Duarte y diputados locales, contra el IPE

Duarte y diputados locales, contra el IPE

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Como un peligro real para los veracruzanos, los diputados locales (con mayoría del PRI, el PVEM y demás partidos aliados) se han caracterizado por aprobar sin mayor análisis crítico cualquier iniciativa enviada por el Ejecutivo, aún aquellas que son lesivas para los derechos de la población, cuando no graves retrocesos en la legislación social y política vigente e, incluso, dañinas para la precaria estabilidad de las finanzas públicas, como la aprobación de nuevos empréstitos que nunca sirven para lo que fueron solicitados.

Este lunes, el Congreso del Estado está presto a analizar y, seguramente, aprobar sin mayores contratiempos, la iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado (Ley del IPE), mediante la cual se busca transferir a los patrones (léase Universidad Veracruzana, dependencias estatales y demás órganos autónomos) la actual obligación del gobierno estatal de cubrir el subsidio para saldar todos los pagos por pensiones y jubilaciones.

En su redacción actual, el artículo 98 establece que, “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por el Gobierno del Estado y organismos públicos incorporados a que se refiere el artículo 3°, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”.

La condicional establecida al final del artículo, la de la celebración de convenios específicos, ha impedido que en su lucha por destruir a la más importante institución de educación superior en la entidad, la UV, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, esté imposibilitado legalmente para cobrarle a lo chino cerca de 3 mil millones de pesos del supuesto adeudo de la casa de estudios, y por tanto, deba seguir su curso la denuncia penal interpuesta por la UV por retención de más de 2 mil millones.

Ante ello, Javier Duarte de Ochoa ha propuesto modificar dicho artículo con una redacción a modo: “De darse el caso que los recursos del Instituto no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en la ley, el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones.”

De aprobarse dicha reforma (como seguramente ocurrirá, puesto que el líder cameral Juan Nicolás Callejas Arroyo está ligado con el magisterio federal, que no está sujeto al régimen estatal de pensiones), no solo se pondrá en grave riesgo la existencia del IPE.

Con ello, también se vulnerarán los derechos de miles de trabajadores activos que cotizan y de quienes ya reciben sus pensiones, además de la salud financiera de dependencias como la Secretaría de Educación (SEV), la UV, el Poder Judicial y las dependencias estatales cuyos trabajadores son beneficiarios del sistema estatal de pensiones.

La grave situación financiera en que se ha puesto en los últimos doce años al IPE, cuya reserva técnica ha desaparecido por haber sido utilizada para fines distintos al de asegurar las pensiones de los trabajadores jubilados, ha hecho que el gobernador Javier Duarte de Ochoa proponga transferir la propiedad de inmuebles como los estadios Luis Pirata Fuente y el de beisbol Beto Ávila, además de Acuario de Veracruz, que no servirán para resarcir recursos que se calculan en 5 mil millones de pesos, puesto que el IPE no puede venderlos.

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¿Apoyo a la UV u oportunismo electoral?

¿Apoyo a la UV u oportunismo electoral?

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Ya lo dijo con claridad el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Veracruz Armando Méndez de la Luz, al iniciar su precampaña: que no acudiría a la PGR ni a la Fiscalía estatal para exigir se proceda contra quienes se robaron los recursos de la Universidad Veracruzana, como lo propuso Miguel Ángel Yunes Linares en Poza Rica este domingo, porque caería en un acto de oportunismo político.

Aunque la UV seguramente agradece la solidaridad que han mostrado todos los más fuertes precandidatos al Gobierno de Veracruz, lo cierto es que ir más allá de la exigencia de que la Sefiplan entregue los más de 2 mil millones de pesos que le adeuda (de subsidios federal y estatal), significa aprovechar electoralmente el tema: en el fondo, lo más importante para Yunes Linares sería obtener simpatía electoral y no tanto que se resuelva el diferendo financiero.

Además del precandidato de la coalición PAN-PRD, también han manifestado su solidaridad con la máxima casa de estudios el precandidato del PRI Héctor Yunes Landa, quien se pronunció porque el gobierno del estado entregue los recursos a que está obligado legal y moralmente; y Cuitláhuac García Jiménez, docente universitario y precandidato de Morena, quien acusó al gobernador Javier Duarte de “acuchillar por la espalda a la Universidad Veracruzana”.

