Diputados locales, caros y perezosos

Diputados locales, caros y perezosos

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] El Congreso de Veracruz es una panacea: se trabaja poco, se gana mucho, se cincelan relaciones políticas y se hacen pingües negocios a la sombra de la gestoría y de la aprobación de iniciativas retrógradas.

A lo que menos se dedican sus diputados es a legislar y, cuando lo hacen, es por órdenes del Poder Ejecutivo y pueden acatar cualquier iniciativa sin mayor estudio, recibiendo en muchos casos el extrañamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pese a los múltiples aspectos que requieren ser tratados con una nueva legislación o con la adecuación de las leyes vigentes, los diputados del Congreso de Veracruz se enfrentan a una falsa disyuntiva: comportarse como legisladores o considerar su paso como un ominoso financiamiento para hacer política partidista, apuntalar sus carreras electorales o acercarse al poder estatal, todo ello enfocado en sus intereses personales.

Para colmo, el de Veracruz es de los congresos más caros para los contribuyentes. Un estudio nacional arrojó que es de las Legislaturas que más dinero destinan por diputado (11.5 millones de pesos anuales, arriba de la media nacional), y es de las legislaturas que menos trabajan en el año, apenas superada por la cámara de diputados de Campeche y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El grave rezago en análisis y aprobación o rechazo de iniciativas legislativas que acusa desde hace muchos años nuestro Congreso, además de razones políticas, es producto de un calendario de sesiones que privilegia ‘labores de gestoría’ sobre los trabajos de cabildeo, análisis y dictaminación de nuevas leyes o de reforma de aquellas que ya son obsoletas para la realidad del estado y el país.

Un estudio publicado por el portal de noticias sinembargo.mx apunta a nuestro congreso entre los menos productivos.

Si bien la Asamblea Legislativa del DF se lleva las palmas como el más caro y el menos trabajador, con apenas 152 días naturales (cinco meses) de sesiones ordinarias, con lo que los asambleístas prácticamente cobran sus dietas durante siete meses al año sin trabajar (solo 15 conforman la Comisión Permanente), los congresos de Campeche (172 días: cinco meses 20 días) y de Veracruz (177 días: cinco meses 25 días) se ubican en la cúspide de los más perezosos e improductivos.

¿Los veracruzanos, que en promedio gastamos 75.53 pesos diarios por cada uno de los 50 diputados locales, nos merecemos un Congreso cuyos diputados dedican más tiempo a vacaciones políticas que a trabajar en modernizar nuestras leyes y normas?

Si, para colmo, consideramos que buena parte de esos 177 días se dedican a la realización de sesiones de trámite, como la instalación del Congreso, la recepción del informe de labores del Gobernador del Estado y a su glosa, a la asistencia a actividades extralegislativas y a las supuestas reuniones de las comisiones, ya podremos imaginar por qué nuestros diputados presentan resultados vergonzosos al final de cada legislatura.

Solo como dato, habrá que señalar (citando la misma fuente) que los congresos locales que más trabajan son los de los estados de Tlaxcala (9 meses) y Yucatán (8 meses y medio); seguidos por los congresos de Baja California, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, con 8 meses al año. Entre los menos afanosos se encuentran los de Chiapas, Quintana Roo y Sonora, con 6 meses y, en la lona, los ya citados de Veracruz, Campeche y Distrito Federal.

¡Y todavía salen sonrientes en las fotografías!

Dóciles instrumentos de una insana reformitis

Para colmo, los diputados locales –salvo honrosas aunque escasísimas excepciones– se han prestado a aprobar reformas constitucionales retrógradas. Para no abrumar, pongamos por caso la ley antiaborto.

El 21 de enero, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución estatal con la que, según el creador de la iniciativa, Javier Duarte de Ochoa, quedó protegido el derecho a la vida del ser humano “desde el momento de la gestación hasta su muerte natural”, cancelando por esta vía la posibilidad de que se practique la interrupción legal del embarazo.

Según la justificación, la reforma busca resguardar “el más fundamental” de los “derechos del hombre”, que es el “derecho a la vida”, y fue aprobada de manera directa en menos de 72 horas por el pleno legislativo, sin haber sido analizada en comisiones.

