Duarte no logra mayoría calificada

Duarte no logra mayoría calificada

 

A las justas protestas de los jubilados y pensionados que hace tiempo sufren en su vida cotidiana las afectaciones derivadas del manejo inescrupuloso del patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), este jueves el Congreso local vivió una jornada inusual, por la presencia activa de dos sectores de la población que se sienten agraviados por la intención de trasladar al IPE y a organismos ‘autónomos’ espacios simbólicos propiedad del Gobierno del Estado.

Los diputados del PRI y el PVEM en la Legislatura (con la excepción honrosa del diputado por Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil) han debido meter freno a la orden de aprobar todas las ocurrencias del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien en el último mes ha tenido una actividad legislativa abrumadora.

En efecto, Javier Duarte ha querido usar al dócil Congreso, con mayoría priista, para lograr tres objetivos:

  1. Blindar su administración contra acusaciones de corrupción, mediante el nombramiento de un fiscal y un contralor a modo y la creación de una sala de magistrados especializada en el tema, todos ellos anclados por entre cinco y diez años.
  2. Cubrir el enorme hoyo financiero en que tiene al IPE, con la donación de bienes inmuebles propiedad del gobierno a este organismo que, por cierto, difícilmente podrá enajenarlos para contar con liquidez financiera, y
  3. La aprobación de leyes que buscan generar un enorme caos administrativo y financiero que paralice al gobierno que encabezará Miguel Ángel Yunes Linares, mediante el otorgamiento de base a miles de burócratas, la imposición de porcentajes del presupuesto general para varias dependencias (Fiscalía, Poder Judicial y UV), la donación de bienes muebles e inmuebles a dependencias y organismos autónomos, más las que se le ocurran en lo que resta de su gobierno.

Según politólogos consultados por el portal Sin Embargo, de la Ciudad de México, “la falta de contrapeso y voluntad política, así como el pacto de impunidad entre actores políticos, dificultará que el priista sea juzgado por los señalamientos de corrupción que lo rodean, a pesar de que (…) el tricolor se distanció de él –más por el costo electoral que le causó, que por los señalamientos en su contra–.”

No terminan por cuajar las iniciativas

La declaración hecha por la dirigente nacional priista Carolina Monroy en el sentido de hacer un deslinde de su partido respecto a la actuación política de Duarte y su intención de blindarse, además de las presiones hechas por el gobernador electo y las manifestaciones de repudio generalizado en el estado y el país, han ralentizado la toma de decisiones en el Congreso.

De entrada, se debió descartar al exprocurador y exalcalde cordobés Francisco Portilla Bonilla como fiscal anticorrupción, porque no reunió los votos para pasar por mayoría calificada, aunque ya el gobernador lo metió en su terna de magistrados para conformar la sala del Tribunal Superior de Justicia especializada en combate a la corrupción, junto a personajes impresentables como la exalcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David (tiene a un hijo como diputado), quien es señalada de daño patrimonial contra el ayuntamiento por hasta 500 millones de pesos, y Alberto Tomasini, quien fungía como Consejero Jurídico y de Derechos Ciudadanos de la oficina del mismísimo Gobernador, donde difícilmente hizo algo por los ciudadanos.

Las iniciativas enfocadas a donar bienes también han tenido serias dificultades y oposiciones. En la sesión de este jueves, de último momento, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Mariela Tovar Lorenzo, solicitó retirar de la orden del día el dictamen que aprobaría la entrega a título gratuito de 10 bienes inmuebles al IPE, como el velódromo, el Museo Interactivo de Xalapa, el Jardín de las Esculturas, el Parque de Doña Falla y varios terrenos.

Esta postergación (entendemos que necesitan juntar los 34 votos que requieren para mayoría calificada) se suma a la decisión de los diputados de retirar de la lista el Word Trade Center de Boca del Río. Ricardo Ahued celebró que los diputados hubieran recuperado la dignidad y hecho prevalecer la cordura al rescatar los bienes. Esta decisión, dijo, es histórica y frena un atentado a la infraestructura y dignidad de Xalapa.

