Cumbre Tajín: ¿salto al abismo de la cultura oficial?

Cumbre Tajín: ¿salto al abismo de la cultura oficial?

Este sábado 18 comienza en Papantla una celebración que llegó a convertirse en una de las coordenadas dentro de las expresiones artísticas y culturales más importantes en el país, generalmente concentradas en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y que tiene como característica ser prácticamente el único festival organizado y financiado enteramente por el Gobierno del Estado: la Cumbre Tajín 2017, Festival de la Identidad.

Creado durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco, mantenido con altas y bajas por el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y entregado por Javier Duarte de Ochoa a Brenda Tubilla Muñoz, la prima consentida de su esposa Karime Macías, quien como productora hizo negocios particulares con los recursos públicos mediante empresas fantasmas de promoción artística, la Cumbre Tajín llamó desde el principio la atención de miles de jóvenes que en esas fechas se movían desde diferentes partes del país hasta el municipio totonaca para disfrutar de su programa, lo que ayudaba a dinamizar económicamente a una región asolada en los últimos años por la debacle de la industria petrolera.

Bajo el slogan “La fuerza del origen”, este festival que concluirá el martes 21 de marzo, día en que se celebra la entrada de la primavera y que tiene un alto significado en las culturas indígenas, ha debido mostrar la flaqueza financiera del gobierno veracruzano que, en el caso de las dos festividades previas (Fiesta de la Candelaria y Carnaval de Veracruz), se desentendió casi por completo.

A la Fiesta de la Candelaria, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no solo no le destinó un peso del presupuesto, pese a ser un evento organizado por un alcalde panista, sino que incluso le echó la caballería para contener con policías preventivos y ministeriales el embalse de toros. En el caso del Carnaval de Veracruz, solo al final destinó Yunes un apoyo de 5 millones, aunque no sabemos si los organizadores hallaron a la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero, para reclamar el ofrecimiento.

Con el Festival Tajín, el gobierno del estado ha retomado su carácter de organizador.

Pero las cosas están tan difíciles presupuestal y políticamente, tan extraviadas en materia de conocimiento en la organización de eventos culturales y artísticos masivos, que se ha prestado a chunga la conformación de su cartel de invitados, si bien se ha agregado a él a excelentes exponentes de la calidad que tiene Veracruz, en especial Xalapa, en el tema de la creación e interpretación musical.

Incluso, ha servido para que un funcionario menor (en todos los sentidos) haya usado su función para venganzas personales estúpidas, que manifiestan la parquedad intelectual del gobierno panista.

La cofradía de los rústicos

Leopoldo Domínguez Armengual, abogado, notario público, con experiencia única en materia de registro público de la propiedad y notarías, debió ser un incansable turista, un paseador contumaz, un frenético consumidor de los servicios turísticos en el país y en el mundo.

No de otra manera se podría explicar que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le haya encargado estar al frente de la Secretaría de Turismo y Cultura (Secturc), una dependencia que no solo tiene un peso específico si consideramos que Veracruz cuenta con varias regiones con vocación turística (consolidada o en desarrollo) sino que, al menos en el papel, es cabeza del sector cultural, que también puede ser (aunque pocos lo han entendido: acaso el alcalde xalapeño Américo Zúñiga) un importante generador de divisas turísticas.

Todo puede interpretarse de esa designación tan anodina. Es posible (y lo señalan las acciones y el lugar que tiene en los discursos) que la cultura no tenga el más mínimo interés en el minigobierno panperredista; que, asediado por la crisis financiera y el interés por reducir el déficit presupuestal, al gobernador veracruzano la cultura e, incluso, la promoción turística lo tengan sin cuidado, pese a que a ras de piso a muchos veracruzanos les sean tan importantes como un binomio que dinamiza las economías locales, no importa que sea por periodos específicos.

