[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] El Congreso de Veracruz es una panacea: se trabaja poco, se gana mucho, se cincelan relaciones políticas y se hacen pingües negocios a la sombra de la gestoría y de la aprobación de iniciativas retrógradas.

A lo que menos se dedican sus diputados es a legislar y, cuando lo hacen, es por órdenes del Poder Ejecutivo y pueden acatar cualquier iniciativa sin mayor estudio, recibiendo en muchos casos el extrañamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pese a los múltiples aspectos que requieren ser tratados con una nueva legislación o con la adecuación de las leyes vigentes, los diputados del Congreso de Veracruz se enfrentan a una falsa disyuntiva: comportarse como legisladores o considerar su paso como un ominoso financiamiento para hacer política partidista, apuntalar sus carreras electorales o acercarse al poder estatal, todo ello enfocado en sus intereses personales.

Para colmo, el de Veracruz es de los congresos más caros para los contribuyentes. Un estudio nacional arrojó que es de las Legislaturas que más dinero destinan por diputado (11.5 millones de pesos anuales, arriba de la media nacional), y es de las legislaturas que menos trabajan en el año, apenas superada por la cámara de diputados de Campeche y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El grave rezago en análisis y aprobación o rechazo de iniciativas legislativas que acusa desde hace muchos años nuestro Congreso, además de razones políticas, es producto de un calendario de sesiones que privilegia ‘labores de gestoría’ sobre los trabajos de cabildeo, análisis y dictaminación de nuevas leyes o de reforma de aquellas que ya son obsoletas para la realidad del estado y el país.

Un estudio publicado por el portal de noticias sinembargo.mx apunta a nuestro congreso entre los menos productivos.

Si bien la Asamblea Legislativa del DF se lleva las palmas como el más caro y el menos trabajador, con apenas 152 días naturales (cinco meses) de sesiones ordinarias, con lo que los asambleístas prácticamente cobran sus dietas durante siete meses al año sin trabajar (solo 15 conforman la Comisión Permanente), los congresos de Campeche (172 días: cinco meses 20 días) y de Veracruz (177 días: cinco meses 25 días) se ubican en la cúspide de los más perezosos e improductivos.

¿Los veracruzanos, que en promedio gastamos 75.53 pesos diarios por cada uno de los 50 diputados locales, nos merecemos un Congreso cuyos diputados dedican más tiempo a vacaciones políticas que a trabajar en modernizar nuestras leyes y normas?

Si, para colmo, consideramos que buena parte de esos 177 días se dedican a la realización de sesiones de trámite, como la instalación del Congreso, la recepción del informe de labores del Gobernador del Estado y a su glosa, a la asistencia a actividades extralegislativas y a las supuestas reuniones de las comisiones, ya podremos imaginar por qué nuestros diputados presentan resultados vergonzosos al final de cada legislatura.

Solo como dato, habrá que señalar (citando la misma fuente) que los congresos locales que más trabajan son los de los estados de Tlaxcala (9 meses) y Yucatán (8 meses y medio); seguidos por los congresos de Baja California, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, con 8 meses al año. Entre los menos afanosos se encuentran los de Chiapas, Quintana Roo y Sonora, con 6 meses y, en la lona, los ya citados de Veracruz, Campeche y Distrito Federal.

¡Y todavía salen sonrientes en las fotografías!

Dóciles instrumentos de una insana reformitis

Para colmo, los diputados locales –salvo honrosas aunque escasísimas excepciones– se han prestado a aprobar reformas constitucionales retrógradas. Para no abrumar, pongamos por caso la ley antiaborto.

El 21 de enero, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución estatal con la que, según el creador de la iniciativa, Javier Duarte de Ochoa, quedó protegido el derecho a la vida del ser humano “desde el momento de la gestación hasta su muerte natural”, cancelando por esta vía la posibilidad de que se practique la interrupción legal del embarazo.

Según la justificación, la reforma busca resguardar “el más fundamental” de los “derechos del hombre”, que es el “derecho a la vida”, y fue aprobada de manera directa en menos de 72 horas por el pleno legislativo, sin haber sido analizada en comisiones.

Para no tener dudas sobre de dónde provino la excitativa, que convenció al gobernador y luego a los dóciles diputados, la reforma antiabortista —aprobada por 38 votos a favor y seis en contra— fue elaborada a petición de la organización civil “Sí a la Vida”, que en 2015 recabó 28 mil firmas ciudadanas en apoyo a esta enmienda legal.

La iniciativa de reforma establece que el concepto de “protección a la vida desde su concepción” responde a la reforma hecha en 2011 al artículo 1 de la Constitución mexicana, con la cual, toda norma relacionada con derechos humanos deberá interpretarse bajo los criterios que garanticen a la persona la protección más amplia.

Siguiendo esta lógica, la iniciativa de Duarte concluye que la protección más amplia del derecho a la vida humana debe abarcar desde la “concepción” misma, es decir, desde el momento en que un óvulo y un espermatozoide entran en contacto.

Aunque Duarte aseguró que ésta se sustenta “en los estudios científicos realizados por los especialistas en la materia”, la Corte ha reconocido que en México no existen estudios oficiales que permitan saber en qué momento inicia la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, o si la simple adhesión de estas dos células puede considerarse como prueba de surgimiento de la vida o de la esencia humanas.

En la introducción de su iniciativa, el gobernador Duarte también equipara la interrupción del embarazo con la “pena de muerte”, y a partir de esta comparación concluye que una acción es tan ilegítima como la otra.

A dicha conclusión llegó tras estudiar la definición del “derecho a la vida” que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2002, cuando discutía, precisamente, la legalidad de la pena de muerte.

Según esa definición, “nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia”. De esta forma, la reforma legal propiamente no protege el derecho a la vida de aquellas células conformadas por la unión de un óvulo y un espermatozoide humanos, sino que protege su derecho de audiencia.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | Twitter | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram | Formato Siete

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