La justicia en Veracruz, un traje a la medida

La justicia en Veracruz, un traje a la medida

Con un gobernador más preocupado en generar cortinas de humo mediante la detención de personajes como el exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado, y un fiscal general que ofrece descuentos en la compra de pizzas a quien le haga “bulling” (sic), mientras recibe el repudio de familiares de desaparecidos porque al gobierno para el que trabaja lo que menos le importa es combatir la impunidad y restituir la justicia, ya podemos anticipar lo que el destino le depara a los veracruzanos en los siguientes dos años.

Cada vez es más difícil encontrar un orden en las acciones del gobierno veracruzano. Aún los más decididos seguidores del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (los que conformaron el tercio de electores que lo llevaron al triunfo) tienen serias dificultades para mantener su confianza en que las cosas están encauzándose por la vía del cambio, y quienes se consideran ‘yunezombis’ utilizan la demagogia y el ataque a los contrarios para justificar lo poco que se ha logrado en los primeros 100 de 730 días de gobierno.

Mientras no conecte de hit, mientras no calme las agitadas aguas de la violencia, en tanto no se observe una obra pública terminada (incluso si es de las inconclusas de Duarte o Fidel), mientras el apoyo a la mejora del sector Salud no sea cuestionado por la falta de los mínimos requerimientos (como alimentar a los pacientes hospitalizados), o no se vea que hay un gobierno trabajando y no a un solitario gobernador haciendo todos los papeles (desde Fiscal hasta policía), muy difícilmente recuperará la confianza que paulatinamente ha ido perdiendo conforme han pasado los días.

El acto de detener a quien le entregara el mando, a falta del gobernador constitucional que ya andaba de pelada, suena a caja china, a una mascarada que permite distraer a la opinión pública de asuntos de mayor peso, en el que es posible que no sale bien librado. La causa que se le sigue al minatitleco es por haber ayudado a Javier Duarte de Ochoa a escapar en una aeronave propiedad del Gobierno del Estado.

Flavino tendría que responder por otros hechos, como el de haber ordenado que las fuerzas del orden arremetieran salvajemente contra los pensionados que protestaban porque no se les entregaban sus pensiones; por no haber atendido debidamente a los grupos sociales o, incluso, por no haber calmado a varias organizaciones sociales del propio sistema que afectaron durante su paso por la Secretaría de Gobierno y como gobernador interino a los xalapeños.

Mientras a este personaje que se mantuvo en la entidad porque en su historial no se le acusa de ladrón, aunque sea un cínico de la peor calaña y un nauseabundo defensor de Javier Duarte, se le ha metido a la cárcel, personajes impresentables como el excontralor Ricardo García Guzmán, que ocultó todas las pillerías de Duarte, puede sentirse seguro no solo de no pisar la cárcel sino incluso de ser alcalde de Pánuco por cuatro años, con el apoyo de Yunes Linares quien lo ha hecho candidato por el PAN.

De la nada, ha surgido esta acción que ha causado malestar entre dirigentes políticos, como Dante Delgado Rannauro, presidente de Movimiento Ciudadano, quien tras terminar su gestión como gobernador sustituto, fuera encarcelado por el gobierno de Patricio Chirinos, cuando Yunes Linares era secretario de Gobierno. Dante puso en su cuenta de Twitter: “Aberración jurídica la detención de Flavino Ríos. En lugar de gobernar Yunes prefiere circo y actos de pirotecnia. Cortado por la misma tijera”.

El dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, de gira por Veracruz, calificó como un acto de “propaganda” la detención de Flavino Ríos y cuestionó cómo por un lado se detiene al exdiputado local y por el otro el PAN da cobijo al excontralor Ricardo García Guzmán, quien ahora busca la candidatura de la alcaldía de Pánuco”.

En Coatzacoalcos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que su gobierno está cumpliendo el compromiso de que no haya impunidad, y puso como ejemplos la detención del exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado y del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, además de que el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, se encuentra sujeto a proceso. “En la decisión de proceder, está el compromiso de no admitir impunidad”, dijo Yunes Linares, mientras que ante la exigencia de dar con los desaparecidos y castigar a los culpables, su gobierno se achica y, de nueva cuenta, avienta la bolita para atrás, como si por el hecho de no haber sido en su año, no debe causarle daño..

Incluso descartó la destitución del fiscal Jorge Winckler Ortiz por las críticas de los colectivos de desaparecidos, que desaprueban su trabajo así como su falta de sensibilidad en torno a este tema. Incluso pidió a los desesperados familiares de desaparecidos no politizar estos temas.

