Desmantelan a RTV de su masa crítica

Desmantelan a RTV de su masa crítica

En el área de comunicación social del gobierno estatal hay muchos que no tienen perfil, pero hay otros que no tienen madre. Luego de convertir a Radio Televisión de Veracruz (RTV) en una somnolienta fábrica de espejos, donde recalan los peores bultos del yunismo para dirigir un área que desconocen (pero a quienes no les hallaron sitio en otras dependencias para cobrar lo que hicieron por su ahora gobernador), los impresentables directivos se están dedicando a despedir al poco talento que aún les queda.

El miércoles 7 de marzo, por instrucciones de Raúl Martínez Chávez, director general de RTV por obra y gracia de la santísima trinidad, el subdirector administrativo Porfirio Manuel Martínez Contreras envió un ofensivo oficio al maestro Manuel Munguía Castillo, profundo conocedor de la cultura veracruzana, un hombre erudito, conductor en programas exitosos como el que protagonizaba Jorge Saldaña y del único programa con un creciente rating, Veracruz Agropecuario, con el que pretende pisotear la dignidad de un trabajador capaz y cumplido.

Mire usted con qué perla han salido estos desdichados (¿acaso con la venia o la instrucción de Miguel Ángel Yunes Linares, quien solo sabe de redes sociales?): le dicen en el oficio que para atender “la actualización de imagen en los programas de Televisión y voz de Radio”, a partir del 14 de marzo pasa al Departamento de Información y Redacción de Noticias ¡a cumplir tareas de redacción! y, para colmo, le asignan un horario de 2 de la tarde a nueve de la noche, que deberá comprobar mediante checador y que podrá variar según sus escaldados huevos de burócratas, porque ahí solo sus chicharrones truenan.

¿Qué están pensando en el gobierno estatal al permitir (u ordenar) este atropello contra alguien necesario en la radio pública de Veracruz y quien ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones como empleado? ¿Qué pretenderá el gobernador Yunes al mover tantas piezas en RTV? ¿No es acaso que ya se está dando la intervención del todavía candidato a gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, ordenando a sus achichincles, como Raúl Martínez, transformar la radio y la televisión (que cada vez son menos) de los veracruzanos al modelo comercial chunchaquero boqueño?

Hace poco despidieron sin razón alguna al extraordinario comunicador Gerónimo Rosete Pozos de la radio oficial, pese a su experiencia y trabajo en la conducción y producción. Ahora pretenden cansar a Manuel Munguía para que de él salga la opción de renunciar a un trabajo que ha cumplido con creces y con decoro, como no podrían asegurarlo los torpes e improvisados dirigentes de RTV. ¡Qué vergüenza la comunicación yunista!

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San Rafael: matrimonios gay y delincuencia

San Rafael: matrimonios gay y delincuencia

En San Rafael, su improvisado alcalde combina su conocida frivolidad para atraer los reflectores estatales y nacionales, con una proverbial connivencia con los grupos delictivos locales, a los que conoce desde mucho antes de lograr el triunfo gracias al apoyo de la alianza con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Esa alianza con los malosos le permitió atemorizar a la población para que le diera el voto y suceder así a su padre Héctor Lagunes Reyes.

Las versiones de muchos pobladores corrieron intensamente incluso antes de que el PRD lo impusiera como candidato de su alianza con el PAN: grupos delictivos recorrían las principales congregaciones del municipio, como Puntilla Aldama y El Pital, amedrentando a los votantes para convencerlos de que votaran por Luis Daniel Lagunes Marín, hoy dueño de la alcaldía.

Ya se conocía su hazaña de ordenar a la policía municipal, a cargo de su padre aún alcalde, liberar a un grupo de malosos que habían sido detenidos infraganti y de cómo armaba grupos de jóvenes que le serían leales, organizando constantes francachelas con cargo al erario municipal.