¿Solo buscó apoyar a la UV?

Pero Miguel Ángel Yunes quiso ir más allá de la solidaridad pública con la que ha sido el alma máter de los cuatro principales aspirantes a suceder a Duarte; al iniciar su precampaña en el norte de la entidad, anunció que había invitado a los demás precandidatos (Héctor, Cuitláhuac y Armando) a secundarlo en su petición no solo de exigir la entrega de los recursos adeudados a la UV sino de solicitar juicio penal contra el gobernador Javier Duarte por desvío de los recursos.

La propuesta, por supuesto, estaba destinada al fracaso: el PRI y su candidato han externado su petición de que se cumpla con la UV pero no iría contra el gobernador salido de sus filas en un periodo electoral; Cuitláhuac García y Morena, por su parte, han pintado su raya frente al expriista e incluso han condenado la alianza del PRD para llevar como candidato a quien ha reprimido a la izquierda y los grupos sociales, y Armando Méndez de la Luz, del Movimiento Ciudadano, tienen cuentas pendientes con el oriundo de Soledad de Doblado.

Para comprender la imposibilidad de un trato entre el Movimiento Ciudadano y Miguel Ángel Yunes, habría que recordar que el fundador de ese partido, el exgobernador Dante Delgado Rannauro, fue encarcelado en 1996 durante el gobierno de Patricio Chirinos, y quien fue operador de las acciones penales en su contra fue justamente Yunes Linares.

Por cierto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ha dado la razón a Dante Delgado en su litigio contra la Secretaría de la Función Pública (SFP), que mantuvo en su portal de Internet durante cinco años, la publicación de dos “inhabilitaciones” que el político veracruzano impugnó y consiguió echar abajo mediante evidencias y argumentos suficientes para acreditar su improcedencia.

Pero, además, Armando Méndez de la Luz señaló este lunes algo que puede escucharse más lógico: “habría  que preguntar a los miembros del Consejo Universitario si están de acuerdo que los precandidatos y dirigentes de partido intervengan en la vida interna de la Universidad Veracruzana. Lo hago así porque no quiero que en lo personal se interprete como un acto de oportunismo preelectoral”.

Ello no le imposibilitó para mostrar su solidaridad con la casa de estudios: “Ya basta de seguirle mendigando los recursos y el subsidio a la Universidad Veracruzana. No se trata de una concesión gratuita; el subsidio a la Universidad es un mandato constitucional y es dinero fiscal del pueblo, no es una prebenda o una concesión que otorgue el gobierno”.

Héctor Yunes gestiona para bien de la UV

Aunque ya hemos visto que algunos han querido usar a la Universidad Veracruzana (UV) como bandera política, hay otros que sí tienen la camiseta bien puesta como orgullosos egresados de dicha institución. Tal es el caso de Héctor Yunes Landa, actual precandidato del PRI a la gubernatura estatal.

Luego del reclamo de la Rectoría para que se les pague el millonario adeudo, Yunes Landa no salió a rasgarse las vestiduras para atraer el reflector, sino por el contrario, comenzó a tocar puertas para darle, de una buena vez por todas, solución a este problema que afecta a miles de jóvenes veracruzanos.

Héctor Yunes no lo ha querido hacer público, para que no lo tachen de oportunista, sin embargo, la defensa de su alma mater no es nada más de dientes para afuera, en un discurso o boletín, sino con acciones concretas que ayuden a la comunidad universitaria. Esperemos que sus gestiones rindan frutos lo más pronto posible.

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¿Acabará Duarte con la Universidad Veracruzana?

¿Acabará Duarte con la Universidad Veracruzana?

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] No parece que le vaya a dar tiempo de acabar con la Universidad Veracruzana pero, en los meses que le restan como Gobernador del Estado, Javier Duarte causará mucho daño a la principal institución de educación superior en la entidad, un daño que puede ser irreversible en términos no solo de infraestructura sino también de decremento cuantitativo y cualitativo de su oferta académica, y de poco avance de sus programas de investigación y vinculación con los sectores social, público y privado.

