México, en grave riesgo por deuda pública y corrupción

México, en grave riesgo por deuda pública y corrupción

Con el riesgo de la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, que pondría al gobierno y a millones de familias que dependen de las remesas en una situación sumamente grave, la deuda del gobierno federal ha subido desmesuradamente.

Si en Veracruz estamos perplejos por una deuda pública estatal superior a los 42 mil millones de pesos, que constituye cerca del 50 por ciento de lo que recibe el gobierno local por recursos fiscales cada año, la situación del gobierno federal está como para pensarse seriamente: al segundo trimestre de 2016, la deuda pública se calculaba en 8.5 billones de pesos, equivalente al 45.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el nivel más alto desde 1990.

Y el mayor problema es que la tendencia del gobierno de Enrique Peña Nieto es acrecentarlo de manera vertiginosa, sin que ello se refleje en desarrollo económico. Para ponerlo en plata, la tasa de crecimiento de la deuda es de más del 16 por ciento anual, mientras que el PIB nominal apenas creció en 6.6 por ciento en el mismo periodo, según datos ofrecidos por la organización México ¿Cómo Vamos?, en su reporte Semáforo Económico.

Para colmo, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el país comenzó 2017 con un aumento de 10.2 por ciento de deuda pública, lo que le hizo pasar de 8.51 billones de pesos a 9.81 billones entre enero de 2016 y enero del presente año.

Dicho monto se compone de deuda interna neta por 6.01 billones de pesos y una deuda externa del sector público federal de 180 mil 600 millones de dólares, equivalente a 3.79 billones de pesos.

La difícil situación externa podría ahogar a estados

Una deuda a punto de ser inmanejable y los riesgos que representan para el país las políticas antimexicanas y proteccionistas del gobierno de Donald Trump, que pondrían en riesgo la existencia misma del Tratado de Libre Comercio, han hecho que Fitch Ratings vea con perspectiva negativa el desempeño de la economía nacional en 2017.

El gobierno federal no hizo su tarea de preparar al país y las finanzas públicas para un escenario como el que estamos viviendo. El crecimiento económico ha promediado 2.5 por ciento anual, mientras que la deuda pública ha crecido sin freno poniendo en riesgo la estabilidad en la cuenta corriente. Si las políticas comerciales restrictivas del gobierno estadounidense se endurecen, se pondrán enormes barreras a las exportaciones mexicanas, habrá menor inversión extranjera, se pondrá en riesgo la estabilidad del peso y podrían caer drásticamente las remesas.

¿En qué afecta esto a los gobiernos locales? Según la empresa calificadora Fitch Ratings, las políticas proteccionistas de Estados Unidos tendrán un impacto en el desempeño presupuestal de estados y municipios, sobre todo en aquellos territorios con mayor dinamismo en su sector exportador, en aquellos que reciben los mayores montos por remesas de trabajadores migrantes en Estados Unidos y en los que dependen más de los ingresos federales.

¿Qué recomienda la empresa calificadora para enfrentar un escenario adverso en 2017? Fitch Ratings señala que los gobiernos subnacionales (estados y municipios) tienen posibilidades de hacer los ajustes pertinentes por el lado del gasto; hay mucha tela de donde cortar, sobre todo por el lado de los servicios personales, algo que, por ejemplo, hace tres meses que realiza el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (despidos masivos). El problema aquí es que todo parece indicar que por una vía salen trabajadores con mucho tiempo en el servicio público y, por otra, ingresan las jóvenes promesas del panismo hecho gobierno.

¿Será una fortuna para Veracruz que no sea ni una entidad exportadora (como Chihuahua, Baja California y Coahuila) ni esté en los primeros lugares por transferencias de remesas desde Estados Unidos, como Michoacán, Guerrero y Oaxaca? Es posible que pueda ser una especie de menor presión ante las magras expectativas de crecimiento del país para este año, pero lo cierto es que enfrenta una situación verdaderamente riesgosa por la enorme deuda que carga, los crecientes pasivos y la enorme dependencia de los recursos federales.

Además, como es un bienio prácticamente electoral, lo más seguro es que Yunes Linares no opte por la recomendación más dura de la empresa norteamericana, que es la de crear nuevos impuestos o la de elevar las tasas de los que están vigentes.

