¡No sea soberbio, señor Gobernador!

¡No sea soberbio, señor Gobernador!

[Hora Libre | Álvaro Belin Andrade] Escuchar del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares un intenso panegírico de su propia familia, alabando su constancia de 13 años denunciando la corrupción de los dos últimos gobernadores de Veracruz; señalar que su propia familia sufrió las consecuencias de esa lucha personalísima y festinar como un logro exclusivamente suyo la detención en Guatemala de Duarte, fue como ser testigo de uno de los actos más soberbios que cualquiera podría esperar de un mandatario.

Lo que escuchamos este domingo debió sorprender a muchos veracruzanos. Cientos de paisanos murieron durante la última década como producto de la alianza de los dos gobernadores anteriores con el crimen organizado; miles debieron emigrar por la amenaza que todavía es latente a pesar del cambio de gobierno o del gobierno del cambio.

Gracias a la corrupción solapada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien Yunes agradece la detención de Duarte, muchos veracruzanos con problemas de salud fallecieron pues no fueron atendidos en sus enfermedades, y cientos de empresarios perdieron sus negocios por deudas que no quiso pagar Duarte en su desenfrenado apetito de robar dinero mal habido y, ahora, no solo se les niega el pago sino que son marginados de contratos públicos, para favorecer a empresarios poblanos.

De ellos no se acordó Miguel Ángel Yunes Linares: “Toda mi familia tuvo que pagar las consecuencias de haber tomado la decisión de enfrentar a la banda que se apoderó del Gobierno de Veracruz; hicieron todo para impedir que llegara a gobernador porque sabían que haría justicia, que no habría perdón”. Y más adelante: “La guerra sucia en contra nuestra fue brutal. Lo más grave es que llegaron a la agresión personal en contra de Miguel, mi hijo, quien salvó la vida después de un grave atentado. Así de fuertes y sucios son los intereses que los Yunes, desde la oposición, afectamos y pusimos al descubierto”.

No, señor Gobernador. No fue el único en criticar y señalar las corruptelas de Javier Duarte, ni su familia la única en recibir amenazas y atentados. Ni siquiera fue el primero en presentar una denuncia contra Javier Duarte. Desde 2014, la Auditoria Superior de la Federación presentó cada año denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvíos multimillonarios de recursos, que el gobierno federal evitó que se investigaran. En total, la ASF interpuso 56 denuncias contra el gobierno de Duarte por no solventar el manejo de los fondos públicos en los años 2010 al 2014, y por simular el reintegro de fondos federales, mucho antes que Yunes Linares comenzara su acto de campaña presentando su denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Fueron periodistas quienes hicieron una exhaustiva investigación, que se publicó en Animal Político, sobre las empresas ‘fantasma’ o empresas ‘fachada’, a través de las cuales se pretendió justificar la utilización de enormes sumas de dinero público, etiquetado principalmente para programas sociales, mediante la simulación más descarada. Prácticamente, este trabajo fue el que destapó totalmente el escándalo a nivel nacional e internacional, lo que obligó a las autoridades federales a evaluar su apoyo al entonces gobernador priista y a que la PGR atrajera la denuncia presentada por el candidato Yunes.

Por supuesto que el ahora Gobernador fue persistente y debemos agradecerle que, gracias a ello, no hubiera un sospechoso descuido y que Javier Duarte esté desde el sábado en una cárcel guatemalteca esperando a ser repatriado para enfrentar en prisión las acusaciones de corrupción que se ciernen en su contra. Porque, por desgracia, nadie lo juzgará por los demás delitos, por los 19 periodistas asesinados durante su gobierno, por las muertes de niños enfermos de cáncer que no recibieron sus medicamentos reales, por los millones de veracruzanos que pasaron a formar parte de las estadísticas de la pobreza y la pobreza extrema. Porque todo se lo llevó este ladrón, protegido por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien ahora se le agradece por haber hecho lo que debía, lo que le obliga la ley a su gobierno.

Aunque los periodistas antaño críticos terminen la semana con las rodillas sangrando de tanto inclinar la cerviz y, como fieles escuderos de su gobierno, le atribuyan todo el mérito del encarcelamiento de Duarte, recuerde que en Veracruz vivimos unos 8 millones de habitantes y que no todos fuimos condescendientes de los gobiernos priistas, y que en el país muchos más que usted exigimos que se hiciera justicia a los veracruzanos.

