O se hace obra en Veracruz o el cambio es mera ficción

O se hace obra en Veracruz o el cambio es mera ficción

Este miércoles, de nueva cuenta, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acudió a “supervisar” el avance de obra del Hospital del Niño Veracruzano, originalmente denominado Torre Pediátrica por los ladrones Fidel Herrera y Javier Duarte que la iniciaron en 2010, y apuntó las inversiones de su gobierno a favor de centros hospitalarios y clínicas de la entidad, con recursos provenientes de los montos recuperados a los corruptos del gobierno duartista.

Aunque es pronto para exigirle otra cosa, si bien el entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes inauguró su primera obra a los tres meses de su mandato (un puente sobre el río Papaloapan que ayudó a transportar miles de toneladas de caña de azúcar al ingenio de Carlos A. Carrillo que antes debían recorrer decenas de kilómetros más), lo cierto es que hasta el momento Yunes Linares solo ha ido a inaugurar obras hechas por los ayuntamientos con recursos propios o con financiamientos directos del gobierno federal.

Hace muchos años que no vemos a un gobernador inaugurando obra pública hecha como parte de su programa de gobierno. El ladrón Javier Duarte de Ochoa planeaba, cuando la crítica arreciaba contra su inacción (no tenía recursos para hacer obra porque ya estaba en sus cuentas bancarias o convertidos en bienes inmuebles en diversas partes del mundo), la inauguración de algunas obritas. Se le podía ver con orgullo inaugurando ‘anexos sanitarios’ (baños, pues) en una escuela, acto que buscaba difundir en la mayor cantidad de medios. También le gustaba dar banderazo de inicio en la construcción de puentes o carreteras, aunque al día siguiente desapareciera la maquinaria para ser llevada a otro sitio en donde hacer el show.

Aunque la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero, nos ha quitado el aliento al señalar que la reestructuración de la deuda servirá prácticamente para pagar la nómina, lo cierto es que colateralmente deberá dar un respiro para que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares saque del cajón el Plan Veracruzano de Desarrollo y explore qué obras necesarias puede iniciar este año, con la idea de concluirlas antes de que se la apague su periodo gubernamental. Insistir en las obras hospitalarias que ya ha anunciado, puede convertirse en un mal augurio. ¿De qué servirá la reestructuración de la deuda pública que tanta confrontación generó con las fracciones parlamentarias opositoras?

Hasta el momento, asediado por la enorme deuda y los servicios a que obligan los compromisos con las instituciones acreedoras, Yunes Linares ha anunciado unas cuantas obras públicas, algunas de las cuales -ha dicho- se financiarían con los recursos recuperados al prófugo Javier Duarte y sus cómplices.

Las obras anunciadas

En enero, el gobernador Miguel Ángel Yunes dio inicio a 19 obras carreteras  por un monto de 155.31 millones de pesos (mdp) en 15 municipios, en un acto celebrado en el kilómetro 1.5 de la carretera de Oluta a Soledad de Doblado, su pueblo. Y anunció que en fecha futura daría a conocer otras 56 obras del mismo talante que significarían una inversión adicional de 509.55 mdp.

En febrero anunció que serían retomados los trabajos para la rehabilitación de hospitales. Al supervisar la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coatzacoalcos, anunció que se dedicaría exclusivamente a las mujeres, con áreas materno-infantil y gineco-obstétrica. Con un avance del 40 por ciento en su construcción, se destinaría un financiamiento federal y estatal cercano a los 600 millones.

En el mismo mes anunció que se reactivaría la obra del Hospital del Niño Veracruzano en el Puerto de Veracruz, con una inversión de 200 mdp; se destinaría una inversión de 175 mdp al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz; 57 mdp para la remodelación del Centro de Especialidad “Rafael Lucio”; 59 millones al Hospital Luis F. Nachón de Xalapa, 65 millones al Hospital Regional de Coatzacoalcos, 20 mdp al Hospital de la Sierra de Zongolica, 63 mdp al de Tatahuicapan, 67 mdp en Soledad Atzompa, y 25 mdp al Hospital General de Río Blanco. Además, se esparcirán 145 millones en 9 hospitales de Álamo, Cosamaloapan, Tuxpan, Uxpanapa, Naolinco, Playa Vicente, Jesús Carranza, Huatusco y La Antigua, y 79 millones para 99 centros de salud.