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Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

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Lo cacicazgos familiares: el caso de San Rafael

Lo cacicazgos familiares: el caso de San Rafael

San Rafael es un municipio relativamente joven en el estado de Veracruz. Antaño congregación del municipio de Martínez de la Torre, muchos de sus viejos personajes habían peleado por no convertir a su territorio en un municipio libre, argumentando que ello llevaría a su división y al abuso. No pasó mucho tiempo para que ello sucediera.

En los últimos tres años ha visto nacer y florecer un extraño cacicazgo familiar. Lo intenta extender en el tiempo el actual alcalde, surgido de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque su triunfo fue fraguado política y financieramente por Fidel Herrera Beltrán. En efecto, Héctor Lagunes Reyes, oriundo de Potrero Nuevo, una congregación que ha creacido a la vera de la carretera de San Rafael a Martínez, se ha apoderado de la alianza PAN-PRD para impulsar a su hijo Luis Daniel Lagunes Marín, único precandidato registrado para luchar por la estafeta de la derecha y la izquierda unidas, luego de proponer con denuedo la legalización de la mariguana siendo dirigente estatal de los jóvenes del PRD.

Hace ya tiempo, luego del paso frustrado de su otro hijo, Héctor, como candidato a la diputación federal (fue derrotado por Edgar Spinoso Carrera, de la alianza PRI-PVEM), que el alcalde de San Rafael puso toda la carne al asador para impulsar a Luis Daniel, promoviendo su imagen, respaldándolo ahí en las congregaciones que aportan la mayor cantidad de votos mediante obras y favores, y operando políticamente en los demás partidos para colocar a perredistas supuestamente fugados.

Lagunes Reyes ha evitado a toda costa gobernar a favor de los habitantes de la cabecera municipal, San Rafael, aunque ha tratado de atribuirse obras que se han realizado prácticamente con el apoyo de asociaciones francesas, como ocurrió con el puente construido para comunicar al municipio con la comunidad de Jicaltepec (perteneciente al municipio de Nautla), donde originariamente llegaron los primeros colonos franceses allá por 1840.

Para la conmemoración de los 30 años del hermanamiento entre San Rafael y Champlitte, el año pasado, el alcalde envió a Francia como sus representantes (con todos los gastos pagados, pese a que no tenían ningún puesto en el ayuntamiento), a sus hijos Héctor y Luis Daniel. Al reunirse con los miembros del consejo de la región de Haute-Saône, donde se ubica Champlitte (una de las principales poblaciones francesas de las que vinieron los colonos de San Rafael), no tuvieron empacho en comentar que su padre era un hombre comprometido con el medio ambiente, lo que demuestra el hecho de haber construido 8 plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Nuestros mentirosos embajadores evitaron aclarar que esas obras no habían sido posibles durante el cuatrienio de su padre, sino que 7 fueron construidas durante la administración de Samuel Thomas Viñas y una más en el trienio de Rogelio Capitaine Domínguez, antecesores del alcalde en funciones. Una verdadera escuela de la insidia y la demagogia, abrevada de quien es cabeza del naciente clan.

Héctor Lagunes Reyes, alcalde de San Rafael.

¿A qué congregaciones ha destinado Héctor Lagunes Reyes el grueso de la obra pública para beneficiar electoralmente a su hijo? A Puntilla Aldama, El Pital y Potrero Nuevo. Las demás han visto cómo, cuando empieza una obra, la deja inconclusa para destinar el presupuesto a las joyas de la corona, como ocurrió con el ejido Galvarino Barria, donde construiría dos calles que han quedado inconclusas, pese al cumplimiento en el pago del impuesto predial por parte de sus habitantes. Pero más grave es la situación de la cabecera municipal: lo único que ha recibido en este rubro ha sido ridículo: el gobierno municipal solo pintó del amarillo del PRD los postes y banquetas hace tres años, y hace un mes arreglaron 80 metros cuadrados de calle, frente a la Torre del Reloj.

