Veracruz, un estado sin gobernador

Veracruz, un estado sin gobernador

O Javier Duarte nunca halló a Veracruz, el estado que ha dicho que gobierna desde hace seis años, o los veracruzanos nunca tuvieron a su servicio al gobernador que, gracias a los oficios de Fidel Herrera Beltrán, padeceremos hasta el próximo 30 de noviembre, si otra cosa no sucede.

Este viernes se trasladó a la ciudad de México para presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el gobernador que habrá de sustituirle el 1 de diciembre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Aunque el tema es personalísimo, gracias a la batalla mediática (que no judicial) emprendida contra el enemigo que ha prometido meterlo a la cárcel, se movilizó con recursos públicos y ha divulgado los documentos con que quiere poner a su opositor en el mismo estatuto en que éste lo ha puesto: ladrón de recursos públicos.

Hace tiempo que Duarte no gobierna Veracruz. El estado se cae a pedazos mientras él se encierra con su equipo jurídico y financiero para ver cómo escapa de la acción de los auditores e investigadores judiciales de la Federación por los enormes hoyos financieros creados por su antecesor y profundizados gravemente durante su gobierno.

Para Javier Duarte, Veracruz es él. El tiempo que le pagamos los veracruzanos para que dirija al estado lo ha destinado hace ya mucho tiempo a fraguar maldades en contra de su enemigo político, Miguel Ángel Yunes Linares; a forzar a diputados federales y locales, alcaldes, funcionarios y dirigentes políticos de su partido a mostrarle una endeble solidaridad que están muy lejos de considerar ecuánime y sincera.

Todo parece indicar que una realidad es la que él percibe y muy otra la realidad real que padecemos los jarochos; es el momento en que no encuentra la razón del repudio generalizado hacia su gobierno, principal motivo de la derrota de su partido en los comicios del pasado 5 de junio.

La respuesta dada por él a los reporteros este lunes en la mañana, cuando la misma denuncia la presentó ante la Fiscalía General del Estado,  nos hace suponer que tiene en la mente a un Veracruz distinto al que vivimos los simples mortales. Lo reproduzco porque constituye una verdadera perla:

“Tan solo vea las inversiones que hay, tan solo vea las edificaciones que hay, las construcciones, el crecimiento económico que hoy tiene Veracruz, la calidad de vida que hoy tenemos. Veracruz es otro, en materia de seguridad estamos fuera de la lista negra de los estados más violentos de la República Mexicana; en materia de turismo somos de los estados más visitados.”

Veracruz, sin embargo, se ubica en la cola del crecimiento del PIB estatal, por debajo de Oaxaca. Las principales iniciativas de atracción de capital se centraron en la industria petroquímica que, aparentemente, tendría un auge inusitado con la reforma energética, pero que se vino abajo por la caída de los precios internacionales del petróleo.

En contrapartida, miles de empleos se han perdido por los despidos realizados por Pemex en la zona sur de la entidad, mientras que la zona norte sufre gravemente las distorsiones generadas por la suspensión de enormes inversiones anunciadas por la paraestatal para el proyecto Aceite Terciario del Golfo, lo que ha hundido a todas las empresas, trabajadores y habitantes de Poza Rica.

La principal demanda de los veracruzanos durante las campañas electorales recientes fue la de contar con empleos, lo que quiere decir que no los hay, y eso ha generado un crecimiento anormal de la población en pobreza y pobreza extrema.

Para colmo, el gobierno estatal ha hundido a casi todas las empresas veracruzanas, tanto del sector de la construcción como las del turismo, por enormes deudas sin solventar, lo que ha llevado a la quiebra a varias, mientras que otras han debido subsistir con el mínimo número de trabajadores.

En el caso de la seguridad, las bandas criminales y grupos policiacos han sembrado el terror por todos los rumbos de la entidad, por donde aparecen cadáveres regados de veracruzanos asesinados con extremada crueldad de manera tan frecuente que hemos perdido la capacidad de asombro. Y ya hemos visto cómo su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, ha sido despedido bajo la máscara de una renuncia, para aclarar compras estratosféricas de bienes inmuebles en el estado de Texas.