Para no tener dudas sobre de dónde provino la excitativa, que convenció al gobernador y luego a los dóciles diputados, la reforma antiabortista —aprobada por 38 votos a favor y seis en contra— fue elaborada a petición de la organización civil “Sí a la Vida”, que en 2015 recabó 28 mil firmas ciudadanas en apoyo a esta enmienda legal.

La iniciativa de reforma establece que el concepto de “protección a la vida desde su concepción” responde a la reforma hecha en 2011 al artículo 1 de la Constitución mexicana, con la cual, toda norma relacionada con derechos humanos deberá interpretarse bajo los criterios que garanticen a la persona la protección más amplia.

Siguiendo esta lógica, la iniciativa de Duarte concluye que la protección más amplia del derecho a la vida humana debe abarcar desde la “concepción” misma, es decir, desde el momento en que un óvulo y un espermatozoide entran en contacto.

Aunque Duarte aseguró que ésta se sustenta “en los estudios científicos realizados por los especialistas en la materia”, la Corte ha reconocido que en México no existen estudios oficiales que permitan saber en qué momento inicia la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, o si la simple adhesión de estas dos células puede considerarse como prueba de surgimiento de la vida o de la esencia humanas.

En la introducción de su iniciativa, el gobernador Duarte también equipara la interrupción del embarazo con la “pena de muerte”, y a partir de esta comparación concluye que una acción es tan ilegítima como la otra.

A dicha conclusión llegó tras estudiar la definición del “derecho a la vida” que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2002, cuando discutía, precisamente, la legalidad de la pena de muerte.

Según esa definición, “nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia”. De esta forma, la reforma legal propiamente no protege el derecho a la vida de aquellas células conformadas por la unión de un óvulo y un espermatozoide humanos, sino que protege su derecho de audiencia.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | Twitter | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram | Formato Siete

Anuncios

En Veracruz, violencia y fe juegan a las elecciones

En Veracruz, violencia y fe juegan a las elecciones

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] En Veracruz, dos poderes fácticos andan muy activos tratando de impactar en el proceso electoral próximo y tenga por seguro que habrán de influir en sus resultados: la violencia desatada por todos los rumbos de la entidad, que se acrecienta particularmente en zonas con alta simpatía por la oposición, y la creciente actividad de las iglesias que se han puesto en mangas de camisa para mover a sus feligreses.

Desde los comicios federales del año pasado, que estuvieron precedidos de diversos actos de violencia, directamente contra militantes opositores (como en Veracruz y Boca del Río, donde horas antes abrir las casillas fueron lanzados varios artefactos incendiarios contra casas de panistas), o mediante el recrudecimiento de los actos delictivos de alto impacto (homicidio, secuestro, lesiones) en amplias zonas rurales, la violencia ha tenido una enorme influencia para normar o inhibir la participación ciudadana en los procesos electorales.

Hace casi un año, en la madrugada del viernes 5 de junio (dos días antes de los comicios), ocho jóvenes –universitarios y activistas– fueron golpeados salvajemente por un grupo de encapuchados en una casa localizada en la esquina de Herón Pérez y Ruiz Cortines, en Xalapa, a escasa distancia de la Unidad de Humanidades y del PRI estatal.

Esta agresión, que fue preparada en la opinión pública mediante la incrustación de grupos violentos en las marchas y mítines estudiantiles previos con el fin de generar rechazo ciudadano, no ha sido aclarada por la Fiscalía General del Estado, que no ha dado una sola pista que permita suponer la resolución de un caso en el que, desde que ocurrió, se sospechó de la participación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Estos hechos, con ser los más sonados mediáticamente (su difusión tuvo alcance nacional e internacional), no fueron por desgracia los únicos. En diversos rumbos del estado se sucedieron delitos de diverso calibre, unos obligando a la población a refugiarse en sus domicilios y a evitar su asistencia a eventos públicos, otros desapareciendo o asesinando a dirigentes partidistas e, incluso, encarcelando o sometiendo a juicio a exfuncionarios municipales con influencia creciente.

Se apuesta por el voto duro

¿Qué logra en la ciudadanía la violencia generalizada? De entrada, dado que el origen de dicha violencia supone la confrontación entre los partidos políticos y sus seguidores, genera desánimo para acudir a las urnas, cuando no un justificado temor de ser víctima directa o indirecta de la violencia por el solo hecho de manifestar su simpatía política en actos públicos.