Me interesa resaltar no solo el bajo presupuesto destinado al Festival Tajín y, en general, a la cultura, sino haber encargado la organización del festival que busca proyectar el legado cultura de la cultura totonaca, al restaurantero Ernesto Aguilar Yarmuch, durante muchos años ligado al PRI, más recientemente un fervoroso impulsor de la candidatura del senador José Yunes Zorrilla, y quien ha mostrado en dos sucesivos festivales culturales una forma nada profesional e, incluso, sucia de manejar la logística.

En efecto, lo que a Aguilar Yarmuch se le hizo público en el Festival de las Flores “Xalapa Llena de Luz”, él se lo ha cobrado en el Festival Tajín. Me explico. El festival xalepeño, hecho con el apoyo del ayuntamiento capitalino del 12 de agosto al 4 de septiembre del año pasado, programó una presentación de los grupos Los Aguas Aguas y Sonex, ambos considerados los máximos exponentes de la hibridación de ritmos con resonancia en el son jarocho, que ha tenido un éxito extraordinario en el país y el extranjero.

Sin embargo, el empresario restaurantero metido a promotor cultural, les entregó un cheque ¡sin fondos! Por supuesto, los afectados dieron a conocer el hecho a los medios de comunicación y, además, denunciaron que habían sido prácticamente maltratados por los organizadores, al no ofrecerles condiciones en camerinos y en equipo de sonido, lo que impidió cumplir con decoro a los cientos de seguidores que se reunieron en el Parque Juárez para disfrutarlos.

El alcalde Américo Zúñiga Martínez públicamente les entregó el importe del cheque de hule y les explicó que no había sido responsabilidad del ayuntamiento. Quedó claro que Aguilar Yarmuch había fallado a su responsabilidad como organizador y había embarcado tanto al alcalde como al productor presidente del patronato Fiestas, Cultura y Arte de México, responsable del festival, Mauricio Cuevas Gayosso.

A tal grado, que el experimentado empresario, en conferencia de prensa ofrecida el 13 de septiembre, no solo reconoció inconvenientes durante la primera edición del festival, sobre todo por la inexistencia de espacios adecuados en la ciudad, sino que anunció que no volvería a invitar al promotor del festival, Ernesto Aguilar Yarmuch, debido a las fallas que se cometieron.

¿Cuál ha sido la respuesta de este pésimo servidor público? En la presentación oficial del cartel de Cumbre Tajín, Yarmuch dijo: “Es una verdadera lástima. Te imaginas la oportunidad que perdió Camil y Osiel por andar de ‘bocones’, cuando les di la clausura el año pasado del gran Festival de Xalapa; fueron los que más ganaron y no se les quedó a deber ni un centavo”, refiriéndose a las declaraciones hechas por los integrantes de los grupos que fueron afectados por su mala gestión.

Mientras en el programa se anuncia la participación de Celso Piña, Gloria Trevi, Javiera Mena, Nortec Collective y Porter, entre otros, se evitó invitar a uno solo de los cuatros grupos que conforman el colectivo Jarocho Power en que militan, además de Los Aguas Aguas y Sonex, dos pesos pesados en el son jarocho tradicional: Son de Madera y Los Cojolites, este último lanzado a la notoriedad internacional por haber participado musicalmente en la película Frida, protagonizada por Salma Hayek, además de ser nominados en varias ocasiones para los Grammys latinos.

Es penoso que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares pase a la historia por haberle dado la espalda a los más potentes exponentes de la cultura popular jarocha, gracias a los oficios de un ignaro restaurantero.

 

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Peña Nieto debe responderle a Veracruz

Peña Nieto debe responderle a Veracruz

Aurelio Nuño debió ler con atino el mensaje que le envió el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al presidente Enrique Peña Nieto: la Federación debe apoyar de manera extraordinaria a Veracruz. “No pedimos limosna”, dijo claramente este jueves en su toma de protesta ante el Congreso local.

Y sí, el gobierno federal está obligado a responder con recursos adicionales a un estado que aportaba buena parte del PIB nacional y que ha caído en desgracia a los ojos de un mandatario que, desde que tomó posesión en diciembre de 2012, supo que Javier Duarte de Ochoa estaba esquilmando groseramente a los veracruzanos y no hizo absolutamente nada.

