Duarte no logra mayoría calificada

Duarte no logra mayoría calificada

 

A las justas protestas de los jubilados y pensionados que hace tiempo sufren en su vida cotidiana las afectaciones derivadas del manejo inescrupuloso del patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), este jueves el Congreso local vivió una jornada inusual, por la presencia activa de dos sectores de la población que se sienten agraviados por la intención de trasladar al IPE y a organismos ‘autónomos’ espacios simbólicos propiedad del Gobierno del Estado.

Los diputados del PRI y el PVEM en la Legislatura (con la excepción honrosa del diputado por Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil) han debido meter freno a la orden de aprobar todas las ocurrencias del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien en el último mes ha tenido una actividad legislativa abrumadora.

En efecto, Javier Duarte ha querido usar al dócil Congreso, con mayoría priista, para lograr tres objetivos:

  1. Blindar su administración contra acusaciones de corrupción, mediante el nombramiento de un fiscal y un contralor a modo y la creación de una sala de magistrados especializada en el tema, todos ellos anclados por entre cinco y diez años.
  2. Cubrir el enorme hoyo financiero en que tiene al IPE, con la donación de bienes inmuebles propiedad del gobierno a este organismo que, por cierto, difícilmente podrá enajenarlos para contar con liquidez financiera, y
  3. La aprobación de leyes que buscan generar un enorme caos administrativo y financiero que paralice al gobierno que encabezará Miguel Ángel Yunes Linares, mediante el otorgamiento de base a miles de burócratas, la imposición de porcentajes del presupuesto general para varias dependencias (Fiscalía, Poder Judicial y UV), la donación de bienes muebles e inmuebles a dependencias y organismos autónomos, más las que se le ocurran en lo que resta de su gobierno.

Según politólogos consultados por el portal Sin Embargo, de la Ciudad de México, “la falta de contrapeso y voluntad política, así como el pacto de impunidad entre actores políticos, dificultará que el priista sea juzgado por los señalamientos de corrupción que lo rodean, a pesar de que (…) el tricolor se distanció de él –más por el costo electoral que le causó, que por los señalamientos en su contra–.”

No terminan por cuajar las iniciativas

La declaración hecha por la dirigente nacional priista Carolina Monroy en el sentido de hacer un deslinde de su partido respecto a la actuación política de Duarte y su intención de blindarse, además de las presiones hechas por el gobernador electo y las manifestaciones de repudio generalizado en el estado y el país, han ralentizado la toma de decisiones en el Congreso.

De entrada, se debió descartar al exprocurador y exalcalde cordobés Francisco Portilla Bonilla como fiscal anticorrupción, porque no reunió los votos para pasar por mayoría calificada, aunque ya el gobernador lo metió en su terna de magistrados para conformar la sala del Tribunal Superior de Justicia especializada en combate a la corrupción, junto a personajes impresentables como la exalcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David (tiene a un hijo como diputado), quien es señalada de daño patrimonial contra el ayuntamiento por hasta 500 millones de pesos, y Alberto Tomasini, quien fungía como Consejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos de la oficina del mismísimo Gobernador, donde difícilmente hizo algo por los ciudadanos.

Las iniciativas enfocadas a donar bienes también han tenido serias dificultades y oposiciones. En la sesión de este jueves, de último momento, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Mariela Tovar Lorenzo, solicitó retirar de la orden del día el dictamen que aprobaría la entrega a título gratuito de 10 bienes inmuebles al IPE, como el velódromo, el Museo Interactivo de Xalapa, el Jardín de las Esculturas, el Parque de Doña Falla y varios terrenos.

Esta postergación (entendemos que necesitan juntar los 34 votos que requieren para mayoría calificada) se suma a la decisión de los diputados de retirar de la lista el Word Trade Center de Boca del Río. Ricardo Ahued celebró que los diputados hubieran recuperado la dignidad y hecho prevalecer la cordura al rescatar los bienes. Esta decisión, dijo, es histórica y frena un atentado a la infraestructura y dignidad de Xalapa.

Y es que no solo se pospone la presentación del dictamen respecto a las propiedades que se piensan ceder al IPE, sino también la de la Casa Veracruz. En la sesión de este jueves, manifestantes se hicieron presentes para rechazar la propuesta de ceder a tres órganos autónomos la Casa Veracruz, lo que convertiría a varias colonias aledañas en un verdadero infierno, pues se sumarían más de 100 trabajadores que llegarían en auto y trastocarían la tranquilidad de una zona que no fue pensada para un uso de suelo diferente al habitacional. Pero también estuvieron los floricultores y viveristas que ofrecen sus productos en el Parque Doña Falla, quienes perderían un sitio insustituible para dedicarse a su actividad.

