La violencia está golpeando a Veracruz

La violencia está golpeando a Veracruz

La escalada de ejecuciones en Veracruz está creciendo descontroladamente sin que ninguna acción parezca tener un efecto inhibitorio. Por el contrario, los escasos golpes dados por las autoridades a secuestradores, bandas dedicadas al robo de combustible y jefes regionales de los cárteles han avivado la violencia, que ya supera las cotas observadas en 2011, con los primeros meses del gobierno de Javier Duarte.

Si el mes de mayo es considerado ya como el más fatídico para México, el de junio será aún más grave por la alta contribución de Veracruz en número de homicidios dolosos, un delito por el que llegamos al nivel de las tragedias bíblicas con el ejecución a balazos de cuatro niños menores de 6 años, junto con sus padres, en Coatzacoalcos, y las del Comisionado de la Policía Federal, Camilo Castagné Velasco, junto con el comandante Puma, un elemento que ya había sido amenazado por uno  de los cárteles, en Cardel.

Mayo sangriento en el país

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en mayo el país resintió la cifra más alta jamás vista de homicidios dolosos con 2 mil 186 carpetas de investigación por ese delito; los estados que más contribuyeron a ese incremento fueron: Guerrero (216 homicidios dolosos), Estado de México (195), Baja California (185), Sinaloa (154), Chihuahua (140) y Veracruz (137).

El inicio de gobierno con mayor violencia

En el solar jarocho, en lo que va del presente gobierno (diciembre de 2016 a mayo de 2017) se han registrado 757 homicidios dolosos, con un promedio de 126 ejecuciones al mes.

Estos resultados son mucho más altos que los registrados en el mismo periodo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (diciembre de 2010 a mayo de 2011), cuando se desataron las luchas entre las bandas criminales e, incluso, se dieron varios asesinatos de periodistas: en ese lapso se registraron 327 homicidios dolosos, un promedio de 54.5 ejecuciones al mes.

Junio podría ser más violento en Veracruz

1498495846Todo parece indicar que las dos últimas semanas quedarán en la historia como las más sangrientas. Al menos en dos días de la semana pasada se pudieron numerar más de 30 homicidios dolosos, la mayoría realizados por las bandas criminales, en una guerra que no solo parece basarse en la lucha entre las diferentes mafias, sino de estas con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien todo parece indicar que no ha buscado acuerdos con los grupos criminales.

Ni esperanzas de que las cosas mejoren

¿Es culpable el gobernador Yunes de este incremento en el número de crímenes sangrientos, la mayoría aderezados con tortura previa y desmembramiento de los cuerpos? ¿Debe su gobierno pactar con las bandas criminales como lo están proponiendo siniestros personajes, para lograr una aparente cordura de los criminales a la hora de extorsionar, robar, secuestrar y asesinar? ¿Es un problema de Veracruz o es producto de una escalada generalizada en el país?

Por supuesto, la violencia no solo puede atribuirse a la falta de preparación de los cuerpos policiacos locales, varios de cuyos jefes y elementos de tropa han mantenido relaciones de colaboración (voluntaria o forzada) con los grupos criminales en las diferentes zonas del estado; tampoco puede ser todo culpa del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, quien por cierto carece de la experiencia que un caso de extrema violencia como el que padecemos merece.

Pero no podemos soslayar que ambas circunstancias colaboran en que la situación no disminuya.

Combatimos con armas ajenas

Para nadie es un secreto que el actual gobierno ha preferido invocar el apoyo de las fuerzas federales para enfrentar a un mayor número de bandas criminales que han decidido pelearse nuestro territorio.

Lo ha hecho en demérito de formar elementos propios, con mayores capacidades tácticas, mejor armamento y un mayor conocimiento del terreno que pisan. Los elementos federales se pasean por varios sitios, pero difícilmente pueden golpear a la delincuencia si no hay un trabajo de inteligencia.

