ciudad) es el Jardín de las Esculturas, que este mismo jueves empezó a ser defendido por artistas locales mediante una petición en la plataforma Change (change.org) al Secretario de Cultura del gobierno federal, Rafael Tovar y de Teresa, y al Congreso local, para evitar esa agresión al sector cultural de la entidad. En la petición se señala:

“Debido a una enojosa noticia circula en Veracruz sobre que, en días pasados fue turnado a la Cámara de Diputados una solicitud para enajenar, a título gratuito, once inmuebles, propiedad del Gobierno del Estado, en su mayoría espacios ubicados en Xalapa y entre los más emblemáticos: El Jardín de las Esculturas, los artistas e intelectuales de esta ciudad capital y de todo el Estado de Veracruz protestamos enérgicamente por la pretendida enajenación de dicho espacio, para pagar las deudas que el Gobierno de Veracruz sostiene con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) .

“El Jardín de las Esculturas es un espacio museístico como pocos hay en nuestro país, que funciona con programas incluyentes muy  importantes y de gran valor cultural, además de haber conformado una importante colección de esculturas de artistas de todo el mundo, mismas que se encuentran “sembradas” – por así convenir al diseño del mismo –  en los espacios abiertos que conforman el jardín.

“Nos parece inconcebible que se quiera echar mano de un espacio tan importante en nuestra ciudad, mismo que se ha vinculado con artistas de todo el mundo en el desarrollo de sus intensos y productivos programas de trabajo, donde  se  contemplan tanto a los niños como a los adultos, cubriendo en gran medida la amplia gama de expresiones culturales y artísticas de la actualidad.

“Nos sentimos dolidos y ofendidos por lo que consideramos una inmensa falta de respeto a nuestra ciudad y a sus instituciones culturales, por lo que exigimos que se eche atrás esa iniciativa, que afectaría una amplia capa de la población interesada en las artes y la cultura en Veracruz.”

En lo particular, por el cariño y reconocimiento que le tengo a ese espacio, he firmado la petición. No creo que haga nada Tovar y de Teresa, pero que llegue al conocimiento de los diputados locales puede servir para que hagan conciencia de que no se trata solo de pagarle los favores recibidos al gobernador Duarte, sino de realmente representar a la sociedad, que hizo que ellos disfrutaran en los últimos tres años de enormes canonjías.

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¿Regañará Peña Nieto a Duarte?

¿Regañará Peña Nieto a Duarte?

 

La llamada de auxilio lanzada este lunes por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares al presidente Enrique Peña Nieto para que ponga coto a la fiebre reformadora que ha mostrado en los últimos días el gobernador Javier Duarte de Ochoa, con iniciativas orientadas a blindar su salida y a maniatar al próximo gobernador, difícilmente encontrará eco en un mandatario que ha mostrado una criminal indiferencia por lo que ocurre en Veracruz.

No hace falta sino ver a los jóvenes gobernadores que han llevado a sus estados al precipicio y, en el caso de Veracruz y Quintana Roo, prácticamente al fondo de la barranca. Los casos de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo han alimentado ya los peores capítulos de la que puede ser la novela negra de la impunidad, la corrupción y el autoritarismo, gracias a contar con congresos locales verdaderamente vergonzantes, cuyos diputados no alcanzan a calibrar el enorme daño que están procurando para todos los veracruzanos.

Y es que el miedo a ser juzgado y la venganza contra quien ganó, en realidad significará una gravísima estocada a un estado moribundo que, en aras de una confrontación personal, será condenado a dos años más de inamovilidad, a no ser que el movimiento sea para retroceder.

Todo lo que han aprobado diputados que deben ser expuestos al escarnio público permanente, le hará daño a los veracruzanos.

Contra su proverbial inacción, los diputados locales han debido levantar con más frecuencia el dedo para aprobar al vapor cuanta iniciativa le ha mandado el Ejecutivo del Estado, cuyos propósitos son inequívocos: proteger al gobernador Javier Duarte de Ochoa de posibles acciones judiciales en su contra, y maniatar al próximo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para contar con el poder que le permita poner en acción a la Fiscalía General del Estado.

Hace unos días se alabó como una medida sorprendente que Javier Duarte hubiera propuesto una reforma (aprobada por sus dóciles diputados) que despoja del fuero constitucional tanto al Gobernador del Estado como al Fiscal y a los presidentes municipales. El pasado lunes, cuando promulgó la reforma que lo hace posible, Duarte se vanaglorió de estar haciendo historia, porque ahora “todos y todas en Veracruz somos iguales ante la Ley”.