De nada sirve que en los últimos actos presidenciales Peña le haya pintado mocos, como coloquialmente se dice; de nada sirve que el PRI lo haya expulsado de sus filas y que la PGR haya girado una orden de aprehensión que no ha podido (o no ha querido) ejecutar porque lo dejó que huyera; de nada sirve que en el Consejo Político Nacional, Peña Nieto se haya querido vestir de gloria atacando a la corrupción.

admin-fotos-2016-12-01-general-409722-jpgDurante cuatro años de su gobierno, miles de millones de pesos de los fondos federales fueron desviados desvergonzadamente hacia cuentas personales de Duarte y de su gavilla de malhechores; se lo dijo claramente la Auditoria Superior de la Federación, cuyo titular presentó innumerables denuncias ante la PGR sin que siquiera le dieran acuse de recibo. Por omisión, Peña Nieto fue cómplice del desfalco más escandaloso de la historia a un estado de la Federación.

Yunes Linares reveló que propuso al Presidente de la República crear una comisión para sacar a Veracruz de la pobreza y la crisis financiera que generaron las últimas dos administraciones priistas, cuyos pasivos superan los 100 mil millones de pesos. Esa situación ha generado, dijo, una crisis humanitaria en nuestro estado.

Y esos problemas financieros, en efecto, se deben a la corrupción que fue consentida y solapada, y que brotó y quedó al desnudo porque se dio la alternancia en las urnas y se derrotó al régimen. “La crisis financiera parece insalvable; en número es casi imposible dimensionar, pero la sufre en la vida cotidiana cada veracruzano”.

Para salir de esa crisis, afirmó, se solicitó el apoyo del Gobierno federal, porque es indispensable y porque se tiene derecho, “Somos parte sustantiva de la federación y ello da razón y fuerza a la demanda. Del gobierno federal no demandamos limosnas, exigimos justicia y equidad”.

Yunes Linares lo dijo con todas sus letras: Veracruz ha aportado y aporta a la Federación mucho más de lo que recibe históricamente, por lo que hoy que se atraviesa una crisis sin paralelo, por la corrupción, se demanda una respuesta favorable a las demandas del gobierno.

Y calificó como indebido que mientras a Veracruz se le niegan fondos para resolver una crisis humanitaria, se destinen miles de millones de pesos a otras entidades para obras que no tienen un sentido de urgencia. “No estamos de acuerdo en el manejo discrecional de los recursos federales, la federación somos todos y la distribución de los recursos debe ser equitativa, justa y solidaria”.

Aunque reconoció que Enrique Peña Nieto ya externó su solidaridad y compromiso con Veracruz, se dijo confiado que en breve sus colaboradores actuarán con sensibilidad y apoyaran a Veracruz. “No se trata sólo de salir de la emergencia, si no de resolver a fondo el problema y poder plantear el futuro de Veracruz sobre otras bases que no sean la urgencia diaria”.

Para respaldar esta demanda y dar pistas de lo que se puede hacer para mejorar la relación Estado-Federación, pidió que Veracruz sea incluido en el Plan Nacional de Zonas Petroleras, como ya ocurre con Tabasco y Campeche, y solicitó que se acelere la instalación de la zona económica de Coatzacoalcos, donde se instalará una empresa ancla en los siguientes dos años.

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¿Veracruz, el tercer estado más pacífico?

¿Veracruz, el tercer estado más pacífico?

Según el Índice de Paz México (IPM) 2016, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, un organismo internacional que se califica como independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, Veracruz ocupa el tercer lugar entre los estados más pacíficos de México, una relación que encabezan Hidalgo y Yucatán, y que completan Tlaxcala y San Luis Potosí.

