Peña Nieto debe responderle a Veracruz

Peña Nieto debe responderle a Veracruz

Aurelio Nuño debió ler con atino el mensaje que le envió el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al presidente Enrique Peña Nieto: la Federación debe apoyar de manera extraordinaria a Veracruz. “No pedimos limosna”, dijo claramente este jueves en su toma de protesta ante el Congreso local.

Y sí, el gobierno federal está obligado a responder con recursos adicionales a un estado que aportaba buena parte del PIB nacional y que ha caído en desgracia a los ojos de un mandatario que, desde que tomó posesión en diciembre de 2012, supo que Javier Duarte de Ochoa estaba esquilmando groseramente a los veracruzanos y no hizo absolutamente nada.

De nada sirve que en los últimos actos presidenciales Peña le haya pintado mocos, como coloquialmente se dice; de nada sirve que el PRI lo haya expulsado de sus filas y que la PGR haya girado una orden de aprehensión que no ha podido (o no ha querido) ejecutar porque lo dejó que huyera; de nada sirve que en el Consejo Político Nacional, Peña Nieto se haya querido vestir de gloria atacando a la corrupción.

admin-fotos-2016-12-01-general-409722-jpgDurante cuatro años de su gobierno, miles de millones de pesos de los fondos federales fueron desviados desvergonzadamente hacia cuentas personales de Duarte y de su gavilla de malhechores; se lo dijo claramente la Auditoria Superior de la Federación, cuyo titular presentó innumerables denuncias ante la PGR sin que siquiera le dieran acuse de recibo. Por omisión, Peña Nieto fue cómplice del desfalco más escandaloso de la historia a un estado de la Federación.

Yunes Linares reveló que propuso al Presidente de la República crear una comisión para sacar a Veracruz de la pobreza y la crisis financiera que generaron las últimas dos administraciones priistas, cuyos pasivos superan los 100 mil millones de pesos. Esa situación ha generado, dijo, una crisis humanitaria en nuestro estado.

Y esos problemas financieros, en efecto, se deben a la corrupción que fue consentida y solapada, y que brotó y quedó al desnudo porque se dio la alternancia en las urnas y se derrotó al régimen. “La crisis financiera parece insalvable; en número es casi imposible dimensionar, pero la sufre en la vida cotidiana cada veracruzano”.

Para salir de esa crisis, afirmó, se solicitó el apoyo del Gobierno federal, porque es indispensable y porque se tiene derecho, “Somos parte sustantiva de la federación y ello da razón y fuerza a la demanda. Del gobierno federal no demandamos limosnas, exigimos justicia y equidad”.

Yunes Linares lo dijo con todas sus letras: Veracruz ha aportado y aporta a la Federación mucho más de lo que recibe históricamente, por lo que hoy que se atraviesa una crisis sin paralelo, por la corrupción, se demanda una respuesta favorable a las demandas del gobierno.

Y calificó como indebido que mientras a Veracruz se le niegan fondos para resolver una crisis humanitaria, se destinen miles de millones de pesos a otras entidades para obras que no tienen un sentido de urgencia. “No estamos de acuerdo en el manejo discrecional de los recursos federales, la federación somos todos y la distribución de los recursos debe ser equitativa, justa y solidaria”.

Aunque reconoció que Enrique Peña Nieto ya externó su solidaridad y compromiso con Veracruz, se dijo confiado que en breve sus colaboradores actuarán con sensibilidad y apoyaran a Veracruz. “No se trata sólo de salir de la emergencia, si no de resolver a fondo el problema y poder plantear el futuro de Veracruz sobre otras bases que no sean la urgencia diaria”.

Para respaldar esta demanda y dar pistas de lo que se puede hacer para mejorar la relación Estado-Federación, pidió que Veracruz sea incluido en el Plan Nacional de Zonas Petroleras, como ya ocurre con Tabasco y Campeche, y solicitó que se acelere la instalación de la zona económica de Coatzacoalcos, donde se instalará una empresa ancla en los siguientes dos años.

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Un grito en la oscuridad

Un grito en la oscuridad

No será con el último gobierno priista cuando se tomen medidas e, incluso, políticas públicas orientadas a contener la creciente violencia criminal contra las mujeres en Veracruz, que se manifiesta en feminicidios y en desaparición de jóvenes y adolescentes, muchas de ellas posteriormente encontradas sin vida con rasgos de bestial violencia, aunque la mayoría perdidas de por vida sin el consuelo para sus padres de saber si se mantienen con vida.