Hoy llama la atención hasta de periodistas ‘críticos’ de Xalapa, quienes elogian su iniciativa de convertir a San Rafael en un municipio ‘gay friendly’, es decir, amistoso con la comunidad LGBT. ¿Cómo? Instruyendo a la directora del Registro Civil, al asesor jurídico y a la encargada de Turismo que brinden facilidades a parejas del mismo sexo que quieran unirse en matrimonio, algo que legalmente no está permitido en la entidad, a que lo hagan en San Rafael, que se convertirá en la isla del amor gay.

Nadie podría criticar estas posibilidades, que ya deberían estar normadas positivamente en la codificación civil de Veracruz y que no será así por mucho tiempo, como sucede para el caso de la despenalización del aborto. El problema es que esta decisión unilateral del alcalde perredista, que confronta directamente las posiciones conservadoras del gobierno panista de Yunes Linares, están sirviendo para labrar un rostro de avanzada en el exterior a un ayuntamiento con una gestión errática y represiva.

La próxima medida de este alcalde podría ser la legalización de la mariguana para uso lúdico o recreativo, a cuyo consumo es asiduo, un tema que promovió cuando fue dirigente juvenil del PRD en la entidad. Y la verdad puede adherir a San Rafael a las agrupaciones más insospechadas, aún si sus habitantes ni siquiera sepan de qué se trata. Lo puede hacer, repito, unilateralmente, ya que sigue la misma actitud de su padre quien hizo y deshizo en ausencia de políticas públicas y una enorme ambición pecuniaria. Puede desaparecer prácticamente al Cabildo, como su padre.

Lo que no se le puede permitir es que intervenga para solapar a ladrones atrapados in fraganti, mientras encarcela a sus víctimas.

Soy Hugo y #nosoysecuestrador

Para el empresario local Hugo Nava, quien puso en servicio el bar Estampas cerca de El Ojite, en la carretera de San Rafael a Costa Esmeralda, la situación de inseguridad en el municipio llegó a colmarlo luego de numerosos robos realizados por una banda de púberos que viven en la colonia 13 de Diciembre. Él mismo relata:

“Como muchos saben, el pasado lunes unos jóvenes, menores de edad, entraron a mi bar, Estampas, y robaron pantallas, alcohol, bocinas y dinero. Son unos menores que ya han robado en otros negocios, han asaltado, han robado en casas y, por ser menores, no los detienen y, cuando lo hacen deben liberarlos.

“Buscando proteger mi patrimonio los busqué y confesaron haber robado mis cosas. Después de eso los llevé al Palacio Municipal de San Rafael a fin de entregarlos a las autoridades y de recuperar mis cosas, pero el familiar de uno de ellos me acusó de secuestrador.

“Cuando llegué a Palacio le expliqué a el alcalde y, en ese momento, policías municipales me detuvieron.

“El resultado: pasé 52 horas preso, mientras los secuaces de los jóvenes (se trata de una pandilla grande) disfrutaban su parte del botín. De los dos que confesaron, uno salió libre el mismo día.

Hugo fue difamado, señalado y vejado en sus derechos. “Fui víctima de la corrupción, la extorsión y el robo. Desde este espacio le pido a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos y a todos los que somos víctimas, no solo de la delincuencia, sino además de unas leyes y unas autoridades que parece que protegieran a los verdaderos bandidos, a que alcemos la voz y digamos #yabasta.”

Y es que, en lugar de detener a los ladrones, el alcalde Luis Daniel Lagunes ordenó a su policía (que no es del pueblo sino personal) detener a la víctima, asesorando a los jóvenes para que lo denunciara por secuestro. La misma policía supo del sitio en que los ladrones conservaban los objetos robados y se encargó de desaparecerlos nuevamente.

Así las cosas en mi tierra, un municipio que será pisoteado durante ocho años por la misma familia, la que estará en posición de postular a la madre del alcalde y esposa del exalcalde, para que sea alcaldesa y completar doce años de floreciente riqueza de esta familia que habita en Potrero Nuevo.

 

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Un Secretario de Gobierno torpe y mentiroso

Un Secretario de Gobierno torpe y mentiroso

De verdad que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, eligió a los peores elementos para conformar su gabinete. Sobresale Rogelio Franco Castan, Secretario de Gobierno, quien en su comparecencia ante el Congreso dio cátedra de cómo mentir y ser descubierto en el intento.