Finalmente, el pasado 5 de marzo, anunció una inversión de 200 millones de pesos para la conclusión del libramiento de Cardel, que comprende 7 kilómetros de carpeta asfáltica, tres puentes para uso de los transportistas de caña de azúcar, y la conexión con la autopista a Veracruz.

Estas son las únicas obras que ha puesto en el tapete, con un monto anunciado (centavos más, centavos menos) de poco más de 1 mil 700 millones de pesos, de los cuales 1 mil 200 millones provendrían de los recursos rescatados por la PGR y por la acción del propio gobernador antes incluso de tomar posesión del cargo, además de recursos adicionales logrados del gobierno federal. Si solo fueran parte del presupuesto de 2017, esa cantidad significaría el 1 por ciento, cuando normalmente se destina a obra el 20 por ciento aproximadamente.

No son, por tanto, suficientes si consideramos que quiere operar el cambio.

 

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Cumbre Tajín: ¿salto al abismo de la cultura oficial?

Cumbre Tajín: ¿salto al abismo de la cultura oficial?

Este sábado 18 comienza en Papantla una celebración que llegó a convertirse en una de las coordenadas dentro de las expresiones artísticas y culturales más importantes en el país, generalmente concentradas en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y que tiene como característica ser prácticamente el único festival organizado y financiado enteramente por el Gobierno del Estado: la Cumbre Tajín 2017, Festival de la Identidad.

Creado durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco, mantenido con altas y bajas por el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y entregado por Javier Duarte de Ochoa a Brenda Tubilla Muñoz, la prima consentida de su esposa Karime Macías, quien como productora hizo negocios particulares con los recursos públicos mediante empresas fantasmas de promoción artística, la Cumbre Tajín llamó desde el principio la atención de miles de jóvenes que en esas fechas se movían desde diferentes partes del país hasta el municipio totonaca para disfrutar de su programa, lo que ayudaba a dinamizar económicamente a una región asolada en los últimos años por la debacle de la industria petrolera.

Bajo el slogan “La fuerza del origen”, este festival que concluirá el martes 21 de marzo, día en que se celebra la entrada de la primavera y que tiene un alto significado en las culturas indígenas, ha debido mostrar la flaqueza financiera del gobierno veracruzano que, en el caso de las dos festividades previas (Fiesta de la Candelaria y Carnaval de Veracruz), se desentendió casi por completo.

A la Fiesta de la Candelaria, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no solo no le destinó un peso del presupuesto, pese a ser un evento organizado por un alcalde panista, sino que incluso le echó la caballería para contener con policías preventivos y ministeriales el embalse de toros. En el caso del Carnaval de Veracruz, solo al final destinó Yunes un apoyo de 5 millones, aunque no sabemos si los organizadores hallaron a la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero, para reclamar el ofrecimiento.

Con el Festival Tajín, el gobierno del estado ha retomado su carácter de organizador.

Pero las cosas están tan difíciles presupuestal y políticamente, tan extraviadas en materia de conocimiento en la organización de eventos culturales y artísticos masivos, que se ha prestado a chunga la conformación de su cartel de invitados, si bien se ha agregado a él a excelentes exponentes de la calidad que tiene Veracruz, en especial Xalapa, en el tema de la creación e interpretación musical.

Incluso, ha servido para que un funcionario menor (en todos los sentidos) haya usado su función para venganzas personales estúpidas, que manifiestan la parquedad intelectual del gobierno panista.

La cofradía de los rústicos

Leopoldo Domínguez Armengual, abogado, notario público, con experiencia única en materia de registro público de la propiedad y notarías, debió ser un incansable turista, un paseador contumaz, un frenético consumidor de los servicios turísticos en el país y en el mundo.