Por lo demás, esta detención ha sido calculada meticulosamente por la Presidencia de la República para tener un fuerte impacto mediático en el contexto del proceso electoral en el Estado de México. Solo le pido un poco de humildad.

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En Veracruz, justicia raptada

En Veracruz, justicia raptada

No parece que las autoridades estatales del cambio quieran o puedan hacer lo suficiente como para disminuir los graves rezagos en materia de impartición de justicia.

A cada día que pasa, en Veracruz se acumulan cientos y hasta miles de expedientes de casos criminales, que van desde desapariciones hasta secuestros y homicidios, que no son investigados y que pasan al estatuto de la impunidad, que permite que la violencia se multiplique porque, si nadie castiga, el negocio de la delincuencia se vuelve más redituable.

Veracruz, todo mundo lo sabe, es el mayor cementerio clandestino del país. No hace falta ir a países que sufren guerras intestinas cruentas como Siria para conocer la dimensión de una crisis humanitaria como la que vive Veracruz, con miles de veracruzanos buscando (o guardando un secreto luto) por familiares desaparecidos a quienes nadie busca, más allá de los colectivos que andan tras pistas o sospechas y que han mostrado la dimensión de la impunidad que nos han heredado los gobiernos priistas y que el nuevo gobierno parece estar incapacitado para disminuir.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha señalado que pedirá al gobierno federal recursos para hacer las pruebas de ADN de cientos, tal vez miles, de restos humanos que han sido enterrados en diversas partes y que, según el padre Alejandro Solalinde, apenas representan la punta de un iceberg que se extiende por casi todo el territorio veracruzano.

Hasta el momento, las cifras ya son espeluznantes. Se han localizado unos 250 cráneos en terrenos conocidos como Santa Fe en el municipio de Veracruz, y la semana pasada el Fiscal General informaba de unos 50 cráneos localizados en una cosa clandestina del municipio de Alvarado. Pero los señalamientos del padre Alejandro Solalinde apuntan a osarios similares o aún más poblados en Coatzacoalcos, Acayucan, Tierra Blanca, Orizaba y Córdoba.

¿En qué momento se convirtió Veracruz en un santuario de la delincuencia? Por supuesto, hay evidencias de que en los últimos tres gobiernos priistas hubo desde un imprudente descuido hasta una abierta complicidad con los grupos criminales, lo que permitió la obtención de enormes cantidades de dinero provenientes del crimen organizado y la eliminación de enemigos, tanto en el terreno político como en el periodístico.

Solalinde ha puesto de nuevo en el tapete la existencia de un enorme número de tumbas clandestinas donde se hacinan los cuerpos de miles de veracruzanos castigados por la delincuencia, sea porque formaban parte de ella o simplemente fueron asesinados porque no dieron lo que exigían los criminales; tal vez también porque fueron encargos de quienes podían pagar sus ejecuciones o porque eran obstáculos para su trabajo delictivo.

Que la diputada panista Mariely Manterola Sáinz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, pida al padre Alejandro Solalinde que presente las pruebas necesarias para localizar las fosas clandestinas, cuando nadie se ha dignado solicitárselo y, en cambio, se le ha defenestrado, solo muestra la falta de compromiso de los nuevos gobernantes frente a una grave crisis humanitaria. “Es muy fácil decir que hay fosas, yo creo que lo prudente y lo que nos obliga a hacer en este momento es dar esa información de algpun lugar, rancho o predio donde haya la sospecha que se ha suscitado el problema”, dijo la legisladora.

La verdad es que no es fácil denunciar fosas. Solalinde lo ha hecho en varias ocasiones, pero quienes tienen que investigar son las autoridades ministeriales. Que el Fiscal General Jorge Winckler, con el beneplácito de su jefe, no quiera añadir más trabajo al que ha de tener en la encomienda de cazar a exfuncionarios corruptos, es una cosa, pero es obligación de la Fiscalía velar por la impartición de justicia, dar con los veracruzanos desaparecidos y, si es muchísimo pedir, atrapar a quienes han sumido a Veracruz en el estado ignominioso en que se encuentra.

Si no puede, que renuncie. Porque si el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió justicia, esta no debe ser exclusivamente para castigar a los ladrones que fueron sus enemigos políticos, intentar detener la ola de violencia mostrando a los criminales que recibirán el justo castigo que la ley establece. La impunidad es el mejor alimento para la violencia y los familiares de los desaparecidos solo piden encontrarlos para darles sepultura.

