Renace investigación contra exdelegado federal en Veracruz

Renace investigación contra exdelegado federal en Veracruz

No tardará mucho para que, en el ámbito federal, estalle el escándalo en que está involucrado un político veracruzano por el descubrimiento de un fraude descomunal que arroja una pérdida para el gobierno de la república de por lo menos 15 millones de pesos, cometido durante el tránsito de este personaje por una delegación federal en Xalapa.

La investigación está abierta y hace sospechar que el avance en la misma arrojará noticias sobre una malversación de cantidades mayores de recursos destinados originalmente a la salud de los trabajadores del Estado. Mientras eso ocurre, el personaje de marras busca desesperadamente la obtención de un lugar privilegiado en la lista plurinominal para diputados federales, como su única tablita de salvación que lo aleje, gracias al fuero constitucional, de la mano pesada de la justicia federal, que está a punto de hacerle caer todo el peso de la ley.

En cualquier momento, su nombre aparecerá en la lista de los ajusticiados no por la Fiscalía General del Estado sino de la Procuraduría General de la República, y es que su caso afectó el presupuesto destinado por la Federación a mejorar los servicios de salud para el magisterio federal y demás trabajadores de las dependencias federales. ¿Salvará el pellejo? Pronto le daremos más pistas de la investigación y del investigado.

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Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

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Veracruz, un estado sin gobernador

Veracruz, un estado sin gobernador

O Javier Duarte nunca halló a Veracruz, el estado que ha dicho que gobierna desde hace seis años, o los veracruzanos nunca tuvieron a su servicio al gobernador que, gracias a los oficios de Fidel Herrera Beltrán, padeceremos hasta el próximo 30 de noviembre, si otra cosa no sucede.

Este viernes se trasladó a la ciudad de México para presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el gobernador que habrá de sustituirle el 1 de diciembre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Aunque el tema es personalísimo, gracias a la batalla mediática (que no judicial) emprendida contra el enemigo que ha prometido meterlo a la cárcel, se movilizó con recursos públicos y ha divulgado los documentos con que quiere poner a su opositor en el mismo estatuto en que éste lo ha puesto: ladrón de recursos públicos.

Hace tiempo que Duarte no gobierna Veracruz. El estado se cae a pedazos mientras él se encierra con su equipo jurídico y financiero para ver cómo escapa de la acción de los auditores e investigadores judiciales de la Federación por los enormes hoyos financieros creados por su antecesor y profundizados gravemente durante su gobierno.

Para Javier Duarte, Veracruz es él. El tiempo que le pagamos los veracruzanos para que dirija al estado lo ha destinado hace ya mucho tiempo a fraguar maldades en contra de su enemigo político, Miguel Ángel Yunes Linares; a forzar a diputados federales y locales, alcaldes, funcionarios y dirigentes políticos de su partido a mostrarle una endeble solidaridad que están muy lejos de considerar ecuánime y sincera.

Todo parece indicar que una realidad es la que él percibe y muy otra la realidad real que padecemos los jarochos; es el momento en que no encuentra la razón del repudio generalizado hacia su gobierno, principal motivo de la derrota de su partido en los comicios del pasado 5 de junio.

La respuesta dada por él a los reporteros este lunes en la mañana, cuando la misma denuncia la presentó ante la Fiscalía General del Estado,  nos hace suponer que tiene en la mente a un Veracruz distinto al que vivimos los simples mortales. Lo reproduzco porque constituye una verdadera perla:

“Tan solo vea las inversiones que hay, tan solo vea las edificaciones que hay, las construcciones, el crecimiento económico que hoy tiene Veracruz, la calidad de vida que hoy tenemos. Veracruz es otro, en materia de seguridad estamos fuera de la lista negra de los estados más violentos de la República Mexicana; en materia de turismo somos de los estados más visitados.”

Veracruz, sin embargo, se ubica en la cola del crecimiento del PIB estatal, por debajo de Oaxaca. Las principales iniciativas de atracción de capital se centraron en la industria petroquímica que, aparentemente, tendría un auge inusitado con la reforma energética, pero que se vino abajo por la caída de los precios internacionales del petróleo.

En contrapartida, miles de empleos se han perdido por los despidos realizados por Pemex en la zona sur de la entidad, mientras que la zona norte sufre gravemente las distorsiones generadas por la suspensión de enormes inversiones anunciadas por la paraestatal para el proyecto Aceite Terciario del Golfo, lo que ha hundido a todas las empresas, trabajadores y habitantes de Poza Rica.