No de otra manera se podría explicar que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le haya encargado estar al frente de la Secretaría de Turismo y Cultura (Secturc), una dependencia que no solo tiene un peso específico si consideramos que Veracruz cuenta con varias regiones con vocación turística (consolidada o en desarrollo) sino que, al menos en el papel, es cabeza del sector cultural, que también puede ser (aunque pocos lo han entendido: acaso el alcalde xalapeño Américo Zúñiga) un importante generador de divisas turísticas.

Todo puede interpretarse de esa designación tan anodina. Es posible (y lo señalan las acciones y el lugar que tiene en los discursos) que la cultura no tenga el más mínimo interés en el minigobierno panperredista; que, asediado por la crisis financiera y el interés por reducir el déficit presupuestal, al gobernador veracruzano la cultura e, incluso, la promoción turística lo tengan sin cuidado, pese a que a ras de piso a muchos veracruzanos les sean tan importantes como un binomio que dinamiza las economías locales, no importa que sea por periodos específicos.

Me interesa resaltar no solo el bajo presupuesto destinado al Festival Tajín y, en general, a la cultura, sino haber encargado la organización del festival que busca proyectar el legado cultura de la cultura totonaca, al restaurantero Ernesto Aguilar Yarmuch, durante muchos años ligado al PRI, más recientemente un fervoroso impulsor de la candidatura del senador José Yunes Zorrilla, y quien ha mostrado en dos sucesivos festivales culturales una forma nada profesional e, incluso, sucia de manejar la logística.

En efecto, lo que a Aguilar Yarmuch se le hizo público en el Festival de las Flores “Xalapa Llena de Luz”, él se lo ha cobrado en el Festival Tajín. Me explico. El festival xalepeño, hecho con el apoyo del ayuntamiento capitalino del 12 de agosto al 4 de septiembre del año pasado, programó una presentación de los grupos Los Aguas Aguas y Sonex, ambos considerados los máximos exponentes de la hibridación de ritmos con resonancia en el son jarocho, que ha tenido un éxito extraordinario en el país y el extranjero.

Sin embargo, el empresario restaurantero metido a promotor cultural, les entregó un cheque ¡sin fondos! Por supuesto, los afectados dieron a conocer el hecho a los medios de comunicación y, además, denunciaron que habían sido prácticamente maltratados por los organizadores, al no ofrecerles condiciones en camerinos y en equipo de sonido, lo que impidió cumplir con decoro a los cientos de seguidores que se reunieron en el Parque Juárez para disfrutarlos.

El alcalde Américo Zúñiga Martínez públicamente les entregó el importe del cheque de hule y les explicó que no había sido responsabilidad del ayuntamiento. Quedó claro que Aguilar Yarmuch había fallado a su responsabilidad como organizador y había embarcado tanto al alcalde como al productor presidente del patronato Fiestas, Cultura y Arte de México, responsable del festival, Mauricio Cuevas Gayosso.

A tal grado, que el experimentado empresario, en conferencia de prensa ofrecida el 13 de septiembre, no solo reconoció inconvenientes durante la primera edición del festival, sobre todo por la inexistencia de espacios adecuados en la ciudad, sino que anunció que no volvería a invitar al promotor del festival, Ernesto Aguilar Yarmuch, debido a las fallas que se cometieron.

¿Cuál ha sido la respuesta de este pésimo servidor público? En la presentación oficial del cartel de Cumbre Tajín, Yarmuch dijo: “Es una verdadera lástima. Te imaginas la oportunidad que perdió Camil y Osiel por andar de ‘bocones’, cuando les di la clausura el año pasado del gran Festival de Xalapa; fueron los que más ganaron y no se les quedó a deber ni un centavo”, refiriéndose a las declaraciones hechas por los integrantes de los grupos que fueron afectados por su mala gestión.

Mientras en el programa se anuncia la participación de Celso Piña, Gloria Trevi, Javiera Mena, Nortec Collective y Porter, entre otros, se evitó invitar a uno solo de los cuatros grupos que conforman el colectivo Jarocho Power en que militan, además de Los Aguas Aguas y Sonex, dos pesos pesados en el son jarocho tradicional: Son de Madera y Los Cojolites, este último lanzado a la notoriedad internacional por haber participado musicalmente en la película Frida, protagonizada por Salma Hayek, además de ser nominados en varias ocasiones para los Grammys latinos.