No solo la investigadora universitaria Estela Casados González refutó su dicho de que ella había colaborado con la dependencia en el tema de violencia contra las mujeres, sino que el exdirigente estatal del PRD se prodigó en estupideces al hablar de seguridad pública.

Dijo que las cifras sobre delitos la emite la “Comisión” (no Sistema) Nacional de Seguridad Pública (que las publica con base en la información que mandan los gobiernos estatales a través de sus procuradurías y fiscalías) y ellas dicen que Veracruz está avanzando en materia de seguridad. “Antes no veíamos columnas, no veíamos periódicos, no veíamos primeras planas hablando de la seguridad de los veracruzanos. Hoy se habla todos los días y estamos trabajando para ello, se implementan programas, se están adquiriendo equipos, tecnologías”.

En primera, las cifras del Sistema (que no Comisión) Nacional de Seguridad Pública (SNSP) hablan de que cada día estamos peor en materia de seguridad, sobre todo en delitos de alto impacto como el homicidio doloso y el secuestro, y en segunda, me consta que hace varios años, desde los medios de comunicación (y puedo remitirlo a mis columnas Hora Libre), se ha hecho una observación crítica sobre los crecientes índices de incidencia delictiva del orden común.

Lo que pasa es que el lúdico secretario nunca ha leído; uno pensaría que su carrera de Derecho la hizo sin leer, pero es mucho pedirle que lea libros. Ahora descubrimos que tampoco ha leído periódicos ni portales informativos. Y él debiera ser el más informado del gabinete. Imagine a los demás secretarios. No olvidemos que su puesto es el pago de Yunes a los votos aportados por el PRD y que hicieron la diferencia para que ganara la gubernatura.

 

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La violencia está golpeando a Veracruz

La violencia está golpeando a Veracruz

La escalada de ejecuciones en Veracruz está creciendo descontroladamente sin que ninguna acción parezca tener un efecto inhibitorio. Por el contrario, los escasos golpes dados por las autoridades a secuestradores, bandas dedicadas al robo de combustible y jefes regionales de los cárteles han avivado la violencia, que ya supera las cotas observadas en 2011, con los primeros meses del gobierno de Javier Duarte.

Si el mes de mayo es considerado ya como el más fatídico para México, el de junio será aún más grave por la alta contribución de Veracruz en número de homicidios dolosos, un delito por el que llegamos al nivel de las tragedias bíblicas con el ejecución a balazos de cuatro niños menores de 6 años, junto con sus padres, en Coatzacoalcos, y las del Comisionado de la Policía Federal, Camilo Castagné Velasco, junto con el comandante Puma, un elemento que ya había sido amenazado por uno  de los cárteles, en Cardel.

Mayo sangriento en el país

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en mayo el país resintió la cifra más alta jamás vista de homicidios dolosos con 2 mil 186 carpetas de investigación por ese delito; los estados que más contribuyeron a ese incremento fueron: Guerrero (216 homicidios dolosos), Estado de México (195), Baja California (185), Sinaloa (154), Chihuahua (140) y Veracruz (137).

El inicio de gobierno con mayor violencia

En el solar jarocho, en lo que va del presente gobierno (diciembre de 2016 a mayo de 2017) se han registrado 757 homicidios dolosos, con un promedio de 126 ejecuciones al mes.

Estos resultados son mucho más altos que los registrados en el mismo periodo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (diciembre de 2010 a mayo de 2011), cuando se desataron las luchas entre las bandas criminales e, incluso, se dieron varios asesinatos de periodistas: en ese lapso se registraron 327 homicidios dolosos, un promedio de 54.5 ejecuciones al mes.

Junio podría ser más violento en Veracruz

1498495846Todo parece indicar que las dos últimas semanas quedarán en la historia como las más sangrientas. Al menos en dos días de la semana pasada se pudieron numerar más de 30 homicidios dolosos, la mayoría realizados por las bandas criminales, en una guerra que no solo parece basarse en la lucha entre las diferentes mafias, sino de estas con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien todo parece indicar que no ha buscado acuerdos con los grupos criminales.

