No parece que las autoridades estatales del cambio quieran o puedan hacer lo suficiente como para disminuir los graves rezagos en materia de impartición de justicia.

A cada día que pasa, en Veracruz se acumulan cientos y hasta miles de expedientes de casos criminales, que van desde desapariciones hasta secuestros y homicidios, que no son investigados y que pasan al estatuto de la impunidad, que permite que la violencia se multiplique porque, si nadie castiga, el negocio de la delincuencia se vuelve más redituable.

Veracruz, todo mundo lo sabe, es el mayor cementerio clandestino del país. No hace falta ir a países que sufren guerras intestinas cruentas como Siria para conocer la dimensión de una crisis humanitaria como la que vive Veracruz, con miles de veracruzanos buscando (o guardando un secreto luto) por familiares desaparecidos a quienes nadie busca, más allá de los colectivos que andan tras pistas o sospechas y que han mostrado la dimensión de la impunidad que nos han heredado los gobiernos priistas y que el nuevo gobierno parece estar incapacitado para disminuir.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha señalado que pedirá al gobierno federal recursos para hacer las pruebas de ADN de cientos, tal vez miles, de restos humanos que han sido enterrados en diversas partes y que, según el padre Alejandro Solalinde, apenas representan la punta de un iceberg que se extiende por casi todo el territorio veracruzano.

Hasta el momento, las cifras ya son espeluznantes. Se han localizado unos 250 cráneos en terrenos conocidos como Santa Fe en el municipio de Veracruz, y la semana pasada el Fiscal General informaba de unos 50 cráneos localizados en una cosa clandestina del municipio de Alvarado. Pero los señalamientos del padre Alejandro Solalinde apuntan a osarios similares o aún más poblados en Coatzacoalcos, Acayucan, Tierra Blanca, Orizaba y Córdoba.

¿En qué momento se convirtió Veracruz en un santuario de la delincuencia? Por supuesto, hay evidencias de que en los últimos tres gobiernos priistas hubo desde un imprudente descuido hasta una abierta complicidad con los grupos criminales, lo que permitió la obtención de enormes cantidades de dinero provenientes del crimen organizado y la eliminación de enemigos, tanto en el terreno político como en el periodístico.

Solalinde ha puesto de nuevo en el tapete la existencia de un enorme número de tumbas clandestinas donde se hacinan los cuerpos de miles de veracruzanos castigados por la delincuencia, sea porque formaban parte de ella o simplemente fueron asesinados porque no dieron lo que exigían los criminales; tal vez también porque fueron encargos de quienes podían pagar sus ejecuciones o porque eran obstáculos para su trabajo delictivo.

Que la diputada panista Mariely Manterola Sáinz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, pida al padre Alejandro Solalinde que presente las pruebas necesarias para localizar las fosas clandestinas, cuando nadie se ha dignado solicitárselo y, en cambio, se le ha defenestrado, solo muestra la falta de compromiso de los nuevos gobernantes frente a una grave crisis humanitaria. “Es muy fácil decir que hay fosas, yo creo que lo prudente y lo que nos obliga a hacer en este momento es dar esa información de algpun lugar, rancho o predio donde haya la sospecha que se ha suscitado el problema”, dijo la legisladora.

La verdad es que no es fácil denunciar fosas. Solalinde lo ha hecho en varias ocasiones, pero quienes tienen que investigar son las autoridades ministeriales. Que el Fiscal General Jorge Winckler, con el beneplácito de su jefe, no quiera añadir más trabajo al que ha de tener en la encomienda de cazar a exfuncionarios corruptos, es una cosa, pero es obligación de la Fiscalía velar por la impartición de justicia, dar con los veracruzanos desaparecidos y, si es muchísimo pedir, atrapar a quienes han sumido a Veracruz en el estado ignominioso en que se encuentra.

Si no puede, que renuncie. Porque si el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares prometió justicia, esta no debe ser exclusivamente para castigar a los ladrones que fueron sus enemigos políticos, intentar detener la ola de violencia mostrando a los criminales que recibirán el justo castigo que la ley establece. La impunidad es el mejor alimento para la violencia y los familiares de los desaparecidos solo piden encontrarlos para darles sepultura.

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