Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

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En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Aunque se ha mantenido fuera de los cuadros de las diez primeras entidades federativas en número de delitos de enero a junio de este año, pareciera que, o las víctimas no están denunciando los delitos ante las autoridades ministeriales, o la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado maquillando sus reportes ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un afán por evadir el señalamiento nacional por los efectos de una violencia que se respira por todos lados.

En medio del escándalo desatado este miércoles por Aristegui Noticias en contra del Secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo Bermúdez Zurita, a quien junto con su esposa identifica como propietarios de varias mansiones en el estado de Texas, a 7 kilómetros del conjunto residencial en que supuestamente el gobernador Javier Duarte de Ochoa cuenta con propiedades inmobiliarias (que él se ha negado a reconocer), la situación de inseguridad en Veracruz parece estar fuera de control.

Este jueves, tras muchas demandas de diversos sectores políticos y sociales, debido al crecimiento de la violencia, Bermúdez Zurita ha presentado su renuncia, derivado de las acusaciones fundadas, publicadas por el portal de Carmen Aristegui. En un escueto boletín emitido por Comunicación Social del Gobierno del Estado, se señala:

“Con la finalidad de esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan ante las instancias correspondientes, el licenciado Arturo Bermúdez Zurita presentó su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Veracruz. Queda como encargado de despacho el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública”.

El mundo feliz de la FGE y la SSP

En número total de delitos, durante el primer semestre de 2016, la cifra alcanza los 20 mil 410, colocando a Veracruz en el lugar 13, detrás del Estado de México (90,544) Ciudad de México (87,387), Guanajuato (53,686), Jalisco (52,647), Baja California (48,508), Puebla (31,133), Chihuahua (29,902), Tabasco (29,312), Coahuila (24,362), Sonora (23,897), Morelos (23,161) y Nuevo León (21,608). En caso de ser ciertos, hay una disminución respecto al mismo periodo de 2015, cuando se totalizaron 23 mil 666 casos.

Si observamos la tendencia en la incidencia delictiva desde el primer semestre de 2011, podemos percibir una mejora, en algunos casos sustancial, en materia de seguridad pública.

Sin embargo, la percepción de violencia contra la información oficial, de medios de comunicación y el propio boca-oreja, permite reconocer que la población en Veracruz está temerosa y espera que la situación pueda realmente mejorar con la asunción del próximo gobierno estatal, porque en este se ha dejado de actuar por la situación política que enfrenta Javier Duarte de Ochoa, los graves hoyos financieros y un evidente abandono de las tareas de seguridad pública y aplicación de la justicia.

En total, hasta el primer semestre de 2016, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se han denunciado 338 mil 771 delitos.

Hago énfasis en que son datos de averiguaciones previas abiertas debido a la denuncia de las víctimas o sus familiares, y no precisamente del número real de delitos cometidos, porque la mayoría de ellos no se denuncia sea por ausencia de oficinas ministeriales cercanas, la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo confirmada por el elevado porcentaje de casos que no son investigados, la impunidad y en no pocos casos la sospecha de complicidad de autoridades con los grupos delictivos.

Cuadro 1: Número de delitos denunciados durante el primer semestre del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Delito 2011 2012 2013 2014 2015 2016
General 36,152 39,412 37,931 23,883 23,666 20,410
Robo 12,907 14,323 13,935 9,119 9,367 7,621
Homicidio 806 959 895 527 454 648
Secuestro 29 54 53 93 48 62
Violación 608 409 327 142 60 46

Si observamos con detenimiento el cuadro anterior, podemos descubrir un extraño abatimiento en el número de delitos denunciados, a partir de 2014. En febrero de ese año, el gobernador Javier Duarte de Ochoa sustituyó en la entonces Procuraduría General de Justicia a Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien meses atrás ya había presentado su renuncia.

En su lugar, nombró al abogado Luis Ángel Bravo Contreras que, el 30 de enero de 2015, gracias a una reforma constitucional, tomó protesta en el Congreso del Estado como nuevo Fiscal General del Estado de Veracruz por un lapso de nueve años (hasta 2023). Prácticamente en automático, la mayoría de los delitos denunciados, reportados al SNSP, disminuyeron drásticamente.

Esto es más claro en el número de delitos en general que, de un año para otro, al menos en la cifra del primer semestre, pasa de 37 mil 931 a 23 mil 883, una disminución de 37 por ciento, mientras que los robos pasan de 13 mil 935 a 9 mil 119, es decir, una caída de casi 35 por ciento.

El caso de homicidios presenta un comportamiento similar: su número pasa de 895 a 527, lo que representa una inusitada baja de más del 41 por ciento. Mientras que en el caso de violaciones denunciadas, cuyo número pasa de 327 a 142, estamos hablando de un hecho inusitado pues se abatió, siempre según los datos de la Fiscalía General del Estado, en más del 56.5 por ciento.