Es penoso que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares pase a la historia por haberle dado la espalda a los más potentes exponentes de la cultura popular jarocha, gracias a los oficios de un ignaro restaurantero.

 

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La justicia en Veracruz, un traje a la medida

La justicia en Veracruz, un traje a la medida

Con un gobernador más preocupado en generar cortinas de humo mediante la detención de personajes como el exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado, y un fiscal general que ofrece descuentos en la compra de pizzas a quien le haga “bulling” (sic), mientras recibe el repudio de familiares de desaparecidos porque al gobierno para el que trabaja lo que menos le importa es combatir la impunidad y restituir la justicia, ya podemos anticipar lo que el destino le depara a los veracruzanos en los siguientes dos años.

Cada vez es más difícil encontrar un orden en las acciones del gobierno veracruzano. Aún los más decididos seguidores del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (los que conformaron el tercio de electores que lo llevaron al triunfo) tienen serias dificultades para mantener su confianza en que las cosas están encauzándose por la vía del cambio, y quienes se consideran ‘yunezombis’ utilizan la demagogia y el ataque a los contrarios para justificar lo poco que se ha logrado en los primeros 100 de 730 días de gobierno.

Mientras no conecte de hit, mientras no calme las agitadas aguas de la violencia, en tanto no se observe una obra pública terminada (incluso si es de las inconclusas de Duarte o Fidel), mientras el apoyo a la mejora del sector Salud no sea cuestionado por la falta de los mínimos requerimientos (como alimentar a los pacientes hospitalizados), o no se vea que hay un gobierno trabajando y no a un solitario gobernador haciendo todos los papeles (desde Fiscal hasta policía), muy difícilmente recuperará la confianza que paulatinamente ha ido perdiendo conforme han pasado los días.

El acto de detener a quien le entregara el mando, a falta del gobernador constitucional que ya andaba de pelada, suena a caja china, a una mascarada que permite distraer a la opinión pública de asuntos de mayor peso, en el que es posible que no sale bien librado. La causa que se le sigue al minatitleco es por haber ayudado a Javier Duarte de Ochoa a escapar en una aeronave propiedad del Gobierno del Estado.

Flavino tendría que responder por otros hechos, como el de haber ordenado que las fuerzas del orden arremetieran salvajemente contra los pensionados que protestaban porque no se les entregaban sus pensiones; por no haber atendido debidamente a los grupos sociales o, incluso, por no haber calmado a varias organizaciones sociales del propio sistema que afectaron durante su paso por la Secretaría de Gobierno y como gobernador interino a los xalapeños.

Mientras a este personaje que se mantuvo en la entidad porque en su historial no se le acusa de ladrón, aunque sea un cínico de la peor calaña y un nauseabundo defensor de Javier Duarte, se le ha metido a la cárcel, personajes impresentables como el excontralor Ricardo García Guzmán, que ocultó todas las pillerías de Duarte, puede sentirse seguro no solo de no pisar la cárcel sino incluso de ser alcalde de Pánuco por cuatro años, con el apoyo de Yunes Linares quien lo ha hecho candidato por el PAN.

De la nada, ha surgido esta acción que ha causado malestar entre dirigentes políticos, como Dante Delgado Rannauro, presidente de Movimiento Ciudadano, quien tras terminar su gestión como gobernador sustituto, fuera encarcelado por el gobierno de Patricio Chirinos, cuando Yunes Linares era secretario de Gobierno. Dante puso en su cuenta de Twitter: “Aberración jurídica la detención de Flavino Ríos. En lugar de gobernar Yunes prefiere circo y actos de pirotecnia. Cortado por la misma tijera”.

El dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, de gira por Veracruz, calificó como un acto de “propaganda” la detención de Flavino Ríos y cuestionó cómo por un lado se detiene al exdiputado local y por el otro el PAN da cobijo al excontralor Ricardo García Guzmán, quien ahora busca la candidatura de la alcaldía de Pánuco”.