El lacerante estigma de haber sido con mucho el peor enemigo de la educación universitaria en la entidad no podrá borrarlo siquiera su supuesto impulso a la educación tecnológica, por más que trate de vanagloriarse de los logros del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR), al que acudirá este lunes 8 con el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la SEP, Aurelio Nuño, a reconocer la exitosa participación de sus estudiantes en certámenes internacionales de robótica.

A través del secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, y de Finanzas y Planeación, el incombustible Antonio Gómez Pelegrín, su gobierno no solo ha mostrado un espíritu pendenciero para con la principal Casa de Estudios de la entidad; también ha puesto en duda su palabra como mandatario.

En efecto, el 14 de noviembre pasado, en ocasión de reunirse con la rectora Sara Ladrón de Guevara, Duarte dijo que “la UV no tiene ningún adeudo con el Instituto de Pensiones del Estado, ya que la gestión estatal, como responsable solidaria, ha liquidado la parte de recursos económicos que le correspondía a la Casa de Estudios aportar para garantizar el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados universitarios”.

La semana pasada, sin embargo, funcionarios de su gobierno reclamaron no solo ese monto, que aparentemente había sido saldado, sino que añadieron otros supuestos adeudos, al estilo de las antiguas casas de raya.

La torpeza de Flavino, el villano favorito

Con la carta enviada el viernes 5 a la rectora Sara Ladrón de Guevara, el secretario Flavino Ríos Alvarado no solo muestra deslealtad a la institución en que se formó y de cuyo cuerpo académico forma parte como Académico de Carrera Titular C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (con licencia sin goce de sueldo). También acusa lamentables fallas en la materia de la que estudió doctorado en la UNAM.

En ella no solo reclama una cantidad estratosférica por concepto del supuesto adeudo de la UV al IPE, que estaría siendo cobrada a lo chino por la administración estatal, sino que agrega un supuesto crédito fiscal por concepto del impuesto sobre la nómina. Al respecto, el Abogado General de la UV, Alberto Islas Reyes, en una carta de respuesta enviada ese mismo día, le da una repasada jurídica que debiera ser respondida con una disculpa.

Por un lado, rechaza cualquier adeudo de la UV con base en el artículo 98 de la Ley del IPE que establece como obligación del Gobierno del Estado cubrir los déficits que se presenten en las finanzas del Instituto de Pensiones, salvo que se formalicen convenios específicos con las instituciones que operen como patrones; hasta el momento, la UV no ha firmado ningún convenio específico que la obligue a ser partícipe de esta obligación.

En la carta firmada por Flavino, quien no se dio a la tarea de corroborar jurídicamente los preceptos involucrados en cada uno de los señalamientos, se acusa  un adeudo de la UV por 400.6 millones de pesos, por falta de pago del impuesto a la nómina. El Abogado General de la UV lo remite al Decreto 596 que, en su artículo único, establece que la casa de estudios está eximida del pago de dicho impuesto.

La escaramuza mediática emprendida contra la UV no tiene futuro en términos de lo que abiertamente establece, es decir, el cobro a lo chino de un falso adeudo al IPE y, ahora, otro más por el impuesto a la nómina, en que se ha empeñado el nada ingenioso cuentachiles que despacha en la Sefiplan. Su propósito es alargar hasta el punto en que se esté cerca de romper la liga, antes que entregar los recursos que se trata de escamotear a la universidad.

Privatizar educación superior comienza en Veracruz

Que ni Enrique Peña Nieto ni su secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, hayan reaccionado frente el ahorcamiento financiero a que el gobierno de Javier Duarte está sometiendo a la UV, es indicativo de que el proyecto para privatizar la educación superior estaría ocupando a Veracruz como su principal laboratorio.

No les ha importado que, en el dilema creado a propósito por el gobierno estatal, estén involucrados más de 400 millones de pesos enviados por la Federación, ni que saltándose un convenio que involucra a las tres instancias (gobierno estatal, gobierno federal y UV), la casa de estudios esté sufriendo la mayor agresión a su carácter autónomo por la vía de la retención de los recursos que han sido pactados.

Este lunes, tanto Peña Nieto como Nuño estarán en Poza Rica en un acto que se refiere al modelo de educación superior privilegiado en las últimas dos décadas, la educación tecnológica, orientada a formar a la mano de obra calificada para los sectores más dinámicos de la economía.