La situación es más sorprendente de 2013 a 2016 (en sus primeros semestre), pues de 327 casos de violación, este año solo se denunciaron 46, ¡una baja del 86 por ciento! que no se explica si nos atenemos a las denuncias presentadas por organizaciones feministas y organismos no gubernamentales que han solicitado que se instaure en la entidad la alerta de género, tanto por el creciente número de feminicidios como de violaciones.

Donde el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras no ha podido ocultar o maquillar las cifras ha sido en el delito de secuestro, donde Veracruz se ha colocado durante el primer semestre de este año en el segundo lugar nacional, apenas superado por el Estado de México, tal vez porque es el que más denuncian los familiares de las víctimas, pese a que se habla de la famosa cifra negra, que implica que solo se denuncia uno de cada diez casos. El número de secuestros se ha mantenido alto, incluso en su primer año como Procurador, cuando creció de 53 a 93 casos, es decir, un alza de 75 por ciento.

Cuadro 2: Estados con mayor incidencia en delito de secuestro durante el primer semestre de 2016, Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Lugar Estado Casos
1 México 134
2 Veracruz 62
3 Tamaulipas 57
4 Guerrero 43
5 Tabasco 33
6 Ciudad de México 23
7 Morelos 17
8 Oaxaca / Puebla 15
9 Zacatecas 12
10 San Luis Potosí 11

Las sospechas sobre el maquillaje de cifras por parte del actual responsable de la investigación de delitos en Veracruz permiten correr un velo de incredibilidad, que proyectan en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa el estigma de la impunidad y la simulación. Si el próximo gobierno no puede hacerlo a un lado, nos esperarían 7 años más de inoperancia judicial.

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Bajan robos y homicidios; el secuestro, no

Bajan robos y homicidios; el secuestro, no

 

Aunque en Tempoal, el martes pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que en Veracruz el delito de secuestro se redujo en un 40 por ciento y la extorsión en más del 50, lo que asoció a la participación de los elementos de la Marina-Armada y el Ejército Mexicano, lo cierto es que –al menos en materia de secuestro– las cosas no están pintando de esa manera.

En la inauguración de las instalaciones del 74 Batallón de Infantería de la 19ª Zona Militar, obra emprendida atinadamente por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el titular de la Segob mostró un optimismo que muy bien puede justificarse en cuanto a los demás delitos, pero no respecto del secuestro. Es posible que se haya referido a la zona de la Huasteca, colindante con uno de los estados del país (Tamaulipas) que, junto con el Estado de México, sigue marchando a la cabeza en la comisión de secuestros, muchos de ellos trasladados a las estadísticas de homicidios pues en muchas ocasiones no regresan con vida las víctimas.

Según el comunicado oficial, Osorio Chong destacó que “en Veracruz, el secuestro estaba siendo prácticamente el reflejo de una ciudadanía amenazada por este delito. Hoy se ha bajado de manera sustancial. Todos los delitos en toda la Huasteca han disminuido significativamente, todo gracias a la presencia de las fuerzas del orden, a la coordinación entre los tres niveles de gobierno”.

En efecto, la Huasteca veracruzana es una de las zonas más golpeadas por las bandas criminales que se pelean la zona fronteriza con los Estados Unidos. Su accionar, hace tiempo que pasó del simple trasiego de drogas a otras formas de financiamiento, como el secuestro, la trata de mujeres, el cobro de piso, la extorsión y el robo. Y los municipios del norte del estado habían estado indefensos ante la ausencia de una policía estatal efectiva, por lo que el asentamiento de un batallón del Ejército puede estar generando mejores niveles de seguridad.

Pero incluso en el ámbito nacional no se reflejan esas cifras alegres manejadas por este hombre considerado uno de los presidenciables para 2018. De octubre de 2014 a octubre de este año, el número de delitos en general apenas disminuyó en 6.7 por ciento, lo que impide ver a qué cifras se refirió. En efecto, pasó de 1 millón 350 mil 671 en los primeros 10 meses de 2014, a 1 millón 259 mil 014 en el mismo periodo de 2015, es decir, apenas 91 mil 657 delitos menos.

Los homicidios en el país bajaron apenas en 0.2 por ciento en el periodo de que hablamos, con apenas 43 menos, y donde sí ha habido una tendencia a la baja ha sido en el delito de secuestro, que registra una baja de casi 30 por ciento, al registrarse 354 menos que el año pasado.

Ahora veamos qué dicen los datos reportados por la Procuraduría, primero, y actualmente la Fiscalía General del Estado, en cuanto a la incidencia delictiva del fuero común de 2011 a octubre de este año en el estado de Veracruz.

Cuadro 1. Tendencia de los principales delitos en Veracruz durante el actual Gobierno del Estado.