En Coatzacoalcos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que su gobierno está cumpliendo el compromiso de que no haya impunidad, y puso como ejemplos la detención del exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado y del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, además de que el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, se encuentra sujeto a proceso. “En la decisión de proceder, está el compromiso de no admitir impunidad”, dijo Yunes Linares, mientras que ante la exigencia de dar con los desaparecidos y castigar a los culpables, su gobierno se achica y, de nueva cuenta, avienta la bolita para atrás, como si por el hecho de no haber sido en su año, no debe causarle daño..

Incluso descartó la destitución del fiscal Jorge Winckler Ortiz por las críticas de los colectivos de desaparecidos, que desaprueban su trabajo así como su falta de sensibilidad en torno a este tema. Incluso pidió a los desesperados familiares de desaparecidos no politizar estos temas.

Lo cierto es que la justicia se está recetando con dosis sospechosamente homeopáticas.

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México, en grave riesgo por deuda pública y corrupción

México, en grave riesgo por deuda pública y corrupción

Con el riesgo de la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, que pondría al gobierno y a millones de familias que dependen de las remesas en una situación sumamente grave, la deuda del gobierno federal ha subido desmesuradamente.

Si en Veracruz estamos perplejos por una deuda pública estatal superior a los 42 mil millones de pesos, que constituye cerca del 50 por ciento de lo que recibe el gobierno local por recursos fiscales cada año, la situación del gobierno federal está como para pensarse seriamente: al segundo trimestre de 2016, la deuda pública se calculaba en 8.5 billones de pesos, equivalente al 45.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el nivel más alto desde 1990.

Y el mayor problema es que la tendencia del gobierno de Enrique Peña Nieto es acrecentarlo de manera vertiginosa, sin que ello se refleje en desarrollo económico. Para ponerlo en plata, la tasa de crecimiento de la deuda es de más del 16 por ciento anual, mientras que el PIB nominal apenas creció en 6.6 por ciento en el mismo periodo, según datos ofrecidos por la organización México ¿Cómo Vamos?, en su reporte Semáforo Económico.

Para colmo, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el país comenzó 2017 con un aumento de 10.2 por ciento de deuda pública, lo que le hizo pasar de 8.51 billones de pesos a 9.81 billones entre enero de 2016 y enero del presente año.

Dicho monto se compone de deuda interna neta por 6.01 billones de pesos y una deuda externa del sector público federal de 180 mil 600 millones de dólares, equivalente a 3.79 billones de pesos.

La difícil situación externa podría ahogar a estados

Una deuda a punto de ser inmanejable y los riesgos que representan para el país las políticas antimexicanas y proteccionistas del gobierno de Donald Trump, que pondrían en riesgo la existencia misma del Tratado de Libre Comercio, han hecho que Fitch Ratings vea con perspectiva negativa el desempeño de la economía nacional en 2017.

El gobierno federal no hizo su tarea de preparar al país y las finanzas públicas para un escenario como el que estamos viviendo. El crecimiento económico ha promediado 2.5 por ciento anual, mientras que la deuda pública ha crecido sin freno poniendo en riesgo la estabilidad en la cuenta corriente. Si las políticas comerciales restrictivas del gobierno estadounidense se endurecen, se pondrán enormes barreras a las exportaciones mexicanas, habrá menor inversión extranjera, se pondrá en riesgo la estabilidad del peso y podrían caer drásticamente las remesas.

¿En qué afecta esto a los gobiernos locales? Según la empresa calificadora Fitch Ratings, las políticas proteccionistas de Estados Unidos tendrán un impacto en el desempeño presupuestal de estados y municipios, sobre todo en aquellos territorios con mayor dinamismo en su sector exportador, en aquellos que reciben los mayores montos por remesas de trabajadores migrantes en Estados Unidos y en los que dependen más de los ingresos federales.

¿Qué recomienda la empresa calificadora para enfrentar un escenario adverso en 2017? Fitch Ratings señala que los gobiernos subnacionales (estados y municipios) tienen posibilidades de hacer los ajustes pertinentes por el lado del gasto; hay mucha tela de donde cortar, sobre todo por el lado de los servicios personales, algo que, por ejemplo, hace tres meses que realiza el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (despidos masivos). El problema aquí es que todo parece indicar que por una vía salen trabajadores con mucho tiempo en el servicio público y, por otra, ingresan las jóvenes promesas del panismo hecho gobierno.