Un estudio realizado por académicas de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (“Asesinatos de Mujeres y Niñas por razón de Género. Feminicidios en la Entidad Veracruzana”), ha revelado que existen altas cifras de feminicidios (97) y homicidios de mujeres (34), que hacen un total de 129 de enero a septiembre de este año.

Ello generó que muchas mujeres (a título personal y como parte de diversas organizaciones civiles e instituciones) se pronunciaran el pasado 19 de octubre para exigir la implantación de las medidas necesarias que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de feminicidio, desaparición y violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz.

Las cifras que arroja hasta septiembre el estudio acusan un incremento del 24 por ciento con relación a 2015 (99 feminicidios) y, aunque se da en casi todos los municipios de la entidad, los que presentan un mayor número de casos son Papantla, Veracruz, Poza Rica, Medellín, Coatzacoalcos y Minatitlán.

La situación de desgobierno que sufre Veracruz en los últimos años (profundizado a raíz de que el gobierno priista corrupto encabezado por Javier Duarte de Ochoa optó, ante el agobio de las acusaciones e investigaciones judiciales, por solicitar licencia definitiva al cargo el 12 de octubre) abrió enormes avenidas para la actuación impune de las bandas criminales, las que –según la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo– habrían sido culpables de la mayoría de los actos de violencia contra este género.

SONY DSCEn el pronunciamiento veracruzano hecho el pasado 19 de octubre, fecha en que desde Argentina surgió la iniciativa de lanzar el grito #NiUnaMenos, como parte de las actividades que buscan presionar a las autoridades a establecer políticas y acciones certeras para proteger a las mujeres, se señala que este año comenzó con un homicidio diario de mujeres y que el número de desaparecidas hasta el mes de septiembre es de 252 mujeres. Xalapa sobresale por ser el municipio en que se ha dado el mayor número de casos reportados.

A esas estadísticas muy pronto se sumaron los casos de tres mujeres asesinadas el 7 de octubre en los municipios de Acayucan, Minatitlán y Catemaco, todas con signos de tortura, “lo que se ha hecho una constante y deja en evidencia el grado de crueldad con el que se cometen estos asesinatos”.

Los grupos y colectivos feministas expusieron cuatro exigencias:

  1. Abrir una mesa de trabajo con autoridades federales de Gobernación competentes en el tema y Organizaciones Civiles de la Entidad, con la finalidad de analizar de manera seria y contundente el contexto que denota la grave situación de violencia en contra de las mujeres, y que se muestra con el incremento del número de feminicidios y desaparición de mujeres.
  2. La intervención de autoridades federales a fin de coordinar acciones que salvaguarden la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres en nuestro estado, especialmente en los municipios en los municipios con mayores niveles de violencia y desaparición.
  3. Intervención federal a fin de que se tomen medidas para garantizar la investigación y el seguimiento de los casos de desaparición y feminicidios que se han cometido hasta la fecha en territorio veracruzano, y
  4. Establecer medidas emergentes de prevención y contención de la violencia generalizada y en contra las mujeres.

Sin embargo, no solo autoridades judiciales (sean estatales o federales) y organizaciones de mujeres deben estar atentos a estas graves amenazas, sino toda la sociedad, los padres de familia, las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y medios de comunicación e, incluso, los partidos políticos, aunque estos siempre actúan con sentido electoral.

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¿Por qué tardó tanto el gobierno federal?

¿Por qué tardó tanto el gobierno federal?

Si el apoyo federal a Veracruz en materia de seguridad pública estaba condicionado a la salida de Javier Duarte de Ochoa, ¿por qué se tardaron tanto para obligarlo a que solicitara licencia al cargo? ¿Por qué a 45 días de que termine la gestión priista, con gobernador interino a bordo, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han decidido que es hora de intervenir en Veracruz?

Durante los más de cuatro años que lleva la actual administración federal, salvo cumplir con dejar a la Policía Naval en el puerto jarocho (que incursionó ahí por órdenes de Felipe Calderón), el régimen de Peña Nieto dejó a los veracruzanos en franca vulnerabilidad ante el crimen organizado y la delincuencia común por meros cálculos políticos, para no dejar mal al cómplice, al paladín del nuevo priismo, aun a costa de miles de víctimas inocentes.