Es al menos paradójico que, mientras se pretende ahogar a la principal institución de educación superior universitaria de la entidad, el gobierno federal venga a ponderar un sistema educativo cuya andadura es reciente y en cuyas aulas se forma solo una parte de los profesionistas que requiere el desarrollo de la entidad, sin un espíritu crítico, además.

Ya veremos de qué manera reacciona una comunidad universitaria que pronto resentirá las limitaciones provocadas por la falta de entrega de más de 2 mil millones de pesos el año pasado, más el recorte anunciado para este año, así como el estrangulamiento que decrete el gobierno estatal con los recursos aprobados para el presupuesto de 2016.

En redes sociales han empezado a informarse y a organizarse. Un escenario de conflicto social que se arroje a las calles de las principales ciudades del estado en que la UV cuenta con instalaciones y oferta académica, hay que reconocerlo, se sumará a todos los reclamos que diversos sectores sociales tienen ya no con un nivel de gobierno sino con un gobierno en poder del PRI.

Ello afectará sin lugar a dudas a su candidato a Gobernador, Héctor Yunes Landa, y buscará ser aprovechado por el seguro candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, quien ayer en Poza Rica no solo criticó estas medidas duartistas, sino que convocó a los demás candidatos a la minigubernatura a suscribir una lucha a favor de la Universidad Veracruzana, aunque con el añadido de liberar un torpedeo directo contra el gobierno priista.

Y el tema va a dar mucho de qué hablar por varios días.

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Será un crudo invierno en Veracruz

Será un crudo invierno en Veracruz

Mientras la opinión pública se debate en medio de las versiones sobre la próxima sucesión del gobierno veracruzano, entre vaivenes que van desde quién tendrá la mano santa para definir al candidato priista hasta los nubarrones que se ciernen sobre la anunciada alianza PAN-PRD para acudir a la cita electoral de 2016, la tregua financiera parece haberse agotado y las premuras de fin de año han desquiciado la confianza de que las cosas podrán ser encauzadas por el gobierno estatal de la manera menos perjudicial.

En la Secretaría de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín está fracasando en los intentos por reestructurar el enorme cúmulo de compromisos tanto con proveedores, empresarios y terceros institucionales, a los que se debe (según confesión de parte) cerca de 3 mil 500 millones de pesos (más del doble de lo adeudado por estas fechas en 2014), como a dependencias, organismos públicos como la Universidad Veracruzana y municipios, todo lo cual amenaza con incendiar el diciembre veracruzano.

A las versiones difundidas entre los burócratas en el sentido de que ya han sido alertados de que su aguinaldo lo recibirán hasta enero, se une la preocupación manifestada por la Universidad Veracruzana por estar a punto de perder más de 400 millones de pesos provenientes del gobierno federal que no le fueron entregados por la Sefiplan (amén de más de 2 mil millones de pesos del subsidio estatal que no le llegan, por más desayunos y comidas de la rectora Sara Ladrón de Guevara con el gobernador Javier Duarte de Ochoa).

Por añadidura, según nota fechada en Córdoba por la Agencia AVC, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública notificó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del incumplimiento de la Sefiplan de entregar más de 94 millones de pesos correspondientes a la segunda ministración del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), rubro considerado de “prioridad nacional”.

Para colmo, este mismo jueves llegaron a Xalapa, con dificultades en el camino, contingentes de los municipios de San Rafael, Papantla, Tihuatlán, Texcatepec e Ixcatepec, todos ellos gobernados por alcaldes perredistas, a cuyas comunas –según sus voceros– la Sefiplan les ha retenido 100 millones de pesos.

Si todo ello fuera poco, pensionados y jubilados han seguido manifestándose, a pesar de su avanzada edad y en muchos casos afectados por enfermedades geriátricas, por el incumplimiento en tiempo y forma en el pago de sus pensiones. Según Guadalupe Sánchez Reyes, secretario general de la Delegación DVI-2 de la Sección 56 del SNTE, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) aún debe las prestaciones a 500 profesores jubilados con un monto que rebasa los 74 millones de pesos, correspondiente a noviembre.