¿Quiénes más irán por la alcaldía que dejará en diciembre tan inteligente operador político? Se habla hasta el momento de un experredista, Pedro ‘Perico’ Morgado, quien se menciona como posible candidato del PRI-PVEM, ya que ahora es difícil que otros tengan la ocurrencia de pelear esa candidatura. Ni siquiera la inquieta nativa de Potrero Nuevo, Lorena Piñón, que en la elección municipal pasada operó a favor del PRD para derrotar al candidato de su partido, Felipe Romagnoli, se ha apuntado para obtenerla y, en cambio, se dice que anda operando a favor del todavía precandidato de la coalición PAN-PRD, Luis Daniel Lagunes. Así de comprometida es esta muchacha que encabezó, junto con el exdiputado Marco Antonio del Ángel (del Movimiento de los 400 Puebños), la revuelta en contra del anterior dirigente estatal del PRI, Felipe Amadeo Flores Espinosa. Cosas de la chapulinada.

Quien le pondrá el cascabel al gato es la que será candidata de Movimiento Regeneración Nacional, Rosa Elena Centeno, originaria de El Pital, una experredista que llegó como Secretaria municipal junto a Héctor Lagunes (quien infructuosamente trató de hacerla a un lado de la planilla ganadora), cargo al que renunció hace unos meses. Seguidora de Andrés Manuel López Obrador desde el PRD, una vez que el tabasqueño fundó Morena se afilió al nuevo partido y ha hecho un trabajo fuerte en comunidades de San Rafael.

Lo que es cierto es que, sin ningún atisbo de vergüenza, el actual alcalde de San Rafael usará todos los recursos de que dispone en el ayuntamiento para asegurarle la carrera política al hijo.

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Diálogo, no golpeteo, para salvar a Veracruz

Diálogo, no golpeteo, para salvar a Veracruz

Aunque trata de gobernar a golpe de conferencias de prensa y escándalos mediáticos, muchos de los cuales no encuentran sustento para convertirse en exitosos procesos judiciales, queda claro que lo que le falta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares es poner pie a tierra para hacer trabajos que deben realizarse con la camisa arremangada: negociar incluso con los adversarios políticos para lograr los propósitos de su gobierno.

Por desgracia, lo que hemos visto en tres meses es que Yunes no quiere ensuciarse las manos en diálogos con los otros, y no tiene negociadores eficaces ni en su gobierno ni en el Congreso, donde los diputados panistas son una nulidad vergonzosa. Si los tuviera (y los utilizara) podría tener acercamientos y negociar acuerdos para encarrilar la maquinaria de su gobierno. ¿Qué prefiere hacer en cambio? Acusar a la oposición de los males que se avecinan, sin mover un dedo para que las cosas funcionen.

Tal es el caso de la aún no aprobada reestructuración de la deuda pública, cuyos efectos desastrosos, explicados ayer por el mismo mandatario en su mejor escenario, la conferencia de prensa, ocurrirán no solo por la inútil presencia de los diputados de Morena en el Congreso (imposibilitados por su pastor para actuar en lo local), o por el chantaje de los priistas que, a cambio, piden un endeudamiento imposible para redimir los recursos no entregados a los municipios; también por el mismo Miguel Ángel Yunes Linares, a quien le pesa más ganar la elección municipal y preparar su sucesión el próximo año, que reconocer que puede haber interlocutores válidos, aunque su mejor discurso ha sido actuar en contra de ellos.

Muchas cifras, análisis, acusaciones pero, en ciernes, la posibilidad de no poder reestructurar a modo la deuda pública legada por los ladrones Javier Duarte y Fidel Herrera. ¿Qué pretende el gobernador? Que los veracruzanos odiemos más a los priistas, que empecemos a reprocharle a los Morena, y que le demos los triunfos electorales que tanto anhela para enterrar a la Fidelidad e inaugurar el Yunismo. ¿Cree usted que, con acusarlos, los morenistas echarán atrás una orden directa de su gurú Andrés Manuel López Obrador, también empeñado en ganar en Veracruz? ¿Apostaría a que con nuestro mohín de disgusto tras las acusaciones del gobernador, los priistas llegarán a la próxima sesión a decir que han decidido respaldar la iniciativa? Absolutamente, no. Todo, por desgracia, pasa por lo electoral.