Este lunes, por fin, acompañado del gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, Osorio Chong se presentó en Coatzacoalcos para anunciar que en Veracruz, contra lo que pidieron los senadores Fernando y Héctor Yunes (que insistían en la presencia de la Gendarmería Nacional), será la Secretaría de Marina-Armada de México la que encabezará las acciones de combate a la delincuencia.

La pregunta que se hicieron en Coatzacoalcos y, luego, en todo Veracruz es ¿por qué para el titular de la Segob el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad es cosa de coyuntura, un descuido motivado por la transición, cuando la hemos padecido por oleadas durante los seis años en que sufrimos la macabra broma de ser gobernados por un sociópata como Javier Duarte?

Acaso ha sido un eufemismo, o un recurso para escapar a una responsabilidad que no ha sabido afrontar el gobierno al que representa. La demanda de intervención federal tiene muchos meses; es posible que varios actores políticos la hayan hecho más ruidosa por el periodo electoral que tuvo su culmen el 5 de junio pasado, pero los datos obraban en poder del gobierno federal, y eran sumamente preocupantes.

¿No quisieron atender los llamados de legisladores, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales y alcaldes, que imploraban la intervención de las fuerzas federales, para evitar que se identificara en el gobierno estatal priista una peligrosa incapacidad para atender este tema y, con ello, generar la derrota electoral del PRI que finalmente sobrevino?

¿Se dejaron convencer por un gobernador como el que pidió licencia la semana pasada, quien siempre decía que podía combatir solo a los delincuentes y que, incluso, fue cerrando la llave de la Sefiplan a los recursos acordados para mantener a la Marina en calles y caminos de Veracruz?

Por otra parte, aunque Miguel Ángel Osorio Chong señaló que la intensificación de la incidencia delictiva fue motivada por espacios para la delincuencia generados por el cambio de administración pública estatal, quienes hemos vivido en este estado podríamos parafrasearlo señalando que sí, que esos espacios se han dado por el cambio de administración, pero la que fue de Fidel Herrera a Javier Duarte de Ochoa.

No cumplieron los gobiernos locales

chong-flavino-2El hidalguense dijo muchas cosas entre líneas. Por ejemplo, que el gobierno estatal no había cumplido con su responsabilidad y tampoco lo habían hecho los ayuntamientos, esto último posiblemente para responderle al alcalde local Joaquín Caballero Rosiñol, quien ha estado muy intenso en la vocería de los municipios sureños en medios estatales y nacionales sobre el tema de la seguridad.

“Cada quien tiene que hacer su parte. Nosotros no hemos dejado de hacerlo, pero físicamente se requiere ver la acción que tienen que asumir los estados para que la coordinación surja y dé buenos resultados y tiene que haber condiciones políticas”, dijo Osorio Chong, y añadió:

“Esto no puede sostenerse, tienen que hacer su esfuerzo, tienen que cumplir con su obligación los municipios y tienen que cumplir con su obligación los Estados. Estamos trabajando con los estados, que sepan que seguiremos dándole el respaldo y el apoyo, pero tenemos que ver un esfuerzo en reformas y en conformación de policías”.

También envió un mensaje que involucra tanto al gobierno que fenece (encabezado ahora por Flavino) como al que viene (aunque muchos dicen que Yunes Linares no llegará por un supuesto acuerdo entre Osorio Chong y el escapado Javier Duarte), para que olviden los conflictos y se centren en lo importante:

“Hemos estado haciendo un llamado a la cordura, a entender que ya pasó el proceso electoral, a entender que si alguien tiene que ver con algún tema del ejercicio personal de la administración pública pues que lo enfrente ante la autoridad respectiva, pero que la ciudadanía no puede estar en este enfrentamiento de discurso, de posiciones que no ayudan a construir”.

Como quiera que, finalmente, se logró el aterrizaje de la acción federal, es de esperar que la acción concertada y abierta contra el crimen organizado surta pronto sus efectos en Veracruz y, en particular, en la zona sur. Y habrá que ver si esta colaboración se mantiene a partir del 1 de diciembre en que comienza el bienio que gobernará la alianza PAN-PRD, como Miguel Ángel Yunes Linares a la cabeza.

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¿Veracruz, el tercer estado más pacífico?

¿Veracruz, el tercer estado más pacífico?

Según el Índice de Paz México (IPM) 2016, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, un organismo internacional que se califica como independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, Veracruz ocupa el tercer lugar entre los estados más pacíficos de México, una relación que encabezan Hidalgo y Yucatán, y que completan Tlaxcala y San Luis Potosí.