Ni esperanzas de que las cosas mejoren

¿Es culpable el gobernador Yunes de este incremento en el número de crímenes sangrientos, la mayoría aderezados con tortura previa y desmembramiento de los cuerpos? ¿Debe su gobierno pactar con las bandas criminales como lo están proponiendo siniestros personajes, para lograr una aparente cordura de los criminales a la hora de extorsionar, robar, secuestrar y asesinar? ¿Es un problema de Veracruz o es producto de una escalada generalizada en el país?

Por supuesto, la violencia no solo puede atribuirse a la falta de preparación de los cuerpos policiacos locales, varios de cuyos jefes y elementos de tropa han mantenido relaciones de colaboración (voluntaria o forzada) con los grupos criminales en las diferentes zonas del estado; tampoco puede ser todo culpa del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, quien por cierto carece de la experiencia que un caso de extrema violencia como el que padecemos merece.

Pero no podemos soslayar que ambas circunstancias colaboran en que la situación no disminuya.

Combatimos con armas ajenas

Para nadie es un secreto que el actual gobierno ha preferido invocar el apoyo de las fuerzas federales para enfrentar a un mayor número de bandas criminales que han decidido pelearse nuestro territorio.

Lo ha hecho en demérito de formar elementos propios, con mayores capacidades tácticas, mejor armamento y un mayor conocimiento del terreno que pisan. Los elementos federales se pasean por varios sitios, pero difícilmente pueden golpear a la delincuencia si no hay un trabajo de inteligencia.

Gobierno federal está perdiendo la guerra

Pero el problema es nacional. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado una clara ineficiencia para enfrentar a una especie de Estado paralelo como el que construyen los cárteles mexicanos.

El país se ha convertido en uno de los principales campos de producción de estupefacientes, particularmente de cocaína, goma de opio y anfetaminas, luego de los duros golpes contra los cárteles colombianos y las dificultades que enfrentan los productores de opio en Afganistán.

Tras Afganistán y Myanmar, México es el tercer lugar mundial en producción de amapola (en Guerrero, la batalla por mantener este negocio es el que lo ha convertido en el principal generador de homicidios dolosos), y el mayor negocio es la producción y trasiego de drogas de diseño.

Solo es cuestión de echarle un ojo a los datos oficiales (que siempre serán parciales por las cifras negras), para darse cuenta de lo grave de la situación nacional, que también afecta a Veracruz.

Impunidad e ineficacia profundizan inseguridad

El saldo oficial en lo que va de 2017 es de 9 mil 916 homicidios dolosos en México, lo que es también un récord.

En el mismo periodo de 2011, hasta ahora el año más violento del que se tenía registro,  se habían registrado 9 mil 466 carpetas por el mismo delito. Ello significa que este año el nivel de violencia se encuentra casi 5 % por encima de 2011, el año con más homicidios registrados.

No hay capacidad para bajar delincuencia

Con una policía estatal que ha debido adelgazar por el despido de cientos de elementos, sea porque no pasaron los exámenes de confiabilidad o porque fueron pillados en actos delictivos, y la invocación de cuerpos policíacos federales, que han mostrado su nulidad para contener el crimen organizado en el país, las esperanzas de que las cosas mejoren en Veracruz ya podemos darlas por perdidas.

¿Qué nos toca por hacer a los veracruzanos? Por supuesto, seguir exigiendo al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que mejore la actuación policiaca contra las bandas criminales; que se exija un mayor auxilio del gobierno federal para esta tarea y resgradarnos para evitar ser parte de las estadísticas criminales.

           

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¡No sea soberbio, señor Gobernador!

¡No sea soberbio, señor Gobernador!

[Hora Libre | Álvaro Belin Andrade] Escuchar del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares un intenso panegírico de su propia familia, alabando su constancia de 13 años denunciando la corrupción de los dos últimos gobernadores de Veracruz; señalar que su propia familia sufrió las consecuencias de esa lucha personalísima y festinar como un logro exclusivamente suyo la detención en Guatemala de Duarte, fue como ser testigo de uno de los actos más soberbios que cualquiera podría esperar de un mandatario.

