Duarte y diputados locales, contra el IPE

Duarte y diputados locales, contra el IPE

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Como un peligro real para los veracruzanos, los diputados locales (con mayoría del PRI, el PVEM y demás partidos aliados) se han caracterizado por aprobar sin mayor análisis crítico cualquier iniciativa enviada por el Ejecutivo, aún aquellas que son lesivas para los derechos de la población, cuando no graves retrocesos en la legislación social y política vigente e, incluso, dañinas para la precaria estabilidad de las finanzas públicas, como la aprobación de nuevos empréstitos que nunca sirven para lo que fueron solicitados.

Este lunes, el Congreso del Estado está presto a analizar y, seguramente, aprobar sin mayores contratiempos, la iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado (Ley del IPE), mediante la cual se busca transferir a los patrones (léase Universidad Veracruzana, dependencias estatales y demás órganos autónomos) la actual obligación del gobierno estatal de cubrir el subsidio para saldar todos los pagos por pensiones y jubilaciones.

En su redacción actual, el artículo 98 establece que, “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por el Gobierno del Estado y organismos públicos incorporados a que se refiere el artículo 3°, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”.

La condicional establecida al final del artículo, la de la celebración de convenios específicos, ha impedido que en su lucha por destruir a la más importante institución de educación superior en la entidad, la UV, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, esté imposibilitado legalmente para cobrarle a lo chino cerca de 3 mil millones de pesos del supuesto adeudo de la casa de estudios, y por tanto, deba seguir su curso la denuncia penal interpuesta por la UV por retención de más de 2 mil millones.

Ante ello, Javier Duarte de Ochoa ha propuesto modificar dicho artículo con una redacción a modo: “De darse el caso que los recursos del Instituto no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en la ley, el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones.”

De aprobarse dicha reforma (como seguramente ocurrirá, puesto que el líder cameral Juan Nicolás Callejas Arroyo está ligado con el magisterio federal, que no está sujeto al régimen estatal de pensiones), no solo se pondrá en grave riesgo la existencia del IPE.

Con ello, también se vulnerarán los derechos de miles de trabajadores activos que cotizan y de quienes ya reciben sus pensiones, además de la salud financiera de dependencias como la Secretaría de Educación (SEV), la UV, el Poder Judicial y las dependencias estatales cuyos trabajadores son beneficiarios del sistema estatal de pensiones.

La grave situación financiera en que se ha puesto en los últimos doce años al IPE, cuya reserva técnica ha desaparecido por haber sido utilizada para fines distintos al de asegurar las pensiones de los trabajadores jubilados, ha hecho que el gobernador Javier Duarte de Ochoa proponga transferir la propiedad de inmuebles como los estadios Luis Pirata Fuente y el de beisbol Beto Ávila, además de Acuario de Veracruz, que no servirán para resarcir recursos que se calculan en 5 mil millones de pesos, puesto que el IPE no puede venderlos.

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Desastre en finanzas públicas

Desastre en finanzas públicas

No parece que puedan convencer a nadie las declaraciones hechas este domingo por el gobernador Javier Duarte de Ochoa en torno a una supuesta mejora tanto en el manejo de la deuda pública por parte de su gobierno como en la manera de afrontar compromisos (muchos de ellos estampados en leyes locales) que en diciembre dejaron la impresión de una auténtica quiebra técnica.

La reiterada melodía que silva el gobernador cada que se le cuestiona sobre las situaciones anómalas en materia de compromisos financieros parece que ya a nadie embelesa.

En su momento, tanto él como sus funcionarios del gabinete (legal y ampliado) multiplicaron declaraciones para convencer de que las pensiones habrían sido respaldadas en metálico por el gobierno estatal para que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) tuviera fondos que impidieran la elasticidad de miles de cheques que, finalmente, fueron rechazados por ser auténticamente de hule. Hasta tuvieron que recurrir a la ignominiosa represión de los pensionados, que habían tomado las calles para exigir pagos de los que, en muchos de los casos,  dependen para su sobrevivencia.

Lo mismo pasó con la Universidad Veracruzana. Aunque hubo desayunos y comidas para tratar de limar las desavenencias y desencuentros, lo cierto es que fue pura baba de perico: jamás se pagaron los adeudos multimillonarios que mantienen a la formadora de más de 60 mil estudiantes en verdadero jaque, gracias a que más de ¡2 mil millones de pesos! Jamás fueron transferidos a la tesorería universitaria.

Las propias autoridades universitarias salieron a declarar en documento público el incumplimiento histórico del gobierno estatal con la máxima casa de estudios, una falla que amenaza con convertirse en un comportamiento permanente y que dibuja de cuerpo completo el total desinterés gubernamental en sostener a la institución que ha logrado formar a los profesionales que sustentan el desarrollo de la entidad y del país.

¿Qué pasará con los recursos que adeuda Javier Duarte a la UV? ¿Los entregará en este mes para que la UV pueda responder a los compromisos asumidos, particularmente con los proveedores, y que la tienen imposibilitada para asumir nuevos? ¿Reducirá flagrantemente el gobierno estatal su participación en el subsidio de la casa de estudios, obligándola no solo a no ampliar su oferta académica sino incluso a cercenarla?

Si el IPE y la UV tuvieron que hacer públicas las carencias derivadas de la quiebra en las finanzas públicas estatales, hay que reconocer que no fueron las únicas. Todas las dependencias estatales, los ayuntamientos, los poderes legislativo y judicial, los órganos constitucionales autónomos, los programas conjuntos con la Federación (como Subsemun, Fonden, becas estudiantiles, etc.), absolutamente todos sufrieron quitas importantes, bloqueo en las transferencias, lo que ha marcado una profunda inequidad y un histórico frenón en el desarrollo de la entidad.

Según Javier Duarte, sin embargo, 2016 ha iniciado con buenas noticias y mejores condiciones financieras para afrontar todos los compromisos de su gobierno. ¿De dónde deriva tan extraña y sospechosa certidumbre? ¿Es real la apreciación o una simple y sencilla tomadura de pelo? Al finalizar el acto conmemorativo del XV aniversario luctuoso del exgobernador Marco Antonio Muñoz Turnbull, Duarte dijo que en los últimos días de diciembre se liberó un 12 por ciento de participaciones federales (más o menos 12 mil millones de pesos) que estaban destinadas al pago del servicio de la deuda pública y que con el endeudamiento anunciado a finales de 2015 no debió ser usado a tal propósito y, por ende, se convirtió en dinero disponible en las arcas estatales.

Y así lo explicó el mandatario: “Estamos hablando de un porcentaje muy importante que se encontraba hasta hace poco destinado en un fideicomiso para el pago del servicio de la deuda y que hoy ya puede ingresar de manera directa a las arcas de la Tesorería del Gobierno del Estado”.

Lo que pocos creemos es que, como él mismo declaró, hay una ‘férrea determinación’ de apretarse el cinturón. Hay que recordar que 2016 comienza con un reto extraordinario de su gobierno en materia política: ganar para el PRI los comicios que en junio permitirán conocer quién será el gobernador para los siguientes dos años que es fundamental para el futuro de todos los integrantes del actual gobierno y para el mantenimiento del gobierno federal en los comicios de 2018, y eso significará una grave sangría para el presupuesto público.

¿Esperanzas en que mejore la situación? Realmente pocas. Es posible que haya acciones espectaculares en materia de obra pública y programas sociales, pero todo ello será ficticio o de alcances más bien modestos.

            ¡Bienvenidos a la realidad de 2016!

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