Habría que preguntarle a los veracruzanos si esa percepción, basada principalmente en cifras oficiales, puede tomarse en serio, pese a que la organización que lo señala (con sedes en Sydney, Nueva York, Bruselas y Ciudad de México) tiene un bien ganado reconocimiento mundial, o si lo consideran una conclusión sesgada y alejada totalmente de una realidad que tiene a Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica y Xalapa entre los 20 municipios con mayores índices de homicidios por arma de fuego en el país.

Cabe considerar que el reporte, de 120 cuartillas, reconoce que el informe de delitos de la policía es poco exacto: “Cuando se comparan las cifras de homicidios que tienen registradas las procuradurías estatales, con las actas de defunción, se calcula que el conteo de víctimas de homicidio está por debajo de la realidad por más de 20% en 11 estados del país. En particular, Veracruz, que ocupa el tercer lugar en el IPM, presenta la mayor discrepancia en este delito de alto impacto”.

Y añade: “Es necesario mejorar el reporte y el análisis de datos. Podría mejorarse tanto su exactitud como su alcance, lo cual mejoraría el análisis oficial y extraoficial de los mismos. Esto es de suma importancia en estados donde las estadísticas oficiales muestran tasas de delincuencia bajas que contrastan con otras fuentes de información.” Además. el organismo lamenta que en las estadísticas oficiales no se incluyen “a las 26,000 personas que se han reportado como desaparecidas desde el 2007”.

Si en estos días aparece un comunicado oficial vanagloriándose de estos resultados, debemos ser muy cuidadosos en creer que, efectivamente, somos el tercero estado más pacífico del país.

 

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Explota en Veracruz la reforma energética

Explota en Veracruz la reforma energética

 

Este jueves, a media tarde, el presidente Enrique Peña Nieto vio, en Coatzacoalcos, una de las expresiones más trágicas de su reforma energética: transferir a una iniciativa privada predadora e irresponsable instalaciones que eran operadas por Pemex.

¿A cambio de qué? De una nula inversión en mantenimiento, el despido de los mejores y más experimentados trabajadores petroleros en aras de evitar problemas laborales y la exposición de la vida y la integridad física de cientos de obreros a accidentes catastróficos cantados, que no fueron prevenidos por una estúpida tacañería empresarial, a pesar de la enorme evidencia.

En efecto, el gobierno federal vendió parcialmente estos activos importantes de Pemex a la empresa Mexichem mucho antes de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma energética, poniendo de relieve su criminal desinterés en supervisar que las condiciones de venta (la empresa se había comprometido a inversiones millonarias en mantenimiento y modernización de la planta) se cumplieran a cabalidad y, con ello, no solo se incrementara la producción sino se preservara la seguridad de los trabajadores que laboran en el perímetro y la de cientos de miles de habitantes de la región.

¿De qué habrá servido la presencia de Peña Nieto en el sitio del desastre? Poco menos que para levantar la imagen de un gobierno priista en época de elecciones, en un tema en que cualquier autoridad puede movilizarse y divulgar su imagen sin trastocar la veda electoral, pues es uno de los temas en que la ley lo permite. De las vidas cegadas (se hablaba de 13 pero había varios en calidad de desaparecidos) y los cientos de obreros malheridos, poco habrá podido corregir.

Acompañado del director de Pemex, el coatzacoalqueño José Antonio González Anaya, y de la titular de la PGR Arely Gómez, Peña Nieto se comprometió con familiares de los trabajadores fallecidos y lesionados a que Pemex y Mexichem asuman su responsabilidad y se lleve a cabo una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades.

“Estoy aquí –dijo– para asegurarme de que Pemex y la empresa con la que está asociada asuman su responsabilidad, sobre todo en términos de hacer la investigación correspondiente, pero lo más importante, que las personas que resultaron lesionadas tengan la atención médica debida, especializada y correspondiente”.

El accidente, en una empresa privada, no de Pemex

Originalmente se manejó que la explosión había ocurrido en instalaciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), pero lo cierto es que esto ocurrió en la Planta de Clorados III de Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), una empresa perteneciente al Grupo Mexichem, propiedad del exbanquero Antonio del Valle, operada en alianza con Pemex desde 2013.