El presidente Enrique Peña Nieto tendría que gastar diariamente los pésames que prodiga a otras naciones para enviarlos a los veracruzanos, porque en la mayoría de las ocasiones ocurren más homicidios en Veracruz que los que resultan de actos terroristas en países europeos y en los Estados Unidos.

Las cifras enviadas por la Fiscalía General de Justicia al Sistema Nacional de Seguridad Pública parecen cada día más maquilladas. Ya lo hemos señalado en anterior entrega.

Y, efectivamente, pero solo desde el dudoso censo del Fiscal, Veracruz aparece en los lugares 12 y 13 en número de delitos en general, robo y homicidio, pese a que las páginas policiacas de los medios (cada vez más cautas a la hora de publicar algunos casos por estar en riesgo de ser atacados por el crimen organizado) dan cuenta de múltiples asesinatos.

Sin embargo, en el primer semestre del año, Veracruz ha escalado al segundo lugar por mayor incidencia en el delito de secuestro, solo superado por el Estado de México, pero desplazando a Tamaulipas, que hace varios años enseñoreaba la macabra lista, y Tabasco, donde la leyenda de secuestros la había convertido en un infierno en lugar de ser un edén.

¿Estaremos siendo injustos con Javier Duarte de Ochoa o él vive en una realidad virtual porque siempre se la pasa en Casa Veracruz o fuera del estado y el país, lo que le ha impedido durante seis años saber qué sucede en el estado que dice gobernar?

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En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Aunque se ha mantenido fuera de los cuadros de las diez primeras entidades federativas en número de delitos de enero a junio de este año, pareciera que, o las víctimas no están denunciando los delitos ante las autoridades ministeriales, o la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado maquillando sus reportes ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un afán por evadir el señalamiento nacional por los efectos de una violencia que se respira por todos lados.

En medio del escándalo desatado este miércoles por Aristegui Noticias en contra del Secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo Bermúdez Zurita, a quien junto con su esposa identifica como propietarios de varias mansiones en el estado de Texas, a 7 kilómetros del conjunto residencial en que supuestamente el gobernador Javier Duarte de Ochoa cuenta con propiedades inmobiliarias (que él se ha negado a reconocer), la situación de inseguridad en Veracruz parece estar fuera de control.

Este jueves, tras muchas demandas de diversos sectores políticos y sociales, debido al crecimiento de la violencia, Bermúdez Zurita ha presentado su renuncia, derivado de las acusaciones fundadas, publicadas por el portal de Carmen Aristegui. En un escueto boletín emitido por Comunicación Social del Gobierno del Estado, se señala:

“Con la finalidad de esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan ante las instancias correspondientes, el licenciado Arturo Bermúdez Zurita presentó su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Veracruz. Queda como encargado de despacho el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública”.

El mundo feliz de la FGE y la SSP

En número total de delitos, durante el primer semestre de 2016, la cifra alcanza los 20 mil 410, colocando a Veracruz en el lugar 13, detrás del Estado de México (90,544) Ciudad de México (87,387), Guanajuato (53,686), Jalisco (52,647), Baja California (48,508), Puebla (31,133), Chihuahua (29,902), Tabasco (29,312), Coahuila (24,362), Sonora (23,897), Morelos (23,161) y Nuevo León (21,608). En caso de ser ciertos, hay una disminución respecto al mismo periodo de 2015, cuando se totalizaron 23 mil 666 casos.

Si observamos la tendencia en la incidencia delictiva desde el primer semestre de 2011, podemos percibir una mejora, en algunos casos sustancial, en materia de seguridad pública.