Habría que preguntarle a los veracruzanos si esa percepción, basada principalmente en cifras oficiales, puede tomarse en serio, pese a que la organización que lo señala (con sedes en Sydney, Nueva York, Bruselas y Ciudad de México) tiene un bien ganado reconocimiento mundial, o si lo consideran una conclusión sesgada y alejada totalmente de una realidad que tiene a Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica y Xalapa entre los 20 municipios con mayores índices de homicidios por arma de fuego en el país.

Cabe considerar que el reporte, de 120 cuartillas, reconoce que el informe de delitos de la policía es poco exacto: “Cuando se comparan las cifras de homicidios que tienen registradas las procuradurías estatales, con las actas de defunción, se calcula que el conteo de víctimas de homicidio está por debajo de la realidad por más de 20% en 11 estados del país. En particular, Veracruz, que ocupa el tercer lugar en el IPM, presenta la mayor discrepancia en este delito de alto impacto”.

Y añade: “Es necesario mejorar el reporte y el análisis de datos. Podría mejorarse tanto su exactitud como su alcance, lo cual mejoraría el análisis oficial y extraoficial de los mismos. Esto es de suma importancia en estados donde las estadísticas oficiales muestran tasas de delincuencia bajas que contrastan con otras fuentes de información.” Además. el organismo lamenta que en las estadísticas oficiales no se incluyen “a las 26,000 personas que se han reportado como desaparecidas desde el 2007”.

Si en estos días aparece un comunicado oficial vanagloriándose de estos resultados, debemos ser muy cuidadosos en creer que, efectivamente, somos el tercero estado más pacífico del país.

 

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En Veracruz, violencia y fe juegan a las elecciones

En Veracruz, violencia y fe juegan a las elecciones

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] En Veracruz, dos poderes fácticos andan muy activos tratando de impactar en el proceso electoral próximo y tenga por seguro que habrán de influir en sus resultados: la violencia desatada por todos los rumbos de la entidad, que se acrecienta particularmente en zonas con alta simpatía por la oposición, y la creciente actividad de las iglesias que se han puesto en mangas de camisa para mover a sus feligreses.

Desde los comicios federales del año pasado, que estuvieron precedidos de diversos actos de violencia, directamente contra militantes opositores (como en Veracruz y Boca del Río, donde horas antes abrir las casillas fueron lanzados varios artefactos incendiarios contra casas de panistas), o mediante el recrudecimiento de los actos delictivos de alto impacto (homicidio, secuestro, lesiones) en amplias zonas rurales, la violencia ha tenido una enorme influencia para normar o inhibir la participación ciudadana en los procesos electorales.

Hace casi un año, en la madrugada del viernes 5 de junio (dos días antes de los comicios), ocho jóvenes –universitarios y activistas– fueron golpeados salvajemente por un grupo de encapuchados en una casa localizada en la esquina de Herón Pérez y Ruiz Cortines, en Xalapa, a escasa distancia de la Unidad de Humanidades y del PRI estatal.

Esta agresión, que fue preparada en la opinión pública mediante la incrustación de grupos violentos en las marchas y mítines estudiantiles previos con el fin de generar rechazo ciudadano, no ha sido aclarada por la Fiscalía General del Estado, que no ha dado una sola pista que permita suponer la resolución de un caso en el que, desde que ocurrió, se sospechó de la participación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Estos hechos, con ser los más sonados mediáticamente (su difusión tuvo alcance nacional e internacional), no fueron por desgracia los únicos. En diversos rumbos del estado se sucedieron delitos de diverso calibre, unos obligando a la población a refugiarse en sus domicilios y a evitar su asistencia a eventos públicos, otros desapareciendo o asesinando a dirigentes partidistas e, incluso, encarcelando o sometiendo a juicio a exfuncionarios municipales con influencia creciente.

Se apuesta por el voto duro

¿Qué logra en la ciudadanía la violencia generalizada? De entrada, dado que el origen de dicha violencia supone la confrontación entre los partidos políticos y sus seguidores, genera desánimo para acudir a las urnas, cuando no un justificado temor de ser víctima directa o indirecta de la violencia por el solo hecho de manifestar su simpatía política en actos públicos.