El problema es que esta norma y la aprobación de la ley y de la Fiscalía Anticorrupción no le tocan ni le afectan. En sentido estricto, le ha quitado el fuero al próximo Gobernador y, con ello, una vez en funciones a partir del 1 de diciembre, podría canjear su impunidad a cambio de no proceder desde la Fiscalía General (que tendrá independencia frente al Ejecutivo) contra el próximo gobernante, actualizando las demandas presentadas por diputados federales y locales priistas en contra de quien fuera candidato triunfador a la Gubernatura el pasado 5 de junio”.

Lejos estábamos de imaginar el tamaño de la inquina: no solo se aprobó al vapor una ley anticorrupción y se elegirá a un fiscal especializado identificado con el gobierno saliente; también se creará una Sala Especializada en Combate a la Corrupción en el Poder Judicial, con nombramiento de tres magistrados salidos de una terna presentada por el Gobernador, cuando para ello existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, en el colmo de la burla, se pretende nombrar como comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a un personaje que reúne en su actuación en el presente sexenio las historias más negras del enriquecimiento ilícito, Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo.

Durante todo el sexenio, el Poder Judicial fue permanentemente saboteado mediante recortes draconianos a su presupuesto, lo que imposibilitó que Veracruz tenga ya las condiciones para ejecutar el nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Sin embargo, este lunes Duarte promulgó la reforma que permitirá que este poder cuente con un presupuesto no menor al 2 por ciento del presupuesto general, al tiempo que dota a la Fiscalía General de un presupuesto no menor al 1.5 %.

Dichas medidas, junto a la asignación a la Universidad Veracruzana de por lo menos el 4 por ciento del presupuesto estatal, cuando no ha sido capaz de cumplir cabalmente con sus obligaciones presupuestarias en los años de su gobierno, lo que ha estrangulado a la casa de estudios, permiten observar de inmediato el sentido de tanta bondad: incidir para que el próximo gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, enfrente tan serias dificultades financieras que prácticamente entre en bancarrota la administración estatal. Para colmo, Duarte ha anunciado que basificará a miles de funcionarios y empleados de gobierno, lo que obligará al primer gobierno de la alternancia a trabajar con personal de confianza… del exgobernador.

¿Esto afectará a Miguel Ángel Yunes?

Ni duda cabe. Sus primeras acciones deberán ser en el orden jurídico y legislativo para echar abajo, uno por uno, todos los candados que está imponiendo Duarte. Y el problema que enfrentará no es con la bancada del PRI, sino con la de Morena, cuyo dirigente nacional y su excandidato a Gobernador, Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez, tienen un compromiso casi de sangre con Duarte, por lo que difícilmente apoyarán a echar abajo las leyes que protegen al saliente y amarran al entrante.

Hace apenas siete días, saliendo al paso de declaraciones hechas por la diputada electa por Xalapa, Daniela Griego, el ya diputado federal de nuevo Cuitláhuac García señaló que la bancada morenista (a la que no pertenecerá y a la que no tendría que manejar pues ni siquiera es dirigente estatal) no pactará con los diputados del PAN ni con los del PRD para servir de comparsa a los caprichos y ocurrencias de Miguel Ángel Yunes Linares.

“No vamos a hacerle el ‘caldo gordo’ a nadie, ni a los priistas, ni a los panistas, ni a los perredistas, y lo vamos a ver con la primera ley que van a impulsat nuestros diputados de Morena, la Ley de Austeridad, que implica quitarse la mitad del sueldo, verán cómo se van a oponer y se van a unir todos ellos para no quitarse los privilegios que existen en la Cámara de Diputados”, dijo quien el diputado federal trapecista que este año pidió licencia para venir de candidato a Gobernador y que el año próximo volverá a pedir licencia ahora para buscar la alcaldía de Xalapa.

De manera que Yunes Linares deberá ir armando toda su estrategia legislativa que le permita gobernar (ya no solo llevar a la cárcel a Javier Duarte y sus cómplices), entrando en alianza con los diputados de otros partidos distintos de Morena, incluyendo a los del PRI que no hayan sido impuesto por Duarte, para lograr tener la mayoría calificada que le permita echar abajo el Frankestein legislativo creado por el gobernador saliente.