La principal demanda de los veracruzanos durante las campañas electorales recientes fue la de contar con empleos, lo que quiere decir que no los hay, y eso ha generado un crecimiento anormal de la población en pobreza y pobreza extrema.

Para colmo, el gobierno estatal ha hundido a casi todas las empresas veracruzanas, tanto del sector de la construcción como las del turismo, por enormes deudas sin solventar, lo que ha llevado a la quiebra a varias, mientras que otras han debido subsistir con el mínimo número de trabajadores.

En el caso de la seguridad, las bandas criminales y grupos policiacos han sembrado el terror por todos los rumbos de la entidad, por donde aparecen cadáveres regados de veracruzanos asesinados con extremada crueldad de manera tan frecuente que hemos perdido la capacidad de asombro. Y ya hemos visto cómo su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, ha sido despedido bajo la máscara de una renuncia, para aclarar compras estratosféricas de bienes inmuebles en el estado de Texas.

El presidente Enrique Peña Nieto tendría que gastar diariamente los pésames que prodiga a otras naciones para enviarlos a los veracruzanos, porque en la mayoría de las ocasiones ocurren más homicidios en Veracruz que los que resultan de actos terroristas en países europeos y en los Estados Unidos.

Las cifras enviadas por la Fiscalía General de Justicia al Sistema Nacional de Seguridad Pública parecen cada día más maquilladas. Ya lo hemos señalado en anterior entrega.

Y, efectivamente, pero solo desde el dudoso censo del Fiscal, Veracruz aparece en los lugares 12 y 13 en número de delitos en general, robo y homicidio, pese a que las páginas policiacas de los medios (cada vez más cautas a la hora de publicar algunos casos por estar en riesgo de ser atacados por el crimen organizado) dan cuenta de múltiples asesinatos.

Sin embargo, en el primer semestre del año, Veracruz ha escalado al segundo lugar por mayor incidencia en el delito de secuestro, solo superado por el Estado de México, pero desplazando a Tamaulipas, que hace varios años enseñoreaba la macabra lista, y Tabasco, donde la leyenda de secuestros la había convertido en un infierno en lugar de ser un edén.

¿Estaremos siendo injustos con Javier Duarte de Ochoa o él vive en una realidad virtual porque siempre se la pasa en Casa Veracruz o fuera del estado y el país, lo que le ha impedido durante seis años saber qué sucede en el estado que dice gobernar?

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En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Aunque se ha mantenido fuera de los cuadros de las diez primeras entidades federativas en número de delitos de enero a junio de este año, pareciera que, o las víctimas no están denunciando los delitos ante las autoridades ministeriales, o la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado maquillando sus reportes ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un afán por evadir el señalamiento nacional por los efectos de una violencia que se respira por todos lados.

En medio del escándalo desatado este miércoles por Aristegui Noticias en contra del Secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo Bermúdez Zurita, a quien junto con su esposa identifica como propietarios de varias mansiones en el estado de Texas, a 7 kilómetros del conjunto residencial en que supuestamente el gobernador Javier Duarte de Ochoa cuenta con propiedades inmobiliarias (que él se ha negado a reconocer), la situación de inseguridad en Veracruz parece estar fuera de control.

Este jueves, tras muchas demandas de diversos sectores políticos y sociales, debido al crecimiento de la violencia, Bermúdez Zurita ha presentado su renuncia, derivado de las acusaciones fundadas, publicadas por el portal de Carmen Aristegui. En un escueto boletín emitido por Comunicación Social del Gobierno del Estado, se señala:

“Con la finalidad de esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan ante las instancias correspondientes, el licenciado Arturo Bermúdez Zurita presentó su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Veracruz. Queda como encargado de despacho el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública”.

El mundo feliz de la FGE y la SSP

En número total de delitos, durante el primer semestre de 2016, la cifra alcanza los 20 mil 410, colocando a Veracruz en el lugar 13, detrás del Estado de México (90,544) Ciudad de México (87,387), Guanajuato (53,686), Jalisco (52,647), Baja California (48,508), Puebla (31,133), Chihuahua (29,902), Tabasco (29,312), Coahuila (24,362), Sonora (23,897), Morelos (23,161) y Nuevo León (21,608). En caso de ser ciertos, hay una disminución respecto al mismo periodo de 2015, cuando se totalizaron 23 mil 666 casos.

Si observamos la tendencia en la incidencia delictiva desde el primer semestre de 2011, podemos percibir una mejora, en algunos casos sustancial, en materia de seguridad pública.