Aunque tenía semanas de que se había reportado una fuga de gas cerca del área de hornos, según lo expresaron trabajadores de la empresa, no solo no se corrigió el problema sino que se obligó a los trabajadores a seguir con sus labores pese al peligro; incluso, una empresa contratista siguió con tareas de soldadura sobre el área en que se detectó la falla, provocando el martes, a las 15:30 horas, una serie de explosiones que convirtieron el sitio en una sucursal del infierno.

La planta fue cedida parcialmente a Mexichem en 2013, en una transacción cuyos detalles no fueron revelados. La compañía prometió destinar 200 millones de dólares al complejo en una primera inversión, a la cual le seguiría otra por 70 millones de dólares para expandirla. La cuestión es que ni siquiera pudo atender oportunamente, y en condiciones de seguridad para los trabajadores, la falla ya detectada y obligó a los trabajadores a asistir normalmente a sus labores.

La diputada federal de Morena, Rocío Nahle García, responsabilizó este jueves en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a la empresa Mexichem del accidente y exigió el retiro de la concesión, que le fue otorgado a través de una asociación público-privada.

Según los informes emitidos, la falla se debió a un sobrecalentamiento en el reactor productor del monómero del cloruro de vinilo, lo que además de los terribles efectos en materia de vidas humanas (hasta ayer contabilizadas en 13 personas) y de heridos de gravedad, permitió la emisión a la atmósfera de gases peligrosos, y es que según expertos el cloruro de vinilo es altamente flamable y sumamente tóxico. Para tener una idea de su alta toxicidad, esta sustancia debe manejarse usando equipo respiratorio semiautónomo y está asociado a mutaciones y cáncer, principalmente en hígado.

Como en el caso de la minería, el gobierno federal ha prodigado entre particulares, empresas y recursos del Estado en negocios que no tienen un retorno positivo ni para las finanzas públicas ni, mucho menos, para la generación de empleos de buena calidad. Al contrario, han generado verdaderas tragedias humanas y ambientales que han puesto en alerta a cientos de comunidades, que han sido y serán afectadas en sus propiedades rurales, salud pública y entornos ecológicos.

 

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En Veracruz, violencia y fe juegan a las elecciones

En Veracruz, violencia y fe juegan a las elecciones

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] En Veracruz, dos poderes fácticos andan muy activos tratando de impactar en el proceso electoral próximo y tenga por seguro que habrán de influir en sus resultados: la violencia desatada por todos los rumbos de la entidad, que se acrecienta particularmente en zonas con alta simpatía por la oposición, y la creciente actividad de las iglesias que se han puesto en mangas de camisa para mover a sus feligreses.

Desde los comicios federales del año pasado, que estuvieron precedidos de diversos actos de violencia, directamente contra militantes opositores (como en Veracruz y Boca del Río, donde horas antes abrir las casillas fueron lanzados varios artefactos incendiarios contra casas de panistas), o mediante el recrudecimiento de los actos delictivos de alto impacto (homicidio, secuestro, lesiones) en amplias zonas rurales, la violencia ha tenido una enorme influencia para normar o inhibir la participación ciudadana en los procesos electorales.

Hace casi un año, en la madrugada del viernes 5 de junio (dos días antes de los comicios), ocho jóvenes –universitarios y activistas– fueron golpeados salvajemente por un grupo de encapuchados en una casa localizada en la esquina de Herón Pérez y Ruiz Cortines, en Xalapa, a escasa distancia de la Unidad de Humanidades y del PRI estatal.

Esta agresión, que fue preparada en la opinión pública mediante la incrustación de grupos violentos en las marchas y mítines estudiantiles previos con el fin de generar rechazo ciudadano, no ha sido aclarada por la Fiscalía General del Estado, que no ha dado una sola pista que permita suponer la resolución de un caso en el que, desde que ocurrió, se sospechó de la participación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Estos hechos, con ser los más sonados mediáticamente (su difusión tuvo alcance nacional e internacional), no fueron por desgracia los únicos. En diversos rumbos del estado se sucedieron delitos de diverso calibre, unos obligando a la población a refugiarse en sus domicilios y a evitar su asistencia a eventos públicos, otros desapareciendo o asesinando a dirigentes partidistas e, incluso, encarcelando o sometiendo a juicio a exfuncionarios municipales con influencia creciente.

Se apuesta por el voto duro

¿Qué logra en la ciudadanía la violencia generalizada? De entrada, dado que el origen de dicha violencia supone la confrontación entre los partidos políticos y sus seguidores, genera desánimo para acudir a las urnas, cuando no un justificado temor de ser víctima directa o indirecta de la violencia por el solo hecho de manifestar su simpatía política en actos públicos.