Gobierno federal está perdiendo la guerra

Pero el problema es nacional. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado una clara ineficiencia para enfrentar a una especie de Estado paralelo como el que construyen los cárteles mexicanos.

El país se ha convertido en uno de los principales campos de producción de estupefacientes, particularmente de cocaína, goma de opio y anfetaminas, luego de los duros golpes contra los cárteles colombianos y las dificultades que enfrentan los productores de opio en Afganistán.

Tras Afganistán y Myanmar, México es el tercer lugar mundial en producción de amapola (en Guerrero, la batalla por mantener este negocio es el que lo ha convertido en el principal generador de homicidios dolosos), y el mayor negocio es la producción y trasiego de drogas de diseño.

Solo es cuestión de echarle un ojo a los datos oficiales (que siempre serán parciales por las cifras negras), para darse cuenta de lo grave de la situación nacional, que también afecta a Veracruz.

Impunidad e ineficacia profundizan inseguridad

El saldo oficial en lo que va de 2017 es de 9 mil 916 homicidios dolosos en México, lo que es también un récord.

En el mismo periodo de 2011, hasta ahora el año más violento del que se tenía registro,  se habían registrado 9 mil 466 carpetas por el mismo delito. Ello significa que este año el nivel de violencia se encuentra casi 5 % por encima de 2011, el año con más homicidios registrados.

No hay capacidad para bajar delincuencia

Con una policía estatal que ha debido adelgazar por el despido de cientos de elementos, sea porque no pasaron los exámenes de confiabilidad o porque fueron pillados en actos delictivos, y la invocación de cuerpos policíacos federales, que han mostrado su nulidad para contener el crimen organizado en el país, las esperanzas de que las cosas mejoren en Veracruz ya podemos darlas por perdidas.

¿Qué nos toca por hacer a los veracruzanos? Por supuesto, seguir exigiendo al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que mejore la actuación policiaca contra las bandas criminales; que se exija un mayor auxilio del gobierno federal para esta tarea y resgradarnos para evitar ser parte de las estadísticas criminales.

           

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¡No sea soberbio, señor Gobernador!

¡No sea soberbio, señor Gobernador!

[Hora Libre | Álvaro Belin Andrade] Escuchar del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares un intenso panegírico de su propia familia, alabando su constancia de 13 años denunciando la corrupción de los dos últimos gobernadores de Veracruz; señalar que su propia familia sufrió las consecuencias de esa lucha personalísima y festinar como un logro exclusivamente suyo la detención en Guatemala de Duarte, fue como ser testigo de uno de los actos más soberbios que cualquiera podría esperar de un mandatario.

Lo que escuchamos este domingo debió sorprender a muchos veracruzanos. Cientos de paisanos murieron durante la última década como producto de la alianza de los dos gobernadores anteriores con el crimen organizado; miles debieron emigrar por la amenaza que todavía es latente a pesar del cambio de gobierno o del gobierno del cambio.

Gracias a la corrupción solapada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien Yunes agradece la detención de Duarte, muchos veracruzanos con problemas de salud fallecieron pues no fueron atendidos en sus enfermedades, y cientos de empresarios perdieron sus negocios por deudas que no quiso pagar Duarte en su desenfrenado apetito de robar dinero mal habido y, ahora, no solo se les niega el pago sino que son marginados de contratos públicos, para favorecer a empresarios poblanos.

De ellos no se acordó Miguel Ángel Yunes Linares: “Toda mi familia tuvo que pagar las consecuencias de haber tomado la decisión de enfrentar a la banda que se apoderó del Gobierno de Veracruz; hicieron todo para impedir que llegara a gobernador porque sabían que haría justicia, que no habría perdón”. Y más adelante: “La guerra sucia en contra nuestra fue brutal. Lo más grave es que llegaron a la agresión personal en contra de Miguel, mi hijo, quien salvó la vida después de un grave atentado. Así de fuertes y sucios son los intereses que los Yunes, desde la oposición, afectamos y pusimos al descubierto”.