Sin embargo, la percepción de violencia contra la información oficial, de medios de comunicación y el propio boca-oreja, permite reconocer que la población en Veracruz está temerosa y espera que la situación pueda realmente mejorar con la asunción del próximo gobierno estatal, porque en este se ha dejado de actuar por la situación política que enfrenta Javier Duarte de Ochoa, los graves hoyos financieros y un evidente abandono de las tareas de seguridad pública y aplicación de la justicia.

En total, hasta el primer semestre de 2016, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se han denunciado 338 mil 771 delitos.

Hago énfasis en que son datos de averiguaciones previas abiertas debido a la denuncia de las víctimas o sus familiares, y no precisamente del número real de delitos cometidos, porque la mayoría de ellos no se denuncia sea por ausencia de oficinas ministeriales cercanas, la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo confirmada por el elevado porcentaje de casos que no son investigados, la impunidad y en no pocos casos la sospecha de complicidad de autoridades con los grupos delictivos.

Cuadro 1: Número de delitos denunciados durante el primer semestre del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Delito 2011 2012 2013 2014 2015 2016
General 36,152 39,412 37,931 23,883 23,666 20,410
Robo 12,907 14,323 13,935 9,119 9,367 7,621
Homicidio 806 959 895 527 454 648
Secuestro 29 54 53 93 48 62
Violación 608 409 327 142 60 46

Si observamos con detenimiento el cuadro anterior, podemos descubrir un extraño abatimiento en el número de delitos denunciados, a partir de 2014. En febrero de ese año, el gobernador Javier Duarte de Ochoa sustituyó en la entonces Procuraduría General de Justicia a Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien meses atrás ya había presentado su renuncia.

En su lugar, nombró al abogado Luis Ángel Bravo Contreras que, el 30 de enero de 2015, gracias a una reforma constitucional, tomó protesta en el Congreso del Estado como nuevo Fiscal General del Estado de Veracruz por un lapso de nueve años (hasta 2023). Prácticamente en automático, la mayoría de los delitos denunciados, reportados al SNSP, disminuyeron drásticamente.

Esto es más claro en el número de delitos en general que, de un año para otro, al menos en la cifra del primer semestre, pasa de 37 mil 931 a 23 mil 883, una disminución de 37 por ciento, mientras que los robos pasan de 13 mil 935 a 9 mil 119, es decir, una caída de casi 35 por ciento.

El caso de homicidios presenta un comportamiento similar: su número pasa de 895 a 527, lo que representa una inusitada baja de más del 41 por ciento. Mientras que en el caso de violaciones denunciadas, cuyo número pasa de 327 a 142, estamos hablando de un hecho inusitado pues se abatió, siempre según los datos de la Fiscalía General del Estado, en más del 56.5 por ciento.

La situación es más sorprendente de 2013 a 2016 (en sus primeros semestre), pues de 327 casos de violación, este año solo se denunciaron 46, ¡una baja del 86 por ciento! que no se explica si nos atenemos a las denuncias presentadas por organizaciones feministas y organismos no gubernamentales que han solicitado que se instaure en la entidad la alerta de género, tanto por el creciente número de feminicidios como de violaciones.

Donde el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras no ha podido ocultar o maquillar las cifras ha sido en el delito de secuestro, donde Veracruz se ha colocado durante el primer semestre de este año en el segundo lugar nacional, apenas superado por el Estado de México, tal vez porque es el que más denuncian los familiares de las víctimas, pese a que se habla de la famosa cifra negra, que implica que solo se denuncia uno de cada diez casos. El número de secuestros se ha mantenido alto, incluso en su primer año como Procurador, cuando creció de 53 a 93 casos, es decir, un alza de 75 por ciento.

Cuadro 2: Estados con mayor incidencia en delito de secuestro durante el primer semestre de 2016, Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Lugar Estado Casos
1 México 134
2 Veracruz 62
3 Tamaulipas 57
4 Guerrero 43
5 Tabasco 33
6 Ciudad de México 23
7 Morelos 17
8 Oaxaca / Puebla 15
9 Zacatecas 12
10 San Luis Potosí 11

Las sospechas sobre el maquillaje de cifras por parte del actual responsable de la investigación de delitos en Veracruz permiten correr un velo de incredibilidad, que proyectan en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa el estigma de la impunidad y la simulación. Si el próximo gobierno no puede hacerlo a un lado, nos esperarían 7 años más de inoperancia judicial.

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