Que a votar solo asistan quienes alimentan el denominado voto duro, facilita los triunfos de los candidatos postulados por el partido que tiene una mayor cantidad de votos cautivos. En Veracruz, ese partido es el PRI. En varios sitios, principalmente en zonas urbanas sumamente pobladas, pese a la violencia la población sale a sufragar, y es justamente en esos lugares donde obtiene triunfos la oposición: el PAN en la conurbación Veracruz-Boca del Río, y Morena en Coatzacoalcos y Xalapa.

¿Qué ha estado ocurriendo en las últimas semanas? Como hemos comentado en este espacio, pareciera que el Gobierno del Estado, a través de sus organismos policiacos, se ha abierto del escenario para que los grupos criminales operen con toda libertad.

Que ese parecer lo hagamos público no significa que todo lo que ocurre en la realidad sea como consecuencia de ello: puede ocurrir que la eventual participación de los grupos criminales en el escenario político haya rebasado la capacidad de las fuerzas policiacas estatales, más preparadas para inhibir mediante su carísimo avituallamiento que por sus reales capacidades para prevenir y castigar el crimen.

Los comentarios hechos por el gobernador Javier Duarte de Ochoa este fin de semana en Twitter sobre los hechos de violencia que han afectado a medios y periodistas no hacen sino apuntar a que hay un renacimiento del crimen organizado contra el que las fuerzas federales y estatales no tienen suficiente capacidad de fuego para domeñarlo.

Y, bueno, todo este clima tiene su impacto político contra el gobernador Duarte pero también en el ámbito electoral, ya veremos si a favor o en contra del PRI.

¿La fe mueve montañas?

Dos hechos han marcado al país y Veracruz desde el viernes pasado: la visita del Papa Francisco a México, que ha servido como un fuerte distractor sobre los temas más abstrusos de la agenda nacional, en particular la corrupción y la violencia creciente y, en paralelo, en el caso de Veracruz, además de la atención sobre dicha visita, la masiva concentración en Xalapa de miles de feligreses de la Iglesia de la Luz del Mundo.

Desde diciembre pasado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha tratado de ganar para su causa a la alta jerarquía católica de Veracruz con la que, pese a siempre estar cercano, la falta de dineros la había mantenido con cierto recelo.

Tras su reunión en diciembre, en Casa Veracruz, Duarte y sus abogados fraguaron una iniciativa de reforma constitucional –que fue aprobada sin discusión por la recua de diputados de que dispone en el más vergonzoso Congreso local– que busca criminalizar a las mujeres por el simple hecho de disponer de su cuerpo: la denominada ley anti-aborto.

Este hecho legislativo, que respondió a la iniciativa de grupos recalcitrantes de derecha de la Iglesia católica, permitió que el discurso de varios arzobispos, obispos y curas contra la violencia demencial que empieza a carcomer el tejido social del estado amainara y casi desapareciera.

A este hecho, fortalecido por la atención de los feligreses veracruzanos por la visita del papa Francisco, se ha sumado una dilatada presencia religiosa en la Plaza Lerdo de Xalapa, donde miles de hombres y mujeres seguidores de la Iglesia La Luz del Mundo, con el pretexto de un acto litúrgico que debiera practicarse en el interior de los inmuebles usufructuados por esta corriente cristiana, el bautismo, ha permitido mostrar el músculo no solo religioso, sino también político, de una secta que ha logrado posiciones en gobiernos locales, como Silem García Peña, hijo del líder de esa Iglesia en Veracruz, quien funge como Regidor del Ayuntamiento de Xalapa.

Silem García Peña es vocero de esa Iglesia y fue el gestor de permisos y apoyos estatales y municipales para celebrar la denominada Ceremonia Internacional de Bautismos que, durante tres días, contribuyó al caos de la ciudad en materia de vialidad y que permitió el apropiamiento de un espacio que debe ser de todos los xalapeños.

La cuestión es que también las iglesias estarán operando en el mundo terrenal y buscarán colarse a los beneficios que obtienen agrupaciones políticas que tienen ese propósito permitido y reconocido legalmente. ¿Por qué partido abogarán? Se lo dejo a su criterio.

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Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Todo parece indicar que el gobierno veracruzano ha claudicado ante el crimen (organizado y del orden común) y que los pobladores estamos nuevamente a merced de los delincuentes.