Y es que no solo se pospone la presentación del dictamen respecto a las propiedades que se piensan ceder al IPE, sino también la de la Casa Veracruz. En la sesión de este jueves, manifestantes se hicieron presentes para rechazar la propuesta de ceder a tres órganos autónomos la Casa Veracruz, lo que convertiría a varias colonias aledañas en un verdadero infierno, pues se sumarían más de 100 trabajadores que llegarían en auto y trastocarían la tranquilidad de una zona que no fue pensada para un uso de suelo diferente al habitacional. Pero también estuvieron los floricultores y viveristas que ofrecen sus productos en el Parque Doña Falla, quienes perderían un sitio insustituible para dedicarse a su actividad.

Jardín de las Esculturas, moneda de cambio

La imaginación desbordada del gobernador Javier Duarte y sus asesores no midió las consecuencias de donar al IPE bienes inmuebles que cumplen una función importante para la sociedad, y uno de ellos (emblemático de la ciudad) es el Jardín de las Esculturas, que este mismo jueves empezó a ser defendido por artistas locales mediante una petición en la plataforma Change (change.org) al Secretario de Cultura del gobierno federal, Rafael Tovar y de Teresa, y al Congreso local, para evitar esa agresión al sector cultural de la entidad. En la petición se señala:

“Debido a una enojosa noticia circula en Veracruz sobre que, en días pasados fue turnado a la Cámara de Diputados una solicitud para enajenar, a título gratuito, once inmuebles, propiedad del Gobierno del Estado, en su mayoría espacios ubicados en Xalapa y entre los más emblemáticos: El Jardín de las Esculturas, los artistas e intelectuales de esta ciudad capital y de todo el Estado de Veracruz protestamos enérgicamente por la pretendida enajenación de dicho espacio, para pagar las deudas que el Gobierno de Veracruz sostiene con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) .

“El Jardín de las Esculturas es un espacio museístico como pocos hay en nuestro país, que funciona con programas incluyentes muy  importantes y de gran valor cultural, además de haber conformado una importante colección de esculturas de artistas de todo el mundo, mismas que se encuentran “sembradas” – por así convenir al diseño del mismo –  en los espacios abiertos que conforman el jardín.

“Nos parece inconcebible que se quiera echar mano de un espacio tan importante en nuestra ciudad, mismo que se ha vinculado con artistas de todo el mundo en el desarrollo de sus intensos y productivos programas de trabajo, donde  se  contemplan tanto a los niños como a los adultos, cubriendo en gran medida la amplia gama de expresiones culturales y artísticas de la actualidad.

“Nos sentimos dolidos y ofendidos por lo que consideramos una inmensa falta de respeto a nuestra ciudad y a sus instituciones culturales, por lo que exigimos que se eche atrás esa iniciativa, que afectaría una amplia capa de la población interesada en las artes y la cultura en Veracruz.”

En lo particular, por el cariño y reconocimiento que le tengo a ese espacio, he firmado la petición. No creo que haga nada Tovar y de Teresa, pero que llegue al conocimiento de los diputados locales puede servir para que hagan conciencia de que no se trata solo de pagarle los favores recibidos al gobernador Duarte, sino de realmente representar a la sociedad, que hizo que ellos disfrutaran en los últimos tres años de enormes canonjías.

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Criminalizar el aborto, a cambio de votos

Criminalizar el aborto, a cambio de votos

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Este jueves, las veracruzanas dejaron de ser dueñas de sus cuerpos. Aunque la reforma constitucional propuesta por Javier Duarte no entrará en vigor sino hasta que la próxima Legislatura la debata y la apruebe en su caso, el mensaje del gobierno estatal es que en nada valora los derechos reproductivos de las mujeres.

Así, en tanto la ministra de Sanidad francesa, Marisol Touraine, asegura que a partir del 1 de abril el aborto en Francia será universal y estará cubierto en su totalidad por la Sanidad Pública, en Veracruz se da un paso firme hacia la criminalización de las mujeres que lo practiquen por decisión propia.

Un añadido al artículo 4° de la Constitución local, aprobado por el Congreso del Estado en apenas unos 20 minutos de nula reflexión, someterá a las mujeres a la vigilancia de un Estado que, por otra parte, no ha sido capaz de defender la seguridad y la vida de los veracruzanos que ya nacieron.