Lo que escuchamos este domingo debió sorprender a muchos veracruzanos. Cientos de paisanos murieron durante la última década como producto de la alianza de los dos gobernadores anteriores con el crimen organizado; miles debieron emigrar por la amenaza que todavía es latente a pesar del cambio de gobierno o del gobierno del cambio.

Gracias a la corrupción solapada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien Yunes agradece la detención de Duarte, muchos veracruzanos con problemas de salud fallecieron pues no fueron atendidos en sus enfermedades, y cientos de empresarios perdieron sus negocios por deudas que no quiso pagar Duarte en su desenfrenado apetito de robar dinero mal habido y, ahora, no solo se les niega el pago sino que son marginados de contratos públicos, para favorecer a empresarios poblanos.

De ellos no se acordó Miguel Ángel Yunes Linares: “Toda mi familia tuvo que pagar las consecuencias de haber tomado la decisión de enfrentar a la banda que se apoderó del Gobierno de Veracruz; hicieron todo para impedir que llegara a gobernador porque sabían que haría justicia, que no habría perdón”. Y más adelante: “La guerra sucia en contra nuestra fue brutal. Lo más grave es que llegaron a la agresión personal en contra de Miguel, mi hijo, quien salvó la vida después de un grave atentado. Así de fuertes y sucios son los intereses que los Yunes, desde la oposición, afectamos y pusimos al descubierto”.

No, señor Gobernador. No fue el único en criticar y señalar las corruptelas de Javier Duarte, ni su familia la única en recibir amenazas y atentados. Ni siquiera fue el primero en presentar una denuncia contra Javier Duarte. Desde 2014, la Auditoria Superior de la Federación presentó cada año denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvíos multimillonarios de recursos, que el gobierno federal evitó que se investigaran. En total, la ASF interpuso 56 denuncias contra el gobierno de Duarte por no solventar el manejo de los fondos públicos en los años 2010 al 2014, y por simular el reintegro de fondos federales, mucho antes que Yunes Linares comenzara su acto de campaña presentando su denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Fueron periodistas quienes hicieron una exhaustiva investigación, que se publicó en Animal Político, sobre las empresas ‘fantasma’ o empresas ‘fachada’, a través de las cuales se pretendió justificar la utilización de enormes sumas de dinero público, etiquetado principalmente para programas sociales, mediante la simulación más descarada. Prácticamente, este trabajo fue el que destapó totalmente el escándalo a nivel nacional e internacional, lo que obligó a las autoridades federales a evaluar su apoyo al entonces gobernador priista y a que la PGR atrajera la denuncia presentada por el candidato Yunes.

Por supuesto que el ahora Gobernador fue persistente y debemos agradecerle que, gracias a ello, no hubiera un sospechoso descuido y que Javier Duarte esté desde el sábado en una cárcel guatemalteca esperando a ser repatriado para enfrentar en prisión las acusaciones de corrupción que se ciernen en su contra. Porque, por desgracia, nadie lo juzgará por los demás delitos, por los 19 periodistas asesinados durante su gobierno, por las muertes de niños enfermos de cáncer que no recibieron sus medicamentos reales, por los millones de veracruzanos que pasaron a formar parte de las estadísticas de la pobreza y la pobreza extrema. Porque todo se lo llevó este ladrón, protegido por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien ahora se le agradece por haber hecho lo que debía, lo que le obliga la ley a su gobierno.

Aunque los periodistas antaño críticos terminen la semana con las rodillas sangrando de tanto inclinar la cerviz y, como fieles escuderos de su gobierno, le atribuyan todo el mérito del encarcelamiento de Duarte, recuerde que en Veracruz vivimos unos 8 millones de habitantes y que no todos fuimos condescendientes de los gobiernos priistas, y que en el país muchos más que usted exigimos que se hiciera justicia a los veracruzanos.

Por lo demás, esta detención ha sido calculada meticulosamente por la Presidencia de la República para tener un fuerte impacto mediático en el contexto del proceso electoral en el Estado de México. Solo le pido un poco de humildad.

