Un Secretario de Gobierno torpe y mentiroso

Un Secretario de Gobierno torpe y mentiroso

De verdad que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, eligió a los peores elementos para conformar su gabinete. Sobresale Rogelio Franco Castan, Secretario de Gobierno, quien en su comparecencia ante el Congreso dio cátedra de cómo mentir y ser descubierto en el intento.

No solo la investigadora universitaria Estela Casados González refutó su dicho de que ella había colaborado con la dependencia en el tema de violencia contra las mujeres, sino que el exdirigente estatal del PRD se prodigó en estupideces al hablar de seguridad pública.

Dijo que las cifras sobre delitos la emite la “Comisión” (no Sistema) Nacional de Seguridad Pública (que las publica con base en la información que mandan los gobiernos estatales a través de sus procuradurías y fiscalías) y ellas dicen que Veracruz está avanzando en materia de seguridad. “Antes no veíamos columnas, no veíamos periódicos, no veíamos primeras planas hablando de la seguridad de los veracruzanos. Hoy se habla todos los días y estamos trabajando para ello, se implementan programas, se están adquiriendo equipos, tecnologías”.

En primera, las cifras del Sistema (que no Comisión) Nacional de Seguridad Pública (SNSP) hablan de que cada día estamos peor en materia de seguridad, sobre todo en delitos de alto impacto como el homicidio doloso y el secuestro, y en segunda, me consta que hace varios años, desde los medios de comunicación (y puedo remitirlo a mis columnas Hora Libre), se ha hecho una observación crítica sobre los crecientes índices de incidencia delictiva del orden común.

Lo que pasa es que el lúdico secretario nunca ha leído; uno pensaría que su carrera de Derecho la hizo sin leer, pero es mucho pedirle que lea libros. Ahora descubrimos que tampoco ha leído periódicos ni portales informativos. Y él debiera ser el más informado del gabinete. Imagine a los demás secretarios. No olvidemos que su puesto es el pago de Yunes a los votos aportados por el PRD y que hicieron la diferencia para que ganara la gubernatura.

 

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Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

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¿Por qué tardó tanto el gobierno federal?

¿Por qué tardó tanto el gobierno federal?

Si el apoyo federal a Veracruz en materia de seguridad pública estaba condicionado a la salida de Javier Duarte de Ochoa, ¿por qué se tardaron tanto para obligarlo a que solicitara licencia al cargo? ¿Por qué a 45 días de que termine la gestión priista, con gobernador interino a bordo, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han decidido que es hora de intervenir en Veracruz?

Durante los más de cuatro años que lleva la actual administración federal, salvo cumplir con dejar a la Policía Naval en el puerto jarocho (que incursionó ahí por órdenes de Felipe Calderón), el régimen de Peña Nieto dejó a los veracruzanos en franca vulnerabilidad ante el crimen organizado y la delincuencia común por meros cálculos políticos, para no dejar mal al cómplice, al paladín del nuevo priismo, aun a costa de miles de víctimas inocentes.

Este lunes, por fin, acompañado del gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, Osorio Chong se presentó en Coatzacoalcos para anunciar que en Veracruz, contra lo que pidieron los senadores Fernando y Héctor Yunes (que insistían en la presencia de la Gendarmería Nacional), será la Secretaría de Marina-Armada de México la que encabezará las acciones de combate a la delincuencia.

La pregunta que se hicieron en Coatzacoalcos y, luego, en todo Veracruz es ¿por qué para el titular de la Segob el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad es cosa de coyuntura, un descuido motivado por la transición, cuando la hemos padecido por oleadas durante los seis años en que sufrimos la macabra broma de ser gobernados por un sociópata como Javier Duarte?

Acaso ha sido un eufemismo, o un recurso para escapar a una responsabilidad que no ha sabido afrontar el gobierno al que representa. La demanda de intervención federal tiene muchos meses; es posible que varios actores políticos la hayan hecho más ruidosa por el periodo electoral que tuvo su culmen el 5 de junio pasado, pero los datos obraban en poder del gobierno federal, y eran sumamente preocupantes.

¿No quisieron atender los llamados de legisladores, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales y alcaldes, que imploraban la intervención de las fuerzas federales, para evitar que se identificara en el gobierno estatal priista una peligrosa incapacidad para atender este tema y, con ello, generar la derrota electoral del PRI que finalmente sobrevino?

¿Se dejaron convencer por un gobernador como el que pidió licencia la semana pasada, quien siempre decía que podía combatir solo a los delincuentes y que, incluso, fue cerrando la llave de la Sefiplan a los recursos acordados para mantener a la Marina en calles y caminos de Veracruz?

Por otra parte, aunque Miguel Ángel Osorio Chong señaló que la intensificación de la incidencia delictiva fue motivada por espacios para la delincuencia generados por el cambio de administración pública estatal, quienes hemos vivido en este estado podríamos parafrasearlo señalando que sí, que esos espacios se han dado por el cambio de administración, pero la que fue de Fidel Herrera a Javier Duarte de Ochoa.

No cumplieron los gobiernos locales

chong-flavino-2El hidalguense dijo muchas cosas entre líneas. Por ejemplo, que el gobierno estatal no había cumplido con su responsabilidad y tampoco lo habían hecho los ayuntamientos, esto último posiblemente para responderle al alcalde local Joaquín Caballero Rosiñol, quien ha estado muy intenso en la vocería de los municipios sureños en medios estatales y nacionales sobre el tema de la seguridad.

“Cada quien tiene que hacer su parte. Nosotros no hemos dejado de hacerlo, pero físicamente se requiere ver la acción que tienen que asumir los estados para que la coordinación surja y dé buenos resultados y tiene que haber condiciones políticas”, dijo Osorio Chong, y añadió:

“Esto no puede sostenerse, tienen que hacer su esfuerzo, tienen que cumplir con su obligación los municipios y tienen que cumplir con su obligación los Estados. Estamos trabajando con los estados, que sepan que seguiremos dándole el respaldo y el apoyo, pero tenemos que ver un esfuerzo en reformas y en conformación de policías”.

También envió un mensaje que involucra tanto al gobierno que fenece (encabezado ahora por Flavino) como al que viene (aunque muchos dicen que Yunes Linares no llegará por un supuesto acuerdo entre Osorio Chong y el escapado Javier Duarte), para que olviden los conflictos y se centren en lo importante:

“Hemos estado haciendo un llamado a la cordura, a entender que ya pasó el proceso electoral, a entender que si alguien tiene que ver con algún tema del ejercicio personal de la administración pública pues que lo enfrente ante la autoridad respectiva, pero que la ciudadanía no puede estar en este enfrentamiento de discurso, de posiciones que no ayudan a construir”.

Como quiera que, finalmente, se logró el aterrizaje de la acción federal, es de esperar que la acción concertada y abierta contra el crimen organizado surta pronto sus efectos en Veracruz y, en particular, en la zona sur. Y habrá que ver si esta colaboración se mantiene a partir del 1 de diciembre en que comienza el bienio que gobernará la alianza PAN-PRD, como Miguel Ángel Yunes Linares a la cabeza.

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