¿Veracruz, el tercer estado más pacífico?

¿Veracruz, el tercer estado más pacífico?

Según el Índice de Paz México (IPM) 2016, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, un organismo internacional que se califica como independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, Veracruz ocupa el tercer lugar entre los estados más pacíficos de México, una relación que encabezan Hidalgo y Yucatán, y que completan Tlaxcala y San Luis Potosí.

Habría que preguntarle a los veracruzanos si esa percepción, basada principalmente en cifras oficiales, puede tomarse en serio, pese a que la organización que lo señala (con sedes en Sydney, Nueva York, Bruselas y Ciudad de México) tiene un bien ganado reconocimiento mundial, o si lo consideran una conclusión sesgada y alejada totalmente de una realidad que tiene a Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica y Xalapa entre los 20 municipios con mayores índices de homicidios por arma de fuego en el país.

Cabe considerar que el reporte, de 120 cuartillas, reconoce que el informe de delitos de la policía es poco exacto: “Cuando se comparan las cifras de homicidios que tienen registradas las procuradurías estatales, con las actas de defunción, se calcula que el conteo de víctimas de homicidio está por debajo de la realidad por más de 20% en 11 estados del país. En particular, Veracruz, que ocupa el tercer lugar en el IPM, presenta la mayor discrepancia en este delito de alto impacto”.

Y añade: “Es necesario mejorar el reporte y el análisis de datos. Podría mejorarse tanto su exactitud como su alcance, lo cual mejoraría el análisis oficial y extraoficial de los mismos. Esto es de suma importancia en estados donde las estadísticas oficiales muestran tasas de delincuencia bajas que contrastan con otras fuentes de información.” Además. el organismo lamenta que en las estadísticas oficiales no se incluyen “a las 26,000 personas que se han reportado como desaparecidas desde el 2007”.

Si en estos días aparece un comunicado oficial vanagloriándose de estos resultados, debemos ser muy cuidadosos en creer que, efectivamente, somos el tercero estado más pacífico del país.

 

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Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Todo parece indicar que el gobierno veracruzano ha claudicado ante el crimen (organizado y del orden común) y que los pobladores estamos nuevamente a merced de los delincuentes.

Durante los primeros días del año, los crímenes de alto impacto se han desatado por toda la entidad. Los asesinatos, ajustes de cuenta, robos violentos, extorsiones, levantones y secuestros se han incrementado de tal manera que en todos lados los veracruzanos buscan fórmulas para proteger la vida y el patrimonio, desgraciadamente sin mucho éxito.

Por añadidura, a esa ola de violencia hace tiempo que se han unido elementos de una policía estatal a la que se le han invertido miles de millones de pesos para capacitación, armamento, vehículos y fornituras que, por inoperancia de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy utilizan contra la población inerme, sea en alianza con el crimen organizado u operando como tal sin que nadie les ponga freno.

Y los ejemplos abundan. El reciente reportaje divulgado por Televisa en el programa Punto de Partida, de la periodista Denise Maerker, señala que el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca solo constituye el hecho más divulgado de los cientos que han sucedido en la entidad a manos de la Policía Estatal.

Cientos de familias siguen demandando al Gobierno estatal, a la Fiscalía General del Estado, que se investigue y se localice a tantos veracruzanos levantados en vehículos de la policía estatal, cuyo paradero se desconoce, como si hubieran sido tragados por la tierra.

En el reportaje elaborado por los periodistas Raymundo Pérez Arellano y Marco Tinoco, encargados de la investigación, se habla de otros casos cuyo denominador común es la participación de la Policía Estatal en las desapariciones forzadas desde 2012 en Cardel, Úrsulo Galván (8 policías municipales), Potrero Nuevo, municipio de Atoyac (17 personas), Puerto de Veracruz (8 jóvenes) y Córdoba (1 persona).

Otro denominador común es Marcos Conde Hernández, delegado de la Policía Estatal en Tierra Blanca, quien estuvo en las comandancias policiacas en la mayoría de los sitios en que ocurrieron estas desapariciones. Este elemento era parte de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, desaparecida por el gobernador Javier Duarte por estar vinculada con el crimen organizado. Sin embargo, Marcos Conde posteriormente fue recontratado y tuvo ascensos hasta convertirse en delegado policiaco, justo en los sitios en que sembró el terror y dejó familias sumidas en el dolor y la incertidumbre, como en el reciente caso de Tierra Blanca.

Según datos de organizaciones civiles, el 34 por ciento de los policías estatales no aprobó los exámenes de control y confianza, aunque las autoridades estatales señalen que todos lo presentaron.

En este periodo de terror que se vive en Veracruz, organizaciones ciudadanas han denunciado que en lo que va del gobierno de Javier Duarte se ha hecho caso omiso al crecimiento en la desaparición de mujeres que, según datos comparativos, ha crecido en más de 5000 por ciento, al pasar de 36 a 1,647 mujeres de las que no se sabe nada, sin que se haya podido activar una alerta de género y, en cambio, se haya aprobado al vapor en un Congreso local impúdico una reforma cuya materialización criminalizaría a las mujeres en caso de aborto.

Si nos atenemos a los datos que ofrece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tarea del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ha sido la de esconder lo más posible los casos denunciados, para aparentar que en los últimos dos años (2014 y 2015) las cifras han disminuido, lo que no tiene concordancia con los datos que arrojan tanto las redes sociales como los medios informativos.

En las últimas dos semanas, además del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca por la policía estatal el pasado 11 de enero (que no han sido localizados pese a que ya se detuvo a los culpables), han aparecido fosas clandestinas, cuerpos arrojados a la vera de los caminos, personas asesinadas a plena luz del día en varias partes del estado como Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos; personas desaparecidas y robos violentos.

¿Qué puede cambiar en esta situación? Absolutamente nada, por desgracia. El gobernador Javier Duarte no tiene pensado ni analizado los urgentes cambios que se requieren en la estructura de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que tan cara nos sale y que parece haberse constituido en un amenazante poder fáctico.

Si en materia de prevención del delito no ha tenido éxito, mucho menos en el esclarecimiento de los hechos delictivos, sobre todo ahí donde se tiene documentada la participación de la policía estatal, por cuestiones de encubrimiento.

Los veracruzanos no queremos regresar al 2011, cuando el crimen organizado sembró el terror por todos los rumbos de la entidad, aunque en particular en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

¿Qué puede prometernos un gobierno estatal al que le restan unos 10 meses?

¡Que Dios nos agarre confesados!

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