Que a votar solo asistan quienes alimentan el denominado voto duro, facilita los triunfos de los candidatos postulados por el partido que tiene una mayor cantidad de votos cautivos. En Veracruz, ese partido es el PRI. En varios sitios, principalmente en zonas urbanas sumamente pobladas, pese a la violencia la población sale a sufragar, y es justamente en esos lugares donde obtiene triunfos la oposición: el PAN en la conurbación Veracruz-Boca del Río, y Morena en Coatzacoalcos y Xalapa.

¿Qué ha estado ocurriendo en las últimas semanas? Como hemos comentado en este espacio, pareciera que el Gobierno del Estado, a través de sus organismos policiacos, se ha abierto del escenario para que los grupos criminales operen con toda libertad.

Que ese parecer lo hagamos público no significa que todo lo que ocurre en la realidad sea como consecuencia de ello: puede ocurrir que la eventual participación de los grupos criminales en el escenario político haya rebasado la capacidad de las fuerzas policiacas estatales, más preparadas para inhibir mediante su carísimo avituallamiento que por sus reales capacidades para prevenir y castigar el crimen.

Los comentarios hechos por el gobernador Javier Duarte de Ochoa este fin de semana en Twitter sobre los hechos de violencia que han afectado a medios y periodistas no hacen sino apuntar a que hay un renacimiento del crimen organizado contra el que las fuerzas federales y estatales no tienen suficiente capacidad de fuego para domeñarlo.

Y, bueno, todo este clima tiene su impacto político contra el gobernador Duarte pero también en el ámbito electoral, ya veremos si a favor o en contra del PRI.

¿La fe mueve montañas?

Dos hechos han marcado al país y Veracruz desde el viernes pasado: la visita del Papa Francisco a México, que ha servido como un fuerte distractor sobre los temas más abstrusos de la agenda nacional, en particular la corrupción y la violencia creciente y, en paralelo, en el caso de Veracruz, además de la atención sobre dicha visita, la masiva concentración en Xalapa de miles de feligreses de la Iglesia de la Luz del Mundo.

Desde diciembre pasado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha tratado de ganar para su causa a la alta jerarquía católica de Veracruz con la que, pese a siempre estar cercano, la falta de dineros la había mantenido con cierto recelo.

Tras su reunión en diciembre, en Casa Veracruz, Duarte y sus abogados fraguaron una iniciativa de reforma constitucional –que fue aprobada sin discusión por la recua de diputados de que dispone en el más vergonzoso Congreso local– que busca criminalizar a las mujeres por el simple hecho de disponer de su cuerpo: la denominada ley anti-aborto.

Este hecho legislativo, que respondió a la iniciativa de grupos recalcitrantes de derecha de la Iglesia católica, permitió que el discurso de varios arzobispos, obispos y curas contra la violencia demencial que empieza a carcomer el tejido social del estado amainara y casi desapareciera.

A este hecho, fortalecido por la atención de los feligreses veracruzanos por la visita del papa Francisco, se ha sumado una dilatada presencia religiosa en la Plaza Lerdo de Xalapa, donde miles de hombres y mujeres seguidores de la Iglesia La Luz del Mundo, con el pretexto de un acto litúrgico que debiera practicarse en el interior de los inmuebles usufructuados por esta corriente cristiana, el bautismo, ha permitido mostrar el músculo no solo religioso, sino también político, de una secta que ha logrado posiciones en gobiernos locales, como Silem García Peña, hijo del líder de esa Iglesia en Veracruz, quien funge como Regidor del Ayuntamiento de Xalapa.

Silem García Peña es vocero de esa Iglesia y fue el gestor de permisos y apoyos estatales y municipales para celebrar la denominada Ceremonia Internacional de Bautismos que, durante tres días, contribuyó al caos de la ciudad en materia de vialidad y que permitió el apropiamiento de un espacio que debe ser de todos los xalapeños.