Tipo penal 2011 2012 2013 2014 2015:  octubre
Delitos en general 74,241 77,937 72,164 48,480 39,776
Robos 26,819 28,247 27,497 18,524 15,708
Robos con violencia 7,305 7,872 8,072 5,239 4,600
Homicidios 1,823 1,921 1,723 1,012 852
Secuestros 60 91 109 144 81
Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretariado Ejecuivo. Incidencia delictiva del fuero común. 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Aunque no ha concluido 2015 y el mes de noviembre ha sido particularmente violento, con la aparición (según lo reportado por diversos medios de comunicación) de varios cuerpos de personas que fueron ejecutadas en diversos rumbos de Veracruz, lo cierto es que durante lo que va del sexenio ha ido disminuyendo paulatinamente la incidencia delictiva.

Logros y pendientes de Veracruz

Según los reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de 2011 a octubre del presente año, la tendencia ha disminuido considerablemente. De hecho, la tendencia a la baja se pudo notar el año pasado y, si no pasan cosas extraordinarias de violencia, este año podremos ver cifras que confirmen esa tendencia.

En cuanto a delitos en general, de 2011 a 2014 su número disminuyó de 74 mil 241 a 48 mil 480, lo que significó una baja de cerca del 35 por ciento, un porcentaje que puede ser mayor respecto a 2012, cuando se experimentó un pico extraordinario. En efecto, en el segundo año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa la cifra de delitos en general llegó a casi 78 mil.

Una tendencia similar se observa en el número de robos y de robos con violencia. En el periodo de 2011 a 2014, el número de robos en general pasó de 26 mil 819 a 18 mil 524, lo que representa una baja de 31 por ciento, mientras que en el número de robos con violencia pasó de 7 mil 305 a 5 mil 239, una disminución de 28 por ciento.

En cuanto al delito de homicidio en general, Veracruz ha experimentado una caída en el número de casos de 2011 a 2014, al pasar de 1 mil 823 a 1 mil 012, lo que significa una disminución de más del 44 por ciento. Y en los primeros 10 meses de 2015 apenas se han registrado 852.

Donde no podemos cantar victoria es en el delito de secuestro. De 60 registrados en 2011, la cifra se elevó a 144 en 2014, la más alta registrada en lo que va del sexenio duartista, que representó un incremento de 140 por ciento. Este año, en los primeros 10 meses se han denunciado 81 casos que, frente a los 131 que se tenían registrados en el mismo periodo del año pasado, ha permitido una disminución de poco más del 38 por ciento.

            Así las cosas en el tema de seguridad.

Veracruz, un foco rojo en Semáforo Delictivo

Por otra parte, vale la pena poner en blanco y negro la percepción del Semáforo Delictivo, una herramienta desarrollada por ciudadanos que concentra la información oficial en la materia, según la cual, revela una nota de CNN Expansión, “a excepción de Sinaloa y el Estado de México, el resto de los estados del país terminó octubre con indicadores criminales por encima de sus medias nacionales en los últimos tres años”.

Según este instrumento, 30 de las 32 entidades se ubicaron con focos rojos en al menos uno de los ocho delitos principales que se cometen en México: homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo, robo a casa, robo a negocio, lesiones y violación.

Según el despacho de CNN, “además de reflejar las cifras de incidencia delictiva, el Semáforo evalúa el comportamiento de los ilícitos por estado, municipio y delegación”.

Y añade: “La herramienta establece una meta de reducción de 25% de los delitos para otorgar una luz verde, y pone roja si el indicador está por encima de su media histórica de los últimos tres años en la localidad, y amarillo si está por debajo de la media pero aún arriba del objetivo”.

Con datos de octubre, el estado peor evaluado al ser comparado con sus propios índices delictivos históricos es Querétaro. La entidad tiene siete focos rojos, solo sale verde en extorsión, con cero incidentes en ese mes. Otro estado que destaca porque sus niveles de criminalidad están empeorando es Puebla, con seis focos rojos y dos amarillos (robo a casa y a negocio).

Campeche presenta seis focos rojos en secuestro, extorsión, robo de vehículo, robo a casa, lesiones a violación, y con cinco focos rojos están empatados Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala. El DF tiene cuatro en homicidio (por séptimo mes consecutivo), secuestro, robo a negocios y violación, en tanto que están en amarillo las categorías de extorsión y lesiones.

En contraste, Sinaloa y el Estado de México no registran focos rojos en esta actualización. Sinaloa tiene focos amarillos en extorsión (10 incidentes) y en violación (13 registros); y el Edomex, en homicidios (164 casos), robo a vehículo (4,003 denuncias) y lesiones (2,748 sucesos).

Los estados con un solo foco rojo son Coahuila (lesiones), Durango (lesiones), Veracruz (robo de vehículo) y Yucatán (extorsión).

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