Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

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