¿Será una fortuna para Veracruz que no sea ni una entidad exportadora (como Chihuahua, Baja California y Coahuila) ni esté en los primeros lugares por transferencias de remesas desde Estados Unidos, como Michoacán, Guerrero y Oaxaca? Es posible que pueda ser una especie de menor presión ante las magras expectativas de crecimiento del país para este año, pero lo cierto es que enfrenta una situación verdaderamente riesgosa por la enorme deuda que carga, los crecientes pasivos y la enorme dependencia de los recursos federales.

Además, como es un bienio prácticamente electoral, lo más seguro es que Yunes Linares no opte por la recomendación más dura de la empresa norteamericana, que es la de crear nuevos impuestos o la de elevar las tasas de los que están vigentes.

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Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

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Lo cacicazgos familiares: el caso de San Rafael

Lo cacicazgos familiares: el caso de San Rafael

San Rafael es un municipio relativamente joven en el estado de Veracruz. Antaño congregación del municipio de Martínez de la Torre, muchos de sus viejos personajes habían peleado por no convertir a su territorio en un municipio libre, argumentando que ello llevaría a su división y al abuso. No pasó mucho tiempo para que ello sucediera.

En los últimos tres años ha visto nacer y florecer un extraño cacicazgo familiar. Lo intenta extender en el tiempo el actual alcalde, surgido de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque su triunfo fue fraguado política y financieramente por Fidel Herrera Beltrán. En efecto, Héctor Lagunes Reyes, oriundo de Potrero Nuevo, una congregación que ha creacido a la vera de la carretera de San Rafael a Martínez, se ha apoderado de la alianza PAN-PRD para impulsar a su hijo Luis Daniel Lagunes Marín, único precandidato registrado para luchar por la estafeta de la derecha y la izquierda unidas, luego de proponer con denuedo la legalización de la mariguana siendo dirigente estatal de los jóvenes del PRD.

Hace ya tiempo, luego del paso frustrado de su otro hijo, Héctor, como candidato a la diputación federal (fue derrotado por Edgar Spinoso Carrera, de la alianza PRI-PVEM), que el alcalde de San Rafael puso toda la carne al asador para impulsar a Luis Daniel, promoviendo su imagen, respaldándolo ahí en las congregaciones que aportan la mayor cantidad de votos mediante obras y favores, y operando políticamente en los demás partidos para colocar a perredistas supuestamente fugados.

Lagunes Reyes ha evitado a toda costa gobernar a favor de los habitantes de la cabecera municipal, San Rafael, aunque ha tratado de atribuirse obras que se han realizado prácticamente con el apoyo de asociaciones francesas, como ocurrió con el puente construido para comunicar al municipio con la comunidad de Jicaltepec (perteneciente al municipio de Nautla), donde originariamente llegaron los primeros colonos franceses allá por 1840.

Para la conmemoración de los 30 años del hermanamiento entre San Rafael y Champlitte, el año pasado, el alcalde envió a Francia como sus representantes (con todos los gastos pagados, pese a que no tenían ningún puesto en el ayuntamiento), a sus hijos Héctor y Luis Daniel. Al reunirse con los miembros del consejo de la región de Haute-Saône, donde se ubica Champlitte (una de las principales poblaciones francesas de las que vinieron los colonos de San Rafael), no tuvieron empacho en comentar que su padre era un hombre comprometido con el medio ambiente, lo que demuestra el hecho de haber construido 8 plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Nuestros mentirosos embajadores evitaron aclarar que esas obras no habían sido posibles durante el cuatrienio de su padre, sino que 7 fueron construidas durante la administración de Samuel Thomas Viñas y una más en el trienio de Rogelio Capitaine Domínguez, antecesores del alcalde en funciones. Una verdadera escuela de la insidia y la demagogia, abrevada de quien es cabeza del naciente clan.

Héctor Lagunes Reyes, alcalde de San Rafael.