Sin embargo, la percepción de violencia contra la información oficial, de medios de comunicación y el propio boca-oreja, permite reconocer que la población en Veracruz está temerosa y espera que la situación pueda realmente mejorar con la asunción del próximo gobierno estatal, porque en este se ha dejado de actuar por la situación política que enfrenta Javier Duarte de Ochoa, los graves hoyos financieros y un evidente abandono de las tareas de seguridad pública y aplicación de la justicia.

En total, hasta el primer semestre de 2016, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se han denunciado 338 mil 771 delitos.

Hago énfasis en que son datos de averiguaciones previas abiertas debido a la denuncia de las víctimas o sus familiares, y no precisamente del número real de delitos cometidos, porque la mayoría de ellos no se denuncia sea por ausencia de oficinas ministeriales cercanas, la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo confirmada por el elevado porcentaje de casos que no son investigados, la impunidad y en no pocos casos la sospecha de complicidad de autoridades con los grupos delictivos.

Cuadro 1: Número de delitos denunciados durante el primer semestre del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Delito 2011 2012 2013 2014 2015 2016
General 36,152 39,412 37,931 23,883 23,666 20,410
Robo 12,907 14,323 13,935 9,119 9,367 7,621
Homicidio 806 959 895 527 454 648
Secuestro 29 54 53 93 48 62
Violación 608 409 327 142 60 46

Si observamos con detenimiento el cuadro anterior, podemos descubrir un extraño abatimiento en el número de delitos denunciados, a partir de 2014. En febrero de ese año, el gobernador Javier Duarte de Ochoa sustituyó en la entonces Procuraduría General de Justicia a Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien meses atrás ya había presentado su renuncia.

En su lugar, nombró al abogado Luis Ángel Bravo Contreras que, el 30 de enero de 2015, gracias a una reforma constitucional, tomó protesta en el Congreso del Estado como nuevo Fiscal General del Estado de Veracruz por un lapso de nueve años (hasta 2023). Prácticamente en automático, la mayoría de los delitos denunciados, reportados al SNSP, disminuyeron drásticamente.

Esto es más claro en el número de delitos en general que, de un año para otro, al menos en la cifra del primer semestre, pasa de 37 mil 931 a 23 mil 883, una disminución de 37 por ciento, mientras que los robos pasan de 13 mil 935 a 9 mil 119, es decir, una caída de casi 35 por ciento.

El caso de homicidios presenta un comportamiento similar: su número pasa de 895 a 527, lo que representa una inusitada baja de más del 41 por ciento. Mientras que en el caso de violaciones denunciadas, cuyo número pasa de 327 a 142, estamos hablando de un hecho inusitado pues se abatió, siempre según los datos de la Fiscalía General del Estado, en más del 56.5 por ciento.

La situación es más sorprendente de 2013 a 2016 (en sus primeros semestre), pues de 327 casos de violación, este año solo se denunciaron 46, ¡una baja del 86 por ciento! que no se explica si nos atenemos a las denuncias presentadas por organizaciones feministas y organismos no gubernamentales que han solicitado que se instaure en la entidad la alerta de género, tanto por el creciente número de feminicidios como de violaciones.

Donde el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras no ha podido ocultar o maquillar las cifras ha sido en el delito de secuestro, donde Veracruz se ha colocado durante el primer semestre de este año en el segundo lugar nacional, apenas superado por el Estado de México, tal vez porque es el que más denuncian los familiares de las víctimas, pese a que se habla de la famosa cifra negra, que implica que solo se denuncia uno de cada diez casos. El número de secuestros se ha mantenido alto, incluso en su primer año como Procurador, cuando creció de 53 a 93 casos, es decir, un alza de 75 por ciento.

Cuadro 2: Estados con mayor incidencia en delito de secuestro durante el primer semestre de 2016, Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Lugar Estado Casos
1 México 134
2 Veracruz 62
3 Tamaulipas 57
4 Guerrero 43
5 Tabasco 33
6 Ciudad de México 23
7 Morelos 17
8 Oaxaca / Puebla 15
9 Zacatecas 12
10 San Luis Potosí 11

Las sospechas sobre el maquillaje de cifras por parte del actual responsable de la investigación de delitos en Veracruz permiten correr un velo de incredibilidad, que proyectan en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa el estigma de la impunidad y la simulación. Si el próximo gobierno no puede hacerlo a un lado, nos esperarían 7 años más de inoperancia judicial.