No toda negociación debe ser vergonzosa

Yunes Linares ha aprovechado la conferencia de prensa para señalar la manera en que Duarte lograba acuerdos en el Congreso, comprando a diputados, dando dádivas o presionando, y ha dicho que eso no ocurrirá en su gobierno. Todos lo apoyamos en ese tema; los diputados locales en Veracruz fueron convertidos en dóciles (aunque onerosas) prostitutas que decían sí a todo lo que les ordenaba su proxeneta, a cambio de dinero, negocios fáciles, bienes raíces, permisos o concesiones. Pero no toda negociación ha de orientarse por los mismos senderos.

Un punto que puede ser favorable en los próximos días ha sido su posición respecto a la imposibilidad para reintegrar a ayuntamientos el recurso no otorgado por Duarte pero, al mismo tiempo, su disponibilidad para brindar recursos estatales para terminar obras inconclusas. Ese ha sido un guiño, en medio de una larga lista de improperios contra quienes se han negado a autorizarle su iniciativa.

En efecto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aclaró en la conferencia de prensa que la ley de Disciplina Financiera limita que pueda contratar un crédito para pagar los 4 mil millones que debe a los Ayuntamientos de fondos retenidos en 2016, pero añadió que están analizando la posibilidad de apoyar a los municipios para el pago en la conclusión de obras.

Es posible que el acercamiento de Yunes Linares con el visible líder de los alcaldes priistas que han reclamado los recursos retenidos, el alcalde xalapeño Américo Zúñiga Martínez, permita establecer un puente de entendimiento para alcanzar en el Congreso un acuerdo tan necesario como vital para el futuro del estado.

Con quienes nada podrá hacer es con los diputados de Morena. Este miércoles de ceniza, Amado Cruz Malpica, coordinador de la bancada, pidió algo que puede ser solo un distractor para evitar que su partido cargue con las consecuencias de no autorizar la reestructuración de la deuda. Y es que dice que su bancada pide más detalles. “Se tiene que decir a los veracruzanos cuánto se va a reestructurar, con quién se va a reestructurar, cuánto es de la reestructuración; cuando haya esa información, entonces tendremos una discusión seria. Mientras, no hay condiciones”. Lo que no dice el sureño es que muchos de esos detalles solo se pueden obtener si se inicia la reestructuración, y no antes.

Para dimensionar las consecuencias, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que, de aplicarse las penalizaciones de bancos y del Sistema de Administración Tributario (SAT) por las deudas que tiene el gobierno de Veracruz, se retendrán más de mil 600 millones de pesos mensuales de las participaciones federales que deposita Hacienda Federal, por lo que el Gobierno del Estado sólo contaría con 500 millones de pesos para la operación de las dependencias y los poderes del Estado, lo que generaría una grave crisis social, económica y política en Veracruz. Añadió que el SAT requiere el pago inmediato de 13 mil millones de pesos que se retuvieron a trabajadores pero no se enteraron a la Hacienda federal, mientras que Banobras pide el pago de tres créditos por montos de mil 200 millones, mil 074 y 503 millones de pesos, y está pendiente el pago de 5 mil millones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que se deben a Fovissste.

La situación, en efecto, es dramática. Por eso es indispensable que en Veracruz haya gobiernos dialogantes y no meros golpeadores mediáticos.

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Sin políticas públicas, economía de Veracruz cae en picada

Sin políticas públicas, economía de Veracruz cae en picada

Solo superado por Campeche y Tabasco, Veracruz mostró, en el tercer trimestre de 2016 (según los datos más recientes), la caída más estrepitosa en su crecimiento económico, producto de un sexenio fatídico, con un gobierno que se llevó hasta las toallas.

Y parece que se mantendrá la tendencia en los próximos dos años, porque el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no muestra políticas públicas que se orienten a reactivar la economía.

Solo cinco estados ganaron la luz roja del Semáforo Económico elaborado por la organización México, ¿Cómo Vamos?, con base en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el tercer trimestre, comparado con el mismo periodo de 2015, Veracruz experimentó un decrecimiento de -4.1 por ciento, solo superado por Campeche, que tuvo una caída de -8.2 por ciento (más profunda que sus números anteriores que promediaban 7 puntos negativos) y Tabasco, que mostró -7.4 por ciento. La lista la completan Zacatecas (-2.2 %) y Tamaulipas (-0.6 %).