No, señor Gobernador. No fue el único en criticar y señalar las corruptelas de Javier Duarte, ni su familia la única en recibir amenazas y atentados. Ni siquiera fue el primero en presentar una denuncia contra Javier Duarte. Desde 2014, la Auditoria Superior de la Federación presentó cada año denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvíos multimillonarios de recursos, que el gobierno federal evitó que se investigaran. En total, la ASF interpuso 56 denuncias contra el gobierno de Duarte por no solventar el manejo de los fondos públicos en los años 2010 al 2014, y por simular el reintegro de fondos federales, mucho antes que Yunes Linares comenzara su acto de campaña presentando su denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Fueron periodistas quienes hicieron una exhaustiva investigación, que se publicó en Animal Político, sobre las empresas ‘fantasma’ o empresas ‘fachada’, a través de las cuales se pretendió justificar la utilización de enormes sumas de dinero público, etiquetado principalmente para programas sociales, mediante la simulación más descarada. Prácticamente, este trabajo fue el que destapó totalmente el escándalo a nivel nacional e internacional, lo que obligó a las autoridades federales a evaluar su apoyo al entonces gobernador priista y a que la PGR atrajera la denuncia presentada por el candidato Yunes.

Por supuesto que el ahora Gobernador fue persistente y debemos agradecerle que, gracias a ello, no hubiera un sospechoso descuido y que Javier Duarte esté desde el sábado en una cárcel guatemalteca esperando a ser repatriado para enfrentar en prisión las acusaciones de corrupción que se ciernen en su contra. Porque, por desgracia, nadie lo juzgará por los demás delitos, por los 19 periodistas asesinados durante su gobierno, por las muertes de niños enfermos de cáncer que no recibieron sus medicamentos reales, por los millones de veracruzanos que pasaron a formar parte de las estadísticas de la pobreza y la pobreza extrema. Porque todo se lo llevó este ladrón, protegido por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien ahora se le agradece por haber hecho lo que debía, lo que le obliga la ley a su gobierno.

Aunque los periodistas antaño críticos terminen la semana con las rodillas sangrando de tanto inclinar la cerviz y, como fieles escuderos de su gobierno, le atribuyan todo el mérito del encarcelamiento de Duarte, recuerde que en Veracruz vivimos unos 8 millones de habitantes y que no todos fuimos condescendientes de los gobiernos priistas, y que en el país muchos más que usted exigimos que se hiciera justicia a los veracruzanos.

Por lo demás, esta detención ha sido calculada meticulosamente por la Presidencia de la República para tener un fuerte impacto mediático en el contexto del proceso electoral en el Estado de México. Solo le pido un poco de humildad.

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Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

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Lo cacicazgos familiares: el caso de San Rafael

Lo cacicazgos familiares: el caso de San Rafael

San Rafael es un municipio relativamente joven en el estado de Veracruz. Antaño congregación del municipio de Martínez de la Torre, muchos de sus viejos personajes habían peleado por no convertir a su territorio en un municipio libre, argumentando que ello llevaría a su división y al abuso. No pasó mucho tiempo para que ello sucediera.

En los últimos tres años ha visto nacer y florecer un extraño cacicazgo familiar. Lo intenta extender en el tiempo el actual alcalde, surgido de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque su triunfo fue fraguado política y financieramente por Fidel Herrera Beltrán. En efecto, Héctor Lagunes Reyes, oriundo de Potrero Nuevo, una congregación que ha creacido a la vera de la carretera de San Rafael a Martínez, se ha apoderado de la alianza PAN-PRD para impulsar a su hijo Luis Daniel Lagunes Marín, único precandidato registrado para luchar por la estafeta de la derecha y la izquierda unidas, luego de proponer con denuedo la legalización de la mariguana siendo dirigente estatal de los jóvenes del PRD.