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Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Incidencia delictiva: Duarte y Fidel mintieron

Siempre fue claro que los reportes sobre incidencia delictiva del fuero común, enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, mostraban una sospechosa manipulación de las cifras, como una forma de fabricar una realidad menos violenta en Veracruz y esconder la poca efectividad de las acciones preventivas del delito o, incluso, la participación de las esferas gubernamentales con las bandas delictivas.

Hasta los tres primeros meses del gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, al menos en teoría puede intuirse que se ha evitado esa práctica fraudulenta y engañosa, lo que ha hecho que se disparen las cifras en comparación con las reportadas por el gobierno precedente.

En cambio, a nivel discursivo se ha intentado convencer a los veracruzanos, primero, que la violencia había crecido más bien en la percepción ciudadana más que en la realidad, y segundo, que los hechos de violencia, las ejecuciones de un creciente número de mujeres y hombres, afectan solamente a los miembros de los diversos cárteles que se pelean el territorio de Veracruz, y no al ciudadano común. Ambas afirmaciones han sido refutadas por las investigaciones.

El maquillaje de cifras sobre incidencia delictiva se hizo más evidente en el gobierno de Javier Duarte a la entrada del Procurador, después Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras: a partir de 2014, en que empezó su ominosa andadura, como por arte de magia las cifras disminuyeron drásticamente, en particular en delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro, además de otros como los delitos sexuales. En ese oscuro periodo, el Fiscal General tuvo especial cuidado en aparentar que la violencia había sido controlada.

Estas observaciones y afirmaciones hechas hace tiempo en Hora Libre podrán ser corroboradas si fructifica la propuesta de la organización México Evalúa de dar mayores atribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para aplicar auditorías a los archivos reales de las autoridades ministeriales de los estados y, con ello, cerciorar que los datos transmitidos a esa instancia sean realmente los que obran en archivos.

Para muestra, dos botones: mientras que en 2013 se reportó un total de 1 mil 465 homicidios, al siguiente año el último fiscal priista, Luis Ángel Bravo, envió datos para aparentar que solo se habían abierto carpetas de investigación por la comisión de apenas 856 homicidios, lo que parecería indicar una baja de casi 42 por ciento; en el caso de los homicidios dolosos, la situación es similar, pues su número pasó de 742 en 2013 a 427 al año siguiente, lo que habría significado, de haber sido cierto, que la cantidad de estos casos disminuyó en 42.5 por ciento.

Se debe auditar a procuradurías y fiscalías estatales

Lo anterior lo comento por los resultados de un estudio realizado por México Evalúa a la estadística delictiva reportada por los estados, que detectó “patrones anormales” que podrían constituir indicios de manipulación, particularmente en los gobiernos salientes de Quintana Roo, Veracruz y la actual administración del Estado de México.

La directora de la organización, Edna Jaime, indicó que la revisión de las cifras de 1997 a 2016 arrojó estas probables irregularidades en distintos periodos de varios estados, sobre todo en la prueba que realizaron al cruzar la incidencia de homicidios dolosos (intencional) y culposos (no intencional), donde encontraron una correlación que podría estar vinculada a una práctica de registrar uno por otro para ocultar delitos de alto impacto.

“Encontramos estos indicios en Quintana Roo, en el gobierno que salió; Veracruz, el gobierno que salió; Tlaxcala, el gobierno que salió; Estado de México, en distintos periodos”, dijo durante el Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, donde se presentó el informe “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable”.

Aunque estos hallazgos no pueden interpretarse en automático como manipulación, la especialista dijo que sí justifican la realización de una auditoría física a las carpetas generadas por las procuradurías y ministerios públicos locales para que, a través del trabajo de campo, se constate o se descarte algún tipo de manejo indebido de la información. El objetivo de generar esta instancia de auditoría sería garantizar una sensación de vigilancia y consecuencias para los responsables de esta estadística. Para ello, sería necesaria una reforma legal, pues en este momento no hay quien audite y mucho menos hay sanciones para quienes modifiquen a su conveniencia estas cifras.

Las fiscalías de los estados son responsables de recopilar los datos de los delitos cometidos cada mes en las entidades, y enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a su vez emite un informe mensual con esta información. Sin embargo, no tiene atribuciones para auditar físicamente las carpetas de las que se derivan los datos enviados a esa dependencia.