Que a votar solo asistan quienes alimentan el denominado voto duro, facilita los triunfos de los candidatos postulados por el partido que tiene una mayor cantidad de votos cautivos. En Veracruz, ese partido es el PRI. En varios sitios, principalmente en zonas urbanas sumamente pobladas, pese a la violencia la población sale a sufragar, y es justamente en esos lugares donde obtiene triunfos la oposición: el PAN en la conurbación Veracruz-Boca del Río, y Morena en Coatzacoalcos y Xalapa.

¿Qué ha estado ocurriendo en las últimas semanas? Como hemos comentado en este espacio, pareciera que el Gobierno del Estado, a través de sus organismos policiacos, se ha abierto del escenario para que los grupos criminales operen con toda libertad.

Que ese parecer lo hagamos público no significa que todo lo que ocurre en la realidad sea como consecuencia de ello: puede ocurrir que la eventual participación de los grupos criminales en el escenario político haya rebasado la capacidad de las fuerzas policiacas estatales, más preparadas para inhibir mediante su carísimo avituallamiento que por sus reales capacidades para prevenir y castigar el crimen.

Los comentarios hechos por el gobernador Javier Duarte de Ochoa este fin de semana en Twitter sobre los hechos de violencia que han afectado a medios y periodistas no hacen sino apuntar a que hay un renacimiento del crimen organizado contra el que las fuerzas federales y estatales no tienen suficiente capacidad de fuego para domeñarlo.

Y, bueno, todo este clima tiene su impacto político contra el gobernador Duarte pero también en el ámbito electoral, ya veremos si a favor o en contra del PRI.

¿La fe mueve montañas?

Dos hechos han marcado al país y Veracruz desde el viernes pasado: la visita del Papa Francisco a México, que ha servido como un fuerte distractor sobre los temas más abstrusos de la agenda nacional, en particular la corrupción y la violencia creciente y, en paralelo, en el caso de Veracruz, además de la atención sobre dicha visita, la masiva concentración en Xalapa de miles de feligreses de la Iglesia de la Luz del Mundo.

Desde diciembre pasado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha tratado de ganar para su causa a la alta jerarquía católica de Veracruz con la que, pese a siempre estar cercano, la falta de dineros la había mantenido con cierto recelo.

Tras su reunión en diciembre, en Casa Veracruz, Duarte y sus abogados fraguaron una iniciativa de reforma constitucional –que fue aprobada sin discusión por la recua de diputados de que dispone en el más vergonzoso Congreso local– que busca criminalizar a las mujeres por el simple hecho de disponer de su cuerpo: la denominada ley anti-aborto.

Este hecho legislativo, que respondió a la iniciativa de grupos recalcitrantes de derecha de la Iglesia católica, permitió que el discurso de varios arzobispos, obispos y curas contra la violencia demencial que empieza a carcomer el tejido social del estado amainara y casi desapareciera.

A este hecho, fortalecido por la atención de los feligreses veracruzanos por la visita del papa Francisco, se ha sumado una dilatada presencia religiosa en la Plaza Lerdo de Xalapa, donde miles de hombres y mujeres seguidores de la Iglesia La Luz del Mundo, con el pretexto de un acto litúrgico que debiera practicarse en el interior de los inmuebles usufructuados por esta corriente cristiana, el bautismo, ha permitido mostrar el músculo no solo religioso, sino también político, de una secta que ha logrado posiciones en gobiernos locales, como Silem García Peña, hijo del líder de esa Iglesia en Veracruz, quien funge como Regidor del Ayuntamiento de Xalapa.

Silem García Peña es vocero de esa Iglesia y fue el gestor de permisos y apoyos estatales y municipales para celebrar la denominada Ceremonia Internacional de Bautismos que, durante tres días, contribuyó al caos de la ciudad en materia de vialidad y que permitió el apropiamiento de un espacio que debe ser de todos los xalapeños.

La cuestión es que también las iglesias estarán operando en el mundo terrenal y buscarán colarse a los beneficios que obtienen agrupaciones políticas que tienen ese propósito permitido y reconocido legalmente. ¿Por qué partido abogarán? Se lo dejo a su criterio.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | Twitter | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram | Formato Siete