La cuestión es que también las iglesias estarán operando en el mundo terrenal y buscarán colarse a los beneficios que obtienen agrupaciones políticas que tienen ese propósito permitido y reconocido legalmente. ¿Por qué partido abogarán? Se lo dejo a su criterio.

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Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

Perdemos la lucha contra la violencia en Veracruz

[HORA LIBRE | Álvaro Belin Andrade] Todo parece indicar que el gobierno veracruzano ha claudicado ante el crimen (organizado y del orden común) y que los pobladores estamos nuevamente a merced de los delincuentes.

Durante los primeros días del año, los crímenes de alto impacto se han desatado por toda la entidad. Los asesinatos, ajustes de cuenta, robos violentos, extorsiones, levantones y secuestros se han incrementado de tal manera que en todos lados los veracruzanos buscan fórmulas para proteger la vida y el patrimonio, desgraciadamente sin mucho éxito.

Por añadidura, a esa ola de violencia hace tiempo que se han unido elementos de una policía estatal a la que se le han invertido miles de millones de pesos para capacitación, armamento, vehículos y fornituras que, por inoperancia de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy utilizan contra la población inerme, sea en alianza con el crimen organizado u operando como tal sin que nadie les ponga freno.

Y los ejemplos abundan. El reciente reportaje divulgado por Televisa en el programa Punto de Partida, de la periodista Denise Maerker, señala que el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca solo constituye el hecho más divulgado de los cientos que han sucedido en la entidad a manos de la Policía Estatal.

Cientos de familias siguen demandando al Gobierno estatal, a la Fiscalía General del Estado, que se investigue y se localice a tantos veracruzanos levantados en vehículos de la policía estatal, cuyo paradero se desconoce, como si hubieran sido tragados por la tierra.

En el reportaje elaborado por los periodistas Raymundo Pérez Arellano y Marco Tinoco, encargados de la investigación, se habla de otros casos cuyo denominador común es la participación de la Policía Estatal en las desapariciones forzadas desde 2012 en Cardel, Úrsulo Galván (8 policías municipales), Potrero Nuevo, municipio de Atoyac (17 personas), Puerto de Veracruz (8 jóvenes) y Córdoba (1 persona).

Otro denominador común es Marcos Conde Hernández, delegado de la Policía Estatal en Tierra Blanca, quien estuvo en las comandancias policiacas en la mayoría de los sitios en que ocurrieron estas desapariciones. Este elemento era parte de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, desaparecida por el gobernador Javier Duarte por estar vinculada con el crimen organizado. Sin embargo, Marcos Conde posteriormente fue recontratado y tuvo ascensos hasta convertirse en delegado policiaco, justo en los sitios en que sembró el terror y dejó familias sumidas en el dolor y la incertidumbre, como en el reciente caso de Tierra Blanca.

Según datos de organizaciones civiles, el 34 por ciento de los policías estatales no aprobó los exámenes de control y confianza, aunque las autoridades estatales señalen que todos lo presentaron.

En este periodo de terror que se vive en Veracruz, organizaciones ciudadanas han denunciado que en lo que va del gobierno de Javier Duarte se ha hecho caso omiso al crecimiento en la desaparición de mujeres que, según datos comparativos, ha crecido en más de 5000 por ciento, al pasar de 36 a 1,647 mujeres de las que no se sabe nada, sin que se haya podido activar una alerta de género y, en cambio, se haya aprobado al vapor en un Congreso local impúdico una reforma cuya materialización criminalizaría a las mujeres en caso de aborto.

Si nos atenemos a los datos que ofrece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tarea del Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ha sido la de esconder lo más posible los casos denunciados, para aparentar que en los últimos dos años (2014 y 2015) las cifras han disminuido, lo que no tiene concordancia con los datos que arrojan tanto las redes sociales como los medios informativos.

En las últimas dos semanas, además del caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca por la policía estatal el pasado 11 de enero (que no han sido localizados pese a que ya se detuvo a los culpables), han aparecido fosas clandestinas, cuerpos arrojados a la vera de los caminos, personas asesinadas a plena luz del día en varias partes del estado como Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos; personas desaparecidas y robos violentos.