Durante los primeros días del año, los crímenes de alto impacto se han desatado por toda la entidad. Los asesinatos, ajustes de cuenta, robos violentos, extorsiones, levantones y secuestros se han incrementado de tal manera que en todos lados los veracruzanos buscan fórmulas para proteger la vida y el patrimonio, desgraciadamente sin mucho éxito.

Por añadidura, a esa ola de violencia hace tiempo que se han unido elementos de una policía estatal a la que se le han invertido miles de millones de pesos para capacitación, armamento, vehículos y fornituras que, por inoperancia de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy utilizan contra la población inerme, sea en alianza con el crimen organizado u operando como tal sin que nadie les ponga freno.

Y los ejemplos abundan. El reciente reportaje divulgado por Televisa en el programa Punto de Partida, de la periodista Denise Maerker, señala que el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca solo constituye el hecho más divulgado de los cientos que han sucedido en la entidad a manos de la Policía Estatal.

Cientos de familias siguen demandando al Gobierno estatal, a la Fiscalía General del Estado, que se investigue y se localice a tantos veracruzanos levantados en vehículos de la policía estatal, cuyo paradero se desconoce, como si hubieran sido tragados por la tierra.

En el reportaje elaborado por los periodistas Raymundo Pérez Arellano y Marco Tinoco, encargados de la investigación, se habla de otros casos cuyo denominador común es la participación de la Policía Estatal en las desapariciones forzadas desde 2012 en Cardel, Úrsulo Galván (8 policías municipales), Potrero Nuevo, municipio de Atoyac (17 personas), Puerto de Veracruz (8 jóvenes) y Córdoba (1 persona).

Otro denominador común es Marcos Conde Hernández, delegado de la Policía Estatal en Tierra Blanca, quien estuvo en las comandancias policiacas en la mayoría de los sitios en que ocurrieron estas desapariciones. Este elemento era parte de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, desaparecida por el gobernador Javier Duarte por estar vinculada con el crimen organizado. Sin embargo, Marcos Conde posteriormente fue recontratado y tuvo ascensos hasta convertirse en delegado policiaco, justo en los sitios en que sembró el terror y dejó familias sumidas en el dolor y la incertidumbre, como en el reciente caso de Tierra Blanca.

Según datos de organizaciones civiles, el 34 por ciento de los policías estatales no aprobó los exámenes de control y confianza, aunque las autoridades estatales señalen que todos lo presentaron.

En este periodo de terror que se vive en Veracruz, organizaciones ciudadanas han denunciado que en lo que va del gobierno de Javier Duarte se ha hecho caso omiso al crecimiento en la desaparición de mujeres que, según datos comparativos, ha crecido en más de 5000 por ciento, al pasar de 36 a 1,647 mujeres de las que no se sabe nada, sin que se haya podido activar una alerta de género y, en cambio, se haya aprobado al vapor en un Congreso local impúdico una reforma cuya materialización criminalizaría a las mujeres en caso de aborto.

Si nos atenemos a los datos que ofrece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tarea del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ha sido la de esconder lo más posible los casos denunciados, para aparentar que en los últimos dos años (2014 y 2015) las cifras han disminuido, lo que no tiene concordancia con los datos que arrojan tanto las redes sociales como los medios informativos.

En las últimas dos semanas, además del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca por la policía estatal el pasado 11 de enero (que no han sido localizados pese a que ya se detuvo a los culpables), han aparecido fosas clandestinas, cuerpos arrojados a la vera de los caminos, personas asesinadas a plena luz del día en varias partes del estado como Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos; personas desaparecidas y robos violentos.

¿Qué puede cambiar en esta situación? Absolutamente nada, por desgracia. El gobernador Javier Duarte no tiene pensado ni analizado los urgentes cambios que se requieren en la estructura de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que tan cara nos sale y que parece haberse constituido en un amenazante poder fáctico.

Si en materia de prevención del delito no ha tenido éxito, mucho menos en el esclarecimiento de los hechos delictivos, sobre todo ahí donde se tiene documentada la participación de la policía estatal, por cuestiones de encubrimiento.

Los veracruzanos no queremos regresar al 2011, cuando el crimen organizado sembró el terror por todos los rumbos de la entidad, aunque en particular en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

¿Qué puede prometernos un gobierno estatal al que le restan unos 10 meses?

¡Que Dios nos agarre confesados!

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