Lo cierto es que la justicia se está recetando con dosis sospechosamente homeopáticas.

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Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Todo parece indicar que el gobierno veracruzano ha claudicado ante el crimen (organizado y del orden común) y que los pobladores estamos nuevamente a merced de los delincuentes.

Durante los primeros días del año, los crímenes de alto impacto se han desatado por toda la entidad. Los asesinatos, ajustes de cuenta, robos violentos, extorsiones, levantones y secuestros se han incrementado de tal manera que en todos lados los veracruzanos buscan fórmulas para proteger la vida y el patrimonio, desgraciadamente sin mucho éxito.

Por añadidura, a esa ola de violencia hace tiempo que se han unido elementos de una policía estatal a la que se le han invertido miles de millones de pesos para capacitación, armamento, vehículos y fornituras que, por inoperancia de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy utilizan contra la población inerme, sea en alianza con el crimen organizado u operando como tal sin que nadie les ponga freno.

Y los ejemplos abundan. El reciente reportaje divulgado por Televisa en el programa Punto de Partida, de la periodista Denise Maerker, señala que el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca solo constituye el hecho más divulgado de los cientos que han sucedido en la entidad a manos de la Policía Estatal.

Cientos de familias siguen demandando al Gobierno estatal, a la Fiscalía General del Estado, que se investigue y se localice a tantos veracruzanos levantados en vehículos de la policía estatal, cuyo paradero se desconoce, como si hubieran sido tragados por la tierra.

En el reportaje elaborado por los periodistas Raymundo Pérez Arellano y Marco Tinoco, encargados de la investigación, se habla de otros casos cuyo denominador común es la participación de la Policía Estatal en las desapariciones forzadas desde 2012 en Cardel, Úrsulo Galván (8 policías municipales), Potrero Nuevo, municipio de Atoyac (17 personas), Puerto de Veracruz (8 jóvenes) y Córdoba (1 persona).

Otro denominador común es Marcos Conde Hernández, delegado de la Policía Estatal en Tierra Blanca, quien estuvo en las comandancias policiacas en la mayoría de los sitios en que ocurrieron estas desapariciones. Este elemento era parte de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, desaparecida por el gobernador Javier Duarte por estar vinculada con el crimen organizado. Sin embargo, Marcos Conde posteriormente fue recontratado y tuvo ascensos hasta convertirse en delegado policiaco, justo en los sitios en que sembró el terror y dejó familias sumidas en el dolor y la incertidumbre, como en el reciente caso de Tierra Blanca.

Según datos de organizaciones civiles, el 34 por ciento de los policías estatales no aprobó los exámenes de control y confianza, aunque las autoridades estatales señalen que todos lo presentaron.

En este periodo de terror que se vive en Veracruz, organizaciones ciudadanas han denunciado que en lo que va del gobierno de Javier Duarte se ha hecho caso omiso al crecimiento en la desaparición de mujeres que, según datos comparativos, ha crecido en más de 5000 por ciento, al pasar de 36 a 1,647 mujeres de las que no se sabe nada, sin que se haya podido activar una alerta de género y, en cambio, se haya aprobado al vapor en un Congreso local impúdico una reforma cuya materialización criminalizaría a las mujeres en caso de aborto.

Si nos atenemos a los datos que ofrece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tarea del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ha sido la de esconder lo más posible los casos denunciados, para aparentar que en los últimos dos años (2014 y 2015) las cifras han disminuido, lo que no tiene concordancia con los datos que arrojan tanto las redes sociales como los medios informativos.

En las últimas dos semanas, además del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca por la policía estatal el pasado 11 de enero (que no han sido localizados pese a que ya se detuvo a los culpables), han aparecido fosas clandestinas, cuerpos arrojados a la vera de los caminos, personas asesinadas a plena luz del día en varias partes del estado como Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos; personas desaparecidas y robos violentos.

¿Qué puede cambiar en esta situación? Absolutamente nada, por desgracia. El gobernador Javier Duarte no tiene pensado ni analizado los urgentes cambios que se requieren en la estructura de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que tan cara nos sale y que parece haberse constituido en un amenazante poder fáctico.

Si en materia de prevención del delito no ha tenido éxito, mucho menos en el esclarecimiento de los hechos delictivos, sobre todo ahí donde se tiene documentada la participación de la policía estatal, por cuestiones de encubrimiento.

Los veracruzanos no queremos regresar al 2011, cuando el crimen organizado sembró el terror por todos los rumbos de la entidad, aunque en particular en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

¿Qué puede prometernos un gobierno estatal al que le restan unos 10 meses?

¡Que Dios nos agarre confesados!

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