¿Qué puede cambiar en esta situación? Absolutamente nada, por desgracia. El gobernador Javier Duarte no tiene pensado ni analizado los urgentes cambios que se requieren en la estructura de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que tan cara nos sale y que parece haberse constituido en un amenazante poder fáctico.

Si en materia de prevención del delito no ha tenido éxito, mucho menos en el esclarecimiento de los hechos delictivos, sobre todo ahí donde se tiene documentada la participación de la policía estatal, por cuestiones de encubrimiento.

Los veracruzanos no queremos regresar al 2011, cuando el crimen organizado sembró el terror por todos los rumbos de la entidad, aunque en particular en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

¿Qué puede prometernos un gobierno estatal al que le restan unos 10 meses?

¡Que Dios nos agarre confesados!

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Municipios de Veracruz: bonanza y corrupción

Municipios de Veracruz: bonanza y corrupción

Pocos ayuntamientos en Veracruz pueden pregonar que han hecho más de lo que, aún con el estado desastroso de las finanzas públicas de la entidad, es posible esperar de ellos. Las explicaciones pueden sobrar, pero no son muchas las razones por las que esto puede ser posible.

Una de esas razones tiene que ver con la añeja (y hoy, sumamente encendida) pugna entre el grupo en el poder, alineado al hoy cónsul de México en Barcelona Fidel Herrera Beltrán, y el encabezado por su enemigo político, Miguel Ángel Yunes Linares, ya prácticamente seguro candidato del PAN por segunda ocasión al Gobierno de Veracruz, con la posibilidad de acudir bajo el esquema de alianza con el PRD.

Y es que tradicionalmente los gobiernos estatales, desde Dante Delgado Rannauro hasta los primeros años de Javier Duarte de Ochoa, habían convertido en paladín de los recursos estatales al municipio de Boca del Río.

Con la asunción hace dos años por segunda ocasión de Miguel Ángel Yunes Márquez a la alcaldía de municipio considerado el más dinámico en materia de crecimiento e inversiones públicas y privadas de las últimas décadas, las llaves prácticamente se cerraron.

Este solo hecho ha permitido que los abundantes recursos destinados a ese sector de la conurbación porteña hayan sido canalizados a ayuntamientos que, pese a ser sumamente importantes en términos políticos y urbanísticos, como la capital Xalapa, o constituir fuertes bastiones electorales del PRI, como Martínez de la Torre (por citar los ejemplos a los que he de referirme), no habían contado con el respaldo financiero del Gobierno del Estado.

Pero hay otra razón, al menos en los casos a que me refiero: el enorme dinamismo que sus comunas, en general, y sus alcaldes, en particular, han desplegado en materia de gestión para el aterrizaje de recursos provenientes de programas federales que la mayoría de los ediles veracruzanos han desdeñado, sea porque no los conocen o porque destinan más tiempo a sus proyectos políticos personales, o por ambas cosas.

Muchos alcaldes han preferido el fácil camino enseñado desde el gobierno de Fidel Herrera, de lograr (si no se roban el dinero, que es otra de las enseñanzas de la Fidelidad) la realización de obra pública mediante el endeudamiento por décadas de su alicaída Hacienda municipal.

Un caso paradigmático es el del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, cuyo alcalde Manuel Rosendo Pelayo batalló desde el inicio de su gestión para que la Legislatura le autorizara contratar una deuda por 300 millones de pesos para obras que es la hora que no informa de avances.

Al final, Manuel Rosendo, famoso por festejar en grande su cumpleaños 47 con la asistencia de 10 mil invitados a quienes ofreció comida y bebida en el estadio de béisbol en agosto pasado, logró una cifra menor que, de todas maneras, mantendrá postradas a las administraciones venideras y que, según todos aseguran, será destinado a blindar electoralmente al PRI en los comicios de junio de 2016.