¿A qué congregaciones ha destinado Héctor Lagunes Reyes el grueso de la obra pública para beneficiar electoralmente a su hijo? A Puntilla Aldama, El Pital y Potrero Nuevo. Las demás han visto cómo, cuando empieza una obra, la deja inconclusa para destinar el presupuesto a las joyas de la corona, como ocurrió con el ejido Galvarino Barria, donde construiría dos calles que han quedado inconclusas, pese al cumplimiento en el pago del impuesto predial por parte de sus habitantes. Pero más grave es la situación de la cabecera municipal: lo único que ha recibido en este rubro ha sido ridículo: el gobierno municipal solo pintó del amarillo del PRD los postes y banquetas hace tres años, y hace un mes arreglaron 80 metros cuadrados de calle, frente a la Torre del Reloj.

¿Quiénes más irán por la alcaldía que dejará en diciembre tan inteligente operador político? Se habla hasta el momento de un experredista, Pedro ‘Perico’ Morgado, quien se menciona como posible candidato del PRI-PVEM, ya que ahora es difícil que otros tengan la ocurrencia de pelear esa candidatura. Ni siquiera la inquieta nativa de Potrero Nuevo, Lorena Piñón, que en la elección municipal pasada operó a favor del PRD para derrotar al candidato de su partido, Felipe Romagnoli, se ha apuntado para obtenerla y, en cambio, se dice que anda operando a favor del todavía precandidato de la coalición PAN-PRD, Luis Daniel Lagunes. Así de comprometida es esta muchacha que encabezó, junto con el exdiputado Marco Antonio del Ángel (del Movimiento de los 400 Puebños), la revuelta en contra del anterior dirigente estatal del PRI, Felipe Amadeo Flores Espinosa. Cosas de la chapulinada.

Quien le pondrá el cascabel al gato es la que será candidata de Movimiento Regeneración Nacional, Rosa Elena Centeno, originaria de El Pital, una experredista que llegó como Secretaria municipal junto a Héctor Lagunes (quien infructuosamente trató de hacerla a un lado de la planilla ganadora), cargo al que renunció hace unos meses. Seguidora de Andrés Manuel López Obrador desde el PRD, una vez que el tabasqueño fundó Morena se afilió al nuevo partido y ha hecho un trabajo fuerte en comunidades de San Rafael.

Lo que es cierto es que, sin ningún atisbo de vergüenza, el actual alcalde de San Rafael usará todos los recursos de que dispone en el ayuntamiento para asegurarle la carrera política al hijo.

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Diálogo, no golpeteo, para salvar a Veracruz

Diálogo, no golpeteo, para salvar a Veracruz

Aunque trata de gobernar a golpe de conferencias de prensa y escándalos mediáticos, muchos de los cuales no encuentran sustento para convertirse en exitosos procesos judiciales, queda claro que lo que le falta al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares es poner pie a tierra para hacer trabajos que deben realizarse con la camisa arremangada: negociar incluso con los adversarios políticos para lograr los propósitos de su gobierno.

Por desgracia, lo que hemos visto en tres meses es que Yunes no quiere ensuciarse las manos en diálogos con los otros, y no tiene negociadores eficaces ni en su gobierno ni en el Congreso, donde los diputados panistas son una nulidad vergonzosa. Si los tuviera (y los utilizara) podría tener acercamientos y negociar acuerdos para encarrilar la maquinaria de su gobierno. ¿Qué prefiere hacer en cambio? Acusar a la oposición de los males que se avecinan, sin mover un dedo para que las cosas funcionen.

Tal es el caso de la aún no aprobada reestructuración de la deuda pública, cuyos efectos desastrosos, explicados ayer por el mismo mandatario en su mejor escenario, la conferencia de prensa, ocurrirán no solo por la inútil presencia de los diputados de Morena en el Congreso (imposibilitados por su pastor para actuar en lo local), o por el chantaje de los priistas que, a cambio, piden un endeudamiento imposible para redimir los recursos no entregados a los municipios; también por el mismo Miguel Ángel Yunes Linares, a quien le pesa más ganar la elección municipal y preparar su sucesión el próximo año, que reconocer que puede haber interlocutores válidos, aunque su mejor discurso ha sido actuar en contra de ellos.