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El enorme endeudamiento legado al minigobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (calculado oficialmente en 42 mil millones de pesos), sumado al saqueo demencial de los recursos públicos por parte del prófugo Javier Duarte y sus cómplices, todavía en libertad, hacen prever, uno, que el resultado en el cuarto trimestre de 2016 y, dos, prácticamente los de este año, seguirán profundizando la brecha ante estados que han logrado puntear, como Quintana Roo, que tuvo un crecimiento de 9.6 por ciento gracias al turismo; Aguascalientes (5.7 %), Querétaro (5.7 %) y Guanajuato (5.2 %).

Pese a ubicarse en la zona del sureste, considerada la más depauperada del país, Veracruz mostró los efectos desastrosos de 12 años de saqueo, lo que lo dejó comparativamente en condiciones más negativas que otros estados como Chiapas y Guerrero, cuyo crecimiento promedio durante los últimos 5 años ha sido de 0.5 % y 1.6 % anual, respectivamente.

La caída podría pronunciarse

Un decrecimiento similar logró Veracruz un año antes, en el segundo trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014. En ese periodo la caída fue mayor, de -4.7 por ciento.

En aquella medición, dada a conocer por el mismo organismo, Campeche, Veracruz y Tabasco, donde la producción de minería petrolera es fundamental en la actividad económica, decrecieron en 5.8 %, 4.7 % y 4 % anual respectivamente”.

Eso nos ubica en una tendencia de decrecimiento que muy posiblemente no se revierta con los dos años de un gobierno que ha olvidado las políticas públicas para trabajar sobre temas concretos, muchos de ellos señalados por la agenda política, que no han permitido una estrategia de recuperación económica.

Hasta el momento, la mayoría de los anuncios de obras y programas hechos por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares han tenido como principal componente la inversión federal, la más reciente, realizada por  David Penchyna, director general del Infonavit, quien el martes anunció la posible colocación de 18 mil créditos en el estado de Veracruz durante este año, lo que llegaría a generar más de 80 mil empleos, gracias a una derrama económica del gobierno federal por más de 7 mil 500 millones de pesos.

De entrada, ni siquiera el turismo ha sido la tablita salvadora de principio de año para un estado ayuno de circulante. Ni la Fiesta de la Candelaria ni el Carnaval de Veracruz han contado con un céntimo proveniente de las arcas estatales, y ni siquiera ha habido acciones para su promoción, ya no digamos en medios nacionales. Ni en Radio Televisión de Veracruz (RTV) se ha invitado por lo menos al turismo local a acudir a estas festividades, tradicionalmente generadoras de divisas para los negocios locales.

Ante la ola de críticas de los prestadores de servicios turísticos, como hoteleros y restauranteros que ven cómo pasan sus mejores fechas sin que el gobierno estatal les lance una soga para salir del pozo, este miércoles ha salido el titular de la Secturc, Leopoldo Domínguez Armengual, para hablar del evento que sigue, en marzo, la Cumbre Tajín, y ha dicho que el gobierno se hará responsable de la logística.

Desconocedor del tamaño que había tomado este festival (corrupción de por medio por parte de familiares de Karime Macías de Duarte), ha asegurado que los turistas (si vienen, porque no se ve que haya difusión) tendrán el mejor espectáculo al que podrían aspirar pues estarán en posibilidad de conocer la zona arqueológica de El Tajín, la Casa de las Artes y los Voladores de Papantla, que tiene reconocimiento de la Unesco, algo que pueden hacer en cualquier fecha del año. Y remata que no hace falta que se presente un programa de artistas internacionales para amenizar la Cumbre.

En fin, que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en algún momento tendrá tiempo para pensar en estos temas económicos y saldrá a anunciar algo, por lo pronto todo parece perdido en la nebulosa inacción de su gobierno.

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Historial de columnas

 

Gobierno estatal, con camisa de fuerza

Gobierno estatal, con camisa de fuerza

Miguel Ángel Yunes Linares debe soltar a los miembros de su gobierno, darles confianza y capacidad de gestión, presupuesto incluso, para que hagan lo que tienen que hacer. El duro corset que ha impuesto a sus colaboradores, gracias al cual solo se mueven en torno a lo que él protagoniza, empieza a pasar factura a dos meses de iniciado su brevísima gestión.