Carta abierta a un presidente dormido

Pero volvamos a la pregunta de si afectará a Miguel Ángel Yunes. Ya hemos dicho que sí, y por ello este lunes apareció una carta abierta que el gobernador electo le dirige al presidente Enrique Peña Nieto en que le hace un enérgico llamado para que intervenga en Veracruz y ponga un alto al todavía gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien solo se preocupa por blindar su salida del aparato estatal en noviembre y deja un estado en quiebra y a punto de un grave conflicto social.

Mediante un desplegado publicado a nivel nacional, Yunes Linares menciona que el paquete legislativo que Duarte de Ochoa ha turnado al Congreso del Estado solo busca impunidad para él y sus cómplices, pero además destruir las finanzas públicas y provocar una crisis social y financiera aún más severa de la que ya se vive.

El documento precisa que los veracruzanos no permitirán que Duarte de Ochoa destruya Veracruz antes de entregar el gobierno, ya que las decisiones que ha tomado en los últimos días agravan aún más la “terrible situación que se vive en el estado” y en donde el riesgo de un grave conflicto social “es inminente”.

“Hoy cuando enfrentamos la más terrible ola de violencia, de desempleo, de quiebra en las finanzas públicas, Duarte se ocupa solo de blindar su salida y terminar de destruir las finanzas del estado”.

¿Responderá Peña Nieto? Lo dudo. Él mismo blindó su gobierno desde el principio cuando, a raíz del escándalo por la Casa Blanca de su esposa Angélica Rivera, nombró a un fiscal a modo, su entrañable amigo Virgilio Andrade, para que hiciera la investigación sobre posibles conflictos de interés y, sabe qué, resultó limpio como una blanca paloma. ¿Cree que le interese que Duarte le haya robado la fórmula?

Y, bueno, todavía faltan más iniciativas que vendrán de Casa Veracruz.

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En Veracruz, la economía está de cabeza

En Veracruz, la economía está de cabeza

El próximo 1 de diciembre, quien obtenga la estafeta de Gobernador en los comicios de junio, recibirá un estado en situación crítica.

El sobreendeudamiento y, como consecuencia, la nula inversión pública, además de la creciente inseguridad que no ha disminuido, ya pasaron la factura al crecimiento económico que, en el último trimestre del año pasado, registró un importante descenso, incluso mayor al registrado por Campeche, que ha estado en los últimos años como el furgón de cola entre los estados del país.

De octubre a diciembre de 2015, en efecto, Veracruz mostró las consecuencias de una gestión estatal sin rumbo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), su crecimiento fue de menos 3.3 por ciento respecto del trimestre previo (julio-septiembre), solo superado por Michoacán, que tuvo números negativos de -4.7 por ciento.

En efecto, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi, durante el cuarto trimestre del año pasado, los estados del país que tuvieron los menores incrementosfueron Michoacán (-4.7 %), Veracruz (-3.3 %), Campeche (-2.9 %), Jalisco (1.1 %), Zacatecas (1.2 %) y Oaxaca (1.8 %).

CUADRO DE HORA LIBRELa organización México, ¿Cómo Vamos? Ha reportado que Veracruz no solo estuvo lejos de alcanzar los 18 mil 675 nuevos empleos formales que tiene como meta, sino que dejó de crear 4 mil 287 durante el primer trimestre de 2016; en contrapartida, en el último trimestre de 2015, el 61 por ciento de los veracruzanos laboró en el sector informal, lo que les impidió tener acceso a la seguridad social.

Para colmo, con base en cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Veracruz es uno de los estados más endeudados del país, con 45 mil 879 millones de pesos.

Durante la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, en una ceremonia realizada el miércoles de la semana pasada y a la que no asistieron los gobernadores de 3 de las entidades más endeudadas (Ciudad de México, Veracruz y Coahuila), el titular de la SHCP, Luis Videgaray, dijo que “hay un conjunto de entidades que representan altos niveles de endeudamiento”, y añadió que seis de ellas “acaparan una deuda que representa más del 130 por ciento de sus ingresos por participaciones federales”.

La lista de estados más endeudados al cierre de 2015, según la Secretaría de Hacienda, es como sigue: Ciudad de México (71 mil mdp), Nuevo León (63 mil 832 mdp), Veracruz (45 mil 879 mdp), Chihuahua (42 mil 762 mdp), Estado de México (41 mil 697 mdp) y Coahuila (38 mil mdp).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) añadió otro dato preocupante: Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en personas en mayor pobreza, al reportar un incremento de 14.3 por ciento en 2012 a 17.2 por ciento en 2014; mientras que el porcentaje de población en pobreza también creció de 52.6 a 58 por ciento en el mismo periodo.

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