Hace ya tiempo, luego del paso frustrado de su otro hijo, Héctor, como candidato a la diputación federal (fue derrotado por Edgar Spinoso Carrera, de la alianza PRI-PVEM), que el alcalde de San Rafael puso toda la carne al asador para impulsar a Luis Daniel, promoviendo su imagen, respaldándolo ahí en las congregaciones que aportan la mayor cantidad de votos mediante obras y favores, y operando políticamente en los demás partidos para colocar a perredistas supuestamente fugados.

Lagunes Reyes ha evitado a toda costa gobernar a favor de los habitantes de la cabecera municipal, San Rafael, aunque ha tratado de atribuirse obras que se han realizado prácticamente con el apoyo de asociaciones francesas, como ocurrió con el puente construido para comunicar al municipio con la comunidad de Jicaltepec (perteneciente al municipio de Nautla), donde originariamente llegaron los primeros colonos franceses allá por 1840.

Para la conmemoración de los 30 años del hermanamiento entre San Rafael y Champlitte, el año pasado, el alcalde envió a Francia como sus representantes (con todos los gastos pagados, pese a que no tenían ningún puesto en el ayuntamiento), a sus hijos Héctor y Luis Daniel. Al reunirse con los miembros del consejo de la región de Haute-Saône, donde se ubica Champlitte (una de las principales poblaciones francesas de las que vinieron los colonos de San Rafael), no tuvieron empacho en comentar que su padre era un hombre comprometido con el medio ambiente, lo que demuestra el hecho de haber construido 8 plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Nuestros mentirosos embajadores evitaron aclarar que esas obras no habían sido posibles durante el cuatrienio de su padre, sino que 7 fueron construidas durante la administración de Samuel Thomas Viñas y una más en el trienio de Rogelio Capitaine Domínguez, antecesores del alcalde en funciones. Una verdadera escuela de la insidia y la demagogia, abrevada de quien es cabeza del naciente clan.

Héctor Lagunes Reyes, alcalde de San Rafael.

¿A qué congregaciones ha destinado Héctor Lagunes Reyes el grueso de la obra pública para beneficiar electoralmente a su hijo? A Puntilla Aldama, El Pital y Potrero Nuevo. Las demás han visto cómo, cuando empieza una obra, la deja inconclusa para destinar el presupuesto a las joyas de la corona, como ocurrió con el ejido Galvarino Barria, donde construiría dos calles que han quedado inconclusas, pese al cumplimiento en el pago del impuesto predial por parte de sus habitantes. Pero más grave es la situación de la cabecera municipal: lo único que ha recibido en este rubro ha sido ridículo: el gobierno municipal solo pintó del amarillo del PRD los postes y banquetas hace tres años, y hace un mes arreglaron 80 metros cuadrados de calle, frente a la Torre del Reloj.

¿Quiénes más irán por la alcaldía que dejará en diciembre tan inteligente operador político? Se habla hasta el momento de un experredista, Pedro ‘Perico’ Morgado, quien se menciona como posible candidato del PRI-PVEM, ya que ahora es difícil que otros tengan la ocurrencia de pelear esa candidatura. Ni siquiera la inquieta nativa de Potrero Nuevo, Lorena Piñón, que en la elección municipal pasada operó a favor del PRD para derrotar al candidato de su partido, Felipe Romagnoli, se ha apuntado para obtenerla y, en cambio, se dice que anda operando a favor del todavía precandidato de la coalición PAN-PRD, Luis Daniel Lagunes. Así de comprometida es esta muchacha que encabezó, junto con el exdiputado Marco Antonio del Ángel (del Movimiento de los 400 Puebños), la revuelta en contra del anterior dirigente estatal del PRI, Felipe Amadeo Flores Espinosa. Cosas de la chapulinada.