No hay dinero en ninguna secretaría. Solo lo que el mandatario considera prioritario, de acuerdo con su agenda política, cuenta con flujo presupuestal, mientras todo lo demás se vuelve un verdadero desierto de creatividad, planeación y ejecución. Los secretarios, subsecretarios y directores generales deben entretenerse en temas como los despidos o hurgar en archivos pruebas de los desfalcos hechos por los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, sobre todo de este último.

¿Realmente cree que de esa manera se hará más en su gobierno? Hasta el momento no hay una acción real y de relevancia en áreas tan importantes como educación. Ayer vimos, gracias al trabajo de comunicación del ayuntamiento xalapeño, a un displicente secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez, reunirse con el alcalde Américo Zúñiga Martínez, quien puso ejemplo claro del ayuntamiento capitalino en los temas educativos.

A través del programa #AlcaldeEnTuEscuela se han invertido más de 45 millones de pesos para respaldar a más de 350 planteles educativos para mejorar su infraestructura o entregando diversos apoyos; para brindar certeza jurídica a las escuelas, el Cabildo de Xalapa autorizó la donación al Gobierno del Estado de 22 inmuebles propiedad municipal en los que estaban instaladas instituciones educativas, los cuales tenían un valor catastral superior a los 163 millones de pesos.

¿Qué dijo el titular de la SEV? ¿En qué se comprometió para acompañar este esfuerzo del gobierno municipal de Xalapa? ¿Qué acciones emprenderá el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en materia educativa ya no digamos en Xalapa sino a nivel estatal?

Tampoco sabemos nada sobre el tema de cultura, un tema que siempre se relega al rincón de los cachivaches cuando hay problemas presupuestales. Hubo más participación de la policía en Tlacotalpan, que ciertamente era necesaria para detener la tortura que sus habitantes infligen a los toros que obligan a cruzar el caudaloso río Papaloapan, que en materia de cultura, en un evento que, fuera de estas manifestaciones grotescas, ofrece la riqueza musical del Sotavento. Pero hay otros programas para los que ni siquiera se ha mencionado el Instituto Veracruzano de la Cultura, lo que hace prever un prácticamente nulo aporte del actual gobierno a estas actividades.

Ya los prestadores de servicios turísticos se han quejado de la nula acción del Secretario de Turismo y Cultura, Leopoldo Domínguez Armengual, quien ha preferido encerrarse a piedra y lodo en sus oficinas, con tal de no hacer el ridículo de no saber qué hará el gobierno en el que trabaja para apoyar las actividades del sector de servicios, aunque ayer estuvo en Veracruz el titular del ramo a nivel federal, Enrique de la Madrid Cordero, a quien se lo llevó al Foro Boca, un complejo erigido por su hijo, el alcalde de Boca del Río.

¿Alguien sabe qué trabajos realiza el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, el exdiputado local panista Alejandro Zairick Morante, cuando uno de los compromisos asunidos por Yunes Linares en su campaña tiene que ver con la atracción de inversiones y la generación de fuentes de empleo?

¡Engarróteseme ahí!

Pese a sus continuas apariciones ante los medios, donde ha hablado sin tapujos de todos los temas imaginables, el gobierno veracruzano no termina por cuajar. Vamos, el único funcionario visible es el Gobernador, pero sus secretarios apenas titilan detrás de su luminosa presencia.

Imposibilitados para hablar de los temas que les competen, acaso porque están haciendo muy poco (y algunos, nada), más allá de detectar anomalías heredadas y despedir burócratas, son contados los secretarios que han tenido la oportunidad de presenciar las acciones de gobierno, luego de los intrincados temas que tienen que ver con el enorme saqueo a las arcas públicas por sus dos inmediatos predecesores, Fidel Herrera Beltrán (que había tramitado un amparo pero luego se desistió) y Javier Duarte de Ochoa, quien sigue a salto de mata.

Los más destacados por la luz gubernamental han sido los secretarios de Gobierno, Rogelio Franco Castán, y de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, por el asunto de los saqueos a tiendas comerciales que pretextaron el gasolinazo, además de los operativos de seguridad en diversas regiones; la secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román, por las negociaciones para desactivar el conflicto en Tatahuicapan que amenazaba con desabastecer de agua potable a medio millón de habitantes en el sur, y el Secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, por las obras en instalaciones de salud, la distribución de medicamentos en el estado y el escándalo por los medicamentos apócrifos suministrados a enfermos con cáncer.

