[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Como un peligro real para los veracruzanos, los diputados locales (con mayoría del PRI, el PVEM y demás partidos aliados) se han caracterizado por aprobar sin mayor análisis crítico cualquier iniciativa enviada por el Ejecutivo, aún aquellas que son lesivas para los derechos de la población, cuando no graves retrocesos en la legislación social y política vigente e, incluso, dañinas para la precaria estabilidad de las finanzas públicas, como la aprobación de nuevos empréstitos que nunca sirven para lo que fueron solicitados.

Este lunes, el Congreso del Estado está presto a analizar y, seguramente, aprobar sin mayores contratiempos, la iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado (Ley del IPE), mediante la cual se busca transferir a los patrones (léase Universidad Veracruzana, dependencias estatales y demás órganos autónomos) la actual obligación del gobierno estatal de cubrir el subsidio para saldar todos los pagos por pensiones y jubilaciones.

En su redacción actual, el artículo 98 establece que, “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por el Gobierno del Estado y organismos públicos incorporados a que se refiere el artículo 3°, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”.

La condicional establecida al final del artículo, la de la celebración de convenios específicos, ha impedido que en su lucha por destruir a la más importante institución de educación superior en la entidad, la UV, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, esté imposibilitado legalmente para cobrarle a lo chino cerca de 3 mil millones de pesos del supuesto adeudo de la casa de estudios, y por tanto, deba seguir su curso la denuncia penal interpuesta por la UV por retención de más de 2 mil millones.

Ante ello, Javier Duarte de Ochoa ha propuesto modificar dicho artículo con una redacción a modo: “De darse el caso que los recursos del Instituto no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en la ley, el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones.”

De aprobarse dicha reforma (como seguramente ocurrirá, puesto que el líder cameral Juan Nicolás Callejas Arroyo está ligado con el magisterio federal, que no está sujeto al régimen estatal de pensiones), no solo se pondrá en grave riesgo la existencia del IPE.

Con ello, también se vulnerarán los derechos de miles de trabajadores activos que cotizan y de quienes ya reciben sus pensiones, además de la salud financiera de dependencias como la Secretaría de Educación (SEV), la UV, el Poder Judicial y las dependencias estatales cuyos trabajadores son beneficiarios del sistema estatal de pensiones.

La grave situación financiera en que se ha puesto en los últimos doce años al IPE, cuya reserva técnica ha desaparecido por haber sido utilizada para fines distintos al de asegurar las pensiones de los trabajadores jubilados, ha hecho que el gobernador Javier Duarte de Ochoa proponga transferir la propiedad de inmuebles como los estadios Luis Pirata Fuente y el de beisbol Beto Ávila, además de Acuario de Veracruz, que no servirán para resarcir recursos que se calculan en 5 mil millones de pesos, puesto que el IPE no puede venderlos.

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