Quien le pondrá el cascabel al gato es la que será candidata de Movimiento Regeneración Nacional, Rosa Elena Centeno, originaria de El Pital, una experredista que llegó como Secretaria municipal junto a Héctor Lagunes (quien infructuosamente trató de hacerla a un lado de la planilla ganadora), cargo al que renunció hace unos meses. Seguidora de Andrés Manuel López Obrador desde el PRD, una vez que el tabasqueño fundó Morena se afilió al nuevo partido y ha hecho un trabajo fuerte en comunidades de San Rafael.

Lo que es cierto es que, sin ningún atisbo de vergüenza, el actual alcalde de San Rafael usará todos los recursos de que dispone en el ayuntamiento para asegurarle la carrera política al hijo.

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Peña Nieto debe responderle a Veracruz

Peña Nieto debe responderle a Veracruz

Aurelio Nuño debió ler con atino el mensaje que le envió el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al presidente Enrique Peña Nieto: la Federación debe apoyar de manera extraordinaria a Veracruz. “No pedimos limosna”, dijo claramente este jueves en su toma de protesta ante el Congreso local.

Y sí, el gobierno federal está obligado a responder con recursos adicionales a un estado que aportaba buena parte del PIB nacional y que ha caído en desgracia a los ojos de un mandatario que, desde que tomó posesión en diciembre de 2012, supo que Javier Duarte de Ochoa estaba esquilmando groseramente a los veracruzanos y no hizo absolutamente nada.

De nada sirve que en los últimos actos presidenciales Peña le haya pintado mocos, como coloquialmente se dice; de nada sirve que el PRI lo haya expulsado de sus filas y que la PGR haya girado una orden de aprehensión que no ha podido (o no ha querido) ejecutar porque lo dejó que huyera; de nada sirve que en el Consejo Político Nacional, Peña Nieto se haya querido vestir de gloria atacando a la corrupción.

admin-fotos-2016-12-01-general-409722-jpgDurante cuatro años de su gobierno, miles de millones de pesos de los fondos federales fueron desviados desvergonzadamente hacia cuentas personales de Duarte y de su gavilla de malhechores; se lo dijo claramente la Auditoria Superior de la Federación, cuyo titular presentó innumerables denuncias ante la PGR sin que siquiera le dieran acuse de recibo. Por omisión, Peña Nieto fue cómplice del desfalco más escandaloso de la historia a un estado de la Federación.

Yunes Linares reveló que propuso al Presidente de la República crear una comisión para sacar a Veracruz de la pobreza y la crisis financiera que generaron las últimas dos administraciones priistas, cuyos pasivos superan los 100 mil millones de pesos. Esa situación ha generado, dijo, una crisis humanitaria en nuestro estado.

Y esos problemas financieros, en efecto, se deben a la corrupción que fue consentida y solapada, y que brotó y quedó al desnudo porque se dio la alternancia en las urnas y se derrotó al régimen. “La crisis financiera parece insalvable; en número es casi imposible dimensionar, pero la sufre en la vida cotidiana cada veracruzano”.

Para salir de esa crisis, afirmó, se solicitó el apoyo del Gobierno federal, porque es indispensable y porque se tiene derecho, “Somos parte sustantiva de la federación y ello da razón y fuerza a la demanda. Del gobierno federal no demandamos limosnas, exigimos justicia y equidad”.

Yunes Linares lo dijo con todas sus letras: Veracruz ha aportado y aporta a la Federación mucho más de lo que recibe históricamente, por lo que hoy que se atraviesa una crisis sin paralelo, por la corrupción, se demanda una respuesta favorable a las demandas del gobierno.

Y calificó como indebido que mientras a Veracruz se le niegan fondos para resolver una crisis humanitaria, se destinen miles de millones de pesos a otras entidades para obras que no tienen un sentido de urgencia. “No estamos de acuerdo en el manejo discrecional de los recursos federales, la federación somos todos y la distribución de los recursos debe ser equitativa, justa y solidaria”.