Muchas cifras, análisis, acusaciones pero, en ciernes, la posibilidad de no poder reestructurar a modo la deuda pública legada por los ladrones Javier Duarte y Fidel Herrera. ¿Qué pretende el gobernador? Que los veracruzanos odiemos más a los priistas, que empecemos a reprocharle a los Morena, y que le demos los triunfos electorales que tanto anhela para enterrar a la Fidelidad e inaugurar el Yunismo. ¿Cree usted que, con acusarlos, los morenistas echarán atrás una orden directa de su gurú Andrés Manuel López Obrador, también empeñado en ganar en Veracruz? ¿Apostaría a que con nuestro mohín de disgusto tras las acusaciones del gobernador, los priistas llegarán a la próxima sesión a decir que han decidido respaldar la iniciativa? Absolutamente, no. Todo, por desgracia, pasa por lo electoral.

No toda negociación debe ser vergonzosa

Yunes Linares ha aprovechado la conferencia de prensa para señalar la manera en que Duarte lograba acuerdos en el Congreso, comprando a diputados, dando dádivas o presionando, y ha dicho que eso no ocurrirá en su gobierno. Todos lo apoyamos en ese tema; los diputados locales en Veracruz fueron convertidos en dóciles (aunque onerosas) prostitutas que decían sí a todo lo que les ordenaba su proxeneta, a cambio de dinero, negocios fáciles, bienes raíces, permisos o concesiones. Pero no toda negociación ha de orientarse por los mismos senderos.

Un punto que puede ser favorable en los próximos días ha sido su posición respecto a la imposibilidad para reintegrar a ayuntamientos el recurso no otorgado por Duarte pero, al mismo tiempo, su disponibilidad para brindar recursos estatales para terminar obras inconclusas. Ese ha sido un guiño, en medio de una larga lista de improperios contra quienes se han negado a autorizarle su iniciativa.

En efecto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aclaró en la conferencia de prensa que la ley de Disciplina Financiera limita que pueda contratar un crédito para pagar los 4 mil millones que debe a los Ayuntamientos de fondos retenidos en 2016, pero añadió que están analizando la posibilidad de apoyar a los municipios para el pago en la conclusión de obras.

Es posible que el acercamiento de Yunes Linares con el visible líder de los alcaldes priistas que han reclamado los recursos retenidos, el alcalde xalapeño Américo Zúñiga Martínez, permita establecer un puente de entendimiento para alcanzar en el Congreso un acuerdo tan necesario como vital para el futuro del estado.

Con quienes nada podrá hacer es con los diputados de Morena. Este miércoles de ceniza, Amado Cruz Malpica, coordinador de la bancada, pidió algo que puede ser solo un distractor para evitar que su partido cargue con las consecuencias de no autorizar la reestructuración de la deuda. Y es que dice que su bancada pide más detalles. “Se tiene que decir a los veracruzanos cuánto se va a reestructurar, con quién se va a reestructurar, cuánto es de la reestructuración; cuando haya esa información, entonces tendremos una discusión seria. Mientras, no hay condiciones”. Lo que no dice el sureño es que muchos de esos detalles solo se pueden obtener si se inicia la reestructuración, y no antes.

Para dimensionar las consecuencias, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que, de aplicarse las penalizaciones de bancos y del Sistema de Administración Tributario (SAT) por las deudas que tiene el gobierno de Veracruz, se retendrán más de mil 600 millones de pesos mensuales de las participaciones federales que deposita Hacienda Federal, por lo que el Gobierno del Estado sólo contaría con 500 millones de pesos para la operación de las dependencias y los poderes del Estado, lo que generaría una grave crisis social, económica y política en Veracruz. Añadió que el SAT requiere el pago inmediato de 13 mil millones de pesos que se retuvieron a trabajadores pero no se enteraron a la Hacienda federal, mientras que Banobras pide el pago de tres créditos por montos de mil 200 millones, mil 074 y 503 millones de pesos, y está pendiente el pago de 5 mil millones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que se deben a Fovissste.

La situación, en efecto, es dramática. Por eso es indispensable que en Veracruz haya gobiernos dialogantes y no meros golpeadores mediáticos.

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