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O se hace obra en Veracruz o el cambio es mera ficción

O se hace obra en Veracruz o el cambio es mera ficción

Este miércoles, de nueva cuenta, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acudió a “supervisar” el avance de obra del Hospital del Niño Veracruzano, originalmente denominado Torre Pediátrica por los ladrones Fidel Herrera y Javier Duarte que la iniciaron en 2010, y apuntó las inversiones de su gobierno a favor de centros hospitalarios y clínicas de la entidad, con recursos provenientes de los montos recuperados a los corruptos del gobierno duartista.

Aunque es pronto para exigirle otra cosa, si bien el entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes inauguró su primera obra a los tres meses de su mandato (un puente sobre el río Papaloapan que ayudó a transportar miles de toneladas de caña de azúcar al ingenio de Carlos A. Carrillo que antes debían recorrer decenas de kilómetros más), lo cierto es que hasta el momento Yunes Linares solo ha ido a inaugurar obras hechas por los ayuntamientos con recursos propios o con financiamientos directos del gobierno federal.

Hace muchos años que no vemos a un gobernador inaugurando obra pública hecha como parte de su programa de gobierno. El ladrón Javier Duarte de Ochoa planeaba, cuando la crítica arreciaba contra su inacción (no tenía recursos para hacer obra porque ya estaba en sus cuentas bancarias o convertidos en bienes inmuebles en diversas partes del mundo), la inauguración de algunas obritas. Se le podía ver con orgullo inaugurando ‘anexos sanitarios’ (baños, pues) en una escuela, acto que buscaba difundir en la mayor cantidad de medios. También le gustaba dar banderazo de inicio en la construcción de puentes o carreteras, aunque al día siguiente desapareciera la maquinaria para ser llevada a otro sitio en donde hacer el show.

Aunque la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero, nos ha quitado el aliento al señalar que la reestructuración de la deuda servirá prácticamente para pagar la nómina, lo cierto es que colateralmente deberá dar un respiro para que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares saque del cajón el Plan Veracruzano de Desarrollo y explore qué obras necesarias puede iniciar este año, con la idea de concluirlas antes de que se la apague su periodo gubernamental. Insistir en las obras hospitalarias que ya ha anunciado, puede convertirse en un mal augurio. ¿De qué servirá la reestructuración de la deuda pública que tanta confrontación generó con las fracciones parlamentarias opositoras?

Hasta el momento, asediado por la enorme deuda y los servicios a que obligan los compromisos con las instituciones acreedoras, Yunes Linares ha anunciado unas cuantas obras públicas, algunas de las cuales -ha dicho- se financiarían con los recursos recuperados al prófugo Javier Duarte y sus cómplices.

Las obras anunciadas

En enero, el gobernador Miguel Ángel Yunes dio inicio a 19 obras carreteras  por un monto de 155.31 millones de pesos (mdp) en 15 municipios, en un acto celebrado en el kilómetro 1.5 de la carretera de Oluta a Soledad de Doblado, su pueblo. Y anunció que en fecha futura daría a conocer otras 56 obras del mismo talante que significarían una inversión adicional de 509.55 mdp.

En febrero anunció que serían retomados los trabajos para la rehabilitación de hospitales. Al supervisar la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coatzacoalcos, anunció que se dedicaría exclusivamente a las mujeres, con áreas materno-infantil y gineco-obstétrica. Con un avance del 40 por ciento en su construcción, se destinaría un financiamiento federal y estatal cercano a los 600 millones.

En el mismo mes anunció que se reactivaría la obra del Hospital del Niño Veracruzano en el Puerto de Veracruz, con una inversión de 200 mdp; se destinaría una inversión de 175 mdp al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz; 57 mdp para la remodelación del Centro de Especialidad “Rafael Lucio”; 59 millones al Hospital Luis F. Nachón de Xalapa, 65 millones al Hospital Regional de Coatzacoalcos, 20 mdp al Hospital de la Sierra de Zongolica, 63 mdp al de Tatahuicapan, 67 mdp en Soledad Atzompa, y 25 mdp al Hospital General de Río Blanco. Además, se esparcirán 145 millones en 9 hospitales de Álamo, Cosamaloapan, Tuxpan, Uxpanapa, Naolinco, Playa Vicente, Jesús Carranza, Huatusco y La Antigua, y 79 millones para 99 centros de salud.