Aunque reconoció que Enrique Peña Nieto ya externó su solidaridad y compromiso con Veracruz, se dijo confiado que en breve sus colaboradores actuarán con sensibilidad y apoyaran a Veracruz. “No se trata sólo de salir de la emergencia, si no de resolver a fondo el problema y poder plantear el futuro de Veracruz sobre otras bases que no sean la urgencia diaria”.

Para respaldar esta demanda y dar pistas de lo que se puede hacer para mejorar la relación Estado-Federación, pidió que Veracruz sea incluido en el Plan Nacional de Zonas Petroleras, como ya ocurre con Tabasco y Campeche, y solicitó que se acelere la instalación de la zona económica de Coatzacoalcos, donde se instalará una empresa ancla en los siguientes dos años.

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Un grito en la oscuridad

Un grito en la oscuridad

No será con el último gobierno priista cuando se tomen medidas e, incluso, políticas públicas orientadas a contener la creciente violencia criminal contra las mujeres en Veracruz, que se manifiesta en feminicidios y en desaparición de jóvenes y adolescentes, muchas de ellas posteriormente encontradas sin vida con rasgos de bestial violencia, aunque la mayoría perdidas de por vida sin el consuelo para sus padres de saber si se mantienen con vida.

Un estudio realizado por académicas de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (“Asesinatos de Mujeres y Niñas por razón de Género. Feminicidios en la Entidad Veracruzana”), ha revelado que existen altas cifras de feminicidios (97) y homicidios de mujeres (34), que hacen un total de 129 de enero a septiembre de este año.

Ello generó que muchas mujeres (a título personal y como parte de diversas organizaciones civiles e instituciones) se pronunciaran el pasado 19 de octubre para exigir la implantación de las medidas necesarias que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de feminicidio, desaparición y violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz.

Las cifras que arroja hasta septiembre el estudio acusan un incremento del 24 por ciento con relación a 2015 (99 feminicidios) y, aunque se da en casi todos los municipios de la entidad, los que presentan un mayor número de casos son Papantla, Veracruz, Poza Rica, Medellín, Coatzacoalcos y Minatitlán.

La situación de desgobierno que sufre Veracruz en los últimos años (profundizado a raíz de que el gobierno priista corrupto encabezado por Javier Duarte de Ochoa optó, ante el agobio de las acusaciones e investigaciones judiciales, por solicitar licencia definitiva al cargo el 12 de octubre) abrió enormes avenidas para la actuación impune de las bandas criminales, las que –según la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo– habrían sido culpables de la mayoría de los actos de violencia contra este género.

SONY DSCEn el pronunciamiento veracruzano hecho el pasado 19 de octubre, fecha en que desde Argentina surgió la iniciativa de lanzar el grito #NiUnaMenos, como parte de las actividades que buscan presionar a las autoridades a establecer políticas y acciones certeras para proteger a las mujeres, se señala que este año comenzó con un homicidio diario de mujeres y que el número de desaparecidas hasta el mes de septiembre es de 252 mujeres. Xalapa sobresale por ser el municipio en que se ha dado el mayor número de casos reportados.

A esas estadísticas muy pronto se sumaron los casos de tres mujeres asesinadas el 7 de octubre en los municipios de Acayucan, Minatitlán y Catemaco, todas con signos de tortura, “lo que se ha hecho una constante y deja en evidencia el grado de crueldad con el que se cometen estos asesinatos”.

Los grupos y colectivos feministas expusieron cuatro exigencias:

  1. Abrir una mesa de trabajo con autoridades federales de Gobernación competentes en el tema y Organizaciones Civiles de la Entidad, con la finalidad de analizar de manera seria y contundente el contexto que denota la grave situación de violencia en contra de las mujeres, y que se muestra con el incremento del número de feminicidios y desaparición de mujeres.
  2. La intervención de autoridades federales a fin de coordinar acciones que salvaguarden la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres en nuestro estado, especialmente en los municipios en los municipios con mayores niveles de violencia y desaparición.
  3. Intervención federal a fin de que se tomen medidas para garantizar la investigación y el seguimiento de los casos de desaparición y feminicidios que se han cometido hasta la fecha en territorio veracruzano, y
  4. Establecer medidas emergentes de prevención y contención de la violencia generalizada y en contra las mujeres.