¿Y los delitos del fuero federal?

El mayor problema también tiene que ver con la incidencia delictiva del fuero federal. En los días en que le ha tocado gobernar a Miguel Ángel Yunes Linares, la incidencia de este tipo de delitos en que participan las organizaciones criminales con impacto que trasciende el territorio estatal y que son investigadas y perseguidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ha crecido de manera exponencial.

Aunque el gobierno estatal ha tratado de desligarse del tema, lo cierto es muchas de las acciones que han hecho palidecer lo ocurrido en el primer año de Javier Duarte (cuando se desató una de las peores escaladas de violencia particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río), se han significado por propósitos como sembrar el terror, debilitar a las bandas enemigas y retar al gobierno estatal, lo que hace suponer también la intervención de una mano negra que estaría atizando la lumbre para desestabilizar al gobierno panista y para influir en los comicios de junio próximo.

Baste recordar que durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se observó la permisibilidad de las autoridades frente a la actuación de las bandas criminales, sobre todo de aquellas con las que –según varios indicios– fraguaron acuerdos secretos de complicidad. Y hay que observar también que cada uno de los procesos electorales de Veracruz fue precedido por inusuales actos de violencia criminal que buscaron aminorar el aforo en las urnas electorales en aquellos sitios en que el PRI sintió debilidad y riesgo de derrota.

Los datos sobre incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal, reunidas, explican lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares consideró una mera percepción de violencia y que en los últimos días ha trocado en un reconocimiento de la actuación de las bandas criminales, confrontadas entre sí.

En el mes de enero, Veracruz sufrió 4 mil 522 delitos del orden común (arriba de los 3 mil 380 registrados en diciembre); en ambos meses, se registraron 384 homicidios, 234 de los cuales fueron dolosos, casi la mitad de ellos cometidos con arma de fuego. En ese mismo periodo se denunciaron 32 secuestros. Por otra parte, tan solo en el mes de enero se listan 368 delitos del fuero federal, la mayoría contra la Ley de Vías Generales de Comunicación (34 casos) y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (26). Lo extraño es que, pese a la evidencia, no se reportan casos de delitos que infrinjan la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, cuando lo dicho por el gobernador Yunes apuntaba a que las ejecuciones estaban relacionadas con bandas criminales.

Independientemente de las cifras, el hecho es que Veracruz atraviesa por un periodo extremadamente duro y peligroso por la presencia y actuación del crimen organizado.

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Lo cacicazgos familiares: el caso de San Rafael

Lo cacicazgos familiares: el caso de San Rafael

San Rafael es un municipio relativamente joven en el estado de Veracruz. Antaño congregación del municipio de Martínez de la Torre, muchos de sus viejos personajes habían peleado por no convertir a su territorio en un municipio libre, argumentando que ello llevaría a su división y al abuso. No pasó mucho tiempo para que ello sucediera.

En los últimos tres años ha visto nacer y florecer un extraño cacicazgo familiar. Lo intenta extender en el tiempo el actual alcalde, surgido de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque su triunfo fue fraguado política y financieramente por Fidel Herrera Beltrán. En efecto, Héctor Lagunes Reyes, oriundo de Potrero Nuevo, una congregación que ha creacido a la vera de la carretera de San Rafael a Martínez, se ha apoderado de la alianza PAN-PRD para impulsar a su hijo Luis Daniel Lagunes Marín, único precandidato registrado para luchar por la estafeta de la derecha y la izquierda unidas, luego de proponer con denuedo la legalización de la mariguana siendo dirigente estatal de los jóvenes del PRD.

Hace ya tiempo, luego del paso frustrado de su otro hijo, Héctor, como candidato a la diputación federal (fue derrotado por Edgar Spinoso Carrera, de la alianza PRI-PVEM), que el alcalde de San Rafael puso toda la carne al asador para impulsar a Luis Daniel, promoviendo su imagen, respaldándolo ahí en las congregaciones que aportan la mayor cantidad de votos mediante obras y favores, y operando políticamente en los demás partidos para colocar a perredistas supuestamente fugados.