Finalmente, el pasado 5 de marzo, anunció una inversión de 200 millones de pesos para la conclusión del libramiento de Cardel, que comprende 7 kilómetros de carpeta asfáltica, tres puentes para uso de los transportistas de caña de azúcar, y la conexión con la autopista a Veracruz.

Estas son las únicas obras que ha puesto en el tapete, con un monto anunciado (centavos más, centavos menos) de poco más de 1 mil 700 millones de pesos, de los cuales 1 mil 200 millones provendrían de los recursos rescatados por la PGR y por la acción del propio gobernador antes incluso de tomar posesión del cargo, además de recursos adicionales logrados del gobierno federal. Si solo fueran parte del presupuesto de 2017, esa cantidad significaría el 1 por ciento, cuando normalmente se destina a obra el 20 por ciento aproximadamente.

No son, por tanto, suficientes si consideramos que quiere operar el cambio.

 

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Cumbre Tajín: ¿salto al abismo de la cultura oficial?

Cumbre Tajín: ¿salto al abismo de la cultura oficial?

Este sábado 18 comienza en Papantla una celebración que llegó a convertirse en una de las coordenadas dentro de las expresiones artísticas y culturales más importantes en el país, generalmente concentradas en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y que tiene como característica ser prácticamente el único festival organizado y financiado enteramente por el Gobierno del Estado: la Cumbre Tajín 2017, Festival de la Identidad.

Creado durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco, mantenido con altas y bajas por el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y entregado por Javier Duarte de Ochoa a Brenda Tubilla Muñoz, la prima consentida de su esposa Karime Macías, quien como productora hizo negocios particulares con los recursos públicos mediante empresas fantasmas de promoción artística, la Cumbre Tajín llamó desde el principio la atención de miles de jóvenes que en esas fechas se movían desde diferentes partes del país hasta el municipio totonaca para disfrutar de su programa, lo que ayudaba a dinamizar económicamente a una región asolada en los últimos años por la debacle de la industria petrolera.

Bajo el slogan “La fuerza del origen”, este festival que concluirá el martes 21 de marzo, día en que se celebra la entrada de la primavera y que tiene un alto significado en las culturas indígenas, ha debido mostrar la flaqueza financiera del gobierno veracruzano que, en el caso de las dos festividades previas (Fiesta de la Candelaria y Carnaval de Veracruz), se desentendió casi por completo.

A la Fiesta de la Candelaria, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no solo no le destinó un peso del presupuesto, pese a ser un evento organizado por un alcalde panista, sino que incluso le echó la caballería para contener con policías preventivos y ministeriales el embalse de toros. En el caso del Carnaval de Veracruz, solo al final destinó Yunes un apoyo de 5 millones, aunque no sabemos si los organizadores hallaron a la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero, para reclamar el ofrecimiento.

Con el Festival Tajín, el gobierno del estado ha retomado su carácter de organizador.

Pero las cosas están tan difíciles presupuestal y políticamente, tan extraviadas en materia de conocimiento en la organización de eventos culturales y artísticos masivos, que se ha prestado a chunga la conformación de su cartel de invitados, si bien se ha agregado a él a excelentes exponentes de la calidad que tiene Veracruz, en especial Xalapa, en el tema de la creación e interpretación musical.

Incluso, ha servido para que un funcionario menor (en todos los sentidos) haya usado su función para venganzas personales estúpidas, que manifiestan la parquedad intelectual del gobierno panista.

La cofradía de los rústicos

Leopoldo Domínguez Armengual, abogado, notario público, con experiencia única en materia de registro público de la propiedad y notarías, debió ser un incansable turista, un paseador contumaz, un frenético consumidor de los servicios turísticos en el país y en el mundo.

No de otra manera se podría explicar que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le haya encargado estar al frente de la Secretaría de Turismo y Cultura (Secturc), una dependencia que no solo tiene un peso específico si consideramos que Veracruz cuenta con varias regiones con vocación turística (consolidada o en desarrollo) sino que, al menos en el papel, es cabeza del sector cultural, que también puede ser (aunque pocos lo han entendido: acaso el alcalde xalapeño Américo Zúñiga) un importante generador de divisas turísticas.