Mientras por toda la geografía estatal ocurren homicidios y se descubren fosas clandestinas, en un periodo negro en que no se hacen efectivas las políticas públicas en materia de seguridad pública, el gobernador Javier Duarte de Ochoa quiere preservar –aún contra la voluntad de las mujeres- unas cuantas células que no han cobrado siquiera la mínima personalidad de un cuerpo humano.

Y lo ha hecho con ánimo de congraciarse con la Iglesia católica, aunque el priista parezca profesar la ideología de una derecha casposa y atrabiliaria.

El objetivo, tener a la Iglesia católica a favor del PRI

En vísperas del proceso electoral, y con una Iglesia católica crítica por los hechos de violencia y la grave crisis de las finanzas públicas, Duarte se reunió con los jerarcas católicos de la entidad en diciembre pasado, durante un desayuno en que se fraguó una alianza de intereses en torno a un tema, el aborto, que forma parte de un debate nacional.

El pasado 18 de enero, en efecto, Duarte envió al Congreso su iniciativa de reforma Constitucional para acotar las libertades reproductivas de las veracruzanas; tres días después, y sin enviarla a comisiones para su dictaminación, el pleno del Congreso la aprobó por 39 votos favorables del PRI (incluido la del diputado Ricardo Ahued que había dado su voto en contra y luego se arrepintió) y el PAN.

Solo los diputados Ana María Condado Escamilla y Jesús Alberto Velázquez, del PRD; Cuauhtémoc Pola Estrada del Movimiento Ciudadano y los representantes del PVEM, Jesús Vázquez González y Mónica Robles Barajas (única mujer que argumentó en contra), además de la abstención del priista Ciro Gonzalo Felix Porras, se opusieron a este retroceso legislativo y social.

Robles Barajas dijo en tribuna que la prohibición del aborto no inhibe su práctica y sí genera que se realice en la clandestinidad, con los riesgos inherentes en la salud de quienes se lo practiquen. Además, dijo que se profundizará la inequidad porque afectará principalmente a las mujeres en pobreza y pobreza extrema.

La aprobación fast track por parte de los diputados locales hizo que la frase “Congreso de Veracruz” se convirtiera el mismo jueves en un trending topic en Twitter a nivel nacional.

Un retroceso grave a los derechos de la mujer

Gracias a ello se pretende borrar de tajo el tímido avance logrado en 2009, cuando se estableció que el aborto no es punible si es causado por imprevisión de la embarazada, cuando es resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, cuando la embarazada queda en peligro de muerte si no se le practica o cuando hay evidencia científica de que el producto padece una alteración que pueda generarle trastornos físicos o mentales graves.

Es cierto que el artículo 149 del Código Penal de Veracruz tipifica el aborto como delito. Sin embargo, aunque se considera delincuente a todo aquel que interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas, el artículo 150 señala que “a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.

Esta circunstancia podría variar, añadiendo la privación de libertad, en caso de que la próxima Legislatura ratifique su aprobación y la mayoría de los ayuntamientos den su anuencia a la reforma constitucional, con lo que los próximos legisladores podrían incluir penas más severas para las mujeres que lo practiquen.

Las reacciones a la iniciativa de reforma

Como para borrar todo atisbo de duda sobre el impacto que quería lograr el gobernador Javier Duarte de Ochoa, en víspera de las elecciones para Gobernador del Estado y Congreso local, del 5 de junio próximo, baste conocer la jubilosa recepción por parte de la jerarquía católica.

El mismo jueves, José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, mostró su júbilo por esta determinación legislativa. En nota firmada por la reportera Ángeles González en el portal Al Calor Político, Suazo señala que esta iniciativa “da luz” a Veracruz y da a entender que ello reconforta y da esperanzas a los veracruzanos en un momento en que campea la inseguridad, los robos, secuestros y desapariciones forzadas.

Desde la lógica de este cura, que se restrinjan los derechos reproductivos de la mujer permite, en cambio, que los veracruzanos nos olvidemos del grave clima de inseguridad y de la situación negativa en las finanzas públicas.

Y esa será la tónica en los servicios religiosos de aquí a junio: olvidar los señalamientos críticos al gobierno por su saldo negativo en materia de seguridad.

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