Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | www.alvarobelin.com | Twitter:  AlvaroBelinA | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram |

Anuncios

En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

En Veracruz, la violencia se maquilla; cae Bermúdez

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Aunque se ha mantenido fuera de los cuadros de las diez primeras entidades federativas en número de delitos de enero a junio de este año, pareciera que, o las víctimas no están denunciando los delitos ante las autoridades ministeriales, o la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado maquillando sus reportes ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un afán por evadir el señalamiento nacional por los efectos de una violencia que se respira por todos lados.

En medio del escándalo desatado este miércoles por Aristegui Noticias en contra del Secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo Bermúdez Zurita, a quien junto con su esposa identifica como propietarios de varias mansiones en el estado de Texas, a 7 kilómetros del conjunto residencial en que supuestamente el gobernador Javier Duarte de Ochoa cuenta con propiedades inmobiliarias (que él se ha negado a reconocer), la situación de inseguridad en Veracruz parece estar fuera de control.

Este jueves, tras muchas demandas de diversos sectores políticos y sociales, debido al crecimiento de la violencia, Bermúdez Zurita ha presentado su renuncia, derivado de las acusaciones fundadas, publicadas por el portal de Carmen Aristegui. En un escueto boletín emitido por Comunicación Social del Gobierno del Estado, se señala:

“Con la finalidad de esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan ante las instancias correspondientes, el licenciado Arturo Bermúdez Zurita presentó su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Veracruz. Queda como encargado de despacho el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública”.

El mundo feliz de la FGE y la SSP

En número total de delitos, durante el primer semestre de 2016, la cifra alcanza los 20 mil 410, colocando a Veracruz en el lugar 13, detrás del Estado de México (90,544) Ciudad de México (87,387), Guanajuato (53,686), Jalisco (52,647), Baja California (48,508), Puebla (31,133), Chihuahua (29,902), Tabasco (29,312), Coahuila (24,362), Sonora (23,897), Morelos (23,161) y Nuevo León (21,608). En caso de ser ciertos, hay una disminución respecto al mismo periodo de 2015, cuando se totalizaron 23 mil 666 casos.

Si observamos la tendencia en la incidencia delictiva desde el primer semestre de 2011, podemos percibir una mejora, en algunos casos sustancial, en materia de seguridad pública.

Sin embargo, la percepción de violencia contra la información oficial, de medios de comunicación y el propio boca-oreja, permite reconocer que la población en Veracruz está temerosa y espera que la situación pueda realmente mejorar con la asunción del próximo gobierno estatal, porque en este se ha dejado de actuar por la situación política que enfrenta Javier Duarte de Ochoa, los graves hoyos financieros y un evidente abandono de las tareas de seguridad pública y aplicación de la justicia.

En total, hasta el primer semestre de 2016, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se han denunciado 338 mil 771 delitos.

Hago énfasis en que son datos de averiguaciones previas abiertas debido a la denuncia de las víctimas o sus familiares, y no precisamente del número real de delitos cometidos, porque la mayoría de ellos no se denuncia sea por ausencia de oficinas ministeriales cercanas, la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo confirmada por el elevado porcentaje de casos que no son investigados, la impunidad y en no pocos casos la sospecha de complicidad de autoridades con los grupos delictivos.

Cuadro 1: Número de delitos denunciados durante el primer semestre del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Delito 2011 2012 2013 2014 2015 2016
General 36,152 39,412 37,931 23,883 23,666 20,410
Robo 12,907 14,323 13,935 9,119 9,367 7,621
Homicidio 806 959 895 527 454 648
Secuestro 29 54 53 93 48 62
Violación 608 409 327 142 60 46

Si observamos con detenimiento el cuadro anterior, podemos descubrir un extraño abatimiento en el número de delitos denunciados, a partir de 2014. En febrero de ese año, el gobernador Javier Duarte de Ochoa sustituyó en la entonces Procuraduría General de Justicia a Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien meses atrás ya había presentado su renuncia.

En su lugar, nombró al abogado Luis Ángel Bravo Contreras que, el 30 de enero de 2015, gracias a una reforma constitucional, tomó protesta en el Congreso del Estado como nuevo Fiscal General del Estado de Veracruz por un lapso de nueve años (hasta 2023). Prácticamente en automático, la mayoría de los delitos denunciados, reportados al SNSP, disminuyeron drásticamente.

Esto es más claro en el número de delitos en general que, de un año para otro, al menos en la cifra del primer semestre, pasa de 37 mil 931 a 23 mil 883, una disminución de 37 por ciento, mientras que los robos pasan de 13 mil 935 a 9 mil 119, es decir, una caída de casi 35 por ciento.