Todo puede interpretarse de esa designación tan anodina. Es posible (y lo señalan las acciones y el lugar que tiene en los discursos) que la cultura no tenga el más mínimo interés en el minigobierno panperredista; que, asediado por la crisis financiera y el interés por reducir el déficit presupuestal, al gobernador veracruzano la cultura e, incluso, la promoción turística lo tengan sin cuidado, pese a que a ras de piso a muchos veracruzanos les sean tan importantes como un binomio que dinamiza las economías locales, no importa que sea por periodos específicos.

Me interesa resaltar no solo el bajo presupuesto destinado al Festival Tajín y, en general, a la cultura, sino haber encargado la organización del festival que busca proyectar el legado cultura de la cultura totonaca, al restaurantero Ernesto Aguilar Yarmuch, durante muchos años ligado al PRI, más recientemente un fervoroso impulsor de la candidatura del senador José Yunes Zorrilla, y quien ha mostrado en dos sucesivos festivales culturales una forma nada profesional e, incluso, sucia de manejar la logística.

En efecto, lo que a Aguilar Yarmuch se le hizo público en el Festival de las Flores “Xalapa Llena de Luz”, él se lo ha cobrado en el Festival Tajín. Me explico. El festival xalepeño, hecho con el apoyo del ayuntamiento capitalino del 12 de agosto al 4 de septiembre del año pasado, programó una presentación de los grupos Los Aguas Aguas y Sonex, ambos considerados los máximos exponentes de la hibridación de ritmos con resonancia en el son jarocho, que ha tenido un éxito extraordinario en el país y el extranjero.

Sin embargo, el empresario restaurantero metido a promotor cultural, les entregó un cheque ¡sin fondos! Por supuesto, los afectados dieron a conocer el hecho a los medios de comunicación y, además, denunciaron que habían sido prácticamente maltratados por los organizadores, al no ofrecerles condiciones en camerinos y en equipo de sonido, lo que impidió cumplir con decoro a los cientos de seguidores que se reunieron en el Parque Juárez para disfrutarlos.

El alcalde Américo Zúñiga Martínez públicamente les entregó el importe del cheque de hule y les explicó que no había sido responsabilidad del ayuntamiento. Quedó claro que Aguilar Yarmuch había fallado a su responsabilidad como organizador y había embarcado tanto al alcalde como al productor presidente del patronato Fiestas, Cultura y Arte de México, responsable del festival, Mauricio Cuevas Gayosso.

A tal grado, que el experimentado empresario, en conferencia de prensa ofrecida el 13 de septiembre, no solo reconoció inconvenientes durante la primera edición del festival, sobre todo por la inexistencia de espacios adecuados en la ciudad, sino que anunció que no volvería a invitar al promotor del festival, Ernesto Aguilar Yarmuch, debido a las fallas que se cometieron.

¿Cuál ha sido la respuesta de este pésimo servidor público? En la presentación oficial del cartel de Cumbre Tajín, Yarmuch dijo: “Es una verdadera lástima. Te imaginas la oportunidad que perdió Camil y Osiel por andar de ‘bocones’, cuando les di la clausura el año pasado del gran Festival de Xalapa; fueron los que más ganaron y no se les quedó a deber ni un centavo”, refiriéndose a las declaraciones hechas por los integrantes de los grupos que fueron afectados por su mala gestión.

Mientras en el programa se anuncia la participación de Celso Piña, Gloria Trevi, Javiera Mena, Nortec Collective y Porter, entre otros, se evitó invitar a uno solo de los cuatros grupos que conforman el colectivo Jarocho Power en que militan, además de Los Aguas Aguas y Sonex, dos pesos pesados en el son jarocho tradicional: Son de Madera y Los Cojolites, este último lanzado a la notoriedad internacional por haber participado musicalmente en la película Frida, protagonizada por Salma Hayek, además de ser nominados en varias ocasiones para los Grammys latinos.

Es penoso que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares pase a la historia por haberle dado la espalda a los más potentes exponentes de la cultura popular jarocha, gracias a los oficios de un ignaro restaurantero.