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Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Todo parece indicar que el gobierno veracruzano ha claudicado ante el crimen (organizado y del orden común) y que los pobladores estamos nuevamente a merced de los delincuentes.

Durante los primeros días del año, los crímenes de alto impacto se han desatado por toda la entidad. Los asesinatos, ajustes de cuenta, robos violentos, extorsiones, levantones y secuestros se han incrementado de tal manera que en todos lados los veracruzanos buscan fórmulas para proteger la vida y el patrimonio, desgraciadamente sin mucho éxito.

Por añadidura, a esa ola de violencia hace tiempo que se han unido elementos de una policía estatal a la que se le han invertido miles de millones de pesos para capacitación, armamento, vehículos y fornituras que, por inoperancia de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy utilizan contra la población inerme, sea en alianza con el crimen organizado u operando como tal sin que nadie les ponga freno.

Y los ejemplos abundan. El reciente reportaje divulgado por Televisa en el programa Punto de Partida, de la periodista Denise Maerker, señala que el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca solo constituye el hecho más divulgado de los cientos que han sucedido en la entidad a manos de la Policía Estatal.

Cientos de familias siguen demandando al Gobierno estatal, a la Fiscalía General del Estado, que se investigue y se localice a tantos veracruzanos levantados en vehículos de la policía estatal, cuyo paradero se desconoce, como si hubieran sido tragados por la tierra.

En el reportaje elaborado por los periodistas Raymundo Pérez Arellano y Marco Tinoco, encargados de la investigación, se habla de otros casos cuyo denominador común es la participación de la Policía Estatal en las desapariciones forzadas desde 2012 en Cardel, Úrsulo Galván (8 policías municipales), Potrero Nuevo, municipio de Atoyac (17 personas), Puerto de Veracruz (8 jóvenes) y Córdoba (1 persona).

Otro denominador común es Marcos Conde Hernández, delegado de la Policía Estatal en Tierra Blanca, quien estuvo en las comandancias policiacas en la mayoría de los sitios en que ocurrieron estas desapariciones. Este elemento era parte de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, desaparecida por el gobernador Javier Duarte por estar vinculada con el crimen organizado. Sin embargo, Marcos Conde posteriormente fue recontratado y tuvo ascensos hasta convertirse en delegado policiaco, justo en los sitios en que sembró el terror y dejó familias sumidas en el dolor y la incertidumbre, como en el reciente caso de Tierra Blanca.

Según datos de organizaciones civiles, el 34 por ciento de los policías estatales no aprobó los exámenes de control y confianza, aunque las autoridades estatales señalen que todos lo presentaron.

En este periodo de terror que se vive en Veracruz, organizaciones ciudadanas han denunciado que en lo que va del gobierno de Javier Duarte se ha hecho caso omiso al crecimiento en la desaparición de mujeres que, según datos comparativos, ha crecido en más de 5000 por ciento, al pasar de 36 a 1,647 mujeres de las que no se sabe nada, sin que se haya podido activar una alerta de género y, en cambio, se haya aprobado al vapor en un Congreso local impúdico una reforma cuya materialización criminalizaría a las mujeres en caso de aborto.

Si nos atenemos a los datos que ofrece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tarea del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ha sido la de esconder lo más posible los casos denunciados, para aparentar que en los últimos dos años (2014 y 2015) las cifras han disminuido, lo que no tiene concordancia con los datos que arrojan tanto las redes sociales como los medios informativos.

En las últimas dos semanas, además del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca por la policía estatal el pasado 11 de enero (que no han sido localizados pese a que ya se detuvo a los culpables), han aparecido fosas clandestinas, cuerpos arrojados a la vera de los caminos, personas asesinadas a plena luz del día en varias partes del estado como Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos; personas desaparecidas y robos violentos.