Lagunes Reyes ha evitado a toda costa gobernar a favor de los habitantes de la cabecera municipal, San Rafael, aunque ha tratado de atribuirse obras que se han realizado prácticamente con el apoyo de asociaciones francesas, como ocurrió con el puente construido para comunicar al municipio con la comunidad de Jicaltepec (perteneciente al municipio de Nautla), donde originariamente llegaron los primeros colonos franceses allá por 1840.

Para la conmemoración de los 30 años del hermanamiento entre San Rafael y Champlitte, el año pasado, el alcalde envió a Francia como sus representantes (con todos los gastos pagados, pese a que no tenían ningún puesto en el ayuntamiento), a sus hijos Héctor y Luis Daniel. Al reunirse con los miembros del consejo de la región de Haute-Saône, donde se ubica Champlitte (una de las principales poblaciones francesas de las que vinieron los colonos de San Rafael), no tuvieron empacho en comentar que su padre era un hombre comprometido con el medio ambiente, lo que demuestra el hecho de haber construido 8 plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio. Nuestros mentirosos embajadores evitaron aclarar que esas obras no habían sido posibles durante el cuatrienio de su padre, sino que 7 fueron construidas durante la administración de Samuel Thomas Viñas y una más en el trienio de Rogelio Capitaine Domínguez, antecesores del alcalde en funciones. Una verdadera escuela de la insidia y la demagogia, abrevada de quien es cabeza del naciente clan.

Héctor Lagunes Reyes, alcalde de San Rafael.

¿A qué congregaciones ha destinado Héctor Lagunes Reyes el grueso de la obra pública para beneficiar electoralmente a su hijo? A Puntilla Aldama, El Pital y Potrero Nuevo. Las demás han visto cómo, cuando empieza una obra, la deja inconclusa para destinar el presupuesto a las joyas de la corona, como ocurrió con el ejido Galvarino Barria, donde construiría dos calles que han quedado inconclusas, pese al cumplimiento en el pago del impuesto predial por parte de sus habitantes. Pero más grave es la situación de la cabecera municipal: lo único que ha recibido en este rubro ha sido ridículo: el gobierno municipal solo pintó del amarillo del PRD los postes y banquetas hace tres años, y hace un mes arreglaron 80 metros cuadrados de calle, frente a la Torre del Reloj.

¿Quiénes más irán por la alcaldía que dejará en diciembre tan inteligente operador político? Se habla hasta el momento de un experredista, Pedro ‘Perico’ Morgado, quien se menciona como posible candidato del PRI-PVEM, ya que ahora es difícil que otros tengan la ocurrencia de pelear esa candidatura. Ni siquiera la inquieta nativa de Potrero Nuevo, Lorena Piñón, que en la elección municipal pasada operó a favor del PRD para derrotar al candidato de su partido, Felipe Romagnoli, se ha apuntado para obtenerla y, en cambio, se dice que anda operando a favor del todavía precandidato de la coalición PAN-PRD, Luis Daniel Lagunes. Así de comprometida es esta muchacha que encabezó, junto con el exdiputado Marco Antonio del Ángel (del Movimiento de los 400 Puebños), la revuelta en contra del anterior dirigente estatal del PRI, Felipe Amadeo Flores Espinosa. Cosas de la chapulinada.

Quien le pondrá el cascabel al gato es la que será candidata de Movimiento Regeneración Nacional, Rosa Elena Centeno, originaria de El Pital, una experredista que llegó como Secretaria municipal junto a Héctor Lagunes (quien infructuosamente trató de hacerla a un lado de la planilla ganadora), cargo al que renunció hace unos meses. Seguidora de Andrés Manuel López Obrador desde el PRD, una vez que el tabasqueño fundó Morena se afilió al nuevo partido y ha hecho un trabajo fuerte en comunidades de San Rafael.

Lo que es cierto es que, sin ningún atisbo de vergüenza, el actual alcalde de San Rafael usará todos los recursos de que dispone en el ayuntamiento para asegurarle la carrera política al hijo.

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