 

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La justicia en Veracruz, un traje a la medida

La justicia en Veracruz, un traje a la medida

Con un gobernador más preocupado en generar cortinas de humo mediante la detención de personajes como el exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado, y un fiscal general que ofrece descuentos en la compra de pizzas a quien le haga “bulling” (sic), mientras recibe el repudio de familiares de desaparecidos porque al gobierno para el que trabaja lo que menos le importa es combatir la impunidad y restituir la justicia, ya podemos anticipar lo que el destino le depara a los veracruzanos en los siguientes dos años.

Cada vez es más difícil encontrar un orden en las acciones del gobierno veracruzano. Aún los más decididos seguidores del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (los que conformaron el tercio de electores que lo llevaron al triunfo) tienen serias dificultades para mantener su confianza en que las cosas están encauzándose por la vía del cambio, y quienes se consideran ‘yunezombis’ utilizan la demagogia y el ataque a los contrarios para justificar lo poco que se ha logrado en los primeros 100 de 730 días de gobierno.

Mientras no conecte de hit, mientras no calme las agitadas aguas de la violencia, en tanto no se observe una obra pública terminada (incluso si es de las inconclusas de Duarte o Fidel), mientras el apoyo a la mejora del sector Salud no sea cuestionado por la falta de los mínimos requerimientos (como alimentar a los pacientes hospitalizados), o no se vea que hay un gobierno trabajando y no a un solitario gobernador haciendo todos los papeles (desde Fiscal hasta policía), muy difícilmente recuperará la confianza que paulatinamente ha ido perdiendo conforme han pasado los días.

El acto de detener a quien le entregara el mando, a falta del gobernador constitucional que ya andaba de pelada, suena a caja china, a una mascarada que permite distraer a la opinión pública de asuntos de mayor peso, en el que es posible que no sale bien librado. La causa que se le sigue al minatitleco es por haber ayudado a Javier Duarte de Ochoa a escapar en una aeronave propiedad del Gobierno del Estado.

Flavino tendría que responder por otros hechos, como el de haber ordenado que las fuerzas del orden arremetieran salvajemente contra los pensionados que protestaban porque no se les entregaban sus pensiones; por no haber atendido debidamente a los grupos sociales o, incluso, por no haber calmado a varias organizaciones sociales del propio sistema que afectaron durante su paso por la Secretaría de Gobierno y como gobernador interino a los xalapeños.

Mientras a este personaje que se mantuvo en la entidad porque en su historial no se le acusa de ladrón, aunque sea un cínico de la peor calaña y un nauseabundo defensor de Javier Duarte, se le ha metido a la cárcel, personajes impresentables como el excontralor Ricardo García Guzmán, que ocultó todas las pillerías de Duarte, puede sentirse seguro no solo de no pisar la cárcel sino incluso de ser alcalde de Pánuco por cuatro años, con el apoyo de Yunes Linares quien lo ha hecho candidato por el PAN.

De la nada, ha surgido esta acción que ha causado malestar entre dirigentes políticos, como Dante Delgado Rannauro, presidente de Movimiento Ciudadano, quien tras terminar su gestión como gobernador sustituto, fuera encarcelado por el gobierno de Patricio Chirinos, cuando Yunes Linares era secretario de Gobierno. Dante puso en su cuenta de Twitter: “Aberración jurídica la detención de Flavino Ríos. En lugar de gobernar Yunes prefiere circo y actos de pirotecnia. Cortado por la misma tijera”.

El dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, de gira por Veracruz, calificó como un acto de “propaganda” la detención de Flavino Ríos y cuestionó cómo por un lado se detiene al exdiputado local y por el otro el PAN da cobijo al excontralor Ricardo García Guzmán, quien ahora busca la candidatura de la alcaldía de Pánuco”.

En Coatzacoalcos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que su gobierno está cumpliendo el compromiso de que no haya impunidad, y puso como ejemplos la detención del exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado y del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, además de que el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, se encuentra sujeto a proceso. “En la decisión de proceder, está el compromiso de no admitir impunidad”, dijo Yunes Linares, mientras que ante la exigencia de dar con los desaparecidos y castigar a los culpables, su gobierno se achica y, de nueva cuenta, avienta la bolita para atrás, como si por el hecho de no haber sido en su año, no debe causarle daño..

Incluso descartó la destitución del fiscal Jorge Winckler Ortiz por las críticas de los colectivos de desaparecidos, que desaprueban su trabajo así como su falta de sensibilidad en torno a este tema. Incluso pidió a los desesperados familiares de desaparecidos no politizar estos temas.