Sin embargo, no solo autoridades judiciales (sean estatales o federales) y organizaciones de mujeres deben estar atentos a estas graves amenazas, sino toda la sociedad, los padres de familia, las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y medios de comunicación e, incluso, los partidos políticos, aunque estos siempre actúan con sentido electoral.

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¿Quién nos puso en manos de un sociópata?

¿Quién nos puso en manos de un sociópata?

 

De la larga pesadilla que hemos padecido en los últimos seis años los veracruzanos, Fidel Herrera Beltrán tiene toda la culpa. Mientras le tocó saquearnos, supo poner a Javier Duarte de Ochoa (gobernador con licencia, prófugo de la justicia) a favor de su latrocinio y lo eligió para que le cuidara las espaldas.

Poco le importó a este cretino de baja estofa dejarnos al peor roedor de los de su cuadra que, desde el inicio de su gobierno, robó a manos llenas y despilfarró en lujos el poco dinero de los veracruzanos.

Muchos analistas han hecho algunos ejercicios para imaginar qué hubiera pasado con Veracruz si en lugar de este desquiciado hubiera optado por otra de sus monedas, ya sea Érick Lagos Hernández o, incluso, Jorge Carvallo Delfín, y todos coinciden en que la situación no habría llegado a los extremos en que lo hemos padecido.

Aunque considerados de la misma casta y gustar de disponer abundantemente de los fondos públicos, lo cierto es que ninguno de ellos hubiera tenido destellos de suicidio político; lo que hizo Duarte escapa a toda norma, incluso a aquellas no escritas que establecen el comportamiento de la corrupción en el sistema político mexicano. Pero es que Duarte se llevó cuanto pudo desde que pisó por primera vez su oficina en Palacio de Gobierno.

En efecto, Fidel nos dejó a un sociópata. Duarte de Ochoa es de esos mentirosos que nunca dejan ver sus pensamientos y emociones. Con una alta autoestima, siempre se pensó como alguien grandioso, sin ninguna reserva en pasar por encima de los demás y, como todo sociópata, siempre supo obtener lo que quiso, mintiendo y manipulando.

Su trastorno psíquico, sin embargo, lo ha llevado cerca del cadalso. Los sociópatas suelen tener comportamientos riesgosos, ser irresponsables e impulsivos, y pueden perfectamente transformarse en criminales. No solo fue mentiroso con los demás; también lo fue consigo mismo y se creyó a pie juntillas. Y en su afán de riqueza no estuvo solo; tuvo de lado y lado familiares que lo impulsaron siempre a ir más lejos: tanto del lado de los Duarte de Ochoa como de los Macías Tubilla.

Lo que hemos ido conociendo con base en lo señalado en la prensa nacional, gracias a las denuncias presentadas por la PGR, solo corrobora lo que hemos ido sospechando y, en nuestro caso, señalando en nuestros comentarios periodísticos.

El tamaño del saqueo ha sido descomunal, nunca tuvo el cuidado de protegerlo con mecanismos más intrincados como lo hizo en su momento Fidel Herrera, hizo participar a toda su familia directa y política, hoy implicada en presentes y futuras persecuciones judiciales; no aseguró que su sucesor estuviera obligado a cuidarle las espaldas y, lo que es peor, se confrontó ridículamente con su jefe político, Enrique Peña Nieto, y con su partido.

Lo terrible es que el Presidente de la República, conociendo los abominables desfalcos, haya dejado solos a los veracruzanos. Y ya no hablemos de los niveles de violencia e inseguridad a que fuimos sometidos.

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