Este jueves, a media tarde, el presidente Enrique Peña Nieto vio, en Coatzacoalcos, una de las expresiones más trágicas de su reforma energética: transferir a una iniciativa privada predadora e irresponsable instalaciones que eran operadas por Pemex.

¿A cambio de qué? De una nula inversión en mantenimiento, el despido de los mejores y más experimentados trabajadores petroleros en aras de evitar problemas laborales y la exposición de la vida y la integridad física de cientos de obreros a accidentes catastróficos cantados, que no fueron prevenidos por una estúpida tacañería empresarial, a pesar de la enorme evidencia.

En efecto, el gobierno federal vendió parcialmente estos activos importantes de Pemex a la empresa Mexichem mucho antes de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma energética, poniendo de relieve su criminal desinterés en supervisar que las condiciones de venta (la empresa se había comprometido a inversiones millonarias en mantenimiento y modernización de la planta) se cumplieran a cabalidad y, con ello, no solo se incrementara la producción sino se preservara la seguridad de los trabajadores que laboran en el perímetro y la de cientos de miles de habitantes de la región.

¿De qué habrá servido la presencia de Peña Nieto en el sitio del desastre? Poco menos que para levantar la imagen de un gobierno priista en época de elecciones, en un tema en que cualquier autoridad puede movilizarse y divulgar su imagen sin trastocar la veda electoral, pues es uno de los temas en que la ley lo permite. De las vidas cegadas (se hablaba de 13 pero había varios en calidad de desaparecidos) y los cientos de obreros malheridos, poco habrá podido corregir.

Acompañado del director de Pemex, el coatzacoalqueño José Antonio González Anaya, y de la titular de la PGR Arely Gómez, Peña Nieto se comprometió con familiares de los trabajadores fallecidos y lesionados a que Pemex y Mexichem asuman su responsabilidad y se lleve a cabo una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades.

“Estoy aquí –dijo– para asegurarme de que Pemex y la empresa con la que está asociada asuman su responsabilidad, sobre todo en términos de hacer la investigación correspondiente, pero lo más importante, que las personas que resultaron lesionadas tengan la atención médica debida, especializada y correspondiente”.

El accidente, en una empresa privada, no de Pemex

Originalmente se manejó que la explosión había ocurrido en instalaciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), pero lo cierto es que esto ocurrió en la Planta de Clorados III de Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), una empresa perteneciente al Grupo Mexichem, propiedad del exbanquero Antonio del Valle, operada en alianza con Pemex desde 2013.

Aunque tenía semanas de que se había reportado una fuga de gas cerca del área de hornos, según lo expresaron trabajadores de la empresa, no solo no se corrigió el problema sino que se obligó a los trabajadores a seguir con sus labores pese al peligro; incluso, una empresa contratista siguió con tareas de soldadura sobre el área en que se detectó la falla, provocando el martes, a las 15:30 horas, una serie de explosiones que convirtieron el sitio en una sucursal del infierno.

La planta fue cedida parcialmente a Mexichem en 2013, en una transacción cuyos detalles no fueron revelados. La compañía prometió destinar 200 millones de dólares al complejo en una primera inversión, a la cual le seguiría otra por 70 millones de dólares para expandirla. La cuestión es que ni siquiera pudo atender oportunamente, y en condiciones de seguridad para los trabajadores, la falla ya detectada y obligó a los trabajadores a asistir normalmente a sus labores.

La diputada federal de Morena, Rocío Nahle García, responsabilizó este jueves en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a la empresa Mexichem del accidente y exigió el retiro de la concesión, que le fue otorgado a través de una asociación público-privada.

Según los informes emitidos, la falla se debió a un sobrecalentamiento en el reactor productor del monómero del cloruro de vinilo, lo que además de los terribles efectos en materia de vidas humanas (hasta ayer contabilizadas en 13 personas) y de heridos de gravedad, permitió la emisión a la atmósfera de gases peligrosos, y es que según expertos el cloruro de vinilo es altamente flamable y sumamente tóxico. Para tener una idea de su alta toxicidad, esta sustancia debe manejarse usando equipo respiratorio semiautónomo y está asociado a mutaciones y cáncer, principalmente en hígado.

Como en el caso de la minería, el gobierno federal ha prodigado entre particulares, empresas y recursos del Estado en negocios que no tienen un retorno positivo ni para las finanzas públicas ni, mucho menos, para la generación de empleos de buena calidad. Al contrario, han generado verdaderas tragedias humanas y ambientales que han puesto en alerta a cientos de comunidades, que han sido y serán afectadas en sus propiedades rurales, salud pública y entornos ecológicos.

 

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