¿Qué puede cambiar en esta situación? Absolutamente nada, por desgracia. El gobernador Javier Duarte no tiene pensado ni analizado los urgentes cambios que se requieren en la estructura de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que tan cara nos sale y que parece haberse constituido en un amenazante poder fáctico.

Si en materia de prevención del delito no ha tenido éxito, mucho menos en el esclarecimiento de los hechos delictivos, sobre todo ahí donde se tiene documentada la participación de la policía estatal, por cuestiones de encubrimiento.

Los veracruzanos no queremos regresar al 2011, cuando el crimen organizado sembró el terror por todos los rumbos de la entidad, aunque en particular en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

¿Qué puede prometernos un gobierno estatal al que le restan unos 10 meses?

¡Que Dios nos agarre confesados!

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Percepción de violencia crece en Veracruz: estadísticas dicen lo contrario

Percepción de violencia crece en Veracruz: estadísticas dicen lo contrario

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Por su ubicación geográfica, su intrincada orografía y la facilidad con que los grupos criminales se establecen con la complicidad de las autoridades policiacas, Veracruz está sufriendo las consecuencias de un modelo de combate a la delincuencia que se basa más en el amontonamiento de efectivos policiacos que en el uso del trabajo de inteligencia.

Solo ha bastado que los recursos públicos sufran un colapso como el resentido en 2015 para que el modelo empiece a mostrar enormes fisuras y se estén volviendo a percibir, guardadas las proporciones, los niveles de temor e incertidumbre entre la población por el empuje de los grupos del crimen organizado como los vividos en 2011.

Por supuesto que la violencia en 2011 se vivió en una zona, la conurbación Veracruz-Boca del Río, donde la cobertura mediática y el riesgo de colapso en el flujo turístico hicieron reaccionar a las autoridades estatales.

Hoy se vive en zonas más apartadas del centro financiero y turístico de la entidad, marcadamente la región más al norte, Pánuco y municipios colindantes con Tamaulipas y San Luis Potosí; la capital del estado, Xalapa; la zona centro, estableciendo niveles críticos de inseguridad en Córdoba, Orizaba e, incluso, la región montañosa de Zongolica y su extensión a Tierra Blanca; la Cuenca del Papaloapan y la zona de Minatitlán y Coatzacoalcos. No por ello sus efectos dejan de ser demoledores para el desarrollo de la entidad.

Aunque para la imagen del estado en el exterior los efectos más graves se sienten cuando la inseguridad golpea los centros neurálgicos de la entidad, particularmente la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lo que muestran los últimos focos de violencia es un estado sumido en la inseguridad.

Carreteras, caminos rurales, ciudades importantes por su producción agropecuaria están trazando toda una ruta de trasiego de drogas y personas, dibujada por los recientes hechos de violencia, como los de Tierra Blanca, donde la policía de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, ha sido factor para quebrantar aún más la seguridad de una región asolada por el crimen organizado.

Fue necesaria la incursión de la Gendarmería Nacional para lograr, por ejemplo, la captura durante la madrugada del domingo de Francisco Navarrete Serna, considerado jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Blanca, ante la infiltración de la Policía Estatal, señalada no solo de ser omisa ante la banda criminal sino de participar en colusión con ella.

Que estos hechos, la complicidad y coactuación policiaca con el crimen organizado, se puedan dar, es algo generalizado donde no hay un solo mando, cuando impera el modelo de policías municipales manejadas por alcaldes, síndicos o regidores.

Lo imperdonable es que haya surgido entre elementos bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública, aparentemente acreditados y que han pasado por exámenes de confiabilidad. Si no los pasaron, el responsable de los hechos es quien dio la orden de ponerlos en activo para proteger una región, a la que ayudaron más bien a ser dominada por la delincuencia.