El caso de homicidios presenta un comportamiento similar: su número pasa de 895 a 527, lo que representa una inusitada baja de más del 41 por ciento. Mientras que en el caso de violaciones denunciadas, cuyo número pasa de 327 a 142, estamos hablando de un hecho inusitado pues se abatió, siempre según los datos de la Fiscalía General del Estado, en más del 56.5 por ciento.

La situación es más sorprendente de 2013 a 2016 (en sus primeros semestre), pues de 327 casos de violación, este año solo se denunciaron 46, ¡una baja del 86 por ciento! que no se explica si nos atenemos a las denuncias presentadas por organizaciones feministas y organismos no gubernamentales que han solicitado que se instaure en la entidad la alerta de género, tanto por el creciente número de feminicidios como de violaciones.

Donde el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras no ha podido ocultar o maquillar las cifras ha sido en el delito de secuestro, donde Veracruz se ha colocado durante el primer semestre de este año en el segundo lugar nacional, apenas superado por el Estado de México, tal vez porque es el que más denuncian los familiares de las víctimas, pese a que se habla de la famosa cifra negra, que implica que solo se denuncia uno de cada diez casos. El número de secuestros se ha mantenido alto, incluso en su primer año como Procurador, cuando creció de 53 a 93 casos, es decir, un alza de 75 por ciento.

Cuadro 2: Estados con mayor incidencia en delito de secuestro durante el primer semestre de 2016, Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Lugar Estado Casos
1 México 134
2 Veracruz 62
3 Tamaulipas 57
4 Guerrero 43
5 Tabasco 33
6 Ciudad de México 23
7 Morelos 17
8 Oaxaca / Puebla 15
9 Zacatecas 12
10 San Luis Potosí 11

Las sospechas sobre el maquillaje de cifras por parte del actual responsable de la investigación de delitos en Veracruz permiten correr un velo de incredibilidad, que proyectan en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa el estigma de la impunidad y la simulación. Si el próximo gobierno no puede hacerlo a un lado, nos esperarían 7 años más de inoperancia judicial.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | Twitter | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram | Formato Siete

 

 

Veracruz no detiene homicidio ni secuestro

Veracruz no detiene homicidio ni secuestro

Aunque en el primer trimestre de este año, Veracruz ha experimentado una destacada mejoría en el número de delitos en general y en las diversas modalidades del robo, la situación en los delitos de más impacto, como homicidio y secuestro, muestra una preocupante tendencia a la alza, que se ha recrudecido en el mes de marzo de este año.

CUADRO 1. Incidencia delictiva en Veracruz durante los tres primeros meses de 2016.    Comparativo con el primer trimestre de 2015.

Delito Enero Febrero Marzo Primer Trimes-tre 2016 Primer Trimes-tre 2015
Total Delitos 2,770 3,029 3,558 9,357 11,041
Robos 1,055 1,144 1,419 3,618 4,654
Robo común 1,022 1,097 1,385 3,504 4,511
Robo común con violencia (RC-CV) 283 283 426 992 1,305
RC-CV a Casa-Habitación 18 14 28 60 129
RC-CV a Negocio 49 45 83 177 249
RC-CV de Vehículos 91 105 130 326 327
RC-CV a Transeúntes 55 58 75 188 232
Robo común sin violencia (RC-SV) 739 814 959 2,512 3,206
RC-SV a Casa Habitación 111 117 121 349 578
RC-SV a Negocio 82 84 105 271 317
RC-SV de Vehículos 356 456 470 1,282 1,258
RC-SV a Transeúntes 22 23 22 67 114
Total Homicidios 111 98 101 310 234
Homicidios Dolosos 80 52 60 192 108
Homicidios Culposos 31 46 41 118 126
Secuestro 10 9 12 31 22
Fuente: Incidencia Delictiva del Fuero Común 2015 / 2016. Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En efecto, aunque del primer trimestre de 2015 al primero de 2016 se ha logrado que el número de delitos en general disminuya en más del 15 por ciento y que, en el caso del robo en general y del robo común, dicha baja sea de 22 y el 21 por ciento, respectivamente, Veracruz no logra abatir los delitos que más han afectado la percepción de violencia entre los habitantes, particularmente el de secuestro.

En homicidios en general, Veracruz ha pasado, en el mismo periodo, de 234 a 310 casos, es decir, un incremento del 32 por ciento; esta circunstancia se expresa dramáticamente en el incremento en el número de los homicidios dolosos, cuyo número pasó de 108 a 192, que representado un alza de más de 22 por ciento, mientras que en los culposos se vio una disminución del 6 por ciento.

En el caso del secuestro la situación es preocupante. En comparación con el primer trimestre de 2015, en lo que va del año se ha visto un incremento de casi el 41 por ciento, al pasar de 22 a 31 casos. Si a ello agregamos que, según cálculos de las autoridades federales de seguridad y organizaciones civiles, solo se denuncia el 10 por ciento de los casos, estamos hablando de que en tres meses han ocurrido más de 300 secuestros, lo que indica un promedio de 100 privaciones ilegales de la libertad por mes.

