En la SEV se privilegia a duartistas

En la SEV se privilegia a duartistas

El secretario de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, con historial de duro, rostro de malo y alejado de la candidez discursiva, ha resultado una verdadera paradoja: ha despedido sin clemencia a decenas de trabajadores por contrato o compensación de la SEV, sin brindarles la mínima oportunidad de diálogo o negociación, pero se comporta como un tierno minino cuando se trata de enfrentar a ciertos sindicatos. Pongamos como ejemplo, el SUTSEM.

Aquí hemos comentado cómo, con el auspicio de Ricardo Diz Herlindo, dirigente de dicho sindicato y sedicente compadre de Miguel Ángel Yunes Linares, los integrantes de la cuadra mayor del exdirector del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz (Cecytev), Fernando Arteaga Aponte, habían pasado de autoritarios funcionarios a combativos sindicalistas, con lo que la promesa de tirar a la calle con una patada por el trasero a quienes fueron los más fieles soldados de Javier Duarte de Ochoa ha quedado rápidamente en una falsa leyenda.

Y, bueno, solo basta con ver al propio gobernador Yunes abrazándose con los diputados federales que él mismo ha acusado de ser cómplices del robo del siglo a Veracruz, como cuando apapachó justamente al extitular de la SEV y hoy diputado por el distrito de Xalapa Rural, Adolfo Mota Hernández, para saber que todo es una pantomima.

Pues resulta que, pese a contar con todos los elementos para echar abajo una delegación sindical del SUTSEM creada al vapor, el secretario de Educación ha cedido a todos los caprichos de la herencia maldita del Cecytev, poniendo en entredicho a la propia directora (ahora dicen que solo es encargada de la dirección), Yali Sotelo Altúzar.

Este viernes se habrían reunido con ella en su oficina para avanzar en los acuerdos que están poniendo a esa institución bajo el yugo del duartismo y el sindicato. Vea usted los acuerdos que comunica el SUTSEM a sus agremiados, si no me cree:

“1. La Dirección General [del Cecytev] reconoce y se compromete a respetar el derecho de asociación, es decir, respeta y reconoce su afiliación a nuestro sindicato [SUTSEM].

“2. El Secretario de Educación instruyó a la Lic. Yali Sotelo Altúzar para que emita una circular en la cual se instruya al personal Directivo de Planteles y de Dirección General, en el sentido de dar un trato igualitario a los trabajadores sin distingo de su filiación sindical.

“3. La Dirección General se comprometió a que dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros, se cubrirán los sueldos pendientes de pagar a los representantes de la Delegación Sindical (Francisco Camacho, Vigilio Torres y Carlos Molina) [los más cercanos secuaces de Arteaga Aponte], así como aguinaldo y otros conceptos. Y también los pagos pendientes de todos los trabajadores [se les estaba olvidando].

“4, La Dirección General se compromete a respetar los derechos laborales y todas las prestaciones adquiridas, quedando pendiente el análisis y discusión del convenio celebrado entre el SUTSEM y el Colegio, mismo que fue suscrito por el anterior Director General [Fernando Arteaga Aponte].”

Con ello, don Enrique Pérez Rodríguez se ha convertido en un verdadero fiasco: ha golpeado a indefensos empleados de la SEV con los despidos y ha coronado su actuación con un acuerdo oscuro que asegura la permanencia, incluso con comisión sindical con goce de sueldo, de quienes forman parte de una organización política priista, que aprovechó los recursos públicos para su labor.

Allá ellos.

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Duarte y diputados locales, contra el IPE

Duarte y diputados locales, contra el IPE

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Como un peligro real para los veracruzanos, los diputados locales (con mayoría del PRI, el PVEM y demás partidos aliados) se han caracterizado por aprobar sin mayor análisis crítico cualquier iniciativa enviada por el Ejecutivo, aún aquellas que son lesivas para los derechos de la población, cuando no graves retrocesos en la legislación social y política vigente e, incluso, dañinas para la precaria estabilidad de las finanzas públicas, como la aprobación de nuevos empréstitos que nunca sirven para lo que fueron solicitados.

Este lunes, el Congreso del Estado está presto a analizar y, seguramente, aprobar sin mayores contratiempos, la iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado (Ley del IPE), mediante la cual se busca transferir a los patrones (léase Universidad Veracruzana, dependencias estatales y demás órganos autónomos) la actual obligación del gobierno estatal de cubrir el subsidio para saldar todos los pagos por pensiones y jubilaciones.

En su redacción actual, el artículo 98 establece que, “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por el Gobierno del Estado y organismos públicos incorporados a que se refiere el artículo 3°, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”.

La condicional establecida al final del artículo, la de la celebración de convenios específicos, ha impedido que en su lucha por destruir a la más importante institución de educación superior en la entidad, la UV, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, esté imposibilitado legalmente para cobrarle a lo chino cerca de 3 mil millones de pesos del supuesto adeudo de la casa de estudios, y por tanto, deba seguir su curso la denuncia penal interpuesta por la UV por retención de más de 2 mil millones.

Ante ello, Javier Duarte de Ochoa ha propuesto modificar dicho artículo con una redacción a modo: “De darse el caso que los recursos del Instituto no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en la ley, el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones.”

De aprobarse dicha reforma (como seguramente ocurrirá, puesto que el líder cameral Juan Nicolás Callejas Arroyo está ligado con el magisterio federal, que no está sujeto al régimen estatal de pensiones), no solo se pondrá en grave riesgo la existencia del IPE.

Con ello, también se vulnerarán los derechos de miles de trabajadores activos que cotizan y de quienes ya reciben sus pensiones, además de la salud financiera de dependencias como la Secretaría de Educación (SEV), la UV, el Poder Judicial y las dependencias estatales cuyos trabajadores son beneficiarios del sistema estatal de pensiones.

La grave situación financiera en que se ha puesto en los últimos doce años al IPE, cuya reserva técnica ha desaparecido por haber sido utilizada para fines distintos al de asegurar las pensiones de los trabajadores jubilados, ha hecho que el gobernador Javier Duarte de Ochoa proponga transferir la propiedad de inmuebles como los estadios Luis Pirata Fuente y el de beisbol Beto Ávila, además de Acuario de Veracruz, que no servirán para resarcir recursos que se calculan en 5 mil millones de pesos, puesto que el IPE no puede venderlos.

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