¿Qué está pasando en Veracruz? Según la justificación de la más reciente solicitud de reestructuración de la deuda pública, propuesta por el Ejecutivo del estado y aprobada en el Congreso local, la medida se orientaba a resolver los graves problemas de liquidez que impedían al gobierno veracruzano dar cumplimiento a sus compromisos financieros. El miércoles mismo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunciaba a través de su cuenta en Twitter la aprobación de la reestructuración de tres créditos contratados con Banobras. Sin embargo, siguen los ahorcamientos financieros a diestra y siniestra, sin que haya forma de menguar su rudeza.

El propio Javier Duarte declaró que, antes de finalizar el año, el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) depositará a las finanzas de Veracruz un monto promedio de 15 mil millones de pesos como parte de la reestructuración de la deuda pública, autorizada previamente por el congreso local.

Libera Sefiplan cerca de mil millones

A la difusión de la notificación enviada por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, el 19 de noviembre, por la retención del Subsemun, con base en la queja formulada por los alcaldes de Boca del Río, Veracruz y Minatitlán (aunque otros municipios lo hicieron por escrito directamente ante la Sefiplan), la dependencia estatal respondió el mediodía de este jueves con la noticia de que había “dispersado” cerca de mil millones de pesos a los municipios, entre los que se incluían los correspondientes al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

Juan Antonio Nemi Dib, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se deslindó de la retención de fondos, al responder el oficio SESNSP/DGVS/20533/2015 señalando que, desde el 26 de octubre, le solicitó a Antonio Gómez Pelegrín, titular de Sefiplan, dar cumplimiento a la obligación asumida por el Gobierno estatal de liberar, en un plazo no mayor a cinco días, los recursos del Subsemun correspondientes a la segunda ministración de 2015, sin obtener respuesta alguna. Dichos recursos para 16 municipios participantes de este fondo federal (transferidos los días 7, 10, 15 y 19 de octubre) suman 94 millones 047 mil 103.50 pesos.

Según la nota de AVC, entre los municipios con mayor cantidad de recursos retenidos destacan Veracruz Puerto (14 millones 745 mil 958.50), Coatzacoalcos (6 millones 248 mil 636.50), Poza Rica (6 millones 12 mil 54 pesos) y Boca del Río (5 millones 900 mil 990 pesos), en tanto que Córdoba espera 5 millones 341 mil 186 pesos, y los 11 municipios restantes –entre ellos Fortín– promedian 5 millones de pesos cada uno.

En el comunicado emitido este jueves, la Sefiplan señala que había “dispersado” a los ayuntamientos 982 millones 854 mil pesos, correspondientes a diversos fondos federales, entre los que señala el Fondo de Contingencias Económicas (Continver), el Fondo Federal de Hidrocarburos, el Fideicomiso para la Infraestructura Deportiva (Findepo), el Fondo de Cultura (Foncultura), el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (Fopadem), la Bursatilización Municipal de la Tenencia y el Subsemun.

Cabe aclarar que, pese a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública habla de la retención de más de 94 millones de pesos, la Sefiplan ha informado que el monto ‘dispersado’ es de 57 millones 378 mil 389 pesos, lo que acusa una diferencia de cerca de 37 millones de pesos por distribuir.

Que estas sumas se estén transfiriendo a 28 días de que fenezca el ejercicio fiscal permite suponer que muchas de las acciones contempladas no podrán realizarse y, por tanto, buena parte de los montos federales enviados tendrán que ser devueltos por los municipios al gobierno federal.

Pero el Subsemun y los fondos federales son apenas una pequeña parte de los fondos adeudados. Basta señalar los recursos adeudados a la Universidad Veracruzana, aquellos que no han sido distribuidos a las dependencias estatales, cuyos titulares tienen ‘pacto de confidencialidad’ y por tanto no se atreven a hacerlo público, y lo que se dejó de transferir al Poder Judicial, con el consecuente retraso en la puesta en marcha del nuevo sistema penal adversarial´.

En los siguientes días, Veracruz (y en particular su capital, Xalapa) vivirá los daños colaterales de las movilizaciones sociales y políticas porque el año concluye y no hay siquiera para atender los compromisos de orden laboral; ya no digamos de obras públicas que solo se han anunciado pero que no han avanzado más allá de su simbólica primera piedra. Este jueves, al menos cuatro manifestaciones sembraron el caos en Xalapa.

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