Jardín de las Esculturas, moneda de cambio

La imaginación desbordada del gobernador Javier Duarte y sus asesores no midió las consecuencias de donar al IPE bienes inmuebles que cumplen una función importante para la sociedad, y uno de ellos (emblemático de la ciudad) es el Jardín de las Esculturas, que este mismo jueves empezó a ser defendido por artistas locales mediante una petición en la plataforma Change (change.org) al Secretario de Cultura del gobierno federal, Rafael Tovar y de Teresa, y al Congreso local, para evitar esa agresión al sector cultural de la entidad. En la petición se señala:

“Debido a una enojosa noticia circula en Veracruz sobre que, en días pasados fue turnado a la Cámara de Diputados una solicitud para enajenar, a título gratuito, once inmuebles, propiedad del Gobierno del Estado, en su mayoría espacios ubicados en Xalapa y entre los más emblemáticos: El Jardín de las Esculturas, los artistas e intelectuales de esta ciudad capital y de todo el Estado de Veracruz protestamos enérgicamente por la pretendida enajenación de dicho espacio, para pagar las deudas que el Gobierno de Veracruz sostiene con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) .

“El Jardín de las Esculturas es un espacio museístico como pocos hay en nuestro país, que funciona con programas incluyentes muy  importantes y de gran valor cultural, además de haber conformado una importante colección de esculturas de artistas de todo el mundo, mismas que se encuentran “sembradas” – por así convenir al diseño del mismo –  en los espacios abiertos que conforman el jardín.

“Nos parece inconcebible que se quiera echar mano de un espacio tan importante en nuestra ciudad, mismo que se ha vinculado con artistas de todo el mundo en el desarrollo de sus intensos y productivos programas de trabajo, donde  se  contemplan tanto a los niños como a los adultos, cubriendo en gran medida la amplia gama de expresiones culturales y artísticas de la actualidad.

“Nos sentimos dolidos y ofendidos por lo que consideramos una inmensa falta de respeto a nuestra ciudad y a sus instituciones culturales, por lo que exigimos que se eche atrás esa iniciativa, que afectaría una amplia capa de la población interesada en las artes y la cultura en Veracruz.”

En lo particular, por el cariño y reconocimiento que le tengo a ese espacio, he firmado la petición. No creo que haga nada Tovar y de Teresa, pero que llegue al conocimiento de los diputados locales puede servir para que hagan conciencia de que no se trata solo de pagarle los favores recibidos al gobernador Duarte, sino de realmente representar a la sociedad, que hizo que ellos disfrutaran en los últimos tres años de enormes canonjías.

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Duarte y diputados locales, contra el IPE

Duarte y diputados locales, contra el IPE

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Como un peligro real para los veracruzanos, los diputados locales (con mayoría del PRI, el PVEM y demás partidos aliados) se han caracterizado por aprobar sin mayor análisis crítico cualquier iniciativa enviada por el Ejecutivo, aún aquellas que son lesivas para los derechos de la población, cuando no graves retrocesos en la legislación social y política vigente e, incluso, dañinas para la precaria estabilidad de las finanzas públicas, como la aprobación de nuevos empréstitos que nunca sirven para lo que fueron solicitados.

Este lunes, el Congreso del Estado está presto a analizar y, seguramente, aprobar sin mayores contratiempos, la iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado (Ley del IPE), mediante la cual se busca transferir a los patrones (léase Universidad Veracruzana, dependencias estatales y demás órganos autónomos) la actual obligación del gobierno estatal de cubrir el subsidio para saldar todos los pagos por pensiones y jubilaciones.

En su redacción actual, el artículo 98 establece que, “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por el Gobierno del Estado y organismos públicos incorporados a que se refiere el artículo 3°, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”.

La condicional establecida al final del artículo, la de la celebración de convenios específicos, ha impedido que en su lucha por destruir a la más importante institución de educación superior en la entidad, la UV, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, esté imposibilitado legalmente para cobrarle a lo chino cerca de 3 mil millones de pesos del supuesto adeudo de la casa de estudios, y por tanto, deba seguir su curso la denuncia penal interpuesta por la UV por retención de más de 2 mil millones.

Ante ello, Javier Duarte de Ochoa ha propuesto modificar dicho artículo con una redacción a modo: “De darse el caso que los recursos del Instituto no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en la ley, el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones.”

De aprobarse dicha reforma (como seguramente ocurrirá, puesto que el líder cameral Juan Nicolás Callejas Arroyo está ligado con el magisterio federal, que no está sujeto al régimen estatal de pensiones), no solo se pondrá en grave riesgo la existencia del IPE.

Con ello, también se vulnerarán los derechos de miles de trabajadores activos que cotizan y de quienes ya reciben sus pensiones, además de la salud financiera de dependencias como la Secretaría de Educación (SEV), la UV, el Poder Judicial y las dependencias estatales cuyos trabajadores son beneficiarios del sistema estatal de pensiones.

La grave situación financiera en que se ha puesto en los últimos doce años al IPE, cuya reserva técnica ha desaparecido por haber sido utilizada para fines distintos al de asegurar las pensiones de los trabajadores jubilados, ha hecho que el gobernador Javier Duarte de Ochoa proponga transferir la propiedad de inmuebles como los estadios Luis Pirata Fuente y el de beisbol Beto Ávila, además de Acuario de Veracruz, que no servirán para resarcir recursos que se calculan en 5 mil millones de pesos, puesto que el IPE no puede venderlos.

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