Poco a poco, ante la ineficacia policiaca, Veracruz ha sido retomado por diversas bandas criminales. Sin la fuerza mostrada en estados como Tamaulipas, estos grupos han ido recuperando antiguos territorios, han enfrentado a las bandas contrarias y ya muestran fortaleza de sur a norte, estableciendo rutas para sus actividades criminales y cabezas de playa en ciudades importantes donde se están haciendo fuertes con las policías.

¿Ha disminuido la incidencia delictiva?

El gobernador Javier Duarte de Ochoa y sus funcionarios del área de seguridad pública han insistido en que Veracruz ha vivido un proceso de abatimiento de la criminalidad durante sus cinco años de gobierno. ¿Qué tan cierta es esa percepción, cuando los veracruzanos opinan lo contrario?festada en estados como Tamaulipas, estos grupos han recuperando antigos territoriosles. lencia, desde

Los números que muestran los reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común, elaborados por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con base en los reportes enviados por las procuradurías y fiscalías estatales, parecieran darles la razón.

En efecto, durante 2014 y 2015 se han reportado datos más bajos que de 2011 a 2013, considerados los peores años en el tema de seguridad. Tanto en delitos en general como en robos, homicidios y extorsiones, dichas cifras se han visto mermados en términos generales, lo que por desgracia no sucede con el de secuestro.

En 2015, la cifra de secuestros fue superior en más del 50 por ciento a la de 2011 y, si vemos 2014, que ha sido el peor año en este delito, observamos que hubo un incremento de hasta 140 por ciento respecto al primer año de gestión de Javier Duarte.

Cuadro.  Incidencia delictiva del fueron común. Comportamiento durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2011-2015)

Delitos 2011 2012 2013 2014 2015
Total delitos 74,241 77,937 72,154 48,480 45,539
Total robos 26,819 28,247 27,497 18,524 17,841
Robos con violencia 7,305 7,872 8,072 5,239 5,171
Homicidios 1,823 1,921 1,723 1,012 1,048
Homicidios dolosos 890 968 863 487 565
Homicidios culposos 933 953 860 525 483
Extorsión 400 447 461 255 126
Secuestro 60 91 109 144 97

Estos datos no son alentadores para la percepción ciudadana de la seguridad. Si consideramos que solo se denuncia el 10 por ciento de los secuestros, por temor a que la policía esté coludida o a que los grupos criminales actúen con mayor violencia si se invoca a las fuerzas de seguridad, resulta que en 2015 nos acercamos a los mil secuestros en la entidad.

Solo con los datos aportados por las autoridades ministeriales se puede ubicar a Veracruz en el tercer lugar entre los estados con mayor incidencia en el delito de privación ilegal de la libertad durante 2015. En primer lugar aparece Tamaulipas, con 230 secuestros, seguido del Estado de México (163), Veracruz (97), Guerrero (81), Tabasco (78) y Distrito Federal (55).

Un dato terrible: la franja costera del Golfo de México, que incluye los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, muestra la mayor incidencia nacional en secuestro: 405 casos, que representan más del 38 por ciento de los cometidos en el país.

En su participación en la Reunión de Seguridad Sur- Sureste, celebrada en Oaxaca el 19 de enero, Javier Duarte dijo que el promedio nacional de homicidio doloso por cada cien mil habitantes es de 12.85 por ciento, mientras que Veracruz registra un índice de 8.97. Además, la entidad se mantiene por debajo de la media nacional en homicidios vinculados a delincuencia organizada con 3.68; frente a 5.75 por ciento que registra el país.

En términos comparativos, son datos alentadores, sin lugar a dudas, pero con la delincuencia y la inseguridad sucede como con la macroeconomía, se hace más caso a lo que sucede a flor de tierra, aunque los datos generales digan que la inflación ha sido la más baja en décadas. Y el problema mayor se ubica en las ciudades pequeñas, donde debe realizarse un trabajo preciso de inteligencia para atacar de raíz este problema.

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