Gestión de recursos federales

Veamos el caso de Martínez de la Torre, en los últimos años gobernado alternativamente por el PRI y el PAN, y que hoy tiene al frente a Rolando Olviares Ahumada, postulado por el PRI y el PVEM, que en dos años de administración ha ejercido más de lo que aplicó su antecesor panista, José de la Torre Sánchez, durante sus tres años de desastrosa gestión municipal.

En efecto, en dos años Martínez de la Torre ha ejercido 700 millones de pesos, contra los 600 millones que ejerció el panista en su trienio, marcado por la confrontación político-electoral con el gobierno duartista, y quien mantuvo cautivo a los habitantes de este rico (pero abandonado) municipio del norte del estado.

Sin mayor obra urbana más allá de un colector de agua en el trienio previo, el ayuntamiento ahora en manos del PRI ha logrado diseñar un programa de desarrollo urbano que busca brindar movilidad vial, modernización de vialidades y conectividad a las colonias con el centro de la ciudad, con la construcción de 4 circuitos viales, 2 bulevares y más de 30 de obras de pavimentación este año con recursos del programa Hábitat de la Sedatu.

Paralelamente ha logrado cumplir con una añeja aspiración de las comunidades de contar con caminos rurales (para el transporte de personas y de productos agrícolas, principalmente limón persa), prácticamente destruidos por los fenómenos meteorológicos, dejados a medias por la rapiña del gobierno de Fidel Herrera y convertidos en moneda de cambio por el exalcalde panista.

Para 2016, fueron etiquetados recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la construcción de dos nuevos bulevares en los accesos a la zona urbana, la entrada desde San Rafael (Bulevar Piedrilla-San Manuel) y la entrada desde Misantla (Bulevar Pueblo Viejo-Independencia), los cuales tendrán cuatro carriles, camellones, iluminación LED y ciclovías.

Esta actividad de gestión, que ha contado con el respaldo de los representantes en el Congreso de la Unión, está permitiendo a Martínez de la Torre paliar la escasez de recursos del gobierno estatal, que está obligando al ayuntamiento a postergar el pago de compromisos asumidos, debido a la contención en el flujo de recursos desde la Sefiplan.

Xalapa, la mayor beneficiada

Para el caso de Xalapa, tradicionalmente abandonada a su suerte por el gobierno estatal en turno (que se despachaba apenas con alguna obra ‘memorable’), las cosas han tenido un sentido positivo, no solo porque los recursos que normalmente se endosaban a Boca del Río se han reorientado en cierta medida a la capital, sino porque el alcalde Américo Zúñiga ha resultado un exitoso gestor ante las dependencias federales.

Hasta antes del cambio en la Cámara de Diputados (donde hoy es representado por Morena, a través de un exprofesor universitario, Cuitláhuac García Jiménez, quien ha dicho que los xalapeños deben rascarse con sus propias uñas), Américo contó con el exdiputado perredista Uriel Flores Aguayo, quien atrajo recursos para obras en colonias populares. Lo mismo ha contado con el senador priista José Francisco Yunes Zorrilla, quien ha cumplido con respaldar con recursos federales varias de las obras de las que informó el alcalde este domingo.

A la sustitución de más de 4 mil metros cuadrados de losas de concreto hidráulico en la ciudad, la reconstrucción de la calle Mata y el levantamiento del Puente Las Cumbres, con el apoyo de la iniciativa privada, el ayuntamiento xalapeño ha realizado tareas que no se ven, como los más de 20 kilómetros de red hidráulica que se construyeron en 2014, a las que este año sumó más de 33 kilómetros de drenaje sanitario, pluvial y red de agua, tradicionalmente desdeñadas por no ser muestras tangibles del trabajo.

Pocos ayuntamientos pueden mostrar tal tren de actividad y es algo que han sabido rescatar los alcaldes que se han colado, junto con sus representantes en el Congreso de la Unión, en la definición de varios programas federales que solo requieren buenos proyectos para canalizar recursos.

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