Lo cierto es que la justicia se está recetando con dosis sospechosamente homeopáticas.

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México, en grave riesgo por deuda pública y corrupción

México, en grave riesgo por deuda pública y corrupción

Con el riesgo de la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, que pondría al gobierno y a millones de familias que dependen de las remesas en una situación sumamente grave, la deuda del gobierno federal ha subido desmesuradamente.

Si en Veracruz estamos perplejos por una deuda pública estatal superior a los 42 mil millones de pesos, que constituye cerca del 50 por ciento de lo que recibe el gobierno local por recursos fiscales cada año, la situación del gobierno federal está como para pensarse seriamente: al segundo trimestre de 2016, la deuda pública se calculaba en 8.5 billones de pesos, equivalente al 45.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el nivel más alto desde 1990.

Y el mayor problema es que la tendencia del gobierno de Enrique Peña Nieto es acrecentarlo de manera vertiginosa, sin que ello se refleje en desarrollo económico. Para ponerlo en plata, la tasa de crecimiento de la deuda es de más del 16 por ciento anual, mientras que el PIB nominal apenas creció en 6.6 por ciento en el mismo periodo, según datos ofrecidos por la organización México ¿Cómo Vamos?, en su reporte Semáforo Económico.

Para colmo, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el país comenzó 2017 con un aumento de 10.2 por ciento de deuda pública, lo que le hizo pasar de 8.51 billones de pesos a 9.81 billones entre enero de 2016 y enero del presente año.

Dicho monto se compone de deuda interna neta por 6.01 billones de pesos y una deuda externa del sector público federal de 180 mil 600 millones de dólares, equivalente a 3.79 billones de pesos.

La difícil situación externa podría ahogar a estados

Una deuda a punto de ser inmanejable y los riesgos que representan para el país las políticas antimexicanas y proteccionistas del gobierno de Donald Trump, que pondrían en riesgo la existencia misma del Tratado de Libre Comercio, han hecho que Fitch Ratings vea con perspectiva negativa el desempeño de la economía nacional en 2017.

El gobierno federal no hizo su tarea de preparar al país y las finanzas públicas para un escenario como el que estamos viviendo. El crecimiento económico ha promediado 2.5 por ciento anual, mientras que la deuda pública ha crecido sin freno poniendo en riesgo la estabilidad en la cuenta corriente. Si las políticas comerciales restrictivas del gobierno estadounidense se endurecen, se pondrán enormes barreras a las exportaciones mexicanas, habrá menor inversión extranjera, se pondrá en riesgo la estabilidad del peso y podrían caer drásticamente las remesas.

¿En qué afecta esto a los gobiernos locales? Según la empresa calificadora Fitch Ratings, las políticas proteccionistas de Estados Unidos tendrán un impacto en el desempeño presupuestal de estados y municipios, sobre todo en aquellos territorios con mayor dinamismo en su sector exportador, en aquellos que reciben los mayores montos por remesas de trabajadores migrantes en Estados Unidos y en los que dependen más de los ingresos federales.

¿Qué recomienda la empresa calificadora para enfrentar un escenario adverso en 2017? Fitch Ratings señala que los gobiernos subnacionales (estados y municipios) tienen posibilidades de hacer los ajustes pertinentes por el lado del gasto; hay mucha tela de donde cortar, sobre todo por el lado de los servicios personales, algo que, por ejemplo, hace tres meses que realiza el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (despidos masivos). El problema aquí es que todo parece indicar que por una vía salen trabajadores con mucho tiempo en el servicio público y, por otra, ingresan las jóvenes promesas del panismo hecho gobierno.

¿Será una fortuna para Veracruz que no sea ni una entidad exportadora (como Chihuahua, Baja California y Coahuila) ni esté en los primeros lugares por transferencias de remesas desde Estados Unidos, como Michoacán, Guerrero y Oaxaca? Es posible que pueda ser una especie de menor presión ante las magras expectativas de crecimiento del país para este año, pero lo cierto es que enfrenta una situación verdaderamente riesgosa por la enorme deuda que carga, los crecientes pasivos y la enorme dependencia de los recursos federales.

Además, como es un bienio prácticamente electoral, lo más seguro es que Yunes Linares no opte por la recomendación más dura de la empresa norteamericana, que es la de crear nuevos impuestos o la de elevar las tasas de los que están vigentes.

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Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

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