El último ha sido el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Rementería del Puerto, quien acompañó al mandatario durante la visita de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, al Puerto de Veracruz, y luego presenció, como responsable del ramo, la puesta en marcha de más de 80 obras camineras en que se invertirán más de 650 millones de pesos, y a las que dio banderazo de inicio el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en su tierra natal Soledad de Doblado.

De ahí p’al real, ningún otro ha tenido protagonismo; todos siguen empantanados en el proceso de entrega-recepción, cuyo plazo fatal es el último día de febrero. Buscan con lupa la evidencia de la mayor rapacidad cometida contra las finanzas públicas de un estado en todo el país, mientras se recompone el tema de los recursos que se requieren para operar.

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En la SEV se privilegia a duartistas

En la SEV se privilegia a duartistas

El secretario de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, con historial de duro, rostro de malo y alejado de la candidez discursiva, ha resultado una verdadera paradoja: ha despedido sin clemencia a decenas de trabajadores por contrato o compensación de la SEV, sin brindarles la mínima oportunidad de diálogo o negociación, pero se comporta como un tierno minino cuando se trata de enfrentar a ciertos sindicatos. Pongamos como ejemplo, el SUTSEM.

Aquí hemos comentado cómo, con el auspicio de Ricardo Diz Herlindo, dirigente de dicho sindicato y sedicente compadre de Miguel Ángel Yunes Linares, los integrantes de la cuadra mayor del exdirector del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz (Cecytev), Fernando Arteaga Aponte, habían pasado de autoritarios funcionarios a combativos sindicalistas, con lo que la promesa de tirar a la calle con una patada por el trasero a quienes fueron los más fieles soldados de Javier Duarte de Ochoa ha quedado rápidamente en una falsa leyenda.

Y, bueno, solo basta con ver al propio gobernador Yunes abrazándose con los diputados federales que él mismo ha acusado de ser cómplices del robo del siglo a Veracruz, como cuando apapachó justamente al extitular de la SEV y hoy diputado por el distrito de Xalapa Rural, Adolfo Mota Hernández, para saber que todo es una pantomima.

Pues resulta que, pese a contar con todos los elementos para echar abajo una delegación sindical del SUTSEM creada al vapor, el secretario de Educación ha cedido a todos los caprichos de la herencia maldita del Cecytev, poniendo en entredicho a la propia directora (ahora dicen que solo es encargada de la dirección), Yali Sotelo Altúzar.

Este viernes se habrían reunido con ella en su oficina para avanzar en los acuerdos que están poniendo a esa institución bajo el yugo del duartismo y el sindicato. Vea usted los acuerdos que comunica el SUTSEM a sus agremiados, si no me cree:

“1. La Dirección General [del Cecytev] reconoce y se compromete a respetar el derecho de asociación, es decir, respeta y reconoce su afiliación a nuestro sindicato [SUTSEM].

“2. El Secretario de Educación instruyó a la Lic. Yali Sotelo Altúzar para que emita una circular en la cual se instruya al personal Directivo de Planteles y de Dirección General, en el sentido de dar un trato igualitario a los trabajadores sin distingo de su filiación sindical.

“3. La Dirección General se comprometió a que dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros, se cubrirán los sueldos pendientes de pagar a los representantes de la Delegación Sindical (Francisco Camacho, Vigilio Torres y Carlos Molina) [los más cercanos secuaces de Arteaga Aponte], así como aguinaldo y otros conceptos. Y también los pagos pendientes de todos los trabajadores [se les estaba olvidando].

“4, La Dirección General se compromete a respetar los derechos laborales y todas las prestaciones adquiridas, quedando pendiente el análisis y discusión del convenio celebrado entre el SUTSEM y el Colegio, mismo que fue suscrito por el anterior Director General [Fernando Arteaga Aponte].”

Con ello, don Enrique Pérez Rodríguez se ha convertido en un verdadero fiasco: ha golpeado a indefensos empleados de la SEV con los despidos y ha coronado su actuación con un acuerdo oscuro que asegura la permanencia, incluso con comisión sindical con goce de sueldo, de quienes forman parte de una organización política priista, que aprovechó los recursos públicos para su labor.

Allá ellos.