La situación en 2016 se observa difícil. De enero a marzo el índice delictivo ha escalado de manera inquietante. Mientras la atención de los veracruzanos se dispersa entre siete diferentes campañas electorales de igual número de candidatos al Gobierno de Veracruz y en la tragedia de los trabajadores de la empresa Mexichem en el Complejo Petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, la violencia está creciendo en los primeros tres meses de este año.

De enero a marzo, el total de delitos ha crecido en 28 por ciento, los robos en general, en 31 por ciento; el robo común, en 35 %; el robo común con violencia, en más del 50 por ciento; el robo común con violencia a casas-habitación, en 55 %; el robo común con violencia a negocios, ¡en más del 69 por ciento!; el robo de vehículos con violencia, en 42 %; el robo con violencia a transeúntes, en 36 por ciento, y el robo común sin violencia creció en casi 30 por ciento.

 CUADRO 2. Ubicación de Veracruz en el plano nacional según número de casos en los delitos de homicidio y secuestro. Enero-Marzo de 2016.

HOMICIDIO

SECUESTRO

1 Guerrero 699 1 Estado de México 60
2 Estado de México 678 2 Tamaulipas 33
3 Guanajuato 607 3 Veracruz 31
4 Michoacán 499 4 Guerrero 21
5 Jalisco 483 5 Tabasco 17
6 Sinaloa 413 6 Ciudad de México 10
7 Ciudad de México 387 7 Oaxaca 8
8 Oaxaca 369 8 Morelos y Puebla 7
9 Chiapas 355 9 Baja California 6
10 Baja California 335 10 Coahuila, Michoacán y Zacatecas 5
11 Veracruz 310 11 Jalisco y SLP 4
Fuente: Incidencia Delictiva del Fuero Común 2016. Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Veracruz se ha mantenido en los tres primeros lugares en el número de casos de secuestro. Aunque en homicidios está colocado en el lugar número 11, este año se ha colocado en el tercer lugar nacional en el número de secuestros, con 31 casos en los primeros tres meses, solo superado por el Estado de México (60 casos) y Tamaulipas (33). Con 31 casos de enero a marzo, en Veracruz se ha cometido más del 12 por ciento de los 246 secuestros registrados a nivel nacional, y casi el 4 por ciento de los homicidios del país, considerando que en tierras jarochas se han registrado 310 de los 8 mil 089 homicidios totales.

Todo ello indica que se ha empezado a relajar el tema de la seguridad pública en el estado, una situación que de por sí ha sido preocupante en lo que va del presente sexenio.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | Twitter | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram | Formato Sie7e

Percepción de violencia crece en Veracruz: estadísticas dicen lo contrario

Percepción de violencia crece en Veracruz: estadísticas dicen lo contrario

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Por su ubicación geográfica, su intrincada orografía y la facilidad con que los grupos criminales se establecen con la complicidad de las autoridades policiacas, Veracruz está sufriendo las consecuencias de un modelo de combate a la delincuencia que se basa más en el amontonamiento de efectivos policiacos que en el uso del trabajo de inteligencia.

Solo ha bastado que los recursos públicos sufran un colapso como el resentido en 2015 para que el modelo empiece a mostrar enormes fisuras y se estén volviendo a percibir, guardadas las proporciones, los niveles de temor e incertidumbre entre la población por el empuje de los grupos del crimen organizado como los vividos en 2011.

Por supuesto que la violencia en 2011 se vivió en una zona, la conurbación Veracruz-Boca del Río, donde la cobertura mediática y el riesgo de colapso en el flujo turístico hicieron reaccionar a las autoridades estatales.

Hoy se vive en zonas más apartadas del centro financiero y turístico de la entidad, marcadamente la región más al norte, Pánuco y municipios colindantes con Tamaulipas y San Luis Potosí; la capital del estado, Xalapa; la zona centro, estableciendo niveles críticos de inseguridad en Córdoba, Orizaba e, incluso, la región montañosa de Zongolica y su extensión a Tierra Blanca; la Cuenca del Papaloapan y la zona de Minatitlán y Coatzacoalcos. No por ello sus efectos dejan de ser demoledores para el desarrollo de la entidad.

Aunque para la imagen del estado en el exterior los efectos más graves se sienten cuando la inseguridad golpea los centros neurálgicos de la entidad, particularmente la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lo que muestran los últimos focos de violencia es un estado sumido en la inseguridad.

Carreteras, caminos rurales, ciudades importantes por su producción agropecuaria están trazando toda una ruta de trasiego de drogas y personas, dibujada por los recientes hechos de violencia, como los de Tierra Blanca, donde la policía de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, ha sido factor para quebrantar aún más la seguridad de una región asolada por el crimen organizado.

Fue necesaria la incursión de la Gendarmería Nacional para lograr, por ejemplo, la captura durante la madrugada del domingo de Francisco Navarrete Serna, considerado jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Blanca, ante la infiltración de la Policía Estatal, señalada no solo de ser omisa ante la banda criminal sino de participar en colusión con ella.

Que estos hechos, la complicidad y coactuación policiaca con el crimen organizado, se puedan dar, es algo generalizado donde no hay un solo mando, cuando impera el modelo de policías municipales manejadas por alcaldes, síndicos o regidores.

Lo imperdonable es que haya surgido entre elementos bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública, aparentemente acreditados y que han pasado por exámenes de confiabilidad. Si no los pasaron, el responsable de los hechos es quien dio la orden de ponerlos en activo para proteger una región, a la que ayudaron más bien a ser dominada por la delincuencia.

Poco a poco, ante la ineficacia policiaca, Veracruz ha sido retomado por diversas bandas criminales. Sin la fuerza mostrada en estados como Tamaulipas, estos grupos han ido recuperando antiguos territorios, han enfrentado a las bandas contrarias y ya muestran fortaleza de sur a norte, estableciendo rutas para sus actividades criminales y cabezas de playa en ciudades importantes donde se están haciendo fuertes con las policías.

¿Ha disminuido la incidencia delictiva?

El gobernador Javier Duarte de Ochoa y sus funcionarios del área de seguridad pública han insistido en que Veracruz ha vivido un proceso de abatimiento de la criminalidad durante sus cinco años de gobierno. ¿Qué tan cierta es esa percepción, cuando los veracruzanos opinan lo contrario?festada en estados como Tamaulipas, estos grupos han recuperando antigos territoriosles. lencia, desde

Los números que muestran los reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común, elaborados por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con base en los reportes enviados por las procuradurías y fiscalías estatales, parecieran darles la razón.

En efecto, durante 2014 y 2015 se han reportado datos más bajos que de 2011 a 2013, considerados los peores años en el tema de seguridad. Tanto en delitos en general como en robos, homicidios y extorsiones, dichas cifras se han visto mermados en términos generales, lo que por desgracia no sucede con el de secuestro.

En 2015, la cifra de secuestros fue superior en más del 50 por ciento a la de 2011 y, si vemos 2014, que ha sido el peor año en este delito, observamos que hubo un incremento de hasta 140 por ciento respecto al primer año de gestión de Javier Duarte.

Cuadro.  Incidencia delictiva del fueron común. Comportamiento durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2011-2015)

Delitos 2011 2012 2013 2014 2015
Total delitos 74,241 77,937 72,154 48,480 45,539
Total robos 26,819 28,247 27,497 18,524 17,841
Robos con violencia 7,305 7,872 8,072 5,239 5,171
Homicidios 1,823 1,921 1,723 1,012 1,048
Homicidios dolosos 890 968 863 487 565
Homicidios culposos 933 953 860 525 483
Extorsión 400 447 461 255 126
Secuestro 60 91 109 144 97

Estos datos no son alentadores para la percepción ciudadana de la seguridad. Si consideramos que solo se denuncia el 10 por ciento de los secuestros, por temor a que la policía esté coludida o a que los grupos criminales actúen con mayor violencia si se invoca a las fuerzas de seguridad, resulta que en 2015 nos acercamos a los mil secuestros en la entidad.

Solo con los datos aportados por las autoridades ministeriales se puede ubicar a Veracruz en el tercer lugar entre los estados con mayor incidencia en el delito de privación ilegal de la libertad durante 2015. En primer lugar aparece Tamaulipas, con 230 secuestros, seguido del Estado de México (163), Veracruz (97), Guerrero (81), Tabasco (78) y Distrito Federal (55).

Un dato terrible: la franja costera del Golfo de México, que incluye los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, muestra la mayor incidencia nacional en secuestro: 405 casos, que representan más del 38 por ciento de los cometidos en el país.

En su participación en la Reunión de Seguridad Sur- Sureste, celebrada en Oaxaca el 19 de enero, Javier Duarte dijo que el promedio nacional de homicidio doloso por cada cien mil habitantes es de 12.85 por ciento, mientras que Veracruz registra un índice de 8.97. Además, la entidad se mantiene por debajo de la media nacional en homicidios vinculados a delincuencia organizada con 3.68; frente a 5.75 por ciento que registra el país.

En términos comparativos, son datos alentadores, sin lugar a dudas, pero con la delincuencia y la inseguridad sucede como con la macroeconomía, se hace más caso a lo que sucede a flor de tierra, aunque los datos generales digan que la inflación ha sido la más baja en décadas. Y el problema mayor se ubica en las ciudades pequeñas, donde debe realizarse un trabajo preciso de inteligencia para atacar de raíz este problema.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | Twitter: @